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La reinstalación de la mesa de negociación de paz con el Eln, a finales de noviembre, cerró un agitado año en materia de paz y conflicto armado. El 2022 fue el año en que la Comisión de la Vedad entregó su Informe Final, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio pasos de gigante y puso a los responsables de crímenes atroces cara a cara frente a sus víctimas y el país, la llegada del Gobierno Petro le dio un nuevo aire a la implementación del Acuerdo de Paz y puso sobre la mesa la búsqueda de la “paz total”. Aquí un resumen de los hechos clave que dejó 2022:
La elección de los 16 representantes a las curules de paz
Este año, por fin, después de cinco años de firmado el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas Farc, se cumplió una de sus promesas: se votó por primera vez en el país para elegir a 16 representantes de las víctimas del conflicto armado y que tuvieran un asiento en el Congreso de la República. Los representantes se elegirían en las zonas rurales de los 167 municipios más afectados por la
El 13 de marzo de 2022, junto con las elecciones tradicionales al Congreso, más de 530.000 personas votaron en las elecciones a curules de paz, de las 1.246.634 que estaban habilitadas. Eligieron a 13 hombres y tres mujeres, cuyo listado completo publicamos en esta nota.
Pero el hecho fue noticia este año no solo porque fue una elección inédita, sino porque entre esos representantes terminaron colándose fichas de los partidos tradicionales o de los caciques locales en esas regiones. El caso más sonado, sin duda, fue el de Jorge ‘Yoyo’ Tovar, hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Jorge 40, quien resultó electo por la Sierra Nevada y Perijá. Su elección fue cuestionada no solamente por ser hijo de un exjefe paramilitar, sino porque, según las denuncias, su campaña tuvo el apoyo de políticos de la región e incluso de funcionarios del Estado en esa zona.
Lea: Jorge Tovar, hijo del exparamilitar Jorge 40, se quedó con una curul de paz
El cuestionado operativo militar en Puerto Leguízamo, Putumayo
Sucedió el 28 de marzo y sin duda terminó marcando el año y el gobierno del expresidente Iván Duque. La versión oficial que entregaron las autoridades hablaba de un operativo del Ejército contra las disidencias de las Farc en Puerto Leguízamo, Putumayo, que había dejado como resultado a 11 integrantes de ese grupo armado muertos. Sin embargo, pocas horas después empezaron a circular denuncias de la comunidad de Alto Remanso – la vereda donde ocurrió el operativo – que apuntaban a que en la operación habían caído civiles.
En Colombia+20 reconstruimos en este reportaje – junto con el portal Vorágine y la revista Cambio– cómo la Fuerza Pública no pudo probar que las 11 personas que murieron pertenecían a la disidencia de las Farc. En cambio, todo apunta a que por lo menos la mitad de ellos no tenían vínculo alguno con el grupo armado: entre los muertos estaba un gobernador indígena, el presidente de la junta de acción comunal y su esposa en estado de embarazo. La acción del Ejército se dirigió en realidad contra un bazar de campesinos cocaleros, en el que sí hubo presencia de algunos disidentes armados, pero que en su mayoría estaba colmado de civiles.
El escándalo le cayó encima al gobierno Duque y a su ministro de Defensa, Diego Molano. El Congreso hizo un debate de control político por ello.
Por ese trabajo, Colombia+20 ganó el premio de periodismo Simón Bolívar en la categoría de noticia.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad
El 28 de junio, la Comisión de la Verdad le puso punto final a sus tres años y medio de trabajo en busca de cumplir un mandato: esclarecer y explicar las razones que llevaron a que el conflicto armado en Colombia se perpetuara durante más de 50 años. El resultado fue un inmenso Informe Final compuesto por una decena de volúmenes y miles de páginas, construido después de escuchar 28.543 testimonios de víctimas, pueblos indígenas, afros, campesinos, miembros de grupos armados ilegales, la Fuerza Pública, políticos, expresidentes, empresarios y otros actores que tuvieron que ver de alguna forma con el conflicto. Junto a más de 1.100 informes recibidos de distintas organizaciones e instituciones contrastaron el enorme volumen de información y lo sistematizaron.
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El padre Francisco de Roux, presidente de esa comisión, fue el encargado ese día de darle a conocer al país el resultado de su trabajo. “Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas de esta nación. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en Chocó, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapiripán, la cabeza cortada en El Salado, la vagina vulnerada en Tierralta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros desplazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquia y el alma indígena arrasada en el Vaupés”, las palabras del padre de Roux retumbaron ese día desde Bogotá.
Si bien para ese momento Iván Duque aún era presidente, quien recibió el Informe Final fue el ya elegido Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. En una foto para la historia, el padre de Roux le entregó en sus manos al hoy mandatario, una copia del Informe Final. Luego, en su posesión, Petro se comprometió a implementar las recomendaciones de esa comisión “a rajatabla”.
Las primeras audiencias de reconocimiento de exmilitares y exFarc en la JEP frente a sus víctimas
Por falsos positivos:
En Ocaña, la puerta de entrada al Catatumbo (Norte de Santander), ocurrió en abril la primera audiencia de reconocimiento en la que antiguos militares les pidieron perdón, cara a cara, a los familiares de los jóvenes que asesinaron e hicieron pasar como bajas en combate. En ese encuentro, fueron 10 militares y un civil los que se pararon en el atril y reconocieron que buscaron a jóvenes vulnerables en el Catatumbo y en Soacha para asesinarlos, presentarlos como guerrilleros y mostrar, en el papel, que estaban ganando la guerra contra la insurgencia.
“Había que buscar los resultados como fuera. Los grupos de guerrilla no los encontrábamos, pero había que dar el resultado; en el Catatumbo se llevó a cabo un fenómeno criminal para 2007 y 2008″, dijo, por ejemplo el suboficial retirado del Ejército Néstor Guillermo Gutiérrez. Fue una decena de testimonios desgarradores y crudos sobre la práctica de los “falsos positivos”.
Puede ver el seguimiento en vivo que hizo Colombia+20 de ese primer día de audiencia aquí y del segundo día aquí.
Luego, el turno fue para 12 antiguos miembros del Batallón de Artillería No. 2 La Popa en Valledupar, señalados por la JEP como responsables en los asesinatos de 127 personas en el norte del Cesar y el sur de La Guajira. Uno a uno, se pararon frente a sus víctimas (y el país) y reconocieron su responsabilidad en esos crímenes.
Por secuestro:
En junio de este año también se vio por primera vez una audiencia en la que el antiguo secretariado de las Farc reconociera su responsabilidad y pidiera perdón frente a sus víctimas por el crimen del secuestro. Siete antiguos comandantes de esa guerrilla, encabezados por Rodrigo Londoño Timochenko, cumplieron con su cita en Bogotá y escucharon también uno a uno los testimonios de sus víctimas.
Esas audiencias son parte del proceso de reparación para sus víctimas, pero además, el nivel de reconocimiento que hagan los responsables en esas audiencias incide en las sanciones que recibirán.
Las primeras tres resoluciones de conclusiones de la JEP
En octubre de este año, la JEP emitió su primera resolución de conclusiones y lo hizo contra los 11 imputados por “falsos positivos” en el Catatumbo (los que reconocieron su responsabilidad en la audiencia de Ocaña en abril). Esa resolución es con la que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP presenta ante el Tribunal para la Paz a los imputados y sugiere las sanciones que podrían recibir.
En el documento la JEP concluyó que los imputados reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad completa y exhaustiva. Con base, en ello, sugirió como propuestas de sanciones un salón de exposición dentro del Museo de la Memoria sobre asesinatos y desapariciones forzadas para ser presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o un parque memorial de las 6.402 víctimas de “falsos positivos”, entre otras.
En contexto: Diez militares recibirán las primeras sanciones de la JEP por falsos positivos
También los imputados del batallón La Popa tuvieron su resolución de conclusiones este año. Allí, también la JEP determinó que reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad plena y exhaustiva, y los envió al Tribunal para la Paz para la imposición de las sanciones.
Pero también se emitió la primera resolución de conclusiones contra los excomandantes de las Farc, en el marco del caso del secuestro. La JEP estableció que los siete exmiembros del secretariado aportaron verdad exhaustiva y sugirió para seis de ellos sanciones alternativas de ocho años, mientras que para Rodrigo Granda sugirió cinco años. Como actividades restauradoras planteó labores de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, restauración ambiental del páramo de Sumapaz y actividades de dignificación de la memoria de las víctimas.
El acuerdo que firmaron el Gobierno Petro y Fedegan para compra de tierras
La imagen era impensable hace apenas unos meses: Gustavo Petro, el máximo líder de la izquierda en Colombia y ahora presidente, firmaba un acuerdo con José Félix Lafaurie, la cabeza del gremio ganadero en el país, miembro del Centro Democrático y acérrimo crítico de Petro. “Esta foto en mi opinión hará historia. Es el pacto entre Fedegan y el gobierno del cambio. El pacto social y la paz son posibles”, trinó el presidente Petro el 8 de octubre, día en que se firmó el acuerdo.
Lea: Reforma agraria: Gobierno firma la compra de tres millones de hectáreas a Fedegán
Lo firmado consiste en posibilitar la compraventa directa de tres millones de hectáreas de tierra por parte del Gobierno Nacional a personas del sector ganadero que voluntariamente deseen venderlas, para que dichos predios sean después adjudicados a campesinos sin tierra: la promesa del primer punto del Acuerdo de Paz con las Farc.
La reinstalación de la mesa de diálogos con el Eln
En la cima de los cerros del parque natural Waraira Repano, en Caracas (Venezuela), el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se volvieron a sentar en una mesa de negociación de paz. Sucedió el 21 de noviembre de este año, poco más de tres meses después de que Petro asumiera como presidente. De hecho, tan solo unos días después de su posesión, el mandatario ya había enviado a Cuba una comisión, encabezada por Iván Cepeda y Danilo Rueda, para explorar el restablecimiento de los diálogos.
Lea: Gobierno de Colombia y Eln reinstalaron mesa de negociación en Caracas
En la primera declaración que emitieron ambas delegaciones desde Caracas, al reinstalar la mesa, acordaron “reanudar con plena voluntad política y ética el proceso de diálogo político entre el Gobierno Nacional y el Eln, como nos lo demanda la gente de los territorios rurales y urbanos que padecen la violencia y la exclusión, y otros sectores de la sociedad”. Además, dejaron plasmado allí que el propósito será “construir la paz a partir de una democracia con justicia y con cambios tangibles, urgentes y necesarios (...) dando la mayor participación posible y eficaz de la sociedad, priorizando a los sectores históricamente marginados”.
Los asesinatos de 43 excombatientes de las Farc
Cinco años después de firmado el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas Farc, los asesinatos de antiguos combatientes no se detuvieron en 2022. Tampoco la llegada del gobierno Petro, que ha respaldado la implementación de ese acuerdo, frenó esos ataques. Durante todo el año, 43 excombatientes fueron asesinados, según el registro que lleva Indepaz.
De hecho, en los últimos días, Luis Alberto Albán, congresista del partido Comunes (antes Farc), rechazó públicamente que desde el 7 de agosto, cuando se posesionó Petro, han sido asesinados 14 firmantes del Acuerdo.
Entre los excombatientes asesinados este año, hubo dos que eran líderes visibles en la reincorporación y rostros emblemáticos para los exguerrilleros. Ramiro Durán, líder en el Huila y quien encabezaba la nueva Mesa Autónoma de Reincorporación (que se marginó del partido) fue asesinado en el municipio de Palermo en julio. Y Jorge Santofimio, conocido como Jorgillo, líder de excombatientes en el Putumayo, fue asesinado a principios de año en Puerto Guzmán.
Sin embargo, la cifra de excombatientes asesinados ha venido disminuyendo. En 2019, el año más violento para esa población, fueron 77 los firmantes asesinados; en 2020, fueron 74; en 2021 fueron 54, para llegar a 43 casos en 2022.
La primera asamblea cocalera del país y el cambio en política de drogas
Una de las principales propuestas de Gustavo Petro en la presidencia es cambiar radicalmente el enfoque en el tema de drogas: acabar con la fracasada “guerra contra las drogas” y empezar a avanzar hacia la regulación. Tan importante es el tema para el mandatario, que su primer discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, se lo dedicó a ello. “Por destruir o poseer la hoja de coca mueren un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros en la América del Norte”, dijo.
Sin embargo, el aterrizaje de eso a nivel interno en el arranque de su gobierno ha sido más bien atropellado. Como directora de Política contra las Drogas en el Ministerio de Justicia – donde se tomarán las decisiones clave – nombró a Gloria Miranda, historiadora y máster en construcción de paz, quien para algunos conocedores en la materia carece de la experiencia necesaria para ocupar el cargo. Su trayectoria laboral, en su mayoría, está ligada al senador Gustavo Bolívar, a cuya UTL perteneció los últimos cuatro años.
Sin embargo, antes de que acabara el año, el Gobierno convocó con éxito la primera asamblea cocalera del país, en el Catatumbo, para que los propios campesinos cocaleros fueran quienes plantearan al presidente la que consideran la hoja de ruta para ese cambio en política drogas. Allí estuvo Felipe Tascón, quien fue nombrado como director de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en este gobierno. En esa asamblea, Petro aceptó la principal propuesta campesina: mantener los cultivos de coca hasta que otra alternativa sea realmente eficaz.
Las nuevas caras al frente de la paz
Otro de los hechos que marcó el año en materia de paz fue la llegada - con el nuevo Gobierno - de un nuevo puñado de funcionarios a encabezar las entidades que tienen que ver con la implementación de la paz. Quizás el cambio más sustancial es que desapareció la consejería para la Estabilización, que lideró Emilio Archila durante la era Duque, y sus funciones quedaron absorbidas en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Danilo Rueda, quien es la cara visible de la paz en el Gobierno Petro y el encargado de aterrizar la ambiciosa propuesta de “paz total”.
Adscrita a esa oficina, este gobierno creó la Unidad de Implementación del Acuerdo de paz y nombró a la defensora de derechos humanos Gloria Cuartas, como su directora. A su lado estará, por ejemplo, el nariñense Raúl Delgado, quien encabezará la Agencia de Renovación del Territorio (ART), que tiene bajo su responsabilidad, entre otros programas, los PDET. Al frente de la sustitución de cultivos estará Felipe Tascón.
Además: “EE. UU. puede ser aliado en la sustitución gradual de la coca”: Felipe Tascón
Gerardo Vega es otro de los rostros que serán protagonistas en la implementación del Acuerdo: es el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pilar fundamental para ejecutar la reforma agraria que ha impulsado el presidente Petro.
Y, poco antes del cierre del año, el presidente nombró a la excomisionada de la Verdad Alejandra Miller como directora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), una de las entidades para las que más demoras hubo en el nombramiento de su dirección, y encargada del tránsito a la legalidad de los excombatientes de las Farc que firmaron la paz y de los exmiembros de otros grupos armados que dejan las armas.