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La experta internacional para los Derechos Humanos, Antonia Urrejola, presentó este martes su informe final sobre los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz. El documento de 19 páginas, que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo 2 de abril, reconoce los avances en la ejecución, pero también detalla varios impedimentos, especialmente hechos en el periodo entre 2018 y 2022.
“Mi informe urge al Estado colombiano a redoblar esfuerzos para la implementación integral del Acuerdo de paz como una política de estado a nivel nacional y local, y que todos los procesos de diálogo y negociación con grupos armados no estatales integren un enfoque de derechos humanos y garanticen la centralidad de las víctimas”, dijo Urrejola.
El documento identificaba al menos seis obstáculos, entre ellos, inestabilidad jurídica para los excombatientes de las FARC, recrudecimiento de la violencia y la necesidad de una alta oficina que coordine y lidere la implementación de lo pactado en La Habana.
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“En el periodo comprendido entre 2018 y 2022, se posesionó un gobierno abiertamente contrario al acuerdo, al igual que la mayoría del Congreso. Aunque se avanzó en algunos puntos como la creación de los PDET, muchos aspectos quedaron rezagados y se adoptó un enfoque basado en una interpretación restrictiva del acuerdo, en el marco de la política de “Paz con legalidad”. Este periodo se tradujo además en intentos de deslegitimar o suprimir ciertas instituciones creadas por el acuerdo, como se desarrollará más adelante”, dijo la experta.
Y agregó que varios de esos obstáculos “son superables con voluntad política y con la asignación de recursos suficientes” y con una “mejor coordinación interinstitucional para la implementación integral del acuerdo”.
El informe muestran al menos 20 recomendaciones al Gobierno y al Estado colombiano para acelerar la ejecución de lo pactado en La Habana con la extinta guerrilla de las FARC. Entre ellas se destaca “el acuerdo se implemente como una política de Estado a nivel nacional y local” y que sea transversal a todas las políticas de paz. Además, pide que se asegure que los procesos de diálogo y negociación con grupos armados integren un enfoque de derechos humanos, garanticen la centralidad de los derechos de las víctimas y no impidan la implementación del Acuerdo.
Se confirma la obstaculización de la Fiscalía a la JEP en caso Santrich
El informe también incluye las observaciones sobre la denuncia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) interpuso en contra de la Fiscalía por el entrampamiento del ex-FARC Jesús Santrich y el debilitamiento de la confianza de ese tribunal de paz.
Sobre ese tema, Urrejola volvió a decir, tal como lo indicó en su informe de diciembre, que la Fiscalía sí obstaculizó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en ese caso porque el excomandante de las FARC duró un año privado de la libertad sin que se aportaran pruebas suficientes para comprobar su culpabilidad en el delito. “Si ven el caso de Jesús Santrich, esto partió en el año 2018 y el tema se resolvió un año después con Santrich privado de la libertad y con oficios que iban y venían entre la JEP y la Fiscalía. Me parece que es un tema que causó una demora excesiva y afectó el debido proceso”, dijo.
El informe da más detalles de esta obstaculización y dice que la detención de Santrich se dio tras acciones de “investigación e inteligencia del Ejército y de la Fiscalía colombianos y de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos”. Además, explica que para dicha investigación el delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía autorizó “dos técnicas especiales de investigación: un agente encubierto y una entrega vigilada de cocaína” y que fue producto de esa operación que se habría revelado información judicial sobre la presunta participación de “Santrich” en tráfico de estupefacientes.
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Urrejola explica que, aunque esas dos técnicas estaban contempladas en el marco legal de la cooperación judicial, no lo estaba el uso de un “agente provocador”. “El marco legal de la cooperación judicial internacional permitía el uso del agente encubierto y la entrega vigilada. No obstante, según la información recopilada por la experta y su equipo, se podría haber recurrido a la figura del “agente provocador”, que no está contemplada como técnica especial de investigación en el marco de la cooperación judicial internacional y está prohibida en Colombia”.
El informe insta a la Fiscalía a priorizar la investigación de la denuncia de la JEP y determinar eventuales responsabilidades penales. Dice que podría hacer “mediante la conformación de un grupo de expertos independientes, para coadyuvar y brindar asistencia técnica en la investigación” para que realicen un análisis técnico y recomendienden acciones para garantizar que se agoten los distintos niveles de responsabilidad y las líneas de investigación.
Además, dice el informe, por la relevancia del caso, la Fiscalía “deberá informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año a partir de la publicación de este informe, sin perjuicio de la reserva y plazos legales”.
El documento también dice que durante la cooperación judicial de la Fiscalía con la DEA, “varias personas integrantes de la JEP recibieron solicitudes de personas extranjeras para concretar reuniones, fuera de la oficina, sobre asuntos relativos a exintegrantes de las FARC-EP comparecientes ante la JEP”.
El caso de entrampamiento que se habría dado contra el exjefe de las antiguas FARC Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, estuvo enmarcado en un contexto en el que hubo un “uso abusivo de la persecución judicial”.
La experta instó a que se avance prontamente en la investigación y el esclarecimiento de los hechos alrededor del caso Santrich, ya que tuvieron “consecuencias negativas en la confianza en el acuerdo y en la justicia transicional, no solo por parte de las personas firmantes sino también de la sociedad en general”.
Puntualmente dice: “El asunto relativo a “Santrich” ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el Acuerdo de Paz y en el sistema de justicia transicional. Se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna, y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP”.
El caso de Santrich fue revelado en 2020 por el periodista Edinson Bolaños, de Colombia+20, en una investigación que despertó una dura controversia y llegó a los estrados judiciales.
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Santrich fue señalado por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez como parte de una estructura que enviaba drogas a Estados Unidos. Luego de ser vinculado a un proceso por narcotráfico, abandonó el Acuerdo de Paz y formó la disidencia de la Segunda Marquetalia junto a Iván Márquez.
En el marco de ese hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presento una denuncia contra funcionarios de la Fiscalía General de la Nación de la administración de Martínez, quienes habrían ocultado información a la jurisdicción en el proceso que terminó frenando la extradición del Santrich.
La investigación de este entrampamiento fue solicitada por el canciller Álvaro Leyva el pasado 14 de abril ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Álvaro Levya le pidió a ese organismo la creación de una Comisión Internacional de Investigaciones de ONU para Colombia para que investigara los obstáculos que estaban afectando el proceso de paz “mediante el entrampamiento realizado por extraños”.
Los seis obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz
En rueda de prensa virtual, Urrejola calificó al Acuerdo de Paz como innovador “por su extenso contenido en materia de derechos humanos, incluyendo un enfoque territorial, étnico y de género” y también por “la creación de un Sistema Integral de Verdad”. Sin embargo, mencionó seis obstáculos para su ejecución.
1. Se necesita una política de Estado
La experta afirmó que aunque el pacto de 2016 “constituye una hoja de ruta para atender las causas estructurales del conflicto y asegurar la no repetición”, el compromiso de los gobiernos de turno con una implementación integral ha variado.
2. El contexto político hostil de 2018 a 2022
Aunque no se refirió con nombre propio al Gobierno de Iván Duque sí hizo mención a que justo durante sus años de mandatos “un contexto político hostil” a su implementación que se vieron reflejados con una serie de ataques hacia varios mecanismos del acuerdo. “En este contexto ocurrió el asunto relacionado con la extradición de Hernández Solarte, alias “Santrich”, objeto de la denuncia de la JEP”, dijo.
”A título de ejemplo, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo (CSIVI), la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, instancias creadas por el acuerdo para su implementación y que requerían de la presencia del Presidente de la República o del representante del poder ejecutivo, no pudieron sesionar o avanzar en sus funciones durante cuatro años, debido a la falta de participación del Gobierno en el nivel requerido”, dice el informe.
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3. La violencia persiste en el país.
La experta afirma en sus hallazgos que la violencia continúa con nuevos actores armados no estatales que ocuparon el territorio frente a la ausencia del Estado, tras la firma del acuerdo. “Esta situación es particularmente grave en zonas rurales y afecta especialmente a las personas defensoras de derechos humanos, a quienes promueven la implementación del acuerdo, a personas campesinas, pueblos étnicos, y a las personas firmantes”, dice.
Por ello, Urrejola recomienda implementar, con prioridad, la política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales y la “desarticulación de las estructuras macro criminales y la lucha contra la corrupción” como ejes para la consolidación de la paz.
4. Una alta instancia que implemente el Acuerdo de Paz
Así mismo, nuevamente pide la creación de una instancia del más alto nivel gubernamental que tenga las facultades para liderar la implementación, convocar a todas las entidades y ministerios, asegurar la debida coordinación interinstitucional y la coordinación entre las diferentes políticas públicas en materia de justicia transicional y dotarla de recursos humanos y financieros propios para poder cumplir con su cometido.
Distintos sectores han criticado la estructura estatal que existe para la eficiente implementación de lo pactado en La Habana, pues afirman que no hay coordinación entre las distintas entidades implicadas. De hecho, se ha criticado el cambio que dio el Gobierno de Petro al cambiar a la alta Consejería para la Estabilización -encargada de articular las entidades que trabajan en la implementación del Acuerdo de Paz- por la Unidad para la Implementación, hoy bajo la tutela de la Oficina del Alto Comisionado y en cabeza de Gloria Cuartas.
“Es clave que se cree esta entidad, separada de la institución encargada de las negociaciones de paz”, dice el informe.
5. El rezago de la implementación del capítulo étnico y las disposiciones de género
Para la experta es urgente que se avance hace la implementación de ambas disposiciones que son trasnversales a todo el país, así como “erradicar la discriminación en contra de las poblaciones históricamente discriminadas como las poblaciones étnicas, mujeres y personas LGBTIQ”.
Y agrega: “Preocupa que en estos temas se registra el menor porcentaje de implementación. Según el Instituto Kroc, en septiembre de 2023, el 17% de las disposiciones sobre género no había iniciado su implementación, el 52% se encontraba en estado mínimo, el 19% en estado intermedio y solo el 12% había sido completado”, dice el informe.
En este punto también se le pide al Estado colombiano “redoblar esfuerzos para implementar las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad” en las políticas públicas del Estado, particularmente a nivel local y departamental, y que estas sean incluidas en los planes de desarrollo y en las políticas públicas de departamentos y municipios en Colombia.
6. La seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz
Sobre este punto Urrejolo dice: “No puedo dejar de mencionar que siguen las vulneraciones de los derechos humanos de las personas firmantes del acuerdo. Ya van más de 400 asesinatos desde la firma del acuerdo, aunado a desplazamientos forzados, y desapariciones”.
Además, se refiere a la situación jurídica de las personas firmantes, en particular respecto a las amnistías e indultos que debe dar la JEP y que fue objeto de un duro rifirrafe entre los antiguos miembros del secretariado con ese tribunal, al punto de que propusieron crear un tribunal de cierre.
“Recomiendo a la JEP, llevar a cabo, de manera prioritaria y urgente, el alistamiento institucional necesario para el diseño, desarrollo y ejecución exitosa de las futuras sanciones restaurativas, en condiciones de seguridad para comparecientes de la JEP y víctimas, asegurando la participación de aquellas en todo el proceso, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”, dice el informe.
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