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Es muy probable que en los últimos cinco años usted haya escuchado más de una vez expresiones como: “las Farc nunca se desarmaron”, “le entregamos el país a la guerrilla”, “este proceso de paz es nefasto y va a acabar mal” o “a este Acuerdo de Paz le quedó grande evitar más personas armadas”.
Esas afirmaciones, además de ser tendenciosas no son fieles con la realidad, partiendo de la premisa que la violencia armada que persiste en el país no necesariamente quiere decir que lo pactado entre el Estado y las Farc haya sido un fracaso rotundo en distintos escenarios territoriales.
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Es más, si se busca hablar de rezagos, fallas o incluso fracasos en la práctica de la construcción de paz, decenas de estudios sobre temas de posconflictos sugieren que lo más recomendable sea acudir a los números, guiados por estadísticas, que llevan años estudiando procesos de este tipo. Desde la desintegración de la Unión Soviética, hace 30 años, han existido evidencias claras de que al menos en cuestiones estrictamente relacionadas con desarme y tasas de rearme en épocas de fin de una guerra civil, un país puede proyectar si va en un camino estable hacia el cese definitivo de hostilidades o, si por el contrario, es factible que su guerra se vuelva a activar en cualquier momento.
A Colombia, si la ponemos en contraste con otras experiencias icónicas de paz, no sería descabellado ubicarla dentro del primer grupo. Y para entender esto hay diferentes cuestiones que merecen ser explicadas por medio de mediciones que internacionalmente se han tomado cinco años después de las firmas de acuerdos de paz.
Aquí hay algunas experiencias de transición hacia la paz que muestran un panorama de los procesos de desarme en la última década del siglo pasado y los primeros once años de este siglo:
El investigador estadounidense, John Paul Lederach; la consultora de la Fundación de las Naciones Unidas, Elizabeth Counses; el experto en conflictos y transiciones hacia la paz en casos de Centroamérica, Charles Call; y los respaldos académicos de centros de estudio como la Universidad de Notre Dame (EE. UU.) y la Universidad de Uppsala (Suecia), han sido algunos de los actores más relevantes para medir niveles de implementación, alcance, logros y fallas de acuerdos de paz, desde 1991, en sus primeros cinco años de vida, sin discriminar hemisferios o latitudes. En todos estos casos hubo armas individuales y masivas, acompañadas de extensos debates de cómo debían entregarse o extinguirse para garantizar paces de largo aliento.
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En 2017, luego de analizar punto por punto a 17 experiencias de posconflicto a nivel mundial, Lederach llegó a la conclusión preliminar de que cerca del 80% de los acuerdos de paz firmados a nivel internacional fallarían en su primer lustro si sus bases están extremamente ligados con temas de castigo, sanción y seguridad. Este último ítem entendido como una baja verificación a los procesos de desarme y las garantías estatales para mitigar eventuales rearmes de grupos disidentes o desertores, como bien lo son La Segunda Marquetalia o la disidencia del Bloque Suroriental de las Farc, si regresamos por un momento a Colombia.
En otras palabras, esta clase de estudios quieren decir que si en el fin de un conflicto no hay una tasa de desarme que armonice las variables de armamento entregado con número de excombatientes, luego esa situación puede desencadenarse en violencia exacerbada, incubada en los primeros cinco años del posconflicto.
Sobre ese eje Colombia ha aprendido sobre sus errores del pasado y las cifras oficiales de desarme son prueba de ello. Cuando se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia, entre 2003 y 2005, la oficina del Alto Comisionado para la Paz registró en ese entonces que de los 31.671 paramilitares reintegrados a la vida civil, tan solo se entregaron 18.051 armas, es decir, en promedio, 0.75 por persona. Cuestión que radicalmente cambió con la dejación de armas de las Farc, en la que se entregaron poco más de un arma por cada firmante de paz, como se muestra en la siguiente figura:
Si esta relación con un desarme inicial se pone en perspectiva con tasas de rearme durante los primeros cinco años de la firma, se podría decir que Colombia entra en una categoría de reincidencia en armas considerablemente más baja que en otras experiencias como las de Irlanda del Norte, Guatemala, El Salvador, Liberia y Sudáfrica, casos icónicos y con alta comparabilidad con el posconflicto colombiano, teniendo en cuenta sus dinámicas de guerra y sus procesos posteriores de desarme y reincorporación a la vida civil de los excombatientes.
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Los estándares internacionales, propuestos por Uppsala y estudiados en Colombia por personas como Camilo Castiblanco, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) , sugieren que durante el primer año de firmado un acuerdo de paz, la posibilidad de que el grupo desmovilizado vuelva a reincidir en levantamiento de armas es del 60% y que entre el segundo y quinto año, esa probabilidad se reduce a una cifra que oscila entre el 35 y el 40%.
Para poner esto en contexto, vale la pena una explicación específica dentro del caso colombiano. Para noviembre de 2017, un año después de la firma en el Teatro Colón, las estructuras disidentes de las extintas Farc no superaban los 2.000 hombres en armas. Es decir, que la reincidencia estuvo debajo del 10% (considerando que por el proceso de paz se desmovilizaron 13.000 combatientes), cantidad mucho más baja que las proyecciones de paz a nivel global.
Y si esos datos se ponen frente a la actualidad, un lustro después de la firma, el panorama es que si bien el rearme ha aumentado significativamente desde agosto de 2019, cuando fue anunciada la “Segunda Marquetalia”, los números en ese sentido no son conducentes a que el proceso de paz en Colombia esté fallando en políticas de desarme.
Como se vio en la gráfica, según datos en terreno del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en los últimos dos años la tasa de rearme, representada en cantidad de disidentes activos, aumentó alrededor de un 120% respecto a 2017, esa cifra aún no llega a ser determinante si se trata de desbarajustar los procesos de desarme del Acuerdo de Paz, en la medida que los estándares internacionales proponen que hay crisis dentro de los desarmes cuando hay tasas de rearme superiores al 50%. En otras palabras, en Colombia (a este punto cuando se cumplen cinco años del Acuerdo), tendría que tener entre grupos disidentes y desertores una cantidad que rondara los 7.500 alzados en armas.
Comparaciones globales
Colombia está ubicada dentro del estándar internacional, en el que no peligran sustancialmente procesos de paz por sus tasas de rearme, a pesar de las dinámicas de los grupos disidentes que surgieron tras la desmovilización de las Farc.
No solo su tasa de desarme, efectuada en menos de un año, sino su rearme que no es escandaloso en comparación con otras experiencias, hacen que su transición haca la paz en estos cinco años vaya a la vanguardia de experiencias pasadas.
Entre los casos de Guatemala, El Salvador, Sudáfrica, Liberia, Irlanda del Norte y Camboya, países escogidos para este ejercicio de comparación por sus dinámicas de guerra diametralmente similares al conflicto armado colombiano, la tasa global de reintegración completa a la vida civil no superó el 77%.
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Es decir, hubo una tasa de rearme (en los primeros cinco años tras sus firmas), en promedio del 27%. En experiencias como la irlandesa o la guatemalteca, hubo altas tasas de disidencias, mientras que, en El Salvador o Sudáfrica, la violencia armada se extrapoló a otros escenarios posguerra.
Como se muestra en la tabla a continuación, el ritmo en el desarme (donde hubo países en los que sus grupos armados tardaron más de seis años en entregar todo su armamento, como es el caso del Ejército republicano Irlandés (IRA) -en Irlanda del Norte-), la cantidad de desmovilizados y la agrupación de rearmes efectivos tras los primeros lustros de las firmas son muestra comparativa de que a Colombia le esté yendo mejor que a estos casos, salvo Camboya, cuyos pormenores muestran una celeridad enorme en el desarme (más de tres por cabeza) una bajísima cantidad de disidencias están a la vanguardia de los procesos de paz desde 1991.
A Sudáfrica, por ejemplo, se le ha visto como un referente en cuestiones de construcción de paz, verdad y memoria tras la guerra. No es fortuito que su modelo de comisión de la verdad haya sido inspiración para la buena parte de las 21 instancias de este tipo que se crearon en América Latina en las últimas décadas y para procesos asiáticos y africanos desarrollados entre 2003 y 2007. Sin embargo, este caso, al igual que el guatemalteco, el salvadoreño y el liberiano son evidencia que las muestras de relatos de memoria pierden peso específico y no calan profundamente en los posconflictos si los desarmes no son acompañados con procesos de verificación que permitan unas posibilidades bajas de rearme.
Ninguno de estos procesos contó con una relación desarme-combatiente superior al 0.6, de hecho en Liberia, Sudáfrica y El Salvador osciló entre 0.2 y 0.3, lo cual en palabras más sencillas quiere decir que sus procesos de desarme, desmovilización y reincorporación fueron poco más de siete veces menos efectivos que en Colombia durante el primer año y tres veces menor en los primeros cinco años, como mostró la gráfica.
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Lineamientos de administración de la justicia en el posconflicto, acceso a tierra y modelos de justicia transicional fueron utilizados por Colombia para aprender de estos procesos. Aún así, poco o nada se habla de las lecciones a nivel internacional que el país puede aportar hacia el futuro. En 2016, el entonces comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, advirtió que la mitad de los procesos de paz en el mundo fallan tras la firma de un acuerdo.
Estos primeros cinco años han desmentido a Jaramillo, al menos en el caso colombiano, y si bien para alcanzar logros reales de paz territorial falta un trecho extenso, el rearme y las lecciones sobre casos del pasado, con sus respectivos errores, alientan a que en el país la paz sigue más viva que nunca y que las tasas de rearme se mantienen en números soportables para asumir el resto del posconflicto.