El largo camino de la comunidad campesina de Sumapaz para ser reconocida como víctima

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

La zona rural de Bogotá se extiende por el extremo sur de la ciudad. Apenas unos kilómetros separan el paisaje de casas apiñadas de los últimos barrios de Usme de las montañas verdes y frías de Sumapaz, la localidad 20 de la capital del país, de la que pocos bogotanos conocen.

Por años, sus habitantes sufrieron los embates de la guerra por ser un punto estratégico, dada la ubicación geográfica que la une con facilidad con varios municipios de Cundinamarca, el oriente del Tolima y la parte alta del Meta. De hecho, varios puntos de Sumapaz fueron conquistados a sangre y fuego por las extintas FARC con el objetivo de ser la vía para tomarse a Bogotá. Sumapaz aguantó por Bogotá y esa toma, como soñaba la guerrilla, nunca pudo ser.

Esa guerra de más de seis décadas dejó serios impactos en los sumapaceños, que por años fueron estigmatizados y señalados por vivir en una “zona roja” e incluso rechazados por los movimientos anticomunistas, que veían a la población como “descarrilada” o “desobediente”. Pero este domingo, en un hecho histórico que tuvo lugar en la vereda Santa Rosa, el Gobierno reconoció a la comunidad campesina de localidad de Sumapaz como víctima del conflicto armado y sujeto de reparación colectiva, un paso inédito en el resarcimiento de daños.

La decisión de inclusión en el Registro Único de Víctimas de esta comunidad tiene un carácter emblemático, pues se convierte en un referente para la atención y reparación del campesinado y sus comunidades victimizadas durante el conflicto armado interno a lo largo del país.

Es que en esa tierra que alberga al páramo más grande del mundo también han confluido algunas de las más fuertes luchas y resistencias sociales campesinas de Colombia, que desde el siglo XX están en una disputa con colonos, guerrillas y hasta el mismo Gobierno por lo que más ha generado el conflicto en Colombia: la tierra.

“La Unidad de Víctimas acudió al llamado para revisar el caso y efectivamente encontramos que se cumplían todos los requisitos para entrar en el Registro Único de Víctimas como sujetos de reparación colectiva. Había diferentes procesos de tipo colectivo comunitario preexistentes que fueron afectados directamente por más de 154 acciones armadas que se dieron contra esa población entre 1986 y 2021 (aunque hay yn alto subregistro)”, explicó a Colombia+20 Patricia Tobón, directora de la Unidad de Víctimas.

El evento contó, además, con la presencia de representantes de varios ministerios; Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá; Sara Ferrer, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y miembros de la comunidad y los sindicatos de Sumapaz.

Esta es la primera decisión de inclusión en el Registro Único de Víctimas que se toma a favor de una comunidad campesina tras la aprobación, en junio del año pasado, del acto legislativo que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección. Esa legislación —también por primera vez— reconoce que esa población sufrió daños particulares por cuenta del conflicto armado. En 2022, Sumapaz también fue declarada zona de reserva campesina.

Nathalia Romero, directora de Registro y Gestión de la Información, Unidad para las Víctimas, entregó la notificación del acto de reconocimiento. En su intervención afirmó que la actual administración de esa entidad subsanó las múltiples actuaciones jurídicas que frenaron este reconocimiento e hizo un largo recuento de los múltiples hechos violentos que sufrió esa población y su territorio.

“Esto debe constituir un avance para saldar la deuda histórica con los campesinos y su derecho a no ser estigmatizados (…) Con esa historia, la localidad 20 de Bogotá debe ser reconocida, atendida y reparada por el Estado”, afirmó Romero.

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De acuerdo con la directora Tobón, se evidenciaron varios hechos victimizantes que ocurrieron sistemáticamente contra esa población. “Hubo amenazas, homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, torturas, delitos contra la libertad e integridad personal, lesiones personales, discriminación, extorsión y hurto. Esto generó no solo daños sobre las dinámicas comunitarias y la fractura del tejido social, sin que profundizó los prejuicios contra la población campesina”, detalla.

Además, se demostró que hubo acciones con objetivos muy directos, un alegato que por años ha tenido la población de Sumapaz y que hasta ahora se les había negado. Entre dichas acciones, explica Tobón, estuvo “el reclutamiento de niños y niñas, ataques a los procesos organizativos campesinos, a las prácticas socioculturales y a las mujeres campesinas”.

Estigmatización y violencia contra los campesinos de Sumapaz

Por al menos 60 años -algunos informes registran que fueron más- Sumapaz fue víctima directa de hechos violentos contra la población y su territorio. En 2019, la comunidad presentó la solicitud para obtener ese reconocimiento de sujeto de reparación colectiva ante la Unidad de Víctimas.

En el documento describieron algunas de las vulneraciones a sus derechos, como los bienes públicos empleados por grupos armados, entre ellos dos escuelas y el puesto de salud, o actividades que dejaron de realizar por restricciones de esas estructuras o por los enfrentamientos, como clubes deportivos, bazares y las reuniones de Navidad. “La comunidad dejó de reunirse a razón del conflicto (…) y hubo una ruptura del tejido social”, dice el escrito.

Tras 11 años desplazada de Sumapaz, la encargada de liderar ese proceso fue Carmenza López, víctima del conflicto armado tras perder —en diciembre de 2008— a su esposo Guillermo Leal Mariño, edil de esa comunidad, quien fue asesinado por la extinta guerrilla de las FARC, que lo mantuvo secuestrado por casi un mes. López es conocida por un episodio que ocurrió en 2020, cuando rechazó un abrazo de Sandra Ramírez, senadora del partido FARC, durante una petición de perdón a las víctimas de esa zona.

“Estoy muy orgullosa de estar aquí y de que todos nosotros recibamos este reconocimiento. Ha sido un camino largo”, dijo López durante el evento, al que también se sumaron las voces de representantes de organizaciones sociales como Asojuntas y Sintrapaz.

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Con esta historia encima y aún desplazada de Sumapaz, adonde, por miedo, solo viene “de vez en cuando”, López volvió este domingo a la localidad para recibir y firmar la resolución que tanto ella como la comunidad sumapaceña esperaron por cinco años y el reconocimiento por el que persistieron durante décadas.

“La cosa no fue fácil porque cuando presentamos el recurso nos lo negaron tres veces. Interpusimos una reposición en 2020, apelamos y nos lo volvieron a negar. De la tutela pasamos a la demanda con el apoyo de la Alta Consejería de Paz de Bogotá y de la CCJ (Comisión Colombiana de Juristas). Después de tantas vueltas y revictimizaciones, aquí estamos. Pero es solo el principio”, dice Carmenza.

Las razones expuestas en las constantes negativas de las anteriores administraciones de la Unidad de Víctimas parecen difíciles de creer. En una se exponía que no había formas de organización y relacionamiento y en otra que no había elementos que “refirieran la existencia de una identidad común”.

“Nosotros sí encontramos que las acciones violentas afectaron sus dinámicas comunitarias, sus procesos organizativos y desestructuraron sus derechos de participación, de acceso a la tierra y al desarrollo sus participaciones democráticas locales. Además, afectaron su economía y al territorio. Lo que hizo la Unidad fue reconocer esos derechos que habían sido negados”, explica Tobón.

Varios informes, como el de la Comisión de la Verdad (CEV), evidencian que, entre otras cosas, fue justamente su sentido de comunidad y pertenencia al territorio lo que llevó al campesinado de Sumapaz a la búsqueda colectiva de soluciones y, en muchas ocasiones, a una resistencia conjunta.

“Esto que ocurre con el reconocimiento es para recordar no solo a las personas que sufrimos todos estos daños, sino para decirles que sí, que ellos decían la verdad. Muchas entidades no conocían lo que pasaba aquí porque como esto es y no es Bogotá. Cuántas veces el Distrito y otras entidades decían que aquí no había pasado nada, que Sumapaz no había sufrido la violencia. Nos tocó sufrir porque no nos tomaban en serio”, afirma Carmenza.

Uno de los casos del Informe final de la CEV sobre la violencia política hacia Sumapaz enumera todas las estigmatizaciones y los hechos violentos que vivió esa región. “Con variaciones temporales en el discurso y usos diferenciados, por escalas, siendo objeto de estigmatización las organizaciones campesinas, los partidos políticos de izquierda, dentro de los municipios hacia algunas zonas rurales, o entre municipios, y desde lo nacional hacia la región misma bajo apelativos de república independiente, zona roja o zona guerrillera, entre otros”, dice el documento.

¿Qué sigue en el proceso de reparación?

La siguiente fase será la discusión entre las entidades y la Unidad de Víctimas sobre las medidas de resarcimiento de estos daños.

Según la directora Tobón, lo primero que se debe hacer es un diagnóstico de daño y luego una construcción y concertación de medidas para la reparación integral.

En ese mismo sentido habla Óscar Ramírez, director de litigio de la CCJ, organización que llevó el caso. “La ruta de reparación colectiva debe ser concertada con la colectividad que fue reconocida y puede hacerse en términos materiales, de verdad, simbólicos, de protección y de reparación económica. En definitiva, es lo que va a obtener la comunidad para reparar sus derechos. Esas peticiones dependen de la relación con el territorio”, explica a este diario.

Carmen, por su parte, afirma que lo más importante es lograr una unidad en ese diagnóstico que se realizará y presentar las propuestas ante la Unidad de Víctimas.

“Hay que hacer lo que siempre hemos hecho: un trabajo colectivo para mirar si nuestras propuestas van a ser proyectos productivos, si nos iremos por los temas culturales o de educación. Dependemos de esa unidad en el diagnóstico para que como comunidad nos podamos sentir reparados. Me atrevería a decir que en esta parte el tema no es dinero, necesitamos buscar proyectos que lleguen a la comunidad para resarcir ese daño tan terrible que nos hicieron”, explica.

Aunque la situación para Sumapaz ha cambiado, el fantasma de que el conflicto vuelva sigue rondando. En abril del año pasado el asesinato del líder social Carlos Julio Tautiva y la aparición de presuntos panfletos donde se anunciaba la refundación del Frente 53 de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, que comanda Iván Márquez, volvieron a prender las alarmas.

En el evento estuvieron las hijas de Carlos Julio, quienes afirmaron a este diario que esperaban que el asesinato de su padre fuera el último hecho violento que ocurra en Sumapaz. “Este espacio debería servir para recalcar que no pueden ocurrir casos como los de mi papá. Ojalá que lo que ocurrió con él sea lo último que pasó en Sumapaz y que esto permita fortalecer las medidas de seguridad para nuestro territorio”, dijo Heidy Tautiva.

Tanto ella como su hermana Alejandra usaron el poncho y sombrero de su padre, a modo de homenaje.

Sobre estas alertas, también se pronunció Carmenza, quien afirmó que aún hay miedo en la población. “Esa situación marcó nuevamente la comunidad. El miedo volvió al territorio. A mí me parece que es muy importante que en algún momento podamos llegar a dialogar con los armados para pedirle que respeten este territorio para que continúe siendo ejemplo de paz, pero no es fácil. No es nada fácil”, precisó.