Un encuentro por los líderes de Arauca y Catatumbo

Desde que Martín Sandoval, presidente del consejo departamental de paz de Arauca, decidió ser líder social ha tenido pocos días de tregua. Sus hábitos, sus preocupaciones, sus costumbres se han ido acomodando a las circunstancias que, pareciera, siempre van en contra de su labor: denunciar las violaciones de derechos humanos de las personas más vulnerables.

La violencia es fluctuante. A veces disminuye y otras se recrudece tanto que arrasa con lo que encuentre a su paso. Martín Sandoval ha visto esos comportamientos, pero sobre todo ha soportado los peores momentos del conflicto armado en Arauca. Hoy, con una tranquilidad que no sabe de dónde saca, cuenta que primero tuvo que lidiar con las amenazas de las Farc en 2001, cuando esa guerrilla declaró como objetivo militar a funcionarios de la Alcaldía de Arauquita, donde trabajaba, y asesinaron al inspector de policía. Con este episodio conoció el desplazamiento.

Dos años más tarde llegaron los paramilitares. El peligro seguía rondándolo: “Estábamos en una lista del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y había una serie de dirigentes. De esa lista asesinaron a un compañero, el tesorero Gregorio Izquierdo. Vivíamos encarcelados. No podíamos salir de la casa”.

Y cuando pensó que la situación lo abrumaba, en 2007 el Estado lo capturó con 13 líderes sociales más, acusados de delitos de rebelión y terrorismo. “Fuimos víctimas de una detención masiva, de las que en esa época se daban”, dice. Estuvo año y medio en prisión sin que la justicia pudiera probar los supuestos delitos que había cometido.

Sandoval sabe que el liderazgo social en Colombia es un trabajo de alto riesgo, pero no le importa. No quiere aprender algo distinto, a pesar de que, de nuevo, haya sido amenazado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), con otros 27 líderes más. Está escoltado y eso le da un poco más de tranquilidad, aunque cree que la mejor manera de sobrevivir, con sus largos años de experiencia, es el autocuidado.

Sandoval contará su historia hoy en el segundo “Diálogo para la no repetición”, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Será uno de los líderes invitados para discutir sobre la violencia en contra de quienes defienden los derechos humanos en ese departamento y en Norte de Santander, ambas zonas fronterizas y con gran presencia de diferentes grupos armados, entre ellos disidencias de las Farc, el Eln y residuos de grupos paramilitares.

Como protagonistas del diálogo también estarán Liliana Herrera, del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente Colombiano, y Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), además de Carlos Caycedo, consejero adjunto para la Estabilización y la Consolidación; el periodista Hassan Nasar; Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca; Édgar Alfonso Fandiño Prieto, procurador regional; el sacerdote Deisson Ramiro Mariño, defensor del Pueblo, y Nelson Quintero Estévez, excombatiente de las Farc, entre otros.

La discusión girará en torno a cuatro preguntas: ¿por qué asesinan a líderes y lideresas sociales desde hace tres décadas en Arauca y Catatumbo?, ¿qué debe hacer distinto el Estado para que estos hechos no se repitan?, ¿qué debemos hacer como sociedad para superar esta situación?, y ¿cuál es el impacto en la democracia, en la participación y en el desarrollo de las comunidades cuando asesinan o amenazan a sus líderes?

El comisionado Saúl Franco considera que es una obligación de esta entidad contribuir a frenar estas violencias y crear condiciones de no repetición. Pero lo más importante, en un país de indolentes, es llevar el tema al debate nacional: “Lo que más esperamos es que haya una conciencia social de esto, que la sociedad no naturalice estos asesinatos, porque esto ya pasó en otros momentos del conflicto colombiano. Y si no reaccionamos a tiempo, esto se sigue incrementando”.

Lo ideal, expresa Franco, es que estos diálogos sean eficaces, es decir, que se traduzcan en decisiones políticas y sociales, y por eso se invita a distintos actores de la sociedad. No basta la indignación o las manifestaciones.

Dilia Ochoa, integrante de Amanecer de Mujeres por Arauca (Amar), considera que este encuentro es significativo. Es clave que ejercicios tan sencillos como la escucha y el diálogo pueden darse entre sectores opuestos, en una región que además tiene conflictos por la presencia de transnacionales petroleras que, según la lideresa, llegan a sus campos a explotar sus minerales y dejan un ecosistema afectado, que solo sirve para sembrar pobreza.

Aunque este ejercicio se realizó por primera vez en Bogotá en junio de este año, la Comisión quiere ahondar y estudiar el fenómeno en los territorios, y por eso llegó a Arauca.

De acuerdo con las cifras de la Comisión de la Verdad, en este departamento han sido asesinados 136 líderes sociales y 29 personas elegidas como autoridades en el nivel municipal y departamental entre 1986 y 2018. A primera vista pareciese que es una cifra baja en comparación con los 1.025 asesinados en Antioquia o los 346 del Cauca en el mismo período. El problema es visible cuando se relaciona con su población: en Arauca solo hay 270.708 habitantes, mientras en Antioquia hay 6’691.030 y en Cauca 1’415.933.

Si se calcula la tasa acumulada de esos treinta años con respecto a la población de 2018, Arauca es la región más crítica del país, que ostenta el nivel más alto, con 50 asesinatos de líderes sociales por cada 100.000 habitantes, mientras Cauca ocupó el cuarto lugar, con 24, y Antioquia el décimo, con 15.

La zona del Catatumbo tampoco se queda atrás. Entre 1986 y 2018 se ha documentado el asesinato y/o la desaparición de 261 líderes sociales, de 72 personas elegidas como autoridades en el nivel municipal y departamental y de 107 más entre candidatos, militantes políticos y funcionarios nombrados. Ocupó el quinto lugar en el acumulado, detrás de Antioquia, Cauca, Valle y Santander.

Por eso es tan importante que la Comisión de la Verdad, una entidad que se creó después del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno, llegue hasta la zona fronteriza con Venezuela. Después de este pacto firmado en La Habana (Cuba), la violencia en contra de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos no ha cesado. Entre el 1º de enero de 2016 y el 2 de agosto de 2019 han sido asesinados 20.

Ochoa y Sandoval recuerdan la angustia de vivir en la Arauca violenta del 2000, donde amanecían con tres y cinco muertos, y se dan cuenta de cuán urgente es que estos espacios de diálogo existan. Ya no son las mismas personas dispuestas a tolerar masacres, desplazamientos ni amenazas. Hoy, más que nunca, están convencidos de que sin líderes ni lideresas no hay democracia. La repetición ya no es una opción.

Desde que Martín Sandoval, presidente del consejo departamental de paz de Arauca, decidió ser líder social ha tenido pocos días de tregua. Sus hábitos, sus preocupaciones, sus costumbres se han ido acomodando a las circunstancias que, pareciera, siempre van en contra de su labor: denunciar las violaciones de derechos humanos de las personas más vulnerables.

La violencia es fluctuante. A veces disminuye y otras se recrudece tanto que arrasa con lo que encuentre a su paso. Martín Sandoval ha visto esos comportamientos, pero sobre todo ha soportado los peores momentos del conflicto armado en Arauca. Hoy, con una tranquilidad que no sabe de dónde saca, cuenta que primero tuvo que lidiar con las amenazas de las Farc en 2001, cuando esa guerrilla declaró como objetivo militar a funcionarios de la Alcaldía de Arauquita, donde trabajaba, y asesinaron al inspector de policía. Con este episodio conoció el desplazamiento.

Dos años más tarde llegaron los paramilitares. El peligro seguía rondándolo: “Estábamos en una lista del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y había una serie de dirigentes. De esa lista asesinaron a un compañero, el tesorero Gregorio Izquierdo. Vivíamos encarcelados. No podíamos salir de la casa”.

Y cuando pensó que la situación lo abrumaba, en 2007 el Estado lo capturó con 13 líderes sociales más, acusados de delitos de rebelión y terrorismo. “Fuimos víctimas de una detención masiva, de las que en esa época se daban”, dice. Estuvo año y medio en prisión sin que la justicia pudiera probar los supuestos delitos que había cometido.

Sandoval sabe que el liderazgo social en Colombia es un trabajo de alto riesgo, pero no le importa. No quiere aprender algo distinto, a pesar de que, de nuevo, haya sido amenazado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), con otros 27 líderes más. Está escoltado y eso le da un poco más de tranquilidad, aunque cree que la mejor manera de sobrevivir, con sus largos años de experiencia, es el autocuidado.

Sandoval contará su historia hoy en el segundo “Diálogo para la no repetición”, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Será uno de los líderes invitados para discutir sobre la violencia en contra de quienes defienden los derechos humanos en ese departamento y en Norte de Santander, ambas zonas fronterizas y con gran presencia de diferentes grupos armados, entre ellos disidencias de las Farc, el Eln y residuos de grupos paramilitares.

Como protagonistas del diálogo también estarán Liliana Herrera, del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente Colombiano, y Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), además de Carlos Caycedo, consejero adjunto para la Estabilización y la Consolidación; el periodista Hassan Nasar; Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca; Édgar Alfonso Fandiño Prieto, procurador regional; el sacerdote Deisson Ramiro Mariño, defensor del Pueblo, y Nelson Quintero Estévez, excombatiente de las Farc, entre otros.

La discusión girará en torno a cuatro preguntas: ¿por qué asesinan a líderes y lideresas sociales desde hace tres décadas en Arauca y Catatumbo?, ¿qué debe hacer distinto el Estado para que estos hechos no se repitan?, ¿qué debemos hacer como sociedad para superar esta situación?, y ¿cuál es el impacto en la democracia, en la participación y en el desarrollo de las comunidades cuando asesinan o amenazan a sus líderes?

El comisionado Saúl Franco considera que es una obligación de esta entidad contribuir a frenar estas violencias y crear condiciones de no repetición. Pero lo más importante, en un país de indolentes, es llevar el tema al debate nacional: “Lo que más esperamos es que haya una conciencia social de esto, que la sociedad no naturalice estos asesinatos, porque esto ya pasó en otros momentos del conflicto colombiano. Y si no reaccionamos a tiempo, esto se sigue incrementando”.

Lo ideal, expresa Franco, es que estos diálogos sean eficaces, es decir, que se traduzcan en decisiones políticas y sociales, y por eso se invita a distintos actores de la sociedad. No basta la indignación o las manifestaciones.

Dilia Ochoa, integrante de Amanecer de Mujeres por Arauca (Amar), considera que este encuentro es significativo. Es clave que ejercicios tan sencillos como la escucha y el diálogo pueden darse entre sectores opuestos, en una región que además tiene conflictos por la presencia de transnacionales petroleras que, según la lideresa, llegan a sus campos a explotar sus minerales y dejan un ecosistema afectado, que solo sirve para sembrar pobreza.

Aunque este ejercicio se realizó por primera vez en Bogotá en junio de este año, la Comisión quiere ahondar y estudiar el fenómeno en los territorios, y por eso llegó a Arauca.

De acuerdo con las cifras de la Comisión de la Verdad, en este departamento han sido asesinados 136 líderes sociales y 29 personas elegidas como autoridades en el nivel municipal y departamental entre 1986 y 2018. A primera vista pareciese que es una cifra baja en comparación con los 1.025 asesinados en Antioquia o los 346 del Cauca en el mismo período. El problema es visible cuando se relaciona con su población: en Arauca solo hay 270.708 habitantes, mientras en Antioquia hay 6’691.030 y en Cauca 1’415.933.

Si se calcula la tasa acumulada de esos treinta años con respecto a la población de 2018, Arauca es la región más crítica del país, que ostenta el nivel más alto, con 50 asesinatos de líderes sociales por cada 100.000 habitantes, mientras Cauca ocupó el cuarto lugar, con 24, y Antioquia el décimo, con 15.

La zona del Catatumbo tampoco se queda atrás. Entre 1986 y 2018 se ha documentado el asesinato y/o la desaparición de 261 líderes sociales, de 72 personas elegidas como autoridades en el nivel municipal y departamental y de 107 más entre candidatos, militantes políticos y funcionarios nombrados. Ocupó el quinto lugar en el acumulado, detrás de Antioquia, Cauca, Valle y Santander.

Por eso es tan importante que la Comisión de la Verdad, una entidad que se creó después del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno, llegue hasta la zona fronteriza con Venezuela. Después de este pacto firmado en La Habana (Cuba), la violencia en contra de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos no ha cesado. Entre el 1º de enero de 2016 y el 2 de agosto de 2019 han sido asesinados 20.

Ochoa y Sandoval recuerdan la angustia de vivir en la Arauca violenta del 2000, donde amanecían con tres y cinco muertos, y se dan cuenta de cuán urgente es que estos espacios de diálogo existan. Ya no son las mismas personas dispuestas a tolerar masacres, desplazamientos ni amenazas. Hoy, más que nunca, están convencidos de que sin líderes ni lideresas no hay democracia. La repetición ya no es una opción.