“Un problema grande del Acuerdo de Paz fue no fijarse en una seguridad transicional”

La extinción de las Farc como guerrilla marcó, entre otras cosas, el fin de cómo se entendió la guerra interna en Colombia por más de 50 años. Se pasó de un conflicto nacional a una lógica localizada que reformuló la idea de cómo se garantiza la seguridad en los territorios.

Eso se ve en los nuevos riesgos que enfrentan las poblaciones rurales, la decadencia ideológica de los grupos armados ilegales y tercerización de los delitos en una unión escandalosa con la delincuencia común y, por supuesto, en el narcotráfico exacerbado.

Kyle Johnson, investigador de Conflict Responses, explicó estos puntos estrictamente ligados con muchas preguntas que se han hecho millones de colombianos tras la desmovilización de la que era la guerrilla más antigua de América Latina. Si en el Acuerdo de La Habana se habló tanto de paz territorial, ¿por qué la seguridad y sus reformas no estaban en los cálculos del fin del conflicto?, ¿qué ha fallado para que persistan los asesinatos de líderes, lideresas, excombatientes y miles de ciudadanos más?, ¿más Fuerza Pública es sinónimo de seguridad?

Estos interrogantes expuestos por la comisionada de la Verdad Marta Ruiz fueron abordados en el diálogo “Retos para garantizar la seguridad en los territorios”, un espacio impulsado por la Comisión de la Verdad (CEV), junto con la Unión Europea, y con el respaldo periodístico de Colombia+20 de El Espectador.

De acuerdo con Rosa Emilia Salamanca, una de las panelistas y delegada de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un grave error dentro del posconflicto colombiano es que se haya pensado en justicia transicional, pero no en un modelo de seguridad transicional.

“Este tema tras la firma del Acuerdo sigue igual de centralizado. A las feministas no nos permiten intervenir porque dicen que ‘son temas duros de Estado’. Olvidamos que el centro de la seguridad debe ser el cuidado en todo su sentido de la palabra; el cuidado para los nuestros y para quienes no piensan como nosotros. La seguridad es algo invisible y, en el debate que tenemos ahora en el país, no tiene correlación con las necesidades reales que quiere la gente: confianza y alcance institucional”, añadió.

Por su parte, Jean Carlo Mejía, investigador de la Universidad Militar Nueva Granada, señaló que las soluciones de fondo sobre los temas de seguridad vendrán cuando se piense no desde el Estado, sino desde las personas. “No podemos olvidar que esta temática debe ser horizontal, pensada en el ciudadano, escuchando la territorialidad e incluyendo a militares y policías… porque todo esto sería imposible sin ellos”, explicó.

Para el exvicepresidente de la República y general (r) Óscar Naranjo, el debate sobre seguridad no se debe estancar más en desencuentros históricos. “No nos podemos demorar más en reconceptualizar la seguridad y convivencia, porque debemos cumplir con un pacto político que les debe tanto a las víctimas que dejó la guerra”.

La lógica del “enemigo interno”

La preocupación en Colombia por la militarización de la Policía y por el cumplimiento de funciones civiles del Ejército es un debate de vieja data. Pero la discusión de fondo no se ha podido abordar por las lógicas del conflicto armado en las que el Estado busca combatir a un “enemigo común” y por las políticas de varios gobiernos que no permitieron cambios estructurales en la seguridad nacional.

A pesar de que el Acuerdo de Paz no profundizó en este tema, como sí se hizo en otros pactos de fin de guerra, como en El Salvador o Guatemala, el modo en el que se aborda la seguridad en el posconflicto es un diálogo vivo que se está dando en Colombia.

Julián Gallo, senador del Partido Comunes, dijo que estas discusiones en el país no van a tener muchos resultados exitosos mientras las fuerzas de seguridad sigan ligadas al Ministerio de Defensa. “Si no existe una vocación más civil de la Policía, por ejemplo, o mientras no se deleguen funciones al Ministerio del Interior, no habrá cambios de fondo que nos permitan avanzar. Esto es una muestra más de que en Colombia queremos hablar mucho sobre las causas de las enfermedades sin entrar en la enfermedad misma”, advirtió.

Para el general (r) Naranjo y María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), una reforma no solo debe comprender estructuras y funciones de militares y policías, sino unirse a los liderazgos civiles y a los roles que se les den a los ciudadanos como coprotagonistas de la seguridad en el país.

“Nuestra Fuerza Pública siempre fue una institucionalidad reactiva al delito. Nos acostumbramos a que, al contrario de las políticas de prevención, la mano dura llama electores y allí perdimos el balance. Lo recuperaremos cuando el ciudadano no sea solo algo instrumental que dé información, sino que pueda participar en el diseño institucional y sin hacer contabilidad del enemigo”, dijo Naranjo.

En esta línea, la directora de la FIP añadió que “un sistema hipercentralizado como el actual va a dificultar la detección de liderazgos civiles fuera de las instituciones. Por eso seguimos pensando que policías y militares son el único problema. Y se debe entender a la seguridad de este tipo como algo más focalizado, no olvidemos que pasamos de una guerra en todo el país a algo que ahora se concentra en poco más de 200 municipios. Es decir, los retos operativos tienen que cambiar”, afirmó.

Mediante una defensa más radical a la fuerza pública, el representante José Jaime Uscátegui sugirió que para mejorar la seguridad en los territorios “se le debe recordar a policías y militares que ellos también están cobijados por derechos que deben ser respetados. Con diálogos amplios, para todos, hubiéramos entendido mejor cosas como la voluntad de los ciudadanos que votaron “No” en el plebiscito de 2016, cuya noción de seguridad era diferente y no fue respetada”.

Esta temática de seguridad territorial, que despierta emociones polarizadoras –como las calificó el comisionado de la Verdad Léyner Palacios en el cierre del diálogo–, promete ser una de las recomendaciones del informe final de la CEV, que será emitido en junio del próximo año, con el ánimo de reconstruir una narrativa unificada del conflicto, sus causas y salidas, para que los dolores del pasado no se repitan.

La extinción de las Farc como guerrilla marcó, entre otras cosas, el fin de cómo se entendió la guerra interna en Colombia por más de 50 años. Se pasó de un conflicto nacional a una lógica localizada que reformuló la idea de cómo se garantiza la seguridad en los territorios.

Eso se ve en los nuevos riesgos que enfrentan las poblaciones rurales, la decadencia ideológica de los grupos armados ilegales y tercerización de los delitos en una unión escandalosa con la delincuencia común y, por supuesto, en el narcotráfico exacerbado.

Kyle Johnson, investigador de Conflict Responses, explicó estos puntos estrictamente ligados con muchas preguntas que se han hecho millones de colombianos tras la desmovilización de la que era la guerrilla más antigua de América Latina. Si en el Acuerdo de La Habana se habló tanto de paz territorial, ¿por qué la seguridad y sus reformas no estaban en los cálculos del fin del conflicto?, ¿qué ha fallado para que persistan los asesinatos de líderes, lideresas, excombatientes y miles de ciudadanos más?, ¿más Fuerza Pública es sinónimo de seguridad?

Estos interrogantes expuestos por la comisionada de la Verdad Marta Ruiz fueron abordados en el diálogo “Retos para garantizar la seguridad en los territorios”, un espacio impulsado por la Comisión de la Verdad (CEV), junto con la Unión Europea, y con el respaldo periodístico de Colombia+20 de El Espectador.

De acuerdo con Rosa Emilia Salamanca, una de las panelistas y delegada de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un grave error dentro del posconflicto colombiano es que se haya pensado en justicia transicional, pero no en un modelo de seguridad transicional.

“Este tema tras la firma del Acuerdo sigue igual de centralizado. A las feministas no nos permiten intervenir porque dicen que ‘son temas duros de Estado’. Olvidamos que el centro de la seguridad debe ser el cuidado en todo su sentido de la palabra; el cuidado para los nuestros y para quienes no piensan como nosotros. La seguridad es algo invisible y, en el debate que tenemos ahora en el país, no tiene correlación con las necesidades reales que quiere la gente: confianza y alcance institucional”, añadió.

Por su parte, Jean Carlo Mejía, investigador de la Universidad Militar Nueva Granada, señaló que las soluciones de fondo sobre los temas de seguridad vendrán cuando se piense no desde el Estado, sino desde las personas. “No podemos olvidar que esta temática debe ser horizontal, pensada en el ciudadano, escuchando la territorialidad e incluyendo a militares y policías… porque todo esto sería imposible sin ellos”, explicó.

Para el exvicepresidente de la República y general (r) Óscar Naranjo, el debate sobre seguridad no se debe estancar más en desencuentros históricos. “No nos podemos demorar más en reconceptualizar la seguridad y convivencia, porque debemos cumplir con un pacto político que les debe tanto a las víctimas que dejó la guerra”.

La lógica del “enemigo interno”

La preocupación en Colombia por la militarización de la Policía y por el cumplimiento de funciones civiles del Ejército es un debate de vieja data. Pero la discusión de fondo no se ha podido abordar por las lógicas del conflicto armado en las que el Estado busca combatir a un “enemigo común” y por las políticas de varios gobiernos que no permitieron cambios estructurales en la seguridad nacional.

A pesar de que el Acuerdo de Paz no profundizó en este tema, como sí se hizo en otros pactos de fin de guerra, como en El Salvador o Guatemala, el modo en el que se aborda la seguridad en el posconflicto es un diálogo vivo que se está dando en Colombia.

Julián Gallo, senador del Partido Comunes, dijo que estas discusiones en el país no van a tener muchos resultados exitosos mientras las fuerzas de seguridad sigan ligadas al Ministerio de Defensa. “Si no existe una vocación más civil de la Policía, por ejemplo, o mientras no se deleguen funciones al Ministerio del Interior, no habrá cambios de fondo que nos permitan avanzar. Esto es una muestra más de que en Colombia queremos hablar mucho sobre las causas de las enfermedades sin entrar en la enfermedad misma”, advirtió.

Para el general (r) Naranjo y María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), una reforma no solo debe comprender estructuras y funciones de militares y policías, sino unirse a los liderazgos civiles y a los roles que se les den a los ciudadanos como coprotagonistas de la seguridad en el país.

“Nuestra Fuerza Pública siempre fue una institucionalidad reactiva al delito. Nos acostumbramos a que, al contrario de las políticas de prevención, la mano dura llama electores y allí perdimos el balance. Lo recuperaremos cuando el ciudadano no sea solo algo instrumental que dé información, sino que pueda participar en el diseño institucional y sin hacer contabilidad del enemigo”, dijo Naranjo.

En esta línea, la directora de la FIP añadió que “un sistema hipercentralizado como el actual va a dificultar la detección de liderazgos civiles fuera de las instituciones. Por eso seguimos pensando que policías y militares son el único problema. Y se debe entender a la seguridad de este tipo como algo más focalizado, no olvidemos que pasamos de una guerra en todo el país a algo que ahora se concentra en poco más de 200 municipios. Es decir, los retos operativos tienen que cambiar”, afirmó.

Mediante una defensa más radical a la fuerza pública, el representante José Jaime Uscátegui sugirió que para mejorar la seguridad en los territorios “se le debe recordar a policías y militares que ellos también están cobijados por derechos que deben ser respetados. Con diálogos amplios, para todos, hubiéramos entendido mejor cosas como la voluntad de los ciudadanos que votaron “No” en el plebiscito de 2016, cuya noción de seguridad era diferente y no fue respetada”.

Esta temática de seguridad territorial, que despierta emociones polarizadoras –como las calificó el comisionado de la Verdad Léyner Palacios en el cierre del diálogo–, promete ser una de las recomendaciones del informe final de la CEV, que será emitido en junio del próximo año, con el ánimo de reconstruir una narrativa unificada del conflicto, sus causas y salidas, para que los dolores del pasado no se repitan.