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Este lunes se anunció que se mantiene la tregua entre Shottas y Espartanos, las dos grandes bandas criminales de Buenaventura, que prorrogaron el pacto de no agresión hasta el próximo 5 de mayo.
Así lo dio a conocer en rueda de prensa, Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Valle del Cauca y jefe de la delegación del Gobierno en ese diálogo socio jurídico que se instaló el 18 de julio del año pasado.
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“Las estructuras Shottas y Espartanos han demostrado su voluntad de paz y su capacidad y compromiso para reducir esas violencias. Muestra de ello son las cifras oficiales, según las cuales se ha registrado un descenso superior al 70% en la ocurrencia de hechos de violencia”, señaló Ocampo.
Además, de este cese al fuego, las partes también llegaron a tres acuerdos más. Por un lado se aprobó un protocolo de funcionamiento para la participación de la comunidad. Ademas, se acordaron tres ejes temáticos para la conversación: la protección de la vida; las condiciones del tránsito al Estado Social de Derecho de los miembros de las estructuras y la superación de las causas de la violencia y las garantías de no repetición.
Por último, se acordó la implementación mecanismo de verificación y atención permanente.
Aunque el proceso no ha tenido más avances, solo la tregua le ha significado a Buenaventura una reducción de al menos el 30%, especialmente en los homicidios. Además, también se han disminuido los hurtos y las agresiones. Así mismo, logró sacar al puerto de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo.
Buenaventura fue el primer laboratorio de la paz urbana, como lo llamó el mismo presidente Gustavo Petro. A lo que se sumaron después los diálogos con bandas del Valle de Aburrá y de Chocó.
Siguen sin marco jurídico
Shottas y Espartanos han tenido desde 2020 una de las guerras urbanas más sangrientas del mundo. Incluso negociando la paz, hubo momentos en los que los índices de violencia no reducían.
Los niveles de tensión eran tan altos en el primer semestre de 2023 que para finales de junio no era descabellada la idea robustecer la presencia militar y de policía en los barrios más violentados de Buenaventura, principalmente ubicados en las comunas 7, 8, 9, 13 y 15. En agosto llegó la tregua; la consecuente disminución de hurtos, asesinatos y extorsiones, y esa medida no fue necesaria.
Comunas como la 12 en el oriente, histórica zona de disputa por rentas de microtráfico, o comunas como la 6, 7, 8 o 10, con alta actividad sicarial y puesta de fronteras invisibles, van disipándose conforme se honran los pactos.
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El gran problema que ahora enfrentan este tipo de procesos de paz urbanos, en los que se busca un sometimiento de las bandas, es que aún no se concreta un marco jurídico que permita que el proceso no sea solo un acuerdo de voluntades. Para ello, el Gobierno tramitó la ley de Paz Total, que incluía ese tipo de diálogos con esas estructuras criminales. El 30 de noviembre pasado, la Corte Constitucional se pronunció sobre dicha ley, pero le puso límites. Según el alto tribunal, el Gobierno no puede negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder, bajo su criterio.
Es decir, aunque los acercamientos y conversaciones pueden continuar, solo se podrá llegar al punto del sometimiento una vez el Legislativo reglamente bajo qué condiciones se hará.