Cerca de terminar el segundo año presidencial de Gustavo Petro, este lunes se abrió un nuevo tablero que entra a jugar en su gran apuesta de paz total. Las delegaciones del Gobierno y la disidencia de las extintas FARC, conocida como Segunda Marquetalia, instalaron oficialmente la mesa de negociación con dudas y retos de por medio.
Este evento que tuvo lugar en Caracas, Venezuela, tuvo como antesala una reunión entre ambas partes el pasado 5 de junio de 2024. Ese día aparecieron sentados Iván Márquez, comandante del grupo armado; Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, y Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno. En la escena también se vio a Walter Mendoza, miembro de esa disidencia, mientras parecía organizar los papeles para que Márquez, todavía afectado por las heridas de un atentado, pudiera firmar lo que expertos han catalogado como su salvavidas luego de que se le creyó muerto (un rumor que estuvo rondando hasta hace un mes, cuando apareció por sorpresa en un video).
Con la firma de ese primer documento, las delegaciones acordaron la fecha de inicio del primer ciclo de negociaciones y una agenda de diálogo de cinco puntos básicos. Sin embargo, ese “salvavidas” podría ser incluso para el gobierno de Gustavo Petro que, en medio de conversaciones congeladas o que caminan a paso muy lento (con el ELN y el EMC), busca sumar réditos a su apuesta de paz total. En ese objetivo, la mesa con la Segunda Marquetalia pinta como una negociación un poco más posible, aparentemente.
Lo cierto es que algunos analistas señalan que este podría ser un último intento de lograr la paz total con esa disidencia, que vio la luz el 29 de agosto de 2019, creada por Márquez junto a Seuxis Pausias Hernández (Jesús Santrich), Henry Castellanos (Romaña) y Hernán Darío Velásquez (el Paisa), cuatro antiguos comandantes fuertes de la extinta guerrilla de las FARC, quienes dijeron que, tras firmar el Acuerdo de Paz, volvían a las armas. De ellos solo sobrevive Márquez, pues los otros tres murieron en Venezuela en circunstancias que aún no han sido aclaradas.
En su regreso a la lucha armada, la Segunda Marquetalia reunió a varias facciones armadas como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, los Comandos de la Frontera y la Dirección Nacional. Hoy por hoy, los expertos coinciden en que este grupo armado llega a la mesa de negociación con una capacidad militar disminuida y una incidencia territorial limitada, consolidada sobre todo en Nariño y Putumayo. Sin embargo, algunas fuentes señalan que sería el grupo con más poder económico después del Clan del Golfo, y ese músculo financiero les posibilita, por ejemplo, engrosar las filas del reclutamiento.
Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el número total de integrantes de la Segunda Marquetalia es de 1.751 miembros: 1.162 en armas y 589 que componen las redes de apoyo. Ese número total se divide en las tres facciones que lo componen.
Por un lado, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (CGP) cuenta con 700 integrantes y es la estructura más grande de esta disidencia. La componen seis subestructuras: Bloque Occidental Alfonso Cano y los Frentes Iván Ríos, Oliver Sinisterra, Ariel Aldana, Diomar Cortés y Mariscal Sucre. Esta facción tiene mayor presencia en Nariño y está bajo el mando de Andrés Allende, uno de los negociadores clave de la mesa con el Gobierno Nacional.
Otra de las facciones que componen la Segunda Marquetalia son los Comandos de la Frontera a la que pertenecen cerca de 520 miembros y es catalogada como la segunda estructura más numerosa. Su área de dominio es el Bajo Putumayo y la frontera con Ecuador, pero también tiene injerencia en Caquetá y algunas expresiones en Huila. Está bajo el mando de Andrés Rojas, también conocido como “Araña”, quien también tiene silla en la mesa.
Por otro lado está la Dirección Nacional de la Segunda Marquetalia, la facción bajo el mando de Iván Márquez. Tiene aproximadamente 500 miembros y se compone de tres estructuras con presencia en Venezuela: Frente Acacio Medina; Columna Móvil Teófilo Forero; y Comisión 41. Su injerencia es principal en ese país, zona fronteriza del lado colombiano y en Huila, de manera difusa.
Los retos de la agenda
Esas divisiones internas, que la Segunda Marquetalia acogió desde el principio, podrían significar uno de los primeros retos al negociar. Para Andrés Preciado, director del área de Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), un problema significativo tiene que ver con las formas de operación. “Primero es que no tiene una unidad de mando y control, aquí lo vemos como un mismo grupo porque lo llamamos Segunda Marquetalia, pero no hay una unidad de control tan definida. Su expansión también ha sido muy lenta, entonces su fortaleza no es tan significativa como, por ejemplo, la del ELN. Tiene una relación muy cercana con el narcotráfico, eso es significativo, y tiene muchas disputas con otros grupos”, señaló.
Esa percepción la secundan otros analistas consultados por Colombia+20, quienes apuntan a que, con ese panorama, aún es una incógnita la capacidad de mando de Iván Márquez sobre todas las agrupaciones. Para el Gobierno esa podría ser una de las principales dudas a despejar, sobre todo para saber en qué condiciones se sientan a negociar. “El tema es cómo se mantiene la intención del grupo entero y de la delegación de Gobierno en un estado de absoluta desconfianza entre las partes”, dijo Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Otra posible complicación que identifica Preciado son las pretensiones con las que llega la Segunda Marquetalia a la mesa de negociación. “Aunque es un grupo sin tanto calibre, sí tiene unas pretensiones bastante grandes. Han hablado de la constituyente, tienen una agenda tentativa en cinco puntos que es grandilocuente, y eso va a complicar un poco el avance de la negociación”, afirmó.
Y es que el texto firmado el pasado 5 de junio, como antesala a la instalación de la mesa, comienza afirmando que “se requiere una amplia movilización social a fin de avanzar hacia un gran acuerdo político nacional que se apoye en el poder del pueblo soberano”. En el video de reaparición de Márquez, este le dio un respaldo amplio a la propuesta que el presidente Gustavo Petro viene ambientando desde hace meses.
Sin embargo, en una entrevista reciente con Colombia+20, Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, negó de entrada esa lectura. “Se habla de un acuerdo nacional pluralista, pero no de una constituyente. La manera en que se trae esa expresión al documento es en el sentido de buscar un camino que permita contrarrestar las violencias, disminuir la afectación a la población y lograr, según nuestro punto de vista, sacar el mayor número de combatientes de los territorios. No necesariamente implica una asamblea constituyente, pero sí la necesidad de trabajar en función de un acuerdo que les dé respaldo a los esfuerzos para que la paz total pueda llegar a buen rumbo”, dijo.
Por otra parte, también están las pretensiones de lo que se podría incluir en la agenda definitiva. Algunos comandantes de esa disidencia han expresado la idea de retomar el Acuerdo de Paz de 2016. Lo cierto es que desde el lado del Gobierno pareciera que, si bien reconocen la importancia de tener en cuenta lo que ya se hizo, tienen en mente otra idea de darle vida a ese tema y de paso actualizar, como si se tratara de una segunda parte o un “nuevo testamento”.
Para la investigadora Laura Bonilla, “lo que hay que saber es cómo lograr, al menos en una escala más pequeña, casi los mismos hitos del Acuerdo, pero con un actor al que no se le tiene confianza. Es posible que la agenda no sea tan ambiciosa como ocurrió con las FARC, pero sí va a ser más demandante en términos de resultados”.
El lío jurídico para Márquez y otros desertores del Acuerdo
Esa agenda, en definitiva, tendrá que incluir el tema jurídico en los diálogos, debido a que es un asunto que afectará directamente a miembros de la cúpula de la disidencia, como Iván Márquez y Walter Mendoza, ambos firmantes que abandonaron el Acuerdo de 2016.
Según la Constitución, quienes hayan firmado acuerdos de paz con el Gobierno en el pasado no podrán acceder a la justicia transicional, en este caso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sobre el tema, Novoa le dijo a Colombia+20 que “ese es uno de los retos más grandes para poder avanzar de manera firme hacia un acuerdo con la Segunda Marquetalia. Es tema neurálgico que el Gobierno, a través de no solamente de esta delegación, sino de la Oficina del Alto Comisionado y las otras agencias estatales encargadas del asunto, tiene que examinar con detalle para buscar una ruta que permita, en el evento en que este proceso avance, que se pueda encontrar una fórmula que no obstaculice sacar hombres y armas de los territorios”.
Precisamente, ese tema quedó incluido en el punto número ocho del documento que se firmó el pasado 5 de junio. En el papel, los representantes de la Segunda Marquetalia pidieron que se incorporaran “las razones para el alzamiento armado relacionadas con incumplimiento y entrampamiento del Acuerdo de Paz del 2016”. Eso alude a lo que se conoció como el caso Santrich, que quedó plasmado en un extenso informe publicado en marzo pasado por la experta de la ONU Antonia Urrejola, el cual concluyó que sí hubo reiterados obstáculos al Acuerdo de Paz. Aunque no calificó el caso de Jesús Santrich como “entrampamiento”, sí decía que hubo un “agente provocador”, lo cual no está contemplado como técnica especial de investigación en el marco de la cooperación judicial internacional y está prohibido en Colombia. Al respecto, Novoa ha mencionado que el tema del “entrampamiento” no será una discusión en la mesa, aunque el Gobierno está abierto a escuchar los reparos.
Para Bonilla, ese argumento ha estado en la defensa de Iván Márquez desde siempre y algunos expertos sugieren que sí se puede demostrar que hubo perfidia del Estado a raíz del incumplimiento, y el incumplimiento de una de las partes cancela el Acuerdo.
Al margen de estas discusiones, Colombia+20 conoció que la posición de los negociadores de Petro es clara: con o sin entrampamiento, no hay justificación para que el grupo se haya rearmado, y la negociación debe enfocarse en otros temas. En todo caso, lo que es evidente es que la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia inicia sin superar los impedimentos jurídicos que existen para miembros de esa disidencia.
“No está claro que esta sea una negociación estrictamente legal. Esto está en contra de varias de las normatividades actuales que tiene el Estado colombiano. El Gobierno dice que sí hay una oportunidad, pero todo esto va a tener una revisión de constitucionalidad posterior que no podemos ocultar”, explicó Preciado.
Las jugadas en los tableros de la paz
A ese lío jurídico para negociar con la disidencia se le suman las divisiones visibles dentro del grupo armado. Desde la FIP señalan la importancia de que el Gobierno reconozca que negociar con la Segunda Marquetalia no se traduce en negociar solo con Iván Márquez. En esta oportunidad, la negociación implicará tratar con esas tres facciones que componen la disidencia. Según analistas, el ala más complicada en el proceso podría ser con los Comandos de Frontera, debido a su autonomía y su relación con el narcotráfico. Asimismo, el Gobierno observará los intereses de cada facción.
En ese panorama, también se deberá tener en cuenta que este proceso de paz con la Segunda Marquetalia se enmarca en la paz total. Eso quiere decir que llega en un momento en el que se está negociando al tiempo con otros grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la otra disidencia de las extintas FARC, el Estado Mayor Central (EMC), que además convergen en un mismo territorio como lo es Nariño, al igual que en Caquetá, donde se han registrado combates en los últimos meses. Uno de los puntos de mayor discusión en este escenario sería, por ejemplo, el cese al fuego.
“La paz total son distintos tableros de negociación que se juegan simultáneamente. Como el Gobierno es el único actor que juega en todos los tableros, sus jugadas terminan repercutiendo en todos los demás jugadores. Entonces ¿por qué un grupo como la Segunda Marquetalia hoy entraría a negociar sin cese al fuego, cuando la parte del EMC que sigue negociando tiene cese al fuego, al igual que el ELN? Ellos van a poner esa condición, seguramente será parte de la agenda. No van a querer menos”, señaló Preciado, director de la FIP. Sin embargo, el Gobierno no ha contemplado la opción de un cese al fuego de arranque, y menos de carácter nacional, aunque sí se piensan acciones de desescalamiento.
Por otro lado, para Bonilla, el que exista un cese al fuego con algunas de las estructuras armadas se podría traducir como un cierto favorecimiento del Gobierno hacia el grupo armado. “¿Cómo se pelea con dos de tres y contener al tercero para que no se expanda? Eso es literalmente una serie de complejas jugadas de ajedrez que será de los retos más importantes”, concluyó.
Los puertos a los que podría llegar al diálogo
El gobierno Petro llega casi al final de su segundo año y hasta ahora inicia la negociación con este grupo. En ese contexto, la mesa con la Segunda Marquetalia se podría estancar debido a los factores jurídicos sin resolver. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) destaca que lo más probable es que no alcance el tiempo para hacer los ajustes constitucionales que puedan ofrecer salidas viables.
El Gobierno espera llegar a buen puerto, en parte porque con todas las condiciones con las que llega la disidencia a la mesa, se convierten casi que en una apuesta “sencilla” para la paz total. En ese sentido de “hacer la paz con los que quieran”, es probable que el Gobierno siga adelante con la facción de la Segunda Marquetalia que decida quedarse.
“El Gobierno ha afincado su posibilidad de negociación más hacia la Dirección Nacional, pero los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico controlan puntos y zonas de producción que son significativas, entonces hay un riesgo importante, que no es menor”, señaló Preciado y agregó que el reto estará en que el Gobierno “va a tener que hacer un equilibrio por mantener las tres estructuras, pero seguramente la más jugada va a ser la Dirección Nacional que encabeza Iván Márquez”.
Ese equilibrio al que se refiere Preciado tendrá que tener en cuenta los incentivos para estructuras como el Frente Acacio Medina, al mando de John 40. Esa facción, una de las primeras en salir del proceso de paz con las extintas FARC, tiene un fuerte carácter económico y es ahí donde el rol del Gobierno será importante.
