Gobierno nombra a líderes campesinos para dirigir sustitución de coca en el país

Durante las últimas dos semanas, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ha estado designando a quienes serán las cabezas de ese programa en los territorios con mayor presencia de sembradíos de coca. Lo llamativo es que luego de cuatro años durante el Gobierno Duque en los que la interlocución del Estado con los líderes campesinos y organizaciones sociales cocaleras del país estuvo rota y de hecho fue de confrontación, ahora serán ellos quienes llevarán las riendas del programa.

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La dirección que encabeza Felipe Tascón ha designado en al menos seis de sus oficinas territoriales a líderes de la entraña campesina, quienes pertenecen a organizaciones sociales e incluso han liderado movilizaciones cocaleras en varias regiones del país. Varios de ellos fueron quienes durante la administración Duque denunciaron incumplimientos en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pactado en el Acuerdo de paz. Ahora, serán ellos quienes tendrán que resolver esos incumplimientos con las 99.000 familias que están inscritas en ese programa.

Uno de los designados es Arnobis Zapata, quien encabezará la dirección de sustitución en Córdoba. Zapata es un líder campesino de alto perfil quien actualmente es el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anzorc) y coordinador de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Ascsucor).

Pero, además, Zapata conoce de cerca el PNIS porque era uno de los delegados ante el Consejo Permanente de Dirección del programa, una instancia en la que tienen asiento las organizaciones sociales, el partido Comunes y el Gobierno Nacional para discutir y orientar el curso de ese programa. De hecho, fue este líder del sur de Córdoba quien fungió como uno de los voceros nacionales de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), cuando tuvo un rol protagónico tras la firma del Acuerdo de paz.

Le recomendamos: Sustituir la coca poco a poco: ¿qué es, cómo funcionaría y cuáles son los riesgos?

El pasado 12 de enero, de hecho, la Defensoría del Pueblo había emitido un comunicado en el que públicamente le envió una solicitud formal a la Unidad Nacional de Protección para que revisara la decisión de retirar el esquema de protección de Zapata y lo restableciera. Ello, en el marco del rol de liderazgo que ejerce en el sur de Córdoba, una región que ha sido objeto de varias alertas de la defensoría por la presencia y enfrentamientos de grupos armados.

“Aquí hay que ser muy claros: si queremos que la gente vuelva a confiar en procesos de sustitución voluntaria de cultivos, se tiene que acelerar el cumplimiento del PNIS: tenemos que en tiempo récord implementar los proyectos productivos a las familias campesinas, pero no solo implementarlos, sino que den resultados, que la gente genere ingresos de ahí”, afirma ahora como director de sustitución en el departamento.

Según sostiene, la decisión del Gobierno Petro de nombrar a líderes campesinos en el programa de sustitución “busca recuperar la confianza desde la institucionalidad hacia los campesinos cultivadores de coca, porque en el periodo Duque se perdió toda esa confianza en la institucionalidad que implementa el Acuerdo de paz”.

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A principios de este año se conoció el anuncio de la Policía Antinarcóticos de reducir en más del 60% su meta de erradicación forzada de coca, fijándola en 20.000 hectáreas para 2023. En ese momento, varios expertos consultados por Colombia+20 explicaban el hecho como un paso necesario del actual gobierno, precisamente, por recuperar la confianza rota con el movimiento cocalero del país.

Herman Hoyos es un campesino oriundo de Orito (Putumayo), biólogo de la Universidad del Valle, especialista en gerencia de proyectos y estudiante de una maestría en Estudios amazónicos. Durante los últimos 20 años se ha metido de lleno a trabajar con las asociaciones campesinas del Putumayo y en proyectos de piscicultura y sacha inchi. En los últimos años ha estado vinculado a varias alcaldías del departamento y ha impulsado el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de esa región del país.

Hoy, como cabeza de la dirección de sustitución en el Putumayo, explica que precisamente una de las demandas de las comunidades ha sido participar directamente en las políticas y programas que les atañen. “Qué importante que estemos nosotros, quienes hemos vivido de cerca el conflicto, lo que implica el tema de los cultivos, de por qué se ha tenido que ir el campesino a sembrar coca; el que conoce de primera mano es el que le ha tocado vivir la situación y nos hemos formado para ello: le hemos trabajado no solo desde la academia, sino desde el quehacer en el territorio”.

Al despacho del director de Sustitución también llegó en días pasados una misiva firmada por más de una decena de organizaciones sociales del Cauca respaldando la designación de Natalia Currea para la territorial Cauca. El documento estaba firmado por organizaciones como el Comité de Integración Social del Macizo Colombiano (CIMA), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) o la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta), a la que Currea pertenece.

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Hasta el año anterior, Currea se desempeñó como enlace de paz en Argelia, uno de los municipios del sur del Cauca más afectado por la confrontación entre actores armados después de la firma del Acuerdo de paz. Y durante la última década, le ha hecho acompañamiento técnico a varias organizaciones cocaleras del suroccidente del país.

“Contamos con el respaldo de las organizaciones sociales para la incidencia del programa en los territorios. Eso lleva a que haya confianza no solo para la ejecución de programas, sino para que se puedan dar de verdad alternativas y soluciones reales al problema de las drogas ilícitas, que fluya la información y sea dinámica la información comunidad – Gobierno; eso permite que el Gobierno no genere políticas descontextualizadas al campesino y sus territorios”.

En el listado de las nuevas cabezas también está Melkin Castrillón, líder campesino y comunitario del sur de Bolívar designado para dirigir el programa en ese departamento. Es líder de víctimas y de varios procesos en el territorio y organizaciones como la Asociación Agrominera del sur de Bolívar respaldaron su designación.

Los nombramientos de estos líderes campesinos no son un hecho menor si se tiene en cuenta que durante los cuatro años del gobierno de Iván Duque, e incluso en los predecesores, la interlocución del Gobierno Nacional con el movimiento campesino fue tensa y en la mayoría de las ocasiones, nula. De hecho, en diciembre de 2018 Colombia se abstuvo de votar a favor de la declaración de los derechos campesinos en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Esa relación, durante los últimos meses, parece empezar a componerse: antes de que finalizara el año pasado, el Gobierno aprobó la creación de cuatro nuevas zonas de reserva campesina en el país, tres de las cuales estaban solicitadas desde hace más de una década. En diciembre, además, se produjo la primera Convención Nacional Campesina de Colombia a la que asistieron varios funcionarios e incluso el presidente Petro. Y, entre tanto, avanza en el Congreso un proyecto de acto legislativo para el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

Durante las últimas dos semanas, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ha estado designando a quienes serán las cabezas de ese programa en los territorios con mayor presencia de sembradíos de coca. Lo llamativo es que luego de cuatro años durante el Gobierno Duque en los que la interlocución del Estado con los líderes campesinos y organizaciones sociales cocaleras del país estuvo rota y de hecho fue de confrontación, ahora serán ellos quienes llevarán las riendas del programa.

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La dirección que encabeza Felipe Tascón ha designado en al menos seis de sus oficinas territoriales a líderes de la entraña campesina, quienes pertenecen a organizaciones sociales e incluso han liderado movilizaciones cocaleras en varias regiones del país. Varios de ellos fueron quienes durante la administración Duque denunciaron incumplimientos en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pactado en el Acuerdo de paz. Ahora, serán ellos quienes tendrán que resolver esos incumplimientos con las 99.000 familias que están inscritas en ese programa.

Uno de los designados es Arnobis Zapata, quien encabezará la dirección de sustitución en Córdoba. Zapata es un líder campesino de alto perfil quien actualmente es el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anzorc) y coordinador de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Ascsucor).

Pero, además, Zapata conoce de cerca el PNIS porque era uno de los delegados ante el Consejo Permanente de Dirección del programa, una instancia en la que tienen asiento las organizaciones sociales, el partido Comunes y el Gobierno Nacional para discutir y orientar el curso de ese programa. De hecho, fue este líder del sur de Córdoba quien fungió como uno de los voceros nacionales de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), cuando tuvo un rol protagónico tras la firma del Acuerdo de paz.

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El pasado 12 de enero, de hecho, la Defensoría del Pueblo había emitido un comunicado en el que públicamente le envió una solicitud formal a la Unidad Nacional de Protección para que revisara la decisión de retirar el esquema de protección de Zapata y lo restableciera. Ello, en el marco del rol de liderazgo que ejerce en el sur de Córdoba, una región que ha sido objeto de varias alertas de la defensoría por la presencia y enfrentamientos de grupos armados.

“Aquí hay que ser muy claros: si queremos que la gente vuelva a confiar en procesos de sustitución voluntaria de cultivos, se tiene que acelerar el cumplimiento del PNIS: tenemos que en tiempo récord implementar los proyectos productivos a las familias campesinas, pero no solo implementarlos, sino que den resultados, que la gente genere ingresos de ahí”, afirma ahora como director de sustitución en el departamento.

Según sostiene, la decisión del Gobierno Petro de nombrar a líderes campesinos en el programa de sustitución “busca recuperar la confianza desde la institucionalidad hacia los campesinos cultivadores de coca, porque en el periodo Duque se perdió toda esa confianza en la institucionalidad que implementa el Acuerdo de paz”.

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A principios de este año se conoció el anuncio de la Policía Antinarcóticos de reducir en más del 60% su meta de erradicación forzada de coca, fijándola en 20.000 hectáreas para 2023. En ese momento, varios expertos consultados por Colombia+20 explicaban el hecho como un paso necesario del actual gobierno, precisamente, por recuperar la confianza rota con el movimiento cocalero del país.

Herman Hoyos es un campesino oriundo de Orito (Putumayo), biólogo de la Universidad del Valle, especialista en gerencia de proyectos y estudiante de una maestría en Estudios amazónicos. Durante los últimos 20 años se ha metido de lleno a trabajar con las asociaciones campesinas del Putumayo y en proyectos de piscicultura y sacha inchi. En los últimos años ha estado vinculado a varias alcaldías del departamento y ha impulsado el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de esa región del país.

Hoy, como cabeza de la dirección de sustitución en el Putumayo, explica que precisamente una de las demandas de las comunidades ha sido participar directamente en las políticas y programas que les atañen. “Qué importante que estemos nosotros, quienes hemos vivido de cerca el conflicto, lo que implica el tema de los cultivos, de por qué se ha tenido que ir el campesino a sembrar coca; el que conoce de primera mano es el que le ha tocado vivir la situación y nos hemos formado para ello: le hemos trabajado no solo desde la academia, sino desde el quehacer en el territorio”.

Al despacho del director de Sustitución también llegó en días pasados una misiva firmada por más de una decena de organizaciones sociales del Cauca respaldando la designación de Natalia Currea para la territorial Cauca. El documento estaba firmado por organizaciones como el Comité de Integración Social del Macizo Colombiano (CIMA), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) o la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta), a la que Currea pertenece.

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Hasta el año anterior, Currea se desempeñó como enlace de paz en Argelia, uno de los municipios del sur del Cauca más afectado por la confrontación entre actores armados después de la firma del Acuerdo de paz. Y durante la última década, le ha hecho acompañamiento técnico a varias organizaciones cocaleras del suroccidente del país.

“Contamos con el respaldo de las organizaciones sociales para la incidencia del programa en los territorios. Eso lleva a que haya confianza no solo para la ejecución de programas, sino para que se puedan dar de verdad alternativas y soluciones reales al problema de las drogas ilícitas, que fluya la información y sea dinámica la información comunidad – Gobierno; eso permite que el Gobierno no genere políticas descontextualizadas al campesino y sus territorios”.

En el listado de las nuevas cabezas también está Melkin Castrillón, líder campesino y comunitario del sur de Bolívar designado para dirigir el programa en ese departamento. Es líder de víctimas y de varios procesos en el territorio y organizaciones como la Asociación Agrominera del sur de Bolívar respaldaron su designación.

Los nombramientos de estos líderes campesinos no son un hecho menor si se tiene en cuenta que durante los cuatro años del gobierno de Iván Duque, e incluso en los predecesores, la interlocución del Gobierno Nacional con el movimiento campesino fue tensa y en la mayoría de las ocasiones, nula. De hecho, en diciembre de 2018 Colombia se abstuvo de votar a favor de la declaración de los derechos campesinos en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Esa relación, durante los últimos meses, parece empezar a componerse: antes de que finalizara el año pasado, el Gobierno aprobó la creación de cuatro nuevas zonas de reserva campesina en el país, tres de las cuales estaban solicitadas desde hace más de una década. En diciembre, además, se produjo la primera Convención Nacional Campesina de Colombia a la que asistieron varios funcionarios e incluso el presidente Petro. Y, entre tanto, avanza en el Congreso un proyecto de acto legislativo para el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.