Las calles polvorientas, aún sin pavimentar, algunas casitas de colores en concreto, otras de madera y techos de paja y el estado de la vía, que solo se puede recorrer en una camioneta que pueda traspasar los barrizales, piedras y huecos, que empeoran durante las temporadas de lluvia y la falta de mantenimiento, dejan ver que Santafé de Ralito no ha cambiado mucho en los últimos 20 años.
Este corregimiento del municipio de Tierralta está ubicado en el sur de Córdoba, casi a 90 kilómetros de Montería, la capital. Sus habitantes son principalmente campesinos que trabajan de jornaleros en fincas cercanas, y otros en sus puestos de comida y tiendas donde siempre se escucha vallenato y hay gaseosa fría.
El lento paso del tiempo en ese lugar también se puede observar en algunas viviendas en ruinas que entonces pertenecían a jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes se instalaron en la zona en los años 2000. Por ejemplo, entre maleza, escombros y muy pocas paredes en pie llenas de humedad y descoloridas se encuentran los rastros de la antigua casa de Salomón Feris Chadid, también conocido como 08, paramilitar del Bloque Córdoba de las AUC, quien oficiaba como el anfitrión de visitantes, bien fueran sus compañeros de armas, las delegaciones del Gobierno y hasta los periodistas que llegaban a buscar entrevistas.
Hace 20 años, las cámaras de medios nacionales e internacionales pusieron sus focos en este lugar porque allí firmaron un acuerdo para desmovilizarse los jefes paramilitares de las AUC y delegados del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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Hoy, sin la atención mediática, el pueblo ha quedado en el olvido y presa del conflicto que no cesa. Para entrar allí hay que estar acompañado, porque aún hay ojos y oídos que vigilan y controlan los movimientos de la zona. Aunque vestidos de civil, en motos y con celulares modernos, la dinámica de control territorial permanece.
La casa de Chadid que, según recuerdan los habitantes, tenía corredores amplios, minibar y unas pocas habitaciones, se convirtió en la sede de diálogos entre el gobierno de Uribe Vélez y las AUC. Luis Carlos Restrepo, entonces comisionado de paz, llegó a Ralito en enero de 2003, junto a una Comisión Exploratoria de Paz para tener una primera reunión con los comandantes paramilitares, tras un anuncio de cese unilateral al fuego en diciembre del 2002, por parte de ese grupo armado.
“El Gobierno llegaba en dos o tres helicópteros que aterrizaban en la cancha. Muy cerca estaba la casa del señor 08, que era muy grande y se escogió como sede para las reuniones que tenían con el Gobierno. Para esas reuniones cocinábamos para 130 o 150 personas y estaban todo el día encerrados hablando, nadie sabía nada. Recuerdo que lo que más les gustaba comer era gallina criolla”, contó a Colombia+20 Ana María Ávila Villalba, habitante de la zona.
Ávila es oriunda de la región y trabajó por 20 años en un restaurante escolar del corregimiento. Nos recibió en el solar de su casa con techo de palma y piso de tierra, donde estaban amarrados varios gallos.
Según recordó, la llegada de los “paras” a la zona no fue violenta como sí ocurrió en otras zonas del país. Sin embargo, señaló que sí existía un temor generalizado porque en la región esos hombres armados eran conocidos como “los mochacabezas”. Además, dijo, comenzaron a comprar tierras a diestra y siniestra en el corregimiento.
“Se concentraron aquí en los 2000, en ese entonces no nos maltrataron, pero sí estábamos temerosos porque no sabíamos qué iba a pasar. Detrás de ellos llegaron políticos de la región que nos obligaron a trabajar en labores de aseo y construcción sin pago alguno. Fue el señor Salvatore Mancuso el que acordó que nos pagaran por nuestro trabajo”, detalló Ávila.
Hace 20 años El Espectador habló con Ana María Ávila:
La decisión de los paramilitares de iniciar negociaciones se alineaba con el proceso de politización del discurso que iniciaron en 2002, un año después de ser declarados por Estados Unidos como un grupo terrorista vinculado al narcotráfico.
Al momento de la firma del Acuerdo de Ralito, el Plan Colombia, redactado y financiado por Estados Unidos, llevaba tres años de lucha antinarcóticos y contrainsurgente. Por ello, la almendra del acuerdo estaba en dejar las armas a cambio de no ser extraditados a Estados Unidos por narcotráfico y legalizar parte de su fortuna y poder político regional.
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Los habitantes de Ralito califican esos años como una “bonanza”, que incluso mejoró con el inicio de los diálogos con el gobierno de Uribe porque había muchas labores por hacer como cocinar, pintar casas o lavar ropa, que les permitieron a las familias tener poder económico. El dinero alcanzaba para todo, para comprar colchones, mejorar las casas y hacer cercas para los animales.
Aún hay “paras”, pero no como antes
Pero con la salida de los paramilitares, también se fue el Gobierno que negoció con ellos, y las promesas de proyectos productivos, titulación de tierras y una mejor vida nunca llegaron. Dos décadas más tarde, las vías siguen en mal estado, no hay tierra para sembrar comida ni oportunidades laborales. En esa tierra imperan el olvido, la pobreza y la estigmatización hacia los habitantes de Ralito.
Las quejas de varios de ellos es que, tras finalizar el proceso de desmovilización en 2005, fueron de nuevo abandonados por el Estado. En las denuncias, incluso, afirman que en los últimos años exparamilitares se rearmaron a causa del incumplimiento, por ejemplo, de la extradición. Grupos como las Águilas Negras, Los Paisas, Los Urabeños, Los Rastrojos, el Clan del Golfo (o AGC) comenzaron a tomarse las zonas donde estaban las Autodefensas.
“Aún hay ‘paras’, pero no como en ese entonces. Aunque hay cierta tranquilidad, tenemos que vivir como Shakira; es decir, ciegos, sordos y mudos; no meternos en la vida de los demás”, dijo un habitante que prefirió que su nombre fuera omitido por seguridad.
La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la expansión acelerada del Clan del Golfo en 20 departamentos del país, entre ellos Córdoba. En la alerta temprana 019-23, Tierralta es un municipio de alto riesgo por la presencia y el control territorial de este grupo armado, que se disputa gran parte del país con el ELN y algunas disidencias de FARC.
Así se llegó al acuerdo
Luego de seis meses de diálogos con el Gobierno en los que también participó la Iglesia católica, el 15 de julio del 2003 los comandantes Carlos Castaño, Vicente Castaño, Salvatore Mancuso, Don Berna, HH, el Águila, Cuco Vanoy, Francisco Tabares y Jorge Pirata firmaron el Acuerdo de Santafé de Ralito para contribuir a la paz de Colombia.
Ese 15 de julio, comenzaron a llegar al corregimiento buses con periodistas, mandatarios regionales, representantes de la Iglesia y del Gobierno Nacional. El camino hacia el corregimiento estaba adornado con banderas de color amarillo, azul y rojo con el mensaje: “La paz es compromiso de todos”.
En la cancha de tierra rojiza de Ralito se instaló una gran carpa azul, donde los asistentes recibieron sombreros vueltiaos, típicos del Caribe colombiano, abanicos de cartón y carpetas tejidas en caña flecha con la información del evento.
Según reportó entonces este diario, para avanzar en esas negociaciones el equipo del Gobierno y los delegados de las AUC trabajaron por aparte un borrador con propuestas, que luego juntaron para concluir el documento. Después de que el presidente Uribe diera luz verde a lo acordado, las partes brindaron con vino blanco y se tomó la primera foto del proceso.
El documento de tres páginas con 10 puntos ratificaba el compromiso de mantener el cese al fuego, combatir el narcotráfico, restablecer el monopolio de la fuerza a manos del Estado y desmovilizar, de forma gradual, sus tropas, ubicadas en 26 de los 32 departamentos del país con más de 31.000 combatientes. Este proceso tenía que culminar el 31 de diciembre del 2005.
“La desmovilización no podía ser en bloque, porque las fuerzas militares no tenían la capacidad de bloquear todos los corredores estratégicos del país para evitar que la guerrilla afectara las zonas que estaban bajo dominio y control de las autodefensas donde era la única autoridad”, explicó Mancuso a la Comisión de la Verdad en el Informe final.
El país y la comunidad internacional veían con buenos ojos, pero también con reservas, este camino de paz que vino justo después del fallido intento de negociación del expresidente Andrés Pastrana con las FARC en los diálogos de San Vicente del Caguán (1998-2002).
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Monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna, quien participó en el proceso de diálogo, le explicó a este diario que, más allá de la mediación, la Iglesia buscaba invitar a los violentos a construir paz, perdonar, reconciliarse y no hacer mal. Junto a él estuvieron monseñor Julio César Vidal, monseñor Germán García Isaza, monseñor Luis Augusto Castro y los padres Leonidas Moreno y Darío Echeverry.
Tras la firma del Acuerdo de Ralito, el 25 de noviembre del 2003 se desmovilizaron en Medellín cerca de 800 miembros del Bloque Cacique Nutibara, bajo el mando de Diego Murillo Bejarano ‘Don Berna’. Esa unidad fue la misma que participó en la Operación Orión, que se realizó en la Comuna 13 de la capital antioqueña, recordada como la incursión militar urbana más grande del país, que dejó más de 100 personas privadas de la libertad, 43 civiles heridos, dos asesinados y cientos de desaparecidos.
Por la televisión, los colombianos vieron cómo más de 20.000 hombres de las Autodefensas entregaron cerca de 18.000 armas —algunas de ellas viejas e inservibles, según se supo después— durante el proceso de desmovilización que se dio hasta agosto de 2006, de acuerdo con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA).
Santafé de Ralito también fue la sede de la firma del Pacto de Ralito en 2001, donde participaron senadores, representantes a la Cámara, gobernadores y alcaldes de la región Caribe. El objetivo de este pacto, que se mantuvo en secreto por cinco años, era “refundar la patria” permeando la arena política regional. Este Pacto se hizo efectivo en las elecciones de 2003, pues aliados del paramilitarismo llegaron a 250 alcaldías y nueve gobernaciones.