Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un acuerdo impensable. Hace poco, un día antes de que centenares de manifestantes se volcaran por primera vez a las calles y con los días la violencia, el asesinato de protestantes, la denuncia de decenas de desaparecidos y el discurso de odio escalaran en todo el país sin que aún se avizore una salida, en Turbo (Antioquia) se firmó un pacto que superaba diferencias que se pensaron irreconciliables.
Sucedió en esa zona de Urabá, tan golpeada por la violencia de actores armados, con tantas víctimas de despojo y desplazamiento forzado del conflicto armado, y donde el desarrollo empresarial y agroindustrial de este municipio puerto, que desemboca en el mar Caribe, se ha dado, en su mayoría, de espaldas a esa realidad.
Por primera vez en el país, víctimas de despojo de tierras y empresarios firmaron un pacto económico y de integración que reconoce que hace 30 años estas familias fueron violentadas y despojadas de sus predios con la entrada del paramilitarismo a la región del Urabá.
Un pacto que superó la propaganda negra y subrayó que estas familias de Casanova, una vereda del municipio de Turbo (Antioquia), no se oponen al desarrollo regional del Urabá ni del país y que es posible trabajar con las empresas de la región por el bienestar y progreso de toda una comunidad, no de solo unos pocos.
El despojo
Hace 30 años, en 1987, seis familias se asentaron en un predio abandonado de 30 hectáreas en la vereda Casanova de Turbo. Una tierra fértil y bella con una gran salida al mar Caribe, donde hicieron pozos de peses, sembraron papaya, arroz y yuca, entre otros alimentos. Se conocía como El Trópico y allí hicieron una vida en medio de amenazas por su militancia en el partido político Unión Patriótica (UP), que surgió tras los acuerdos de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc, en mayo de 1985.
Una persecución que, tres años después, le costó la vida al primero de ellos. El 7 de febrero de 1990 fue asesinado Candelario Pérez de la Rosa, secretario del Concejo de Turbo por la UP. “Cuando asesinaron a Candelario, yo tuve que dejar de estudiar y me quedé con dos niños pequeños, uno de 7 y uno de 4 años. Me tocó muy duro, trabajar la tierra, tirar pala y machete para sacarlos adelante. Hasta el año de 1997 que me sacaron a la fuerza de esa tierra los paramilitares”, recuerda Visitación Pedroza Escobar, esposa de Candelario Pérez.
(Lea: ‘Nos preocupan las falsas víctimas de despojo de tierras en Urabá’: Asociación Tierra y Paz)
Lo mismo piensa María Bergenet Rubio Gómez, la esposa de Hoover Antonio Quintero, el segundo líder de la Unión Patriótica y exconcejal de Turbo asesinado en esas tierras, el 24 de agosto de 1993. “Cuando lo matan yo quedé con semejante responsabilidad: cuatro hijos, el mayor de 15 años. Al comienzo me fui con los dos niños mayores por un tiempo y mi mamá se quedó en la tierra con los dos más pequeños, ella fue muy fuerte, después volví a echar machete, porque no teníamos nada más y al final salí de nuevo corriendo por tanta persecución y porque ya me amenazaron a mis hijos”, comenta María Bergenet.
El 17 de enero de 1996 fue asesinado Luis Edward Cubides Vanegas, también exconcejal de ese municipio por la UP. Los tres eran líderes políticos visibles de la Unión Patriótica en el Urabá y quienes promovieron el asentamiento y ocupación de varios terrenos por parte de campesinos y familias de muy bajos recursos en Turbo y Apartadó.
“Mi hermana ya había sido violada por un paramilitar en 1993 en ese sector cuando tenía 12 años. Pero ella no quería saber de eso y por años no quiso denunciar”, cuenta también Liliana Espinosa, hija de crianza de Luis Edward Cubides.
La violencia terminó por cercarlos. La mayoría vendieron a muy bajo precio las mejoras sobre las tierras que habían trabajado. Lo hicieron por la necesidad y por la presión armada del paramilitarismo que para ese entonces en la región encabezaba Hevert Veloza García, conocido como “HH”. Después de ser testigos de la violencia más cruda. Incluso, en la finca colindante, conocida como Maryuri, los paramilitares montaron una base de operaciones y cometieron asesinatos e inhumaciones clandestinas, reconocidas por el propio HH en el tribunal de Justicia y Paz.
El retorno
Muchos años después, con ocasión de la Ley 1448 de 2011, o ley de víctimas y restitución de las tierras que fueron despojadas por los actores armados ilegales, estas familias se llenaron de valor y en 2014 pidieron la restitución de sus predios despojados.
Esas tierras, que durante los años más duros del conflicto se compraron y vendieron varias veces, fueron tituladas en 2015 a la empresa Pisisí S.A. Y más adelante, en el año 2018, se constituyó la Sociedad Portuaria de Turbo Pisisí- Pisisí S.A., para la construcción del Puerto Internacional de Pisisí, por su salida estratégica al mar. Un proyecto ambicioso que promete por fin la construcción de un puerto que deje grandes ganancias y posibilidades de trabajo para la región.
Entre 2015 y 2020, la relación entre la empresa, los socios del puerto y las familias que pedían ser restituidas de sus tierras fue tensa y difícil. En un principio no había ningún reconocimiento de la victimización de estas familias por la empresa y algunos inversionistas del puerto, y políticos del partido Centro Democrático en la región, difundieron videos diciendo que se trataba de falsas víctimas y de personas oportunistas y que estaban en contra del desarrollo de Turbo. Por esa razón, varios de los integrantes de las víctimas fueron estigmatizados y amenazados de muerte, así como la fundación Forjando Futuro, que los ha acompañado en este proceso.
“Cuando entramos a rebatir en redes sociales esas declaraciones con información nuestra ellos se sienten también atacados y los intentos de negociación que hicimos entre agosto y noviembre de 2020 se rompen, pero después viene el reconocimiento de la Unidad de Tierras y eso permite nuestro resurgir y que pudiéramos retomar el diálogo”, reconoce Jhon Fernando Quintero, hijo de Hoover Quintero.
Jhon se refiere a que a finales del año pasado, el 31 de diciembre de 2020, la Unidad de Restitución de Tierras ordenó inscribir en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente a estas familias y los predios de Casanova, donde se proyecta la construcción del Puerto Internacional de Pisisí. La resolución reconoció, además, todos los hechos de violencia, como el asesinato y la violencia sexual, que padecieron estas familias y llevó el caso a un juzgado de tierras, que deberá definir si se restituyen o no. Por esa razón también la Agencia Nacional de Infraestructura condicionó la expedición de la resolución del contrato de concesión portuaria, indispensable para avanzar en este proyecto.
(Vea: Puerto Pisisí: predios comprados para su construcción fueron despojados a campesinos)
El asunto motivó a que los empresarios y las víctimas decidieran retomar las conversaciones, con el apoyo y mediación de la Fundación Forjando Futuros y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, para llegar a una salida negociada.
“Para nosotros fue muy desgastante esta reclamación porque nos declararon personas no gratas, nos echaron el pueblo encima y dijeron muchas cosas. Para mí era un sueño grande desenredar todo esto. Por eso yo me sueño con que mis hijos sean un ejemplo de trabajo y que de aquí en adelante nos miren con respeto y admiración”, dice María Bergenet.
El acuerdo
“En este camino hubo un primer prejuicio que se rompió y es el de la empresa que viene a acumular riquezas y nada más, porque en el Urabá un amplio sector bananero, minero y palmero han usado la violencia para beneficiarse sin pensar en todas las víctimas que esto ha dejado y por primera vez vemos que hay una empresa que se distancia de eso y que tiene una apertura para pensar un desarrollo distinto”, señala Danilo Rueda, coordinador nacional de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una de las organizaciones facilitadoras de este pacto.
El 27 de abril, la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A. y las familias de los predios donde se busca adelantar la construcción del terminal portuario firmaron y autenticaron en una Notaría un acuerdo en el que partían de un principio fundamental: el reconocimiento de que estas familias sí fueron víctimas de despojo y violencia en el conflicto armado que los obligaron a abandonar sus tierras y que la empresa no tuvo ninguna participación ni auspicio en esos hechos, porque se constituyó dos décadas después.
“Tener un puerto ha sido un sueño y una lucha que tiene 178 años, cuando se firmó una ley con ese propósito. Para mí es muy satisfactorio haber llegado a este acuerdo con las víctimas, porque a pesar de que nosotros no fuimos los despojadores, sí buscamos que este sea un puerto ciudad, que integre a la gente, para que podamos pasar esa página tan terrible de violencia que ha vivido esta región”, dice Teófilo Lemos, un afro que conoce perfectamente el conflicto armado que ha vivido el Urabá porque durante 15 años fue miembro de la Cruz Roja Internacional y hoy es el gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A.
Además, la empresa se comprometió a financiar una empresa asociativa de propiedad de las víctimas, que tendrá la facultad de contratar hasta el 30% del personal que vaya a laborar en Pisisí. Como resultado de los excedentes de esa empresa asociativa se pagará una pensión de tres salarios mínimos legales a las cabezas de familias de esas víctimas, por el tiempo que dure la concesión del puerto, que se estima de 28 a 30 años. También se comprará una extensión de tierra de la misma extensión que tenían, en el sitio y lugar que se pongan de acuerdo las víctimas y la empresa, pero que será también en Turbo. Así como a cada familia se le entregará una vivienda y se les financiará un proyecto productivo.
(Le puede interesar: Cecilia, la campesina que recuperó su tierra despojada por empresarios en Urabá)
Ahora, eso no significa que las familias, a través de la Fundación Forjando Futuros, desistan del proceso judicial de restitución ante los jueces y magistrados de tierras, porque buscan que haya una reparación y un reconocimiento por parte del Estado de estas violencias. Además, buscan garantías de seguridad y no repetición. Pero este no será un proceso normal, porque la empresa se comprometió a no participar como opositor y las familias solicitarán una compensación en lugar de la restitución material de los predios de llegar a fallar a su favor. Una compensación que podrá ser económica o de tierras, con características similares, en otro sitio.
“El acuerdo nace de una voluntad conjunta, de entendimiento y de comprensión por las diferentes partes. Entendimos que para poder construir ese puerto necesitábamos encontrar una salida real a estas familias víctimas del conflicto armado y eso hicimos, vinculándolos también a este proyecto”, dice el español José María Díaz Pernas, gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A., que llegó a Colombia hace 24 años para poner en marcha la construcción del Metro de Medellín y reside en el país desde 2004.
Una felicidad que comparte Jhon Fernando Quintero: “Creo que estos acuerdos de construir país a través de la reconciliación y el diálogo son muy importantes y le hacen mucha falta al país. No todo es muerte y desprestigio”. El pacto por el puerto en Turbo se realza en Colombia, en estos tiempos azarosos, como un camino de entendimiento cierto para dejar atrás la violencia y los discursos de odio.
