Un documental sobre el camino de las víctimas para llegar a la JEP

Leonor Achocdora, del pueblo indígena Iquiacarora, en Tibú (Norte de Santander), fue una de las víctimas que en el pasado mes de diciembre entregaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, un informe sobre las victimizaciones que vivieron en medio del conflicto armado. Narraron desde desplazamientos, hasta homicidios selectivos, amenazas y tomas a sus territorios ancestrales de parte de hombres armados que dejaron mella en, al menos, ocho pueblos indígenas de la subregión del Catatumbo. “Esta es la primera vez que buscaron escucharnos y que nos permitieron hacer aportes a un sistema de justicia”, dice.

Su voz es una de las que aparece en el documental “Comunidades camino a la justicia”, una producción audiovisual de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA) en Colombia, que trabajó con ocho comunidades de víctimas entre indígenas, campesinos y población afro durante ocho meses con el fin de brindarles herramientas para construir sus informes y relatos que luego entregaron ante la JEP. Roberto Menéndez, jefe de misión de la MAPP-OEA explica que también lograron instalar una escuela de liderazgos sociales en paz, resolución de conflictos, derechos humanos y construcción de paz con esas comunidades.

Vea el documental completo aquí: Comunidades Camino a la Justicia

Fruto de esos ocho meses de trabajo surgió una pieza audiovisual de 23 minutos en la que resumen la experiencia que tuvieron trabajando con la población de Victoria (Nariño), La Juntanza (Chocó), la Asociación de Personas Víctimas de desaparición forzada del Guaviare; con la Asociación de Indígenas Ko Revaju Desplazados Asinkode (Caquetá), con el pueblo hitnu en Arauca, la Mesa de Víctimas de Anorí (Antioquía) y de Montelíbano (Córdoba) y la Asociación de Mujeres Afrocolombianas de Tierradentro en ese mismo departamento.

Magdalena Zúñiga, una mujer negra del colectivo La Juntanza en Quibdó, Chocó, narra, por ejemplo, que una de las cosas más difíciles que ha vivido desde su desplazamiento ha sido el desarraigo de su territorio. “Tenía seis meses de haber construido mi casa allá y nos tocó dejarlo todo para venir a Quibdó a pagar un arriendo, que si desayunaba no almorzaba o no cenaba y prácticamente a lo último lo dejábamos siempre para la cena, para no acostarnos con la barriga vacía”, cuenta con la voz bajita en el documental, sin dar mayores pistas de la tierra que abandonó.

Su relato en el documental es, quizá, uno de los más estremecedores cuando cuenta que ha sido gracias a la labor de la MAPP-OEA en su territorio que su vida cambió. “Gracias a eso he cambiado mucho. Ya hoy por hoy puedo decir que me río, antes no me reía. Pero ya río”, dice. Parte de la labor de la Organización de Estados Americanos en la implementación del Acuerdo de Paz ha sido el acompañamiento a las poblaciones más afectadas por la guerra para que sus relatos se conozcan y logren acceder al sistema de justicia transicional.

(Le puede interesar: Los cuerpos hallados por la JEP en Dabeiba sí eran víctimas de “falsos positivos”)

El embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, que también sumó su voz en el documental, explica que ese acompañamiento ha sido fundamental para las víctimas porque “la historia de este país, como la de todos los países, no se puede contar desde una perspectiva solamente. Hay que tener la radiografía y la imagen completa”.

Producto de ese acompañamiento, la JEP recibió varios informes de esas ocho organizaciones a través de varios rituales ancestrales indígenas y afros en su sede en Bogotá. La magistrada Nadiezhda Henríquez en el acto simbólico dijo: “Es difícil contar el dolor que debe ser perder a un familia. El hacerlo a través de un informe ayuda a contárselo a ustedes mismos y a contárselo a todos los demás. Es el fundamento desde el que empezamos a construir verdad, recoger verdad y construir justicia”. En esa entrega las comunidades encendieron velas blancas, llevaron ofrendas y aportaron con cánticos al acto.

Alejandro Rodríguez, el líder de la Asociación Victoria en Paz narró en el informe varios hechos victimizantes que vivieron con la otrora guerrilla de las Farc, “cuando llegaban al centro poblado a golpear todas y cada una de las puertas de la población. Nosotros nos imaginábamos que nos iban a matar”, dice con voz serena.

(Vea: JEP abrirá tres nuevos macrocasos: Farc y fuerza pública, los señalados)

Aunque todos coinciden en que esperan ser reparados por lo que vivieron, su apuesta principal es la reparación integral y colectiva al territorio, que fue uno de los más afectados por la guerra. Desde el otro lado del teléfono, Leonor Achocdora asegura que “la intención aquí no es culparlos por lo que hicieron con nosotros y ya, sino que esperamos tener algún tipo de reparación simbólica. Pensar en eso hace que me den ganas de llorar porque me da esperanza”.

Por ahora, las víctimas están a la espera de que la JEP confirme sus acreditaciones como víctimas del conflicto armado y que ubique sus relatos y demandas de verdad en alguno de los siete macrocasos que han abierto hasta ahora o en los tres próximos que están por abrir sobre delitos cometidos por las Farc y miembros de la Fuerza Pública.

Leonor Achocdora, del pueblo indígena Iquiacarora, en Tibú (Norte de Santander), fue una de las víctimas que en el pasado mes de diciembre entregaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, un informe sobre las victimizaciones que vivieron en medio del conflicto armado. Narraron desde desplazamientos, hasta homicidios selectivos, amenazas y tomas a sus territorios ancestrales de parte de hombres armados que dejaron mella en, al menos, ocho pueblos indígenas de la subregión del Catatumbo. “Esta es la primera vez que buscaron escucharnos y que nos permitieron hacer aportes a un sistema de justicia”, dice.

Su voz es una de las que aparece en el documental “Comunidades camino a la justicia”, una producción audiovisual de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA) en Colombia, que trabajó con ocho comunidades de víctimas entre indígenas, campesinos y población afro durante ocho meses con el fin de brindarles herramientas para construir sus informes y relatos que luego entregaron ante la JEP. Roberto Menéndez, jefe de misión de la MAPP-OEA explica que también lograron instalar una escuela de liderazgos sociales en paz, resolución de conflictos, derechos humanos y construcción de paz con esas comunidades.

Vea el documental completo aquí: Comunidades Camino a la Justicia

Fruto de esos ocho meses de trabajo surgió una pieza audiovisual de 23 minutos en la que resumen la experiencia que tuvieron trabajando con la población de Victoria (Nariño), La Juntanza (Chocó), la Asociación de Personas Víctimas de desaparición forzada del Guaviare; con la Asociación de Indígenas Ko Revaju Desplazados Asinkode (Caquetá), con el pueblo hitnu en Arauca, la Mesa de Víctimas de Anorí (Antioquía) y de Montelíbano (Córdoba) y la Asociación de Mujeres Afrocolombianas de Tierradentro en ese mismo departamento.

Magdalena Zúñiga, una mujer negra del colectivo La Juntanza en Quibdó, Chocó, narra, por ejemplo, que una de las cosas más difíciles que ha vivido desde su desplazamiento ha sido el desarraigo de su territorio. “Tenía seis meses de haber construido mi casa allá y nos tocó dejarlo todo para venir a Quibdó a pagar un arriendo, que si desayunaba no almorzaba o no cenaba y prácticamente a lo último lo dejábamos siempre para la cena, para no acostarnos con la barriga vacía”, cuenta con la voz bajita en el documental, sin dar mayores pistas de la tierra que abandonó.

Su relato en el documental es, quizá, uno de los más estremecedores cuando cuenta que ha sido gracias a la labor de la MAPP-OEA en su territorio que su vida cambió. “Gracias a eso he cambiado mucho. Ya hoy por hoy puedo decir que me río, antes no me reía. Pero ya río”, dice. Parte de la labor de la Organización de Estados Americanos en la implementación del Acuerdo de Paz ha sido el acompañamiento a las poblaciones más afectadas por la guerra para que sus relatos se conozcan y logren acceder al sistema de justicia transicional.

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El embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, que también sumó su voz en el documental, explica que ese acompañamiento ha sido fundamental para las víctimas porque “la historia de este país, como la de todos los países, no se puede contar desde una perspectiva solamente. Hay que tener la radiografía y la imagen completa”.

Producto de ese acompañamiento, la JEP recibió varios informes de esas ocho organizaciones a través de varios rituales ancestrales indígenas y afros en su sede en Bogotá. La magistrada Nadiezhda Henríquez en el acto simbólico dijo: “Es difícil contar el dolor que debe ser perder a un familia. El hacerlo a través de un informe ayuda a contárselo a ustedes mismos y a contárselo a todos los demás. Es el fundamento desde el que empezamos a construir verdad, recoger verdad y construir justicia”. En esa entrega las comunidades encendieron velas blancas, llevaron ofrendas y aportaron con cánticos al acto.

Alejandro Rodríguez, el líder de la Asociación Victoria en Paz narró en el informe varios hechos victimizantes que vivieron con la otrora guerrilla de las Farc, “cuando llegaban al centro poblado a golpear todas y cada una de las puertas de la población. Nosotros nos imaginábamos que nos iban a matar”, dice con voz serena.

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Aunque todos coinciden en que esperan ser reparados por lo que vivieron, su apuesta principal es la reparación integral y colectiva al territorio, que fue uno de los más afectados por la guerra. Desde el otro lado del teléfono, Leonor Achocdora asegura que “la intención aquí no es culparlos por lo que hicieron con nosotros y ya, sino que esperamos tener algún tipo de reparación simbólica. Pensar en eso hace que me den ganas de llorar porque me da esperanza”.

Por ahora, las víctimas están a la espera de que la JEP confirme sus acreditaciones como víctimas del conflicto armado y que ubique sus relatos y demandas de verdad en alguno de los siete macrocasos que han abierto hasta ahora o en los tres próximos que están por abrir sobre delitos cometidos por las Farc y miembros de la Fuerza Pública.