Hace unos días, el Gobierno dio un paso histórico en el resarcimiento de daños para el movimiento sindical colombiano al reconocerlo víctima colectiva del conflicto armado.
El pasado 24 de marzo, la Unidad de Víctimas expidió una resolución que reconoce “la existencia de los daños colectivos” contra miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y las incluye en el Registro Único de Víctimas.
“Encontramos un proceso que, según nos contaron, estaba suspendido. Al llegar el año pasado logramos avanzar en una ruta de trabajo. Alcanzamos algo histórico, porque están más que probadas las violencias que el movimiento sindical ha padecido (...) Es el reconocimiento de una dolencia desproporcionada e invisibilizada que el movimiento sufrió en sus derechos políticos y sociales”, dijo Patricia Tobón, directora de la entidad, a Colombia+20.
Ese reconocimiento al movimiento, que estuvo articulado con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, llega tras siete años de la creación de la Mesa de Concertación para la Reparación Colectiva a estas organizaciones.
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De acuerdo con la Unidad de Víctimas, “las vulneraciones a este sujeto se enmarcaron en un patrón que se define como violencia antisindical. Afrontaron vulneraciones a los derechos individuales, afectaciones a sus derechos a la libre circulación, la seguridad, y la libre asociación y la autonomía organizativa (…) En consecuencia, el Estado colombiano tendrá que reparar los daños buscando su dignificación y el restablecimiento de sus derechos”.
En 2016 se intentó, sin éxito, hacer el proceso de reparación. Lo mismo sucedió en 2018 y 2020, hasta que el pasado octubre se reactivó la Mesa para la Reparación y en diciembre se presentó la declaración pública ante la Defensoría del Pueblo. La diligencia, también en un hecho inédito en organizaciones históricamente comandadas por hombres, pues la hizo una mujer: Martha Alfonso, segunda vicepresidenta de Fecode y encargada de la Comisión de Derechos Humanos.
“Ser incluidos en el Registro Único de Víctimas es lo más difícil que hay en este país. Se han presentado más de 8.000 solicitudes y hasta el momento solo a 54 organizaciones nos han dado ese registro. Y nos pasó a nosotros, aun siendo el movimiento sindical el sujeto colectivo más grande y más victimizado”, dijo Alfonso a este diario.
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De acuerdo con la Comisión de la Verdad (CEV), desde 1970 hasta 2021, se presentaron 15.481 violaciones de derechos humanos de personas sindicalizadas, entre ellas 3.295 homicidios, 7.650 amenazas y 1.954 hechos de desplazamiento forzado, entre otras victimizaciones. Según la Comisión, Fecode fue la organización sindical más victimizada en Colombia, con 6.301 registros de hechos victimizantes. “Fecode está al centro de la violencia en una persecución y unos asesinatos sistemáticos para desaparecer y amedrentar a una federación que hoy se la juega por una apuesta política que es la escuela como territorio de paz”, dice uno de los testimonios de una mujer perteneciente al Sindicato de Educadores de Risaralda que fueron recogidos por la Comisión de la Verdad.
¿Cómo sería la reparación?
La siguiente fase será la discusión entre las entidades y la Unidad de Víctimas sobre las medidas de resarcimiento de estos daños.
“A partir de este reconocimiento se debe hacer con las organizaciones una formulación e implementación de las medidas de reparación que deriven de un diagnóstico del daño que ya debemos entrar a hacer con ellas. Ese diagnóstico debe ser concertado y participativo con las víctimas del movimiento sindical. Así se crearán las medidas de reparación. Con esto se contribuirá al restablecimiento de sus derechos, así como a las garantías de no repetición. El Estado con estas medidas puede contribuir a eliminar la estigmatización”, explicó Tobón.
Adelantados a su tiempo, el movimiento sindical planteó y logró el salario mínimo legal, las primas extralegales, las vacaciones remuneradas, la licencia de maternidad, la seguridad social y la pensión, todos beneficios que hoy parecen perderse en ‘el trabajo flexible’.”
Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que desde 2016 las cuatro entidades tienen propuestas que llevarán a esa entidad. “La reparación debe ser ante todo política, que le devuelva el protagonismo al movimiento sindical que ha sufrido sobre todo de estigmatización. Debe haber campañas para promover las luchas que hemos tenido y se reciba a los sindicatos como un actor importantísimo de la democracia. Es necesario que se promulgue la libertad de asociación como un derecho fundamental y que el Estado lo proteja”, dijo.
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La CUT entregó en 2020 un informe a la Comisión de la Verdad llamado Genocidio al sindicalismo, en el que planteaban otras medidas reparadoras como la aprobación e implementación del Estatuto del Trabajo con participación del sindicalismo y publicaciones en medios masivos de las historias de las personas y organizaciones afectadas por la violencia antisindical.
Además, piden actos públicos de desagravio, promover programas de protección efectiva a los líderes sindicales y defensores de derechos humanos y medidas de reparación judicial, como una política contra la impunidad.
“La reparación para la CUT víctima del conflicto armado debe ser una reparación colectiva e integral, que no solo restituya las cosas, en la medida de lo posible, a su estado anterior, sino que efectivamente rompa con las condiciones de estigmatización y persecución contra el movimiento, entre otros”, dice el documento.
Para Martha Alfonso, la reparación debe devolver los derechos que les fueron negados a los sindicatos y líderes sindicales. “Esto significa muchísimo en la reparación que buscamos. Una parte tiene que ver con los derechos laborales, sociales, sindicales y políticos que se han constreñido. Ahora tenemos que hacer un diagnóstico del daño: sindicatos que desaparecieron o fueron exterminados y organizaciones que fueron diezmadas, como el caso de los palmeros, entre otras”.
En ese diagnóstico, según Alfonso, no solo buscarán el resarcimiento a las organizaciones, sino también a comunidades enteras afectadas. Por ejemplo, dice, los docentes que fueron víctimas de la violencia tuvieron una repercusión importante en los lugares donde trabajaban. “Hubo lugares donde una vez se asesinó al docente, se acabó la escuela, fue desplazada o no llegaron más profesores; hubo serias y directas afectaciones a la educación. Ahí necesitamos medida de reparación, verdad y garantías de no repetición. Y agrega: “Una medida puede ser, por ejemplo, que se abran todos los expedientes de la Fiscalía para tener acceso a ellos o que todos los procesos judiciales, especialmente los que fueron cerrados, se vuelvan a abrir porque en muchos casos esas familias no tuvieron ningún apoyo legal. También que haya espacios de memoria”.
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Arias también afirma que las cuatro organizaciones le han pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que abra un macrocaso sobre la violencia antisindical. Hasta el momento ese tribunal de paz no lo ha hecho.
Los logros del sindicalismo
La historia del sindicalismo se remonta a años antes de la existencia del conflicto armado en Colombia. Era ni más ni menos que un movimiento que proponía un cambio en la mirada de los trabajadores ya no solo como simples empleados, sino como personas sujetas de derechos, y que luego incluyó un fuerte componente de educación para el país.
Propusieron la creación del SENA, del ICBF y de las cajas de compensación familiar y, adelantados a su tiempo, plantearon y lograron el salario mínimo legal, las primas extralegales, las vacaciones remuneradas, la licencia de maternidad, la seguridad social y la pensión, todos beneficios que hoy parecen perderse en “el trabajo flexible”.
Pero todo eso le valió al movimiento una gran oposición y menosprecio, y un cúmulo de violencia sistemática contra todo aquel que fuera asociado. Coincidiendo con las transformaciones de la Constitución de 1991, empezó un pico de violencia armada y los años de mayor victimización.
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“La década del 90, marcada por la paradoja del avance constitucional, la implementación de serias reformas laborales ampliamente nocivas para los trabajadores del país y una reinaugurada apertura económica llegaría a convertirse en la época más oscura y siniestra para el sindicalismo colombiano”, dice el informe de la CEV citando el documento Imperceptiblemente nos encerraron, realizado por la Escuela Nacional Sindical y la Comisión Colombiana de Juristas.
De acuerdo con datos recogidos por la Comisión, los mayores perpetradores de violencia antisindical fueron los grupos paramilitares (11.756 contando los casos imputados), la fuerza pública y agentes del Estado (1.706), la guerrilla (1.399). Cerca de 9.579 hechos fueron perpetrados por grupos no identificados.
