Los campesinos cocaleros de Cumaribo (Vichada) serán los primeros en intentar cambiar la coca gradualmente mientras la nueva actividad económica da frutos. El pasado domingo, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y las Juntas de Acción Comunal junto a las organizaciones campesinas de ese municipio firmaron un acuerdo que concretará la promesa hecha por el presidente Gustavo Petro en Catatumbo en diciembre de 2022.
El acuerdo pretende dar respuesta a los múltiples reclamos de los campesinos por el incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la herramienta creada por el Acuerdo de paz con las Farc para que quienes dependían de los cultivos de coca, marihuana y amapola, los abandonaran a cambio de iniciar un proyecto productivo legal. El PNIS estaba planeado a 24 meses, que el Gobierno Duque extendió a 29, pero más de cinco años después no le ha cumplido ni al 3% de las familias inscritas.
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Por la desconfianza que ese incumplimiento generó entre los campesinos, durante el Encuentro Cocalero del Catatumbo realizado el 16 de diciembre de 2022, el presidente Petro aceptó la propuesta que los cocaleros habían hecho durante meses de abandonar gradualmente la coca mientras el cultivo sustituto daba resultados. De lo contrario, han dicho en repetidas ocasiones, se quedan sin sustento mientras les entregan los insumos para los nuevos proyectos y no tienen garantía de que estos sean efectivos.
Este primer acuerdo cuenta con nueve puntos. Dos de ellos apuntan a solventar el incumplimiento de más de cinco años, pues prometen terminar el proyecto de corto plazo (con el que los campesinos se sostendrían mientras el de ciclo largo se estructura e implementa) y contratar en 2023 el proyecto de ciclo largo (es decir, el nuevo negocio con el que los campesinos reemplazarían su sustento de la coca) con las 367 familias activas en el programa y que la licitación priorice a las organizaciones y técnicos del municipio.
Para los campesinos de Cumaribo, esta es la mayor esperanza. “Nosotros desde 2018 cumplimos la hoja de ruta que había trazado el Gobierno Santos. Arrancamos la coca, pero solo a 266 familias les han entregado los proyectos. Aún quedamos 367 familias a las que solamente nos entregaron la seguridad alimentaria de $12 millones para el primer año y la huerta casera de un millón 800 mil pesos (dos etapas de cinco que tiene el programa)”, explica Juber Melo Aguirre, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuncuvi).
Además, dijo que estas son señales que generan confianza en el nuevo gobierno. “La verdad es que uno ve un interés en cumplir el programa. Ahora esperamos que nos cumplan. El mayor compromiso es que van a presionar al operador que ya está contratado para que cumpla su labor de entregar los insumos del proyecto de ciclo corto. La idea es que el próximo operador será de la región”, añadió. Felipe Tascón, director del Sustitución de Cultivos Ilícitos, aseguró que ese es el objetivo de este primer acuerdo: “Hay un énfasis muy grande en cumplir la deuda que tenemos con el PNIS en uno de los dos territorios por donde empezó el programa. Allí hubo gente que empezó antes de que se iniciara el Pnis en 2016″, resaltó.
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El documento, además, confirma que la política de sustitución gradual no solo incluirá a los firmantes iniciales del programa sino a todas las familias, veredas y municipios en donde existían cultivos de uso ilícito a diciembre de 2022, cuando se anunció la medida. En ese sentido, asegura que nadie está obligado a levantar previamente los cultivos de coca, pero sí a “no ampliar la frontera cocalera” y a que, una vez las nuevas alternativas económicas comiencen a dar producción, “estos queden completamente reemplazados con los nuevos proyectos”.
Al respecto, llama la atención que las comunidades serán las encargadas de verificar la sustitución gradual y la no resiembra. “Esta es la única forma que tenemos de verificar en la práctica y es combinar las fotos satelitales con la validación en territorio, y eso se hace con organizaciones campesinas, juntas de acción comunal y cabildos indígenas”, explicó Tascón.
En Cumaribo, los proyectos de lo que el programa llama “industrialización asociativa” incluyen frutas exóticas, caña yuca, maíz, arroz, además de negocios verdes con plantas medicinales y bonos de carbono. Además, habrá emprendimientos de transporte terrestre y fluvial y pequeñas manufacturas de ropa. Sobre esto, Tascón insistió en la que ha señalado como su apuesta desde que se posesionó: la industrialización del campo. “En Vichada hay una experiencia exitosa, que, con apoyo de Casa Luker y la Fuerza Aérea, llega a producir 18 toneladas anuales de cacao. Lo ideal es que eso no sea para transportarlo hasta Manizales para que allá se procese sino que logremos crear una empresa de transformación local”, dijo.
Además de los proyectos productivos para los cocaleros, el Acuerdo de paz con las Farc había prometido desarrollar obras que permitieran una solución integral a la economía cocalera, por ejemplo, con la construcción de vías para que los campesinos tuvieran por dónde sacar sus nuevos productos. En Cumaribo, cuenta Juber, habían acordado más de 360 iniciativas, pero con este nuevo acuerdo, las organizaciones se comprometieron a llevar a sus bases la propuesta de asociarse en una empresa de construcción para reparar y construir vías terciarias ellos mismos.