Así es como exFARC buscan el cuerpo de un hombre de 72 años al que desaparecieron

Se presume que el cuerpo de Hernán Bustos, secuestrado por las FARC en el 2000, está entre Guaduas y Villeta, Cundinamarca.

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La selva densa de este punto sin nombre en plena cordillera Oriental de Colombia se doblega con facilidad ante el machete de Wílmer Antonio Marín Cano. Durante años, Hugo 22 -como le decían en la guerra y en realidad al único nombre que responde- usó ese follaje espeso para mimetizarse, pero esa tarde rompió ramas, bejucos y troncos a diestra y siniestra para abrir camino, y más exactamente para bajar por un filo imposible en busca de una respuesta: la ubicación del cuerpo de Hernán Bustos, desaparecido hace 23 años y uno de los cientos de personas que él ordenó secuestrar cuando comandaba el temible frente 22 de las extintas FARC.

Es la quinta vez que Hugo hace este recorrido con la Corporación Reencuentros, una organización en la que excombatientes de las FARC apoyan la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado. Este viaje es para precisar las coordenadas del punto donde se presume está el cuerpo del señor.

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Este es apenas uno de los casos en el que Hugo intenta ayudar en la búsqueda. El secuestro de Bustos era solo con fines extorsivos, y la familia, reconoce el excombatiente, estaba dispuesta a pagar por su liberación. “Yo me acuerdo bien del señor. Aquí lo teníamos, se habían hecho los contactos porque el financiero (quien perfilaba a los posibles secuestrados) era el que me pasaba esos datos. Me decía quién sí y quién no podía pagar. Entonces le pasamos esa información al Bloque Oriental y ellos dieron el sí, y ahí yo di la orden. Esto era solo de pago y ya, pero luego pasó el ‘accidente’”, dice Hugo con tanta rapidez que a veces cuesta seguirle las palabras.

Saber qué significa lo que él llama “el accidente” llevó varias horas de diálogo.

El caso de Hernán Bustos en realidad empezó el 26 de febrero de 2000 con el secuestro de su hermano José Ignacio, de 67 años. Por entonces, el frente 22 era el dueño y señor de casi toda Cundinamarca. Municipios como Villeta, Guayabal de Síquima, Guaduas, La Palma, Caparrapí, entre otros, estaban por completo dominados por esa estructura, cuyos objetivos principales eran acercarse lo más posible a Bogotá para la toma del poder y suministrar dinero al Bloque Oriental de las FARC -uno de los más grandes, que alcanzó a tener en filas a 7.100 hombres y que fue comandando por Víctor Julio Suárez, el Mono Jojoy-.

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Fue justamente ese bloque el que empezó a ver al secuestro como un “negocio rentable”. En sus entrañas se crearon las mal llamadas “pescas milagrosas” -retenes ilegales instalados por la insurgencia en los que plagiaban de manera aleatoria- y con el despeje del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana varias estructuras copiaron ese modelo-.

Hoy el caso de secuestro es uno de los más avanzados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Justamente este jueves 27 de julio, 33 exjefes del Bloque Oriental -entre ellos Hugo 22- empezarán las versiones voluntarias por los hechos perpetrados por ese grupo y “con el fin de presentar las respuestas obtenidas a las demandas de verdad y de reconocimiento de las víctimas” de estructuras como el frente 40, 42, 27, 22, 10, entre otros, según el auto de la JEP.

Hace unas semanas, este tribunal realizó sus primeras imputaciones para mandos medios -y la primera regional- al acusar de crímenes de guerra y de lesa humanidad asociados con el secuestro a 10 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central. En noviembre del año pasado la JEP había imputado también al antiguo secretariado de esa guerrilla por el mismo crimen.

En ese modelo de secuestros extorsivos, el frente 22 no se quedó atrás y entre 1998 y 2003 llegó a captar hasta $500 millones al mes, lo que la convirtió en la estructura que más recursos acumulaba producto de los secuestros, según documentó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en el caso sobre las FARC. Además, fueron los responsables de la toma de Yacopí que ideó y comandó el mismo Hugo en julio de 1998, en plenos diálogos con el entonces presidente Andrés Pastrana.

“En medio del ruido de los tiros y de las explosiones, frente del edificio de la alcaldía, un periodista de CM& le preguntó (a Hugo): “¿No es contradictorio esto con las reuniones de su comandante Manuel Marulanda con el presidente electo Andrés Pastrana? Si están hablando de hacer la paz…”, a lo que el entonces guerrillero respondió: “Yo ya me conozco el diálogo y es en medio de los tiros. Todavía no nos han dicho paren”, se ve en un video publicado en la plataforma multimedio de la CEV.

Así que el plagio de José Ignacio obedecía a ese modus operandi: plata por libertad. El señor padecía de una grave enfermedad, lo que apuró que la familia reuniera la cifra exigida. Su hermano Hernán fue quien acudió a la entrega, que quedó pactada para el 3 de marzo de 2000 en zona rural de Villeta, pero jamás regresó. Para pedir más dinero, la guerrilla liberó a José Ignacio, pero Hernán quedó secuestrado. “La familia de la víctima reportó que una persona que decía llamarse Luis se comunicó para negociar un nuevo acuerdo de pago, que fue hecho el 7 de junio de 2000″, dice el auto de la JEP.

Pero para esa fecha Hernán ya había muerto. No hubo tal “accidente” como lo llama Hugo. En un intento por huir del cautiverio, Hernán logró desarmar a Octavio, uno de sus captores, pero tras un forcejeo otro guerrillero terminó disparándole.

“La familia apenas se vino a enterar en 2009 que el señor Hernán había muerto tras una declaración que se hizo en Justicia y Paz”, señala Daniel Vargas, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que lleva el caso.

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Vargas agrega que para entonces la familia ya había tratado de dar con el señor Bustos de todas las maneras posibles. “Nunca paró la búsqueda, esa información lo único que hizo fue confirmarles que no estaba con vida, pero la búsqueda ha seguido e incluso ha tenido cambios generacionales”.

“Agotemos todos los recursos para encontrarlo”

Dos décadas después, Octavio y Hugo guían a este grupo que baja por el borde mortal que es la montaña en Quebradanegra, donde enterraron el cuerpo de Hernán y así obtener las coordenadas.

Se toma al menos dos horas llegar de Bogotá al municipio de La Magdalena, Cundinamarca. Desde ese punto el camino es imposible de aprenderse, pero ambos hombres lo navegan a ciegas, sin dudas y con instrucciones absurdas a los ojos de los demás: en ese árbol gire a la derecha, hay que llegar a un filito que tiene una marca y en la primera piedra vuelva a doblar.

Cuando el carro ya no puede llegar más cerca, hay que caminar por una pendiente unos 20 minutos. Ese es el punto más estable desde donde se podrá descender. Hugo 22 saca su machete y empieza a cortar ramas de lado a lado. Octavio dispone una cuerda que amarra con destreza a un árbol. “Es mejor que bajen con ella, pero quién sabe hasta dónde nos dé”, sentencia Hugo.

No es en vano la advertencia. No hay sendero y La bajada es casi como asomarse a la orilla de un acantilado. Abajo está el abismo y en tierra solo está la cuerda y bejucos traicioneros llenos de hormigas rojas y negras. “Nosotros tenemos la voluntad de venir a buscar al señor. Si hay que venir a trabajar aquí lo que toque, lo hacemos, pero no ha podido ser posible. Se necesitan recursos, pero sobre todo el terreno es muy complejo”, dice Hugo.

La Corporación Reencuentros trabaja de la mano con la CCJ y de PNUD para tratar de avanzar en la búsqueda de desaparecidos. Uno de los casos de éxito fue el de la familia Angulo Castañeda que en 2021 halló el cuerpo de Carmen Rosa Castañeda, aunque aún falta el de su esposo Gerardo. Estos viajes fueron adelantados y financiados por la familia, y por una porción por Reencuentros, la CCJ y el centro forense Equitas. “El caso de la familia Angulo nos llevó a adelantar trabajo por nuestra cuenta y haciendo la misma metodología con los casos que llevamos en la CCJ”, explica Vargas.

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El recorrido para llegar al punto donde se presume que está el cuerpo de Hernán podría hacerse en condiciones normales en 15 minutos, pero la bajada y el miedo a deslizarse hace la caminata más larga. Tras 50 minutos, Hugo da la orden de parar.

“Bueno, pues es aquí. Aquí era el cañito porque teníamos acceso al agua y aquí teníamos la estufa. Nos tocaba un lugar así para que el Ejército no nos viera”, detalla Hugo, y antes de que termine la frase, por primera vez en el recorrido, habla Octavio. “Aquí teníamos al señor”, dice señalando una piedra. Se queda en silencio, como escarbando en la memoria. “Sí, era ahí y yo estaba sentado al frente. No sé cómo, pero me quitó el arma. En esas entró el compañero y disparó. Me parece que la bala le entró por uno de los brazos y el señor cayó ahí de inmediato”, asegura.

Es inexplicable llegar allí. La zona es apena una cornisa en medio de ese desfiladero que hoy conserva rastros de lo que fueron los cambuches guerrilleros, como pedazos de alambres, cuerdas y palos. El paso del tiempo ha sido inclemente y se nota cómo la roca gris cede fácil a cualquier movimiento. La tierra se escurre a nuestro paso y solo basta con tocarla para que salga una porción de la montaña. El clima tampoco es favorable y las lluvias también han movido todo.

Según la Corporación, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) hizo la primera prospección de la zona hace unos meses, pero no pudieron bajar hasta el punto porque no había seguridad para el equipo. “Es un riesgo bajar, eso es claro. Nosotros apenas bajamos con un par de cosas y fíjese que nos tocaba poner cuidado, ahora imagínese hacerlo con equipos”, dice John León, de la Corporación Reencuentros.

La familia de Hernán -que también ha ido varias veces a esa zona-guarda la esperanza de que el trabajo de los excombatientes, así como los viajes para la georreferenciación, sirvan para que la UBPD pueda activar el proceso, pero saben que el terreno es difícil.

“Los familiares buscadoras, y en particular la familia Bustos, son conscientes de que las condiciones de la zona no son las más favorables (…) Ellos nos han pedido que se agoten todos los recursos posibles y que se logre que la Unidad de Búsqueda cumpla su rol. Creo que lo que esperan es ese trabajo de prospección de la Unidad porque eso es lo mínimo que se le puede garantizar a la víctima. Pero siempre nos han dicho, si este es el último recurso y llegamos a ese lugar y no encontramos nada, no podemos acceder, pues por lo menos se agotó todo lo que se podía hacer”, explica el abogado Vargas.

Según datos de la UPBD, hay registradas 1.698 personas desaparecidas en Cundinamarca. De ellas 598 son atribuibles a grupos guerrilleros y 119 fueron desaparecieron tras un secuestro.