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Óscar Naranjo ha estado dedicado a las consultorías en el exterior. Varias veces ha estado en el sonajero de presidenciables, pero él sigue insistiendo en que no tiene vocación para buscar votos, aunque siempre se declara dispuesto a colaborar en la búsqueda de la paz. Como plenipotenciario del Gobierno en la mesa de negociación con las Farc, presenta su propio balance, muy positivo, de los cinco años de implementación del Acuerdo. Habla de la necesidad de reconocer los errores, pedir perdón y sugiere hablar del futuro y no del dolor que nos ancla al pasado.
¿Qué resalta de estos cinco años?
Este Acuerdo es ambicioso, porque no buscaba solo la desmovilización y el desarme de una guerrilla como las Farc. La dejación de armas de cerca de 13.000 excombatientes se logró en un proceso que ha sido calificado como impecable por los observadores internacionales y por Naciones Unidas. Este Acuerdo puso en marcha una nueva institucionalidad para cerrar las heridas que produjo la confrontación: la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de la Verdad. Cuando presentamos el Acuerdo a la comunidad internacional, valoraron esto de manera especial. Valoro el espíritu de cumplimiento de quienes han dejado las armas y están en proceso de reincorporación. Han enfrentado muchas dificultades, en algunas zonas han quedado atrapados entre grupos criminales y se mantienen firmes, tratando de avanzar en sus proyectos productivos.
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¿El Acuerdo se está implementando tal como lo planearon?
Hay que reconocer que buscar la paz, hacer la paz, construir la paz y mantener la paz son cuatro dimensiones distintas. Yo llegué a la mesa convencido de que se habían creado condiciones para empezar a hacer la paz. Pero fuimos conscientes de que construir la paz y mantener un clima de convivencia resulta más complejo que la propia negociación. Y, por otro lado, la realidad va imponiendo circunstancias que hacen que los textos se vayan acoplando a ella. Yo reclamaría en este momento, como la gran casilla vacía, que el Acuerdo parecería no estar iluminado por un espíritu de reconciliación. Si bien ha habido un avance en la implementación, ese avance parece más bien mecánico en función del cumplimiento de metas, pero no está conectado a un espíritu de reconciliación que debería iluminar la construcción de la paz.
¿Y qué falta?
Yo creo que se ha perdido la gran oportunidad de generar un proceso de unidad nacional alrededor del cumplimiento del Acuerdo. Con el antecedente del plebiscito, el Acuerdo dividió al país, pero hoy, en función de construir la paz, deberíamos estar unidos y superar las desconfianzas, los sentimientos alrededor de lo que fue el Acuerdo, porque de lo que estoy seguro es de que todos los colombianos, en el fondo de nuestro corazón lo que deseamos es la paz total, deseamos pasar esta página de violencia.
¿El plebiscito fue el que nos dividió o ya estábamos divididos?
Cualquier acuerdo es controversial. Lo importante es reconocer que en la paz cabemos todos, que no puede haber posiciones inamovibles, pétreas.
¿Se puede hacer algo ahora para unirnos en torno a ese Acuerdo?
La firma del Acuerdo se logró en la antesala de una campaña y se volvió tema de política electoral. Yo creo que ahora, cinco años después, en un año electoral, sería un gran error convertir el Acuerdo de Paz en un instrumento de polarización política para ganar electores. Yo creo que la inteligencia y la responsabilidad de los candidatos tiene que estar por encima de los intereses políticos e ideológicos para que sea el interés supremo y superlativo de la paz el que permita que el Acuerdo llegue a todos los sectores.
¿Ha visto esa inteligencia en esta campaña que ya arrancó?
Han sucedido hechos que no están suficientemente valorados y cambian sustancialmente el panorama. Me refiero al acuerdo que firmó el presidente Iván Duque con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Esa es la señal nítida, incontrovertible, de que el Gobierno actual reconoce la JEP como un instrumento que va más allá de un acuerdo, busca poner fin definitivo al conflicto y se instala en Colombia como un instrumento para cerrar las heridas de más de cincuenta años de violencia.
Pero hay precandidatos que siguen atacando el Acuerdo y amenazando con tumbar la JEP…
Lo importante es verificar cuál es el sentimiento y el estado de ánimo de los ciudadanos en función de la JEP y cómo avanza la implementación del Acuerdo. Los candidatos pueden decir muchas cosas, hay que verificar si lo que están diciendo está seduciendo a los electores. Y por las conversaciones que tengo con jóvenes, en universidades, con comunidades vulnerables, lo que veo es que hay una valoración enorme de lo que significa cuidar la paz y acelerar el cumplimiento del Acuerdo.
No se han logrado firmar ese Gran Pacto Nacional contra la violencia previsto en el Acuerdo, ¿cómo lograr ese acuerdo mínimo?
El capítulo que habla de las garantías de seguridad del Acuerdo es lo suficientemente integral, completo y viable como para ponerlo en marcha. Y eso toca con la seguridad en los territorios. El Acuerdo incluye por lo menos cuatro dimensiones alrededor de la seguridad: una es la dimensión política, en la que hay una declaración manifiesta de que a la firma del Acuerdo hay que garantizar que el Estado mantenga el monopolio de las armas, sea el único que cobre tributos y el único que imparta justicia. Eso está dicho exactamente así. Hay un llamado para que, a partir de un acuerdo político nacional, construido desde los territorios hasta el nivel central, haya un nunca más a la violencia en el ejercicio de la política. Me parece que ese acuerdo político es el que se convierte en una especie de faro y guía de las acciones que inspiran el desempeño de la institucionalidad, de la fuerza pública, de las Fuerzas Militares, de la justicia, de los partidos políticos, de las propias comunidades. Porque pensar que los niveles de violencia que hay en algunos territorios se superan simplemente con policías y soldados es dejarlos a ellos en solitario frente a una tarea que implica una integralidad del Estado y de la propia sociedad.
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El tema de la seguridad en los territorios sigue siendo el gran lunar para la implementación de la paz…
En el capítulo sobre la solución al problema de las drogas se habla de la necesidad de atacar la cadena de valor de las economías criminales, fortalecer la judicialización en el territorio, poner en marcha una unidad de investigación especial para identificar autores, victimarios y conductas que pongan en peligro la seguridad en los territorios y afecten a los líderes sociales, a los excombatientes y a las comunidades vulnerables. Y hay un subtítulo alrededor de cómo enfrentar las economías criminales.
¿Cómo valora esa Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía?
El mismo fiscal general reconoce la importancia de la Unidad. Yo, como un observador externo, veo que hay un interés estratégico de que esa unidad presente resultados. El acompañamiento internacional es cercano, con recursos, capacitación y tecnología. Pero el ecosistema general tiene que ser fortalecido y depende del conjunto de la institucionalidad, de las Fuerzas Militares, de la Policía, la Unipep, la Unidad Élite. Mi conclusión es que a las economías criminales hay que competirles con economía legal. Pensar que uno supera los fenómenos de economía criminal solamente con fuerza pública y judicialización es una solución incompleta. La solución de fondo es crear condiciones para que la economía legal compita con ellos. Estamos frente al reto de transformar la Colombia rural.
Usted conoce la Policía. ¿Sabe por qué desdibujaron la Unipep y el Cuerpo Élite?
La Unipep ha sido valorada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como una estructura muy original, que generó la mayor confianza en el momento más crítico de la dejación de las armas y que además le dio un tratamiento diferente a la conflictividad social en los territorios. Yo esperaría que la Unipep se fortaleciera, se incrementaran sus recursos y que se despliegue por todo el territorio. Entiendo que está funcionando, pero su protagonismo ha quedado subordinado a otros intereses en la lucha contra el crimen.
¿Qué piensa de que el Gobierno haya dado más peso a la erradicación de cultivos de coca que a la sustitución voluntaria?
Hay que reconocer que después de la firma del Acuerdo y unos meses antes, los cultivos de uso ilícito empezaron a crecer por varias razones: una interpretación de las comunidades de que quien tuviese cultivos de coca recibiría una atención especial para ingresar a la economía legal y eso operó como un incentivo perverso; además de la tasa cambiaria, la depreciación del peso frente al dólar y la variación del precio del oro. El Acuerdo plantea una solución que ya no es de contención a los cultivos, sino de superación definitiva a los cultivos de uso ilícito. Y para hacerlo, el Estado colombiano no renuncia a la erradicación, no claudica frente a los narcotraficantes, no renuncia a la posibilidad de asperjar y se condiciona la persecución judicial a los cultivadores que no cumplan con el acuerdo de sustitución. Pero promueve la sustitución voluntaria en el marco del desarrollo territorial que plantean los PDET. Si Colombia no logra invertir la prioridad de transformar el territorio y crear condiciones de economía formal vamos a seguir en una especie de bicicleta estática donde se erradica mucho, pero se resiembra mucho. Llegó la hora de replantear la prioridad y, como afirma Naciones Unidas, verificar a través de la evidencia que el porcentaje de resiembra frente a la sustitución es infinitamente menor que el porcentaje de resiembra frente a la erradicación forzosa.
¿Por qué es importante la Comisión de Garantías de Seguridad?
Las políticas públicas de seguridad no pueden ser el resultado del diseño entre expertos y funcionarios del Gobierno. Ese diseño está demandando en el mundo el protagonismo de la sociedad civil y, por lo tanto, elevar la voz de los ciudadanos para que contribuyan a identificar los desafíos, las amenazas y para explorar soluciones. Hay que fortalecer la Comisión y descentralizarla para que formule recomendaciones no solo desde el nivel central, sino que tenga una presencia más cercana. Estoy convencido de que los problemas de la seguridad territorial se afianzan en una comunicación y diálogo cercano con las comunidades víctimas de la violencia en esos territorios.
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Todos los días vemos proyectos en el Congreso para mejorar la seguridad y no contemplan esa discusión de la que usted habla.
Los problemas de seguridad son muy complejos y uno no puede pensar que el único responsable de solucionarlos sea el Gobierno o la fuerza pública. Creo que las soluciones tienen que estar acompañadas del conjunto de la institucionalidad, la sociedad civil, los líderes sociales y también el empresariado. Yo diría que los años que hemos vivido en el conflicto de alguna manera han marcado una lógica para atender el problema la violencia territorial, donde se cree que el Gobierno Nacional es el único responsable. Yo creo que hay que abrir los canales para que haya una mayor participación y compromiso de autoridades regionales y locales, para que haya mayor participación ciudadana.
¿No aprendimos nada sobre seguridad en estos años en conflicto?
Hay que hacer una valoración positiva: Colombia no claudicó; no se convirtió en un Estado fallido, pese a la amenaza que significaron las guerrillas y los carteles de la droga. Y hay lecciones de éxito para ver cómo un Estado se planta frente a esos retos. Pero, por otro lado, firmado el Acuerdo, estamos en mora de repensar cuál es la seguridad que están demandando los colombianos en términos políticos, filosóficos y prácticos, para atender un fenómeno que es muy complejo, que no se puede simplificar y reducir solo al tema del narcotráfico. Aquí hay violencias que están inspiradas en otros fenómenos.
¿Seguimos enredados con la reforma al sector defensa? ¿No se debió tocar ese tema en la mesa?
Esa tarea se dejó para hacerla después de la firma del Acuerdo. Y debe concentrarse en revisar por lo menos cinco puntos: cuál es la seguridad y convivencia que hoy reclaman los colombianos; mirar con qué arquitectura institucional se pone en marcha la política pública de seguridad; mirar cuál es el rol de las instituciones para que haya claridad sobre la responsabilidad de cada una; cuáles son los canales de participación ciudadana, para asegurarse de que haya rendición de cuentas por parte de las autoridades y que haya un mayor protagonismo de los ciudadanos en la formulación de la política pública de seguridad. Y por otro lado, cuáles son los factores que contribuyen a que el despliegue de los organismos de seguridad esté siempre encaminado a fortalecer su legitimidad, y eso significa asegurar el respeto a los derechos humanos. Yo diría que se ha logrado avanzar, pero no hay una visión integral y a veces se entiende como reformar la Policía, la justicia, pero no el conjunto.
¿Qué le diría al presidente que sea elegido en 2022?
El país tiene cuatro problemas que los políticos en campaña han identificado: salud pública y la pandemia; reactivar la economía y generar más empleo; lucha contra la desigualdad; seguridad y convivencia. Eso está claro. Todas las campañas lo mencionan. Lo que no han mencionado es que en el Acuerdo de Paz hay instrumentos para superar estos desafíos. Más allá de lanzar una campaña con bases programáticas, hay que transmitirles a los colombianos, a través de una narrativa basada en la humildad, un espíritu que nos reconcilie y que no nos mantenga mirando el pasado y abriendo heridas. Me llama la atención como hay campañas que, lejos de mostrarnos un futuro, nos están anclando en el pasado de violencia.
Si usted lo tiene claro, ¿por qué no es candidato?
¡Porque ya hay muchos! (risas) Tengo que ser coherente. Fui muy feliz sirviendo desde lo público, pero no estoy preparado para buscar votos ni para contiendas electorales. Estoy a disposición para contribuir desde cualquier orilla menos esa. Tenemos que buscar que las víctimas del pasado sean reparadas emocional, espiritual y materialmente, pero hay que hacer un gran esfuerzo para que no seamos una fábrica de víctimas en el futuro.
¿Por qué les pidió perdón a los universitarios?
Durante muchos años tuve el prejuicio de que la universidad pública era una cantera de guerrilleros y un centro de reclutamiento del terrorismo. Cuando se produjo la firma del Acuerdo, se hicieron los censos sobre los excombatientes y, la verdad, eso no apareció allí. Pedí perdón por haber contribuido a estigmatizarlos. Ahora, con todo este fenómeno del paro nacional, estamos frente a una revolución cultural que está dejando los valores democráticos en entredicho, porque la comunicación moviliza emociones negativas que promueven el odio, la desconfianza, el rencor. Por eso digo a los candidatos y a los líderes de este país que hay que movilizar las emociones positivas alrededor de la compasión, de la solidaridad, de la reconciliación.