Desde el viernes en la tarde se viene presentando en San José del Guaviare una situación que es calificada por la comunidad como un cerco a unos 100 militares, mientras que el Ejército afirma que se trata de un secuestro.
Los uniformados, de los cuales solo han sido liberados 40 de ellos, pertenecen el Comando Específico del Oriente de la Fuerza de Tarea Omega. De acuerdo con la información, las tropas fueron retenidas por personas que pertenecerían a guardias campesinas de veredas de la zona.
Según la versión oficial, los uniformados “se encontraban realizando acciones de control y presencia institucional”, cuando los interceptaron las personas que harían parte de las guardias de las veredas Chuapal y Bocas de Caño Cafra.
En esa zona operan algunos frentes de la disidencia Estado Mayor Central que siguen en la mesa de diálogo y que son comandados por Calarcá Córdoba, pero en la región también ha hecho presencia Iván Mordisco, quien abandonó la negociación de paz.
Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con las estructuras al mando de Calarcá, sostiene que –según las comunicaciones con los disidentes– la retención de los soldados no habría sido protagonizada por el Estado Mayor, sino por organizaciones sociales. Debido a esto, la respuesta a esta situación no estaría en manos de la mesa.
Posso también se refirió al tema en un largo documento a este tema.
Aunque la mayor parte del texto hace un recuento de la información que se conoce hasta el momento, da algunas pistas, antecedentes y un par de propuestas para superar esa situación. Por ejemplo, afirma que algunas de las veredas donde se está presentando esa situación “son parte clave del área de presencia” de las unidades que comanda Hermes Tovar (conocido como El Boyaco), uno de los jefes del Bloque Jorge Suárez Briceño que fue detenido el 23 de julio en la caravana de la UNP que transitaba en la vía Anorí-Medellín.
Aunque quienes están haciendo el cero no se han referido a esa situación de Tovar, este diario conoció que hay molestia entre los frentes de esa disidencia porque Tovar permanece en la cárcel, a pesar de que estaba en desarrollo su posible integración a la mesa de diálogo como uno de los negociadores.
En el documento, González condenó la “utilización de la población para presionar el retiro de la Fuerza pública de algún centro poblado o región” y dice que la delegación de Gobierno ha exigido que se terminen este tipo de prácticas “que ponen en riesgo a la población y el orden público”.
No obstante, también afirma que no esta situación no puede catalogarse como parte de confrontación armado ni ser causa de estigmatización de los campesinos. “En este caso de San José del Guaviare vuelve a debatirse si la retención, bloqueo, asonada o “cerco” por parte de civiles desarmados, parte de ellos identificados como Guardias Campesinas, es de responsabilidad del grupo armado o si hay al tiempo intereses propios de esas comunidades que llevan a ese tipo de acciones. Sea cualquiera el caso, los hechos no pueden catalogarse como parte de una confrontación armada y menos considerar a los campesinos involucrados como guerrilleros o parte de la organización ilegal”.
Este domingo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, manifestó que el hecho y el cese al fuego que se tiene actualmente con algunas de esas estructuras debería “obligar a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briceño”. El ministro expresó que “la prórroga por tres meses, vigente hasta el 15 de octubre, se debe suspender si no existe real compromiso de parte de ese grupo ilegal”.
González indicó que lo que ocurre en Guaviare es “un conflicto sociopolítico en un territorio de alta presencia de un grupo armado” y que “es imperativo aplicar el principio de distinción calificando a los civiles como no combatientes y, por lo tanto, que no pueden ser considerados objetivo militar”.
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Sobre la extorsión
Según información oficial, los uniformados estaban en el lugar “en respuesta a las amenazas y extorsiones realizadas por Alexis Guerra, conocido en la guerra como Cancharino, también integrante de la estructura Jorge Suárez Briceño, quien, mediante panfletos, citó a los comerciantes del sur del Meta y San José del Guaviare, obligándolos a cerrar sus negocios entre el 22 y el 26 de julio del presente año”.
González responde a este punto dicen que cuando se supo de esos panfletos y ante la gravedad de los mismos, el Gobernador, Alcaldes y la delegación del Gobierno a la mesa de diálogos de paz, “logró que ese mismo 25 de julio se anunciará por parte del Bloque Jorge Suárez Briceño la cancelación de la reunión” convocada por Cancharino.
Sin embargo, afirma que el tema de la extorsión ha sido abordado en la mesa de diálogos en múltiples ocasiones y que se ha documentado como una exacción, un concepto del Derecho Internacional Humanitario que se relaciona con las exigencias de contribuciones arbitrarias por parte de grupos armados en desarrollo de un conflicto.
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Sobre esto, dice González, esa disidencia no ha permitido poner sobre la mesa el tema de la extorsión. “El EMFarcEp como ha ocurrido con otros grupos armados con los cuales el gobierno ha sostenido conversaciones de paz, ha argumentado que en tanto “organización políticao-militar” que no reconoce al Estado ni a sus leyes, tiene sus propias normas de financiación y formas de consecución de recursos sin las cuales dejaría de existir. Afirman que ese tema no puede ser condición previa para las conversaciones o para el cese al fuego y que su discusión y decisiones al respecto deben postergarse para fases posteriores del proceso”, explicó.
González también reconoció que ese delito ha ido en ascenso en varias regiones. “El escalamiento de la extorsión/exacción (…) ha sido motivo de alertas por graves situaciones en Meta, Caquetá y Guaviare, para no hablar del área de influencia de otras organizaciones armadas ilegales en dónde también es un régimen impuesto por las armas”.
Y agregó: “Ante la dificultad de compromisos expresos de no extorsión/exacción el gobierno ha dejado claro para todas las mesas de diálogo político que de manera alguna las autoridades del Estado y la Fuerza Pública pueden dejar de actuar, en todo el territorio nacional, en defensa de la población ante cualquier acción delictiva establecida en el Código Penal, sustentada en la Constitución y la Ley”.
Además, el jefe negociador afirma que este hecho “puede tener un manejo dialogado o convertirse en dos problemas de guerra”.
“El manejo dialogado comienza por aceptar que se trata de una zona especial en la que se conjuga alta presencia de un frente del Bloque J.S. Briceño – FarcEP, con la existencia de una fuerte red de organizaciones de la comunidad que son Juntas de Acción Comunal, Núcleos que asocian a decenas de ellas y organizaciones de segundo nivel de carácter sociopolítico”, afirmó.
Para González, el otro punto es un escenario de confrontación: “Declarar la guerra en la región e incluso ampliarla a toda la Amazonía y la Orinoquía, parece un fácil remedio para convertir un conflicto entre una unidad militar y unos centenares de campesinos sin armas, en una dinámica de militarización en pugna con la ruralidad de esa zona”.
Finalmente, el jefe de la delegación de Gobierno dijo que, aunque las iniciativas desde la mesa de diálogos de paz son limitadas en este escenario, “algunas líneas desde el margen podrían ayudar a los que están tomando decisiones en caliente”. Entre ellas mencionó que se instalen las instancias regionales y locales de verificación, “para lo cual falta que el presidente firme las resoluciones pertinentes y la Fiscal haga lo propio en tiempo breve”. También que los bloques que operan en la zona “desactiven la campaña masiva de exacción que inició en julio en San José y en municipios del Sur del Meta”; que se avance en la georreferenciación que empezó el pasado 13 de julio y que las Fuerzas Militares y la disidencia apliquen los acuerdos sobre distanciamiento de fuerzas.