La última vez que Emulsy Ibeth Díaz Moreno se asomó a la finca en la que creció —un pedazo de tierra que llamaron Si Dios Quiere, ubicado a orillas del río Necoclí, en el municipio antioqueño que lleva ese nombre— fue el 22 de octubre del año pasado.
El recuerdo de la vieja casa familiar y los cultivos de pancoger que sembraban se lo aplastó un extenso potrero donde ya no está la construcción. Ya no hay nada; solo vacas a la intemperie que ocupan el antiguo predio que hoy ella reclama como la herencia de su familia.
Los días previos a esa visita fugaz a su antigua finca, estuvo insistiéndole a su madre, la señora Patrocinia Moreno Palmera, que había que ir, que había que ver si se metían a esa tierra, si se posesionaban de ella para no dejarla perder. Su madre le advirtió que era peligroso, que no se expusiera yendo hasta allá, que había que tener cautela. Se lo decía precisamente ella, la que durante la última década había liderado el proceso de restitución de tierras y tenía protección del Estado por las amenazas a las que casi se había acostumbrado durante el trámite para recuperar ese predio de 22 hectáreas.
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Pero apenas unos días después de que Emulsy Ibeth visitó la finca con su esposo y tomó algunas fotografías del predio, llegó la amenaza: un desconocido la buscó y le dijo que si volvía a aparecerse por allá “ellos no respondían”, que podía haber un muerto, que allá solo podía llegar con el acompañamiento y la orden de un juez. Así quedó registrado en la denuncia que ella interpuso ante la Fiscalía en Apartadó el 17 de noviembre de 2022.
Esa visita a la finca fue una acción desesperada en un trámite que lleva ya más de 10 años ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y en el que no han tenido respuestas ni la certeza de que efectivamente podrán recuperar la tierra que les fue despojada en 1996, cuando la avanzada paramilitar los sacó de la región.
Aun si así fuera, solo regresaría Emulsy Ibeth, porque su madre Patrocinia Moreno, quien siempre estuvo al frente del proceso, murió el pasado 10 de noviembre a los 69 años, luego de que el episodio con su hija y la amenaza que recibió le complicaran sus ya deterioradas condiciones de salud.
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Hermeregildo Pérez Díaz, en cambio, tiene al menos la fortuna de que un juez ya emitió sentencia a su favor, devolviéndole su predio de 34 hectáreas, que le había adjudicado el Incora en 1989, pero del que había tenido que desplazarse a mediados de los 90 con sus ocho hijos y su esposa, Omaira González, también titular de la sentencia.
Esa decisión la emitió el juzgado primero civil del circuito especializado en restitución de tierras de Apartadó el 14 de diciembre de 2018, hace más de cuatro años. Pero hasta hoy, no les han hecho la restitución material del predio.
“Eso han estado a punto de entregarlo tres veces y al final que no”, relata. Según explica, en varias ocasiones los han convocado porque se va a realizar la entrega del predio, pero el día anterior la Alcaldía o alguna otra entidad no da el visto bueno con el argumento de que el orden público no lo permite y se cancela la entrega material.
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En la sentencia quedó comprobado que Hermeregildo Pérez y su familia salieron desplazados de la finca que les había dado el Incora en Pueblo Nuevo (Necoclí) porque reductos guerrilleros del EPL (que se había desmovilizado en la región en 1991) controlaban la zona y asesinaron a los tres vecinos inmediatos de su parcela: Francisco Sánchez, Francisco Martínez y otro labriego a quien apodaban el Zapatero, pues se dedicaba a esos oficios. La familia salió desplazada para Mutatá, de donde luego, cuando llegaron los paramilitares, también tuvo que irse para Chinú, cerca de Sincelejo.
Estando desplazado, pactó la venta de su parcela por apenas $1 millón con el campesino Rosendo Fidel Farco, quien a su vez también era víctima de la guerra y había llegado desplazado de San Pedro de Urabá. Lo que resolvió el juez fue ordenar la restitución del predio a Hermeregildo Pérez y reconocer como segundo ocupante a Rosendo Fidel, quien finalmente tendría que abandonar el predio y recibir otro de parte de la URT.
Como la entrega de la tierra no se ha materializado, la familia de don Hermeregildo vive dispersa por el Urabá antioqueño cosechando en tierra arrendada. Junto con uno de sus hijos tiene tres hectáreas rentadas que siembra con ñame, maíz y arroz y por cada una paga $400.000 de arriendo, en total $1’200.000. Otros de sus hijos trabajan en tierras donde pagan de arriendo hasta $800.000 la hectárea.
Si les entregaran su tierra, dice, a pesar de tener 81 años, se iría a trabajarla con sus hijos y al final de la cosecha no tendrían que descontar lo del arriendo. Sería trabajar en tierra propia. Hoy, su esposa, de 69 años, está hospitalizada en Medellín por un dolor de oído que se le complicó.
El laberinto de la restitución
La Unidad de Restitución de Tierras le confirmó a Colombia+20 que Patrocinia Moreno Palmera (hoy fallecida) hizo la solicitud de restitución el 11 de julio de 2012, hace casi 11 años. Según la respuesta oficial, lo siguiente que ocurrió con el proceso es que hasta el 4 de agosto de 2022 (después de una década) la dirección territorial de Apartadó obtuvo concepto favorable de seguridad y ahí se inició el proceso para estudiar su solicitud.
¿Qué pasó durante esos 10 años? En una respuesta que en 2020 dio la dirección territorial de la URT a un derecho de petición de la reclamante Patrocinia Moreno, le aseguró que su solicitud, en ese momento, “no recae en ninguna de las zonas microfocalizadas que tiene esta Dirección Territorial” y que, en proporción, en la zona donde ella está haciendo su solicitud hay muchas menos que en otras que ya fueron microfocalizadas.
Allí mismo la Unidad se refería a las amenazas que la reclamante le puso en conocimiento y la invitó “a que realice las respectivas denuncias en la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional”.
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Ese documento aparece firmado por Dayra Reina Hernández, quien dirigió la oficina territorial de la Unidad en Apartadó durante la anterior administración, quien fue cuestionada pues asumió ese cargo luego de haber defendido judicialmente a empresarios que aparecían como opositores.
Durante todos esos años, a Patrocinia Moreno la acecharon las amenazas y los hostigamientos. Según ha establecido la propia familia y las organizaciones que la acompañan, la finca después del desplazamiento terminó en manos de un hombre llamado Mario Arango, a quien señalan como testaferro de los paramilitares, quien ya habría fallecido y el predio habría sido heredado a sus hijos.
Ya al final, antes de morir, a ella la llamaban a su celular y le dejaban sonando una música de funeraria. Pero además, en una ocasión, hasta su vivienda llegaron desconocidos en una camioneta que le ofrecieron una alta suma de dinero por comprarle el predio que ella reclamaba.
Su familia señala a la señora Alicia Ramos, quien es conocida en la región porque pertenece a la organización Tierra y Vida que acompaña procesos de restitución de tierras, de haber participado de ese ofrecimiento de dinero por el predio despojado. Dicha tierra se encuentra en el área de influencia de un puerto de aguas profundas que se tiene proyectado en Necoclí. Patrocinia Moreno se negó a vender la tierra.
El proceso quedó ahora en cabeza de su hija Emulsy Ibeth, quien quiere seguir adelante con la reclamación. La URT le aseguró a Colombia+20 que ese caso está entre aquellos que va a impulsar la dirección territorial, hoy en cabeza de Nervelia Avilés, durante 2023.
Sobre el fallo de diciembre de 2018 que le restituyó la tierra a Hermeregildo Pérez y su familia, la URT respondió que la dirección territorial inició el proceso para restituirle la tierra en enero de 2019. Sin embargo, ante la preocupación del segundo ocupante reconocido en la sentencia, la Unidad elevó en abril de 2019 ante el Tribunal Superior de Antioquia la petición de modular la sentencia y permitir que se reconozcan medidas al segundo ocupante, lo cual ocurrió.
En julio de 2022, el Tribunal accedió a la solicitud y ordenó las medidas de seguridad para ese ocupante. En septiembre del año pasado, ya con las medidas garantizadas, el segundo ocupante y su familia desalojaron el predio y en octubre la URT notificó al juzgado que la entidad cumplió las medidas y que ya el predio estaba desalojado.
“A la fecha, no se cuenta con el auto de entrega material del predio por parte del juzgado primero del circuito especializado en restitución de tierras, a cargo del juez Óscar Orlando Guarín. Es decir, actualmente el predio no lo habita ni el segundo ocupante —quien ya falleció— ni la víctima restituida, porque no se lo han entregado.
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Beatriz Elena Mestre es una de las primeras reclamantes de tierra del Urabá. Su batalla contra la burocracia de la restitución empezó en 2008, incluso antes de que se expidiera la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011. En ese momento, hizo parte del movimiento campesino que empezó a pelear las tierras que les habían despojado los paramilitares años atrás, e incluso ocupó varios de esos predios, en una oleada que lideró el campesino Benigno Gil, a quien asesinaron a finales de ese 2008.
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Ella había salido desplazada de su predio junto con sus padres y hermanos en 1996, tras la arremetida paramilitar a la región. Su finca es un pedazo de tierra que lleva por nombre El Brillante, ubicado entre Belén de Bajirá y Mutatá, en un límite difuso entre Chocó y Antioquia, que pertenece a otro predio más grande de casi 250 hectáreas. Su familia salió para Montería, pero hasta allá los persiguieron los comisionistas de los grandes compradores de tierra que llegaron en esos años.
Como ha quedado comprobado en otras sentencias de restitución de tierras, Fidel Tordecilla fungió como comisionista para los compradores Fabio Moreno y Jaime Sierra, quienes se hicieron a amplias extensiones de tierra en medio de los desplazamientos de los campesinos. La madre de Beatriz Elena nunca accedió a vender la tierra. El 24 de octubre de 1996, hombres desconocidos la asesinaron a tiros en la casa en donde estaba viviendo en Montería.
La Unidad de Restitución le dijo a Colombia+20 que en septiembre de 2016 presentó la demanda de restitución ante el juez. En julio de 2019 se decretaron pruebas, que fueron remitidas al Tribunal Superior de Antioquia en agosto de ese año. En enero de 2020 se aclaró que no había traslape entre la solicitud de esta reclamante y otros predios que también están en restitución. En septiembre de ese mismo año, la dirección territorial envió al tribunal el acta de defunción de Juvenal Antonio Mestre Estrella, padre de Beatriz Elena, quien murió mientras el proceso estaba estancado en ese tribunal. Desde entonces, no ha habido más actuaciones en el caso. Ella sigue aferrada a la esperanza de que la sentencia puede llegar en cualquier momento.
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El pasado viernes 3 de marzo, cerca de 200 reclamantes de tierra —incluidos quienes aparecen en este artículo— hicieron una movilización en Apartadó para tratar de destrabar sus casos, que llevan hasta una década en trámite.
La protesta fue liderada por la organización Tierra y Paz, que encabeza Ayineth Pérez, una valiente lideresa de la zona que se ha echado al hombro la restitución de tierras, quien es a su vez víctima de despojo en el emblemático caso de Tulapas. Los primeros meses de la nueva dirección de la URT no han representado cambios significativos en sus procesos en el territorio. Los reclamantes siguen esperando.
