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“Sigue habiendo retos enormes, pero con cada paso hacia adelante, Colombia está demostrando el valor de invertir en la paz y sirviendo al mismo tiempo de ejemplo de que se puede poner fin a los conflictos violentos a través del diálogo”. Esta es una de las principales conclusiones del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el más reciente Informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
En el documento, que abarca los meses de septiembre a diciembre de 2021, Guterres, sostiene que, si bien celebra los avances de los que fue testigo en su visita a Colombia, le preocupa la persistencia de la violencia en las zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo. Según el secretario, esto representa una amenaza para la consolidación de la paz y si continúa el conflicto, “la ventana de oportunidad histórica podría cerrarse gradualmente”. Por ello, señala que revertir esta tendencia requerirá de acciones más sostenidas y efectivas.
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La continuidad del conflicto armado, según información recibida por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dejó en esos tres meses 34 defensores de derechos humanos asesinados, para un total de 196 en 2021. En ese mismo periodo se registraron siete masacres con 29 víctimas, que sumaron 56 masacres y 222 víctimas en 2021. Además, La Oficina de ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó que, en 2021, aproximadamente 72.600 personas han sido desplazadas y 65.200 confinadas forzosamente.
Esta violencia también ha afectado a los excombatientes y, según el informe, es la principal amenaza para su transición a la vida civil. “Hasta la fecha han sido asesinados 303 excombatientes, incluidas 10 mujeres. Además, 79 excombatientes (incluidas 4 mujeres) han sido víctimas de intentos de homicidio y 25 han sido reportados como desaparecidos (todos ellos hombres)”, señala el documento. Sin embargo, el reporte resalta que los asesinatos de exguerrillleros han disminuido en un 27% en el último año,
Algunas de las cifras reportadas por el informe:
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Guterres celebró los avances en materia de reincorporación: en los cinco años del Acuerdo, “casi el 59 % de los excombatientes acreditados participan en proyectos productivos. Se han aprobado 107 proyectos colectivos, que benefician a 3.687 excombatientes (incluidas 1.030 mujeres), y 3.560 proyectos individuales, que benefician a 4.285 excombatientes (incluidas 981 mujeres)”.
Sumado a ello, durante los tres meses que reporta el documento, el Consejo Nacional de Reincorporación aprobó ocho proyectos productivos colectivos nuevos para 213 excombatientes y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización otros 370 proyectos individuales adicionales, en los que participan 436 excombatientes.
António Guterres llamó la atención sobre la importancia de que los reincorporados “tengan seguridad y que sus iniciativas cuenten con el apoyo necesario para garantizar su sostenibilidad, incluidas transformaciones más profundas contenidas en otros puntos del Acuerdo Final”.
Avances y retos:
El informe destaca algunos avances en la implementación del Acuerdo al mismo tiempo que menciona retos por superar. En materia de Reforma Rural Integral, hace referencia a algunos de los resultados presentados por el Gobierno en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que han contado con “inversiones acumuladas de más de 2.600 millones de dólares” y con los que se han “aprobado 494 proyectos. De ellos, 49 ya han finalizado, 195 están siendo implementados y 250 están en fase de suscripción de contratos”, dice el informe.
Destaca también la preocupación de “un grupo de congresistas” porque, si bien el Acuerdo Final dispone que se proporcionen tierras a los campesinos sin tierras o con tierra insuficiente, “solo se les han adjudicado un 1,5 % de las tierras y el 58 % de las 36 leyes de implementación del Acuerdo Final que están pendientes de aprobación tienen que ver con la reforma rural integral”.
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Sobre participación política, el informe reconoce la inscripción de 403 para las circunscripciones especiales de paz pero señala algunas denuncias de obstáculos para las campañas y votaciones. Y en materia de sustitución de cultivos ilícitos, asegura que, aunque el Gobierno resalta que 73.000 familias excocaleras han recibido asistencia técnica y 14.724 han iniciado proyectos productivos, “las organizaciones de la sociedad civil y los congresistas siguen manifestando preocupación por el lento ritmo de implementación de los proyectos”.
Guterres también destaca los preparativos para la verificación por parte de la Misión de las sanciones que emitirá la JEP y reconoce el trabajo de esta entidad y de las otras dos del sistema de justicia transicional: la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, incluido el reconocimiento de responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública en el Caso 03, conocido como el de “falsos positivos”.
Conozca el informe completo aquí:
La respuesta del Gobierno:
El Consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, dijo estar “muy complacido” por la presentación del informe, celebró los avances reconocidos en materia de reincorporación y obras PDET y aseguró que el Gobierno de Iván Duque comparte con el secretario la idea de que las medidas en materia de seguridad para excombatientes y líderes sociales deben ser severas.
“En materia de un tema tan delicado como ataques y muertes no puede haber ninguna cifra que nos deje descansar distinta de cero. Cero es el objetivo. Pero tal como lo reconoce el informe, durante los tres años del presidente Duque ha habido menos ataques y muertes. El último año hubo una disminución del 10% y en este momento tenemos el periodo más largo que ha habido en el proceso de reincorporación sin ningún muerto”, celebró el consejero.
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Archila también reiteró su compromiso con la implementación de la política de Paz con Legalidad, desarrollada por este gobierno e invitó a la comunidad internacional a seguirle haciendo seguimiento al Acuerdo. “Tras las directivas del presidente Duque, ha habido de nuestra parte una manifestación política de cumplimiento, una planeación robusta y unas ejecutorias que ya hacen de este proceso irreversible. La invitación a la comunidad internacional es que nos sigan acompañando como lo están haciendo”, señaló.
El informe será presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo 20 de enero por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.