Tejiendo la verdad de la violencia sexual contra las mujeres nukaks

Naa* , una mujer de unos cincuenta años, se prepara para arreglar unas hojas de cumare, una palma con la que los nukaks y otros pueblos amazónicos realizan artesanías. La jornada de recolección con las otras mujeres del asentamiento ha sido larga. Ahora están sentadas al calor del diálogo en la vivienda de una de las mayores mientras, con un movimiento mecánico y seco, retiran del centro de la hoja de cumare una delegada fibra que luego secan al sol o sobre el humo de los fogones. Ellas, algunas desde sus hamacas y otras en el suelo, con las piernas rectas y los pies entrecruzados, hablan y en algunos casos amamantan mientras recuerdan.

“Unos blancos violaron a mi tía finaita, antes, mucho antes, cuando las mujeres todavía andaban desnudas. Las llevaron al pueblo, ellas no lo conocían, era la primera vez. Violaron dos: una era la hermana de mi papá y la otra, la mujer de Yuyuni, que tenía como 16 años”, dice Kande, una joven de aproximadamente 22. Kande traduce las ideas para quienes no hablamos su lengua. En ese momento, Naa’ la interpela y le recuerda que fueron tres: “A la mamá de Tunachi también la violaron, ella estaba jovencita, ella ya murió; la única que está viva es Tup”.

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Las mujeres violentadas de las que hablan vivían cerca al río Guaviare, en la frontera del departamento del Guaviare con el Guainía. “En ese tiempo la primera mujer que se la llevó un viejo, que la cogió a las malas, se llamaba Ürima en nombre nukak; se murió en el parto. Ella vivía en la maloca de mi papá. Tenía como 12 años y ese viejo tenía cuarenta y pucho años. Él ha cogido hartas niñas: a Konta, que tenía como 15, y a Yani. También me iba a coger a mí, pero mi papá fue muy celoso. Él amenazó a la familia de Konta porque ellos no querían dejarla irse y no la dejaron. Las familias recibían amenazas”, cuenta Numat, y otras mujeres se acercan a escuchar su relato.

Naa, quien es madre de Konta, dice que “el blanco que se la iba a llevar obligada no se la podía llevar, porque ella era muy chiquita y no había hecho la iniciación”. Numat continúa: “Es que allá los hombres blancos no tomaban cerveza, sino que tomaban mucho guarapo y llegaban borrachos ahí a la maloca, y se acostaban en la hamaca sin permiso de nadie. Esa vez había muchas niñas menores de edad. A Wübu también se la llevó a vivir un señor, ella tenía como 18 años y se la quitó el papá a la mala y se alejó de ese colono. Cuando ellos se llevaban las niñas las ponían a cocinar, trabajaban para los obreros de la coca, pero no les pagaban, tenían sexo. Ellos las llevaban como mujeres para ellos”.

A finales de los años 70 y principios de los 80, la misión evangélica norteamericana Nuevas Tribus consolidó una base en medio de la selva que denominaron Laguna Pavón I, en el nororiente del territorio del pueblo nukak, entre el río Guaviare y el río Inírida. Cuando los misioneros se fueron de la zona comenzaron a llegar muchos colonos, cuenta Witmero. Estos misioneros eran reconocidos por protegerlas del acoso de los hombres blancos, oportunidad que no tuvieron las mujeres del occidente del territorio al sur del río Guaviare, a la altura de Mapiripán, en el Meta, quienes padecieron esa violencia desde sus primeros contactos. También comentan que cuando se fueron los misioneros, los colonos campesinos dejaron de respetar a las nukaks.

Abuso y conflicto armado

“A Wenaka la violó un guerrillero —dice Konta—. Ella tenía como veinte años, yo lo miré donde vivíamos antes”.

De acuerdo con el informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado, del Centro Nacional de Memoria Historia, denominado “La guerra inscrita en el cuerpo”: “Habitar territorios que son disputados por los grupos armados, pero que a la par han sido desprotegidos del Estado ha significado que el conflicto armado ha tenido un impacto particular en la vida de las mujeres indígenas”. Y eso sí que lo saben las mujeres nukaks.

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La regulación de la violencia sexual en el área rural del Guaviare, hasta hace muy pocos años, estaba en manos de la guerrilla de las Farc-Ep, quienes actuaban de manera paralela al Estado colombiano, creando leyes, juzgando delitos y gobernando en el territorio. No sucedió lo mismo frente a la violencia sexual y el acoso que vivían las mujeres nukaks. Estos delitos no fueron prevenidos ni sancionados por las Farc ni por la justicia oficial.

Esa realidad se ve expresada en que entidades como la Defensoría del Pueblo no tienen información sobre este tipo de casos. Lo mismo pasa con la Secretaría de Salud municipal, que aduce no manejar este tipo de información dado que la base de datos de vigilancia en salud pública (Sivigila) inició en el 2010 y no informan sobre estrategias de prevención de este tipo de violencias. La Comisaria de Familia del municipio de San José del Guaviare, durante una reunión interinstitucional, afirmó que tampoco tiene conocimiento de estos casos porque, además, no existen denuncias al respecto.

La Fiscalía sostiene que, en la actualidad, cuenta con “un protocolo en caso de personas de especial protección o trato diferencial en cuanto al recibimiento de la denuncia con el interlocutor de traductor”. Pero la traducción en sí misma es insuficiente para lograr el enfoque diferencial en esta región de presencia nukak. Esto llevó a que, hace dos semanas, las nukaks participaran del Tribunal Simbólico a la Justicia Patriarcal con otras mujeres del país y congresistas. Allí ellas compartieron estas historias con la certeza de que “lo que les ha venido sucediendo es malo”.

Temen muchas veces que por vivir en zona rural —donde algunas instituciones se ausentan, argumentando la presencia de actores armados ilegales—, la prevención, investigación y sanción de estas violencias nunca llegue, como seguramente les pasa a las mujeres campesinas de la ruralidad guaviarense, que en ocasiones no denuncian porque no tienen red de apoyo en la zona urbana o porque la denuncia implica el desplazamiento hacia la ciudad y no tienen alternativas.

El despojo

Con la profundización del conflicto armado en la región, luego de la masacre de Mapiripán en 1997, los nukaks padecieron el reclutamiento de adolescentes y el desplazamiento masivo de varios grupos indígenas. Como consecuencia de esto, algunos de los grupos nukaks fueron ubicados en asentamientos “temporales” de desplazados en cercanías del casco urbano de San José del Guaviare. La vida en estos lugares detonó una crisis social y emocional que persiste y es cada vez más profunda, especialmente para niños, niñas y adolescentes. Esto sin contar con que el acoso y abuso sexual que sufrían sus madres continúan. En algunos asentamientos, hombres que no pertenecen al pueblo llegan a altas horas de la noche buscando a las mujeres nukaks para abusar de ellas, sin que puedan defenderse.

Aunque las entidades no tengan información al respecto, algunos de estos casos han quedado documentados por otras organizaciones. En el informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en el 2010, por ejemplo, se informó que “una niña del pueblo nukak de cinco años, del resguardo El Refugio en San José del Guaviare, fue víctima de abusos sexuales, presuntamente cometidos por un soldado del Batallón Joaquín París. Otras cuatro niñas del mismo pueblo, de edades entre los 13 y 17 años, habrían sufrido actos de violencia y explotación sexual por soldados de la misma unidad militar”, dice el reporte.

No obstante, la Fiscalía argumenta que, luego del juicio, el aberrante caso tuvo sentencia absolutoria. Esto, aunque la vida y las relaciones con la comunidad de estas niñas y jóvenes se resquebrajaron después. Ninguna ha podido tener un desarrollo armónico de su identidad indígena y han sido víctimas de violencia intrafamiliar en varias ocasiones por sus infructuosas relaciones con hombres no indígenas.

Según Numat, en las calles de San José del Guaviare las niñas y adolescentes son acosadas por los hombres, quienes les dicen: “Vamos un rato y nosotros les pagamos”, induciéndolas en un estado de altísima vulnerabilidad a la prostitución, que muchas veces viene acompañada de consumo de psicoactivos, como pegante o marihuana, ofrecidos por hombres no indígenas que alientan su adicción, para posteriormente ofrecerles los psicoactivos como forma de pago a cambio de sexo.

Hace ocho años, la Corte Constitucional, mediante el Auto 004 de 2009, resaltó el riesgo de prostitución que vivían las mujeres nukaks de este pueblo, especialmente en Agua Bonita, una vereda a ocho minutos del casco urbano de San José del Guaviare. La violencia sexual se relaciona con el hecho de ser mujeres, pero, además, de ser mujeres indígenas, porque sobre ellas recaen estereotipos raciales y de clase que las sitúan en el lugar de la subordinación e incluso de la inhumanidad, como relata el Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado del CNMH.

Numat cuenta que una joven de la comunidad ha sido violada en dos oportunidades: “Ñiñiwa no nos hacía caso a nosotros. Ella se emborrachaba y un día se montó en una moto y después a ella la violaron dos hombres y en otra oportunidad la botaron sin ropa por la vía que conduce a Villavicencio, la encontró un señor y llamaron a la policía. Eso fue hace poquito”.

En las condiciones en que se encuentra el pueblo nukak, por las constantes salidas hacía el casco urbano y los caseríos colonos, algunas han sido abusadas sexualmente bajo la coerción de armas de fuego. “A Wubda, en el pueblo, un hombre se la conversó y se la llevó en una moto a un barrio y le puso un arma. Ella estaba en sano juicio y se escapó, pero se alcanzó a rayar el cuerpo con un alambre de púas y llegó respirando fuerte. Eso fue como en el 2011”.

“Wubda —continúa Numat— también tuvo un esposo no indígena que iba con ella a la comunidad y abusaba de otras jóvenes, amenazándolas con un cuchillo y un día ella fue maltratada tan ferozmente que casi muere y tuvo que ser hospitalizada”. Este hecho fue denunciado y se supone que es materia de investigación por las autoridades. Wubda fue la misma niña que vivió la violación y el maltrato, anteriormente señalado, que registró la relatora de las Naciones Unidas para Colombia.

Sin retorno

El pueblo nukak está distribuido en trece asentamientos, la mayoría fuera de su territorio, y en gran parte de ellos el acoso y el abuso sexual siguen siendo frecuentes, como suelen relatar los hombres del pueblo con suma preocupación al referir las llegadas nocturnas de colonos a sus asentamientos y a sus dormitorios. La violencia no cesará para las nukaks hasta que ellas no retornen a su territorio.

Ciertamente, el Acuerdo de Paz entre la insurgencia de las Farc-Ep y el Gobierno señaló, como un gesto de voluntad de paz, reparación y humanidad, que las partes se comprometían a desarrollar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena nukak; sin embargo, este aún parece ser un proceso lento y sin muchas salidas. Esto teniendo en cuenta que dentro del Resguardo Indígena Nukak-Makú aún permanecen y transitan los hombres del Frente Primero de las disidencias de las Farc, que en el año 2016 hicieron visible su renuencia al Acuerdo de Paz firmado.

El pueblo nukak es parte de los 33 pueblos indígenas de Colombia que tienen un riesgo excepcional de extinción física y cultural, según la Corte Constitucional. “Nosotras venimos trabajando con el pueblo nukak el confinamiento y el desplazamiento, porque al estar fuera de su territorio se le violan todos sus derechos. Las violencias se han disparado, muchas por el tema económico y de alimentación. La gente dice que es cultural, pero no es cultural, pero esa misma necesidad hace que la niña no se estudie, y eso la hace más vulnerable a la violencia sexual. A nivel nacional, las mujeres indígenas que hemos querido hablar somos amenazadas; por eso se callan las mujeres indígenas, sobre todo las mujeres lideresas, que somos poquitas. La lucha tan grande para que salgan, por ejemplo, mujeres indígenas periodistas y nos matan a las compañeras. Eso hace que nos callen y la vulneración se agudice”, afirma al respecto Alejandrina Pastor Gil, consejera de mujer, familia y generación de la ONIC.

Casarse para malvivir

Aunque algunas nukaks se “casan” por consentimiento propio, muchas se ven presionadas por un contexto altamente discriminador, donde es usual escuchar que su corporalidad —la forma en la que adornan su cuerpo y cortan sus cabellos— es fea y salvaje, siendo objeto de constantes burlas. Son tratadas como seres inferiores. “Nos tratan como animalitos”, expresa Numat y continúa: “Yo una vez, cuando estábamos lavando ropa, le dije a mi mamá: ‘La vida de los hombres blancos no es como lo que usted vive; usted vive en un planeta rico, usted despierta a hora que usted quiere. En cambio uno vivirse con un blanco, lavarle ropa, hacerle aseo, eso se complica. A veces nos pegan como si fuéramos hijas de ellos. Yo me siento muy triste al verme causar esos problemas en la calle. ¿Se acuerda que yo quería casar con un nukak? Y eso que yo ya dejé de tomar, yo busco otra vida’”.

Numat termina de sacar las fibras del cumare y antes de acabar la conversación sobre estas historias silenciadas dice: “Yo quisiera que a las muchachas las dejaran de molestar los kawene (los blancos)”, y propone salidas a tanta desesperanza: “Sería bueno que nos acompañen para vender nuestras artesanías, porque a nosotras nos pagan muy poquito y esto nos cuesta mucho trabajo. Que estén pendientes de nosotras los del Gobierno, que nos protejan, que nos escuchen. Que nos acompañen con actividades de la cultura para que las muchachas no se aburran”, culmina y se para a juguetear con su hija. Las otras mujeres se llevan sus hilachas de fibra para sus casas, para que cuando esté todo listo puedan hacer manillas y canastos, que venden para sobrevivir a las dificultades que puso en sus vidas el contacto con los blancos y el conflicto armado.

*Algunos nombres y lugares fueron cambiados o no son mencionados para protección de las mujeres que contaron su historia y la de sus familiares.

**Este trabajo fue elaborado con el apoyo del Consejo de Redacción y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el marco de la edición 2018 del curso virtual Conflicto, violencia y DIH en Colombia: herramientas para periodistas. Las opiniones presentadas en este artículo no reflejan la postura de ninguna de las dos organizaciones.

>> Lea: Aclare sus dudas sobre la Comisión de la Verdad

Naa* , una mujer de unos cincuenta años, se prepara para arreglar unas hojas de cumare, una palma con la que los nukaks y otros pueblos amazónicos realizan artesanías. La jornada de recolección con las otras mujeres del asentamiento ha sido larga. Ahora están sentadas al calor del diálogo en la vivienda de una de las mayores mientras, con un movimiento mecánico y seco, retiran del centro de la hoja de cumare una delegada fibra que luego secan al sol o sobre el humo de los fogones. Ellas, algunas desde sus hamacas y otras en el suelo, con las piernas rectas y los pies entrecruzados, hablan y en algunos casos amamantan mientras recuerdan.

“Unos blancos violaron a mi tía finaita, antes, mucho antes, cuando las mujeres todavía andaban desnudas. Las llevaron al pueblo, ellas no lo conocían, era la primera vez. Violaron dos: una era la hermana de mi papá y la otra, la mujer de Yuyuni, que tenía como 16 años”, dice Kande, una joven de aproximadamente 22. Kande traduce las ideas para quienes no hablamos su lengua. En ese momento, Naa’ la interpela y le recuerda que fueron tres: “A la mamá de Tunachi también la violaron, ella estaba jovencita, ella ya murió; la única que está viva es Tup”.

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Las mujeres violentadas de las que hablan vivían cerca al río Guaviare, en la frontera del departamento del Guaviare con el Guainía. “En ese tiempo la primera mujer que se la llevó un viejo, que la cogió a las malas, se llamaba Ürima en nombre nukak; se murió en el parto. Ella vivía en la maloca de mi papá. Tenía como 12 años y ese viejo tenía cuarenta y pucho años. Él ha cogido hartas niñas: a Konta, que tenía como 15, y a Yani. También me iba a coger a mí, pero mi papá fue muy celoso. Él amenazó a la familia de Konta porque ellos no querían dejarla irse y no la dejaron. Las familias recibían amenazas”, cuenta Numat, y otras mujeres se acercan a escuchar su relato.

Naa, quien es madre de Konta, dice que “el blanco que se la iba a llevar obligada no se la podía llevar, porque ella era muy chiquita y no había hecho la iniciación”. Numat continúa: “Es que allá los hombres blancos no tomaban cerveza, sino que tomaban mucho guarapo y llegaban borrachos ahí a la maloca, y se acostaban en la hamaca sin permiso de nadie. Esa vez había muchas niñas menores de edad. A Wübu también se la llevó a vivir un señor, ella tenía como 18 años y se la quitó el papá a la mala y se alejó de ese colono. Cuando ellos se llevaban las niñas las ponían a cocinar, trabajaban para los obreros de la coca, pero no les pagaban, tenían sexo. Ellos las llevaban como mujeres para ellos”.

A finales de los años 70 y principios de los 80, la misión evangélica norteamericana Nuevas Tribus consolidó una base en medio de la selva que denominaron Laguna Pavón I, en el nororiente del territorio del pueblo nukak, entre el río Guaviare y el río Inírida. Cuando los misioneros se fueron de la zona comenzaron a llegar muchos colonos, cuenta Witmero. Estos misioneros eran reconocidos por protegerlas del acoso de los hombres blancos, oportunidad que no tuvieron las mujeres del occidente del territorio al sur del río Guaviare, a la altura de Mapiripán, en el Meta, quienes padecieron esa violencia desde sus primeros contactos. También comentan que cuando se fueron los misioneros, los colonos campesinos dejaron de respetar a las nukaks.

Abuso y conflicto armado

“A Wenaka la violó un guerrillero —dice Konta—. Ella tenía como veinte años, yo lo miré donde vivíamos antes”.

De acuerdo con el informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado, del Centro Nacional de Memoria Historia, denominado “La guerra inscrita en el cuerpo”: “Habitar territorios que son disputados por los grupos armados, pero que a la par han sido desprotegidos del Estado ha significado que el conflicto armado ha tenido un impacto particular en la vida de las mujeres indígenas”. Y eso sí que lo saben las mujeres nukaks.

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La regulación de la violencia sexual en el área rural del Guaviare, hasta hace muy pocos años, estaba en manos de la guerrilla de las Farc-Ep, quienes actuaban de manera paralela al Estado colombiano, creando leyes, juzgando delitos y gobernando en el territorio. No sucedió lo mismo frente a la violencia sexual y el acoso que vivían las mujeres nukaks. Estos delitos no fueron prevenidos ni sancionados por las Farc ni por la justicia oficial.

Esa realidad se ve expresada en que entidades como la Defensoría del Pueblo no tienen información sobre este tipo de casos. Lo mismo pasa con la Secretaría de Salud municipal, que aduce no manejar este tipo de información dado que la base de datos de vigilancia en salud pública (Sivigila) inició en el 2010 y no informan sobre estrategias de prevención de este tipo de violencias. La Comisaria de Familia del municipio de San José del Guaviare, durante una reunión interinstitucional, afirmó que tampoco tiene conocimiento de estos casos porque, además, no existen denuncias al respecto.

La Fiscalía sostiene que, en la actualidad, cuenta con “un protocolo en caso de personas de especial protección o trato diferencial en cuanto al recibimiento de la denuncia con el interlocutor de traductor”. Pero la traducción en sí misma es insuficiente para lograr el enfoque diferencial en esta región de presencia nukak. Esto llevó a que, hace dos semanas, las nukaks participaran del Tribunal Simbólico a la Justicia Patriarcal con otras mujeres del país y congresistas. Allí ellas compartieron estas historias con la certeza de que “lo que les ha venido sucediendo es malo”.

Temen muchas veces que por vivir en zona rural —donde algunas instituciones se ausentan, argumentando la presencia de actores armados ilegales—, la prevención, investigación y sanción de estas violencias nunca llegue, como seguramente les pasa a las mujeres campesinas de la ruralidad guaviarense, que en ocasiones no denuncian porque no tienen red de apoyo en la zona urbana o porque la denuncia implica el desplazamiento hacia la ciudad y no tienen alternativas.

El despojo

Con la profundización del conflicto armado en la región, luego de la masacre de Mapiripán en 1997, los nukaks padecieron el reclutamiento de adolescentes y el desplazamiento masivo de varios grupos indígenas. Como consecuencia de esto, algunos de los grupos nukaks fueron ubicados en asentamientos “temporales” de desplazados en cercanías del casco urbano de San José del Guaviare. La vida en estos lugares detonó una crisis social y emocional que persiste y es cada vez más profunda, especialmente para niños, niñas y adolescentes. Esto sin contar con que el acoso y abuso sexual que sufrían sus madres continúan. En algunos asentamientos, hombres que no pertenecen al pueblo llegan a altas horas de la noche buscando a las mujeres nukaks para abusar de ellas, sin que puedan defenderse.

Aunque las entidades no tengan información al respecto, algunos de estos casos han quedado documentados por otras organizaciones. En el informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en el 2010, por ejemplo, se informó que “una niña del pueblo nukak de cinco años, del resguardo El Refugio en San José del Guaviare, fue víctima de abusos sexuales, presuntamente cometidos por un soldado del Batallón Joaquín París. Otras cuatro niñas del mismo pueblo, de edades entre los 13 y 17 años, habrían sufrido actos de violencia y explotación sexual por soldados de la misma unidad militar”, dice el reporte.

No obstante, la Fiscalía argumenta que, luego del juicio, el aberrante caso tuvo sentencia absolutoria. Esto, aunque la vida y las relaciones con la comunidad de estas niñas y jóvenes se resquebrajaron después. Ninguna ha podido tener un desarrollo armónico de su identidad indígena y han sido víctimas de violencia intrafamiliar en varias ocasiones por sus infructuosas relaciones con hombres no indígenas.

Según Numat, en las calles de San José del Guaviare las niñas y adolescentes son acosadas por los hombres, quienes les dicen: “Vamos un rato y nosotros les pagamos”, induciéndolas en un estado de altísima vulnerabilidad a la prostitución, que muchas veces viene acompañada de consumo de psicoactivos, como pegante o marihuana, ofrecidos por hombres no indígenas que alientan su adicción, para posteriormente ofrecerles los psicoactivos como forma de pago a cambio de sexo.

Hace ocho años, la Corte Constitucional, mediante el Auto 004 de 2009, resaltó el riesgo de prostitución que vivían las mujeres nukaks de este pueblo, especialmente en Agua Bonita, una vereda a ocho minutos del casco urbano de San José del Guaviare. La violencia sexual se relaciona con el hecho de ser mujeres, pero, además, de ser mujeres indígenas, porque sobre ellas recaen estereotipos raciales y de clase que las sitúan en el lugar de la subordinación e incluso de la inhumanidad, como relata el Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado del CNMH.

Numat cuenta que una joven de la comunidad ha sido violada en dos oportunidades: “Ñiñiwa no nos hacía caso a nosotros. Ella se emborrachaba y un día se montó en una moto y después a ella la violaron dos hombres y en otra oportunidad la botaron sin ropa por la vía que conduce a Villavicencio, la encontró un señor y llamaron a la policía. Eso fue hace poquito”.

En las condiciones en que se encuentra el pueblo nukak, por las constantes salidas hacía el casco urbano y los caseríos colonos, algunas han sido abusadas sexualmente bajo la coerción de armas de fuego. “A Wubda, en el pueblo, un hombre se la conversó y se la llevó en una moto a un barrio y le puso un arma. Ella estaba en sano juicio y se escapó, pero se alcanzó a rayar el cuerpo con un alambre de púas y llegó respirando fuerte. Eso fue como en el 2011”.

“Wubda —continúa Numat— también tuvo un esposo no indígena que iba con ella a la comunidad y abusaba de otras jóvenes, amenazándolas con un cuchillo y un día ella fue maltratada tan ferozmente que casi muere y tuvo que ser hospitalizada”. Este hecho fue denunciado y se supone que es materia de investigación por las autoridades. Wubda fue la misma niña que vivió la violación y el maltrato, anteriormente señalado, que registró la relatora de las Naciones Unidas para Colombia.

Sin retorno

El pueblo nukak está distribuido en trece asentamientos, la mayoría fuera de su territorio, y en gran parte de ellos el acoso y el abuso sexual siguen siendo frecuentes, como suelen relatar los hombres del pueblo con suma preocupación al referir las llegadas nocturnas de colonos a sus asentamientos y a sus dormitorios. La violencia no cesará para las nukaks hasta que ellas no retornen a su territorio.

Ciertamente, el Acuerdo de Paz entre la insurgencia de las Farc-Ep y el Gobierno señaló, como un gesto de voluntad de paz, reparación y humanidad, que las partes se comprometían a desarrollar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena nukak; sin embargo, este aún parece ser un proceso lento y sin muchas salidas. Esto teniendo en cuenta que dentro del Resguardo Indígena Nukak-Makú aún permanecen y transitan los hombres del Frente Primero de las disidencias de las Farc, que en el año 2016 hicieron visible su renuencia al Acuerdo de Paz firmado.

El pueblo nukak es parte de los 33 pueblos indígenas de Colombia que tienen un riesgo excepcional de extinción física y cultural, según la Corte Constitucional. “Nosotras venimos trabajando con el pueblo nukak el confinamiento y el desplazamiento, porque al estar fuera de su territorio se le violan todos sus derechos. Las violencias se han disparado, muchas por el tema económico y de alimentación. La gente dice que es cultural, pero no es cultural, pero esa misma necesidad hace que la niña no se estudie, y eso la hace más vulnerable a la violencia sexual. A nivel nacional, las mujeres indígenas que hemos querido hablar somos amenazadas; por eso se callan las mujeres indígenas, sobre todo las mujeres lideresas, que somos poquitas. La lucha tan grande para que salgan, por ejemplo, mujeres indígenas periodistas y nos matan a las compañeras. Eso hace que nos callen y la vulneración se agudice”, afirma al respecto Alejandrina Pastor Gil, consejera de mujer, familia y generación de la ONIC.

Casarse para malvivir

Aunque algunas nukaks se “casan” por consentimiento propio, muchas se ven presionadas por un contexto altamente discriminador, donde es usual escuchar que su corporalidad —la forma en la que adornan su cuerpo y cortan sus cabellos— es fea y salvaje, siendo objeto de constantes burlas. Son tratadas como seres inferiores. “Nos tratan como animalitos”, expresa Numat y continúa: “Yo una vez, cuando estábamos lavando ropa, le dije a mi mamá: ‘La vida de los hombres blancos no es como lo que usted vive; usted vive en un planeta rico, usted despierta a hora que usted quiere. En cambio uno vivirse con un blanco, lavarle ropa, hacerle aseo, eso se complica. A veces nos pegan como si fuéramos hijas de ellos. Yo me siento muy triste al verme causar esos problemas en la calle. ¿Se acuerda que yo quería casar con un nukak? Y eso que yo ya dejé de tomar, yo busco otra vida’”.

Numat termina de sacar las fibras del cumare y antes de acabar la conversación sobre estas historias silenciadas dice: “Yo quisiera que a las muchachas las dejaran de molestar los kawene (los blancos)”, y propone salidas a tanta desesperanza: “Sería bueno que nos acompañen para vender nuestras artesanías, porque a nosotras nos pagan muy poquito y esto nos cuesta mucho trabajo. Que estén pendientes de nosotras los del Gobierno, que nos protejan, que nos escuchen. Que nos acompañen con actividades de la cultura para que las muchachas no se aburran”, culmina y se para a juguetear con su hija. Las otras mujeres se llevan sus hilachas de fibra para sus casas, para que cuando esté todo listo puedan hacer manillas y canastos, que venden para sobrevivir a las dificultades que puso en sus vidas el contacto con los blancos y el conflicto armado.

*Algunos nombres y lugares fueron cambiados o no son mencionados para protección de las mujeres que contaron su historia y la de sus familiares.

**Este trabajo fue elaborado con el apoyo del Consejo de Redacción y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el marco de la edición 2018 del curso virtual Conflicto, violencia y DIH en Colombia: herramientas para periodistas. Las opiniones presentadas en este artículo no reflejan la postura de ninguna de las dos organizaciones.

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