En medio de un luchado cese al fuego y ad portas del primer año de los que parecían ser los diálogos de paz más avanzados y fluidos, esta semana la guerrilla del ELN volvió a poner a Colombia ante los ojos del mundo por un hecho repudiable y que recuerda uno de los peores capítulos de la guerra en el país: el secuestro.
La víctima es Manuel Díaz (padre del futbolista del Liverpool y la selección de Colombia Luis Díaz), quien fue retenido en Barrancas, La Guajira, el pasado 28 de octubre -un día antes de las elecciones regionales-.
Su caso marca uno de los mayores descalabros a la legitimidad de esa negociación y de la estrategia de “paz total” del gobierno Petro.
El hecho se da, además, tras unas votaciones que, aunque con matices, significaron una derrota para el mismo presidente Petro. En varias de las regiones más importantes del país se impusieron políticos con ideologías y proyectos distintos a los del Gobierno.
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Tras ese golpe, el impacto principal de este secuestro es el debilitamiento de una confianza entre las partes -que apenas estaba en construcción- y el fortalecimiento de una de las mayores críticas que se le han hecho al Ejecutivo: que ha sido laxo y permisivo con los grupos armados ilegales con los que está buscando el fin del conflicto.
“En lo técnico, se trata de una violación al cese al fuego, pero especialmente en lo político es muy difícil de sostener. Esto le genera presión al Gobierno, porque si no hay una consecuencia se va a fortalecer el argumento de que ha sido permisivo y se va a debilitar aún más el peso político de la ‘paz total’, incluso a nivel internacional”, sostiene el investigador Kyle Johnson, de la fundación Conflict Responses (CORE).
El viernes, desde Washington, el presidente Gustavo Petro endureció su discurso frente al ELN: “Tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo”. El jefe de Estado fue enfático en que este hecho afecta “la reconstrucción de la confianza y las posibilidades de la paz en Colombia”.
Aunque el hecho mismo de negociar en medio del conflicto abre la puerta a que haya reveses y dificultades -lo mismo ha ocurrido en otros procesos de paz-, este secuestro solo se suma a una lista de pasos en falso e incumplimientos que, semana a semana, con un grupo u otro, han puesto en entredicho la estrategia de paz del Gobierno.
Hace solo una semana la lupa estaba puesta en el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC del país, que había impedido la entrada de material electoral a algunas regiones y desató un escándalo por la supuesta invitación a sus delegados para participar en el evento de apertura de las votaciones regionales, hecho que fue desautorizado por el propio Petro.
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Días antes, las delegaciones de ese grupo y el Gobierno fueron blanco de críticas porque en medio de un improvisado acto en Tibú empezaron la instalación de una mesa de diálogos, pero sobre la marcha tuvieron que posponer el evento. Y previo a eso, una serie de atentados del EMC en Cauca, que dejaron varios policías y civiles muertos, también generó el rechazo de la opinión pública a los diálogos y la “paz total”.
Para Tatiana Prada, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), “es normal que haya desafíos, acciones que se salgan de lo pactado, pero no por ello debemos aceptar todo lo que pase. Estos hechos no llevan a sentenciar a la política de “paz total”, pero sí implican una parada técnica en la que la delegación del Gobierno debe detenerse a escuchar a la ciudadanía y tener una postura clara para exigirle a la contraparte. El éxito de una mesa no es que no haya reveses, sino que se sostenga a pesar de las dificultades”.
El punto en el que coinciden analistas, exnegociadores de paz y personas cercanas a las mesas de diálogo consultadas por Colombia+20 es que el Gobierno debe apretarse el cinturón y dejar claras sus líneas rojas en las distintas negociaciones, tanto con las bandas urbanas como con los grupos de estatus político, que se han seguido expandiendo y fortaleciendo en medio de los acercamientos de paz y los ceses al fuego.
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Colombia+20 consultó al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sobre estos cuestionamientos a la estrategia del gobierno.
”Comprendemos las críticas, pero no las compartimos. La construcción de la paz, en este caso con el ELN, muestra con creces la exigencia y los avances en este proceso”, dijo Rueda.
Sin embargo, reconoció que el accionar de esa guerrilla le pasa factura a la confianza en la negociación. “Esto le exige al ELN obrar en coherencia. Este hecho debe llevar a una reflexión profunda que el ELN debe asumir: que la aplicación del DIH implica que ninguno de estos hechos puede suceder con ningún colombiano en el país, mucho menos por parte de una organización que se dirige como un actor político en armas”, aseguró el comisionado.
¿Qué viene en la mesa con el ELN?
Para varios observadores, la autoría del ELN en el secuestro de Luis Manuel Díaz fue sorpresiva, dado que el Frente de Guerra Norte ha sido uno de los más debilitados del grupo en la última década y, además, a esta estructura pertenece Bernardo Téllez, uno de los representantes de la guerrilla en la mesa de diálogos y quien sería “los ojos y oídos” del máximo comandante del grupo, Antonio García.
Lo cierto es que, por el récord de acciones criminales del ELN en pasadas negociaciones de paz, era previsible que alguna de sus estructuras realizara una acción de esta envergadura, especialmente un secuestro, tema que ha sido el palo en la rueda en diálogos anteriores.
Esto obliga a que se ponga sobre la mesa la práctica del secuestro. El ELN debe parar eso de una vez por todas
Fuente cercana a mesa de diálogos
Sin embargo, el impacto de este hecho obliga a que el tema se ponga sobre la mesa en el quinto ciclo de conversaciones, que debería empezar en las próximas semanas.
“Por donde se le mire, fue una movida poco estratégica y pone en evidencia una pieza que ya estaba siendo problemática: la conversación sobre el secuestro, que necesariamente en el quinto ciclo debe estar en el centro de la discusión, aterrizarlo y llegar a resultados claros”, señala Prada, de la FIP.
Una fuente cercana a ese proceso de paz le explicó a este diario que es muy posible ese cambio en la agenda de negociación para el próximo ciclo. “No hay de otra. Esto obliga a que se ponga sobre la mesa la práctica del secuestro. El ELN debe parar eso de una vez por todas. Son años y años de esto”, afirma.
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Por su parte, León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y quien fue miembro de la guerrilla del ELN hasta 1994, cuando dejó las armas tras un proceso de paz, asegura que no cabe ninguna duda de que esto cambiará la negociación.
“El resultado de esta acción determinará mucho el rumbo de la mesa. Si liberan al señor Díaz sin condiciones, ese sería el mejor escenario para que las partes trabajen para sobrellevar este suceso, pero si llega a ocurrir otra cosa, el proceso se complicaría muchísimo. No habría mucho margen de maniobra”, explica Valencia.
Además, agrega que este podría ser el punto perfecto para que esa guerrilla, tal como lo hicieron las antiguas FARC durante el proceso de paz, hagan una declaración unilateral de que se abandona la práctica de secuestro.
“La guerrilla va a tener que pagar una penalidad muy grande por este hecho. Va a tener que hacer una concesión muy grande en la mesa que puede ser que va a abolir el secuestro y que eso le permita equilibrar el error que cometió”, dijo.
El senador Iván Cepeda, miembro de la delegación del Gobierno en ese proceso, explicó a Colombia+20: “El proceso que estamos llevando a cabo con el ELN es para ponerle punto final al conflicto, así que vamos a presionar todo lo que se necesite para que eso se produzca”, aseguró.
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Según el Ministerio de Defensa, en lo corrido de 2023 el ELN ha secuestrado a más de 30 personas. Lo problemático de la conversación sobre ese delito quedó en evidencia en junio, al cierre del tercer ciclo, cuando el jefe negociador de esa guerrilla, Pablo Beltrán, declaró: “Nosotros no hablamos de secuestros, sino de retenciones, y si no son necesarias, no se harán”, y se negó a dar claridades al respecto.
Dos meses después, con el inicio del cese al fuego, en el Decreto 1117 quedó explícito que este crimen está prohibido, por lo que el caso de Manuel Díaz es un incumplimiento directo a ese acuerdo.
El atropellado proceso con la disidencia de “Mordisco”
Aunque el secuestro del padre de Luis Díaz es hoy el lunar y el punto más bajo en la negociación con el ELN, los mayores traspiés que ha tenido el Gobierno en su ambicioso plan de “paz total” han sido con la disidencia de las antiguas FARC conocidas como Estado Mayor Central (EMC).
Ese proceso de diálogo, el segundo más importante detrás del ELN, ha tenido múltiples incidentes y salidas en falso que también han puesto a dudar sobre si la estrategia de negociación del Gobierno es o no la correcta.
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Expertos afirman que no se trata solo de malas decisiones, sino de pequeños escándalos que van minando la confianza entre las partes y luego entre la sociedad civil.
Para Valencia, de Pares, el Gobierno ha sido mucho más permisivo en el proceso con las disidencias. “A quienes les han hecho más concesiones es a los miembros de las disidencias, al grupo en general. Les dio un papel político, les dejó conservar el nombre de las antiguas FARC (el nombre completo es Estado Mayor Central de las FARC-EP), les permitió reorganizarse y tener vocerías políticas. Es decir, les ha dado un montón de ventajas sin que les cedan nada. Ellos no han entregado nada. Al menos con el ELN tienen un cese la fuego y una maquinaria atrás con los encuentros que han tenido con sectores”, afirma.
Y agrega que ese grupo ha violado todos los acuerdos que ha suscrito. “No se entiende esta manera de negociar. Hacen todo en contra y el Gobierno los premia con un estatus político y, por otro lado, como no encuentra una manera de resolver lo que pasa en el Cañón del Micay, ese grupo armado se atrinchera y el Gobierno lo deja hacerlo”, explica.
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Con esta disidencia se enfrentan varios desafíos, entre ellos, cómo será la agenda del proceso -ya que son opositoras a todo lo que se firmó en La Habana-.
El senador y exjefe negociador del Acuerdo de Paz de 2016, Humberto de la Calle, se pronunció hace unos días sobre el tema y afirmó que los últimos hechos ocurrido con ese grupo armado “son una muestra de la descoordinación al interior del gobierno frente a la política de Paz Total. Las Salidas en falso (…) generan confusión, y ponen en tela de juicio la organización interna del Gobierno”.
Aunque entre los principios del Gobierno para negociar con grupos armados y bandas criminales es previa, tal como lo dijo en un debate de control político el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, que el diálogo no podía significar un espacio para dar ventajas militares, distintos informes apuntan a que sí ha habido una expansión de su control territorial.
Organizaciones como Human Rights Watch también han advertido puntualmente sobre la disidencia de Mordisco que “bajo el contexto de ‘paz total’ se está fortaleciendo internamente: todos los comandantes pudieron reunirse y conformaron escenarios de toma de decisión colectiva”.
Esto no se ha traducido en una unificación de mando y control interno, otra razón por la que es tan voluble la negociación con ese grupo.
“El Gobierno sí debería repensar cómo está adelantando esta negociación y si ha valido la pena cada licencia a ese grupo”. A pesar de que el diálogo con el EMC aún no es lo suficientemente potente para desestabilizar la política de “paz total”, que enviaría un difícil mensaje para los otros frentes abiertos que tiene el Gobierno.
Lo que podría afinar el Gobierno en su estrategia de paz
El profesor Eduardo Herrera, general (r) del Ejército y exnegociador en el proceso con el ELN durante el gobierno Santos, aseguró que es clave hacer una reflexión sobre la “paz total” como un todo y armonizar sus distintos carriles: “El carril del sometimiento va rezagado y no se le ve proyección, los ceses al fuego que se prorroguen deben estar absolutamente organizados y planeados, igual que sus mecanismso de verificación y monitoreo. Hay que afinar una hoja de ruta, un esquema y el punto de llegada de cada carril”.
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Herrera agregó que, a la luz de los hechos de los últimos meses, la batuta no parece estar del lado del Gobierno, sino de la contraparte, por lo que “debe cambiarse la metodología”. Esa posición coincide con la de varios analistas que aseguran que grupos como el ELN y el EMC son quienes llevan el ritmo de los diálogos.
“Las delegaciones deben entrar a un proceso de fortalecimiento y buscar armonía en posiciones y no trabajar por afinidades o concesiones sino buscando superar incompatibilidades, que son las que en realidad permiten construir un acuerdo”, asegura el general.
Para el investigador Kyle Johnson hay tres ejes cruciales en los que el Gobierno debería enfocarse. Primero, que desde el presidente Petro haya una línea clara sobre cuál va a ser la estrategia de negociación con cada grupo (incluyendo qué es aceptable y cuáles son las líneas rojas). Segundo, definir una estrategia de comunicaciones: “Claramente no la hay, y eso ha generado muchas dificultades. Debe existir tanto para la ‘paz total’ como para cada proceso de negociación”, dice el investigador.
Si el Gobierno sobrepone la “paz total” a sus reformas y otros ejes claves, eso implica que termina dependiendo de la voluntad de los grupos para sacarlo adelante, lo que les da poder en las mesas
El último punto es resolver cuanto antes el marco jurídico de los procesos de negociación y sometimiento. : “Eso depende un poco del fallo que se espera de la Corte Constitucional sobre la ley de orden público, pero de todas formas deben definirse otros aspectos: no está claro qué se puede negociar con la Segunda Marquetalia, no hay marco para una posible dejación de armas del EMC, y se necesita presionar a los grupos para que no aprovechen la paz total para fortalecerse, que es un riesgo inherente”, explica Jonhson.
Un asunto transversal a todo esto es poner en diálogo la política de seguridad y la de paz, para que en lugar de reñir se complementen.
De otro lado, Petro debe dejar en claro qué tanto peso político tiene la “paz total” en su gobierno. Según Johnson, ese tema “también define el dinamismo de las mesas”, porque si el Gobierno sobrepone la “paz total” a sus reformas y otros ejes claves, eso implica “que termina dependiendo de la voluntad de los grupos para sacarlo adelante, lo que les da poder en las mesas”.
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Para Cepeda, a pesar de estos reveses, la política de “paz total” sigue siendo la mejor manera de tratar finalizar el conflicto armado en el país.
“Cualquier gobierno que crea que puede seguir resolviendo nuestros problemas con un modelo autoritario o, peor aún, con un modelo importado como el que estaba aplicando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es un gobierno que va hacia una política suicida. En Colombia no tenemos ya esa posibilidad, hay que ponerles punto final a todas las formas de violencia”, explicó.
Frente a los llamados a cambiar de estrategia, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, aseguró: “El reto y desafío de estar dialogando en simultanea con distintos grupos armados lo estamos asumiendo con toda responsabilidad, con delegaciones con los diversos grupos. Están clarísimas las líneas estrategicas y los propósitos de este diálogo. Cualquier tropiezo es abordado con mecanismos expeditos y acciones es institucionales permanentes que en ningún momento han significado una destrucción del Estado de Derecho“.
Incertidumbre en diálogos con bandas, Clan del Golfo y Segunda Marquetalia
Actualmente, los intentos de paz del Gobierno están diferenciados entre dos grupos. Unos, considerados rebeldes y cuyos diálogos tienen carácter político —el ELN, las disidencias de Iván Mordisco (EMC) y podría entrar la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, con quien se han adelantado algunos diálogos exploratorios—.
El segundo grupo es el de organizaciones con las que se plantea un sometimiento, aún sin resolver, porque la ley que busca desarticular esas organizaciones criminales todavía no surte su trámite. Allí entraría el Clan del Golfo (o AGC) —con el que está suspendiendo el cese al fuego—, las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y las bandas criminales de tres ciudades: Medellín, Quibdó y Buenaventura. Con las de esta última (Shottas y Espartanos), el viernes se anunció una prórroga de su tregua hasta febrero de 2024.
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Hasta ahora, salvo los procesos con el ELN y el EMC, son pocos o casi nulos los avances con estos grupos ilegales.
Los próximos días serán claves para definir si, como lo espera buena parte del país, el Ejecutivo da un giro en la forma de negociar y toma las riendas de los diálogos. Sin avances consolidados en la mayoría de las mesas después de 15 meses del gobierno Petro, y con la confianza popular debilitada, la cuenta regresiva empieza a poner presión sobre las partes, mientras la situación humanitaria se agrava en varias regiones del país sigue encendiendo alarmas.