Una puerta de atención a los desplazados de Aguablanca
La organización Solivida fue premiada por su trabajo con los habitantes más pobres de este sector de Cali. Pola Elisa Buenaventura, representante legal de la asociación, llama la atención sobre la ola de desplazados que siguen llegando desde Cauca y Nariño.
Nicolás Sánchez A. / @ANicolasSanchez
El Distrito de Aguablanca, en Cali, se configuró a partir de la llegada a esa ciudad de personas de diferentes zonas del país. Muchas de ellas lo hicieron huyendo de la guerra que se ensañaba con las poblaciones rurales. En 2016 la Alcaldía de Cali estimaba que llegaron entre 20 y 30 desplazados por semana a esa ciudad. Según esa entidad, el 80 % de las víctimas que residen en la ciudad viven en alguno de los 82 barrios que componen esa zona. Allí también han llegado excombatientes de diferentes grupos armados.
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La Asociación Solidarios por la Vida (Solivida) trabaja desde 1992 para garantizar los derechos de las víctimas y los excombatientes. Ayer, las embajadas de Francia y Alemania le entregaron el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño a esa organización. El jurado decidió entregarle esa distinción debido a “su acción preponderante en el acompañamiento jurídico y psicosocial a víctimas del conflicto”.
Las otras organizaciones distinguidas con una mención especial fueron Codhes y la Casa de la Mujer. Esta es la novena edición del premio que reconoce la divulgación, promoción, defensa y protección de los derechos humanos, inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que justo ayer cumplió 70 años de promulgada.
Pola Elisa Buenaventura, representante legal de Solivida, habla de los desafíos que tiene el país para atender a sus víctimas y acoger a quienes dejaron las armas. Hace un llamado sobre falencias estatales en la atención. Muestra especial preocupación por los casos de desaparición forzada y por la ola de violencia que se vive en los departamentos de Cauca y Nariño, que genera desplazamientos de personas que en muchas ocasiones llegan a Cali. Este año las autoridades de esa ciudad han recibido 8.775 declaraciones de personas que dicen ser víctimas.
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Buenaventura le da dos mensajes a la sociedad: tenemos que aprender a acoger a las personas que se ven obligadas a huir de sus tierras y a quienes buscan una segunda oportunidad después de haber integrado grupos armados.
¿Por qué ven a las víctimas como una oportunidad?
La mayor parte de las personas ven a las víctimas como un problema, y es cierto que estas traen problemas que requieren atención, pero nosotros las vemos como una oportunidad, porque también son personas que tienen saberes, que tienen muchas cosas de las cuales aprender.
¿Cómo evalúa la atención estatal para las víctimas?
Nosotros escuchamos a la gente, el Estado no escucha. El Estado atiende, pero no tiene tiempo para escuchar a las personas. El Estado quiere atender las víctimas, pero resulta que la ayuda humanitaria que debería ser inmediata se le da a la víctima muchas veces un año después de que ha hecho su declaración ante la institucionalidad. Segundo, la atención es fragmentada. Se prestan los servicios de salud por un lado, en la Unidad de Víctimas se prestan las ayudas de atención humanitaria y, como se fragmentan los servicios, no se conoce lo que realmente les está ocurriendo a las víctimas. Sabemos que el hecho de que la víctima pueda ejercer sus derechos, recupera la salud mental, pero hay que tener mucho cuidado en la atención. El Estado, por ejemplo, le dice a una víctima que no es víctima porque dice que viene del Cauca y en la base de datos tienen registrado que estaba en otro sitio. No hace un verdadero análisis y desconoce los fenómenos de movilidad de las personas en la Costa Pacífica. Tenemos casos de víctimas que han ido a dar al hospital psiquiátrico porque se han sentido muy mal después de que les negaron la inclusión en el registro único, dicen que las tratan de mentirosos, que no le creen. Dicen que por el hecho de ser pobre de la Costa Pacífica y no ser estudiado, no les creen.
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¿Cuáles son los estigmas más extendidos sobre las víctimas?
Las víctimas son vistas como un problema para la ciudad. Mucha gente dice, refiriéndose a quienes viven en el distrito de Aguablanca, que la solución es que dejen de traer personas a Cali, que no hay que atenderlas para que no lleguen. Lo mismo que pasa con los venezolanos.
¿Cómo acabar con esos estigmas?
Mostrando que las víctimas son personas que requieren acogimiento, solidaridad, que han sufrido y que pueden aportar a la ciudad sus conocimientos y su trabajo. Son ciudadanos y convivientes.
¿Por qué deberíamos acoger a los excombatientes?
Nosotros hablamos del perdón. La persona que realmente se está desmovilizando y que quiere regresar y reintegrarse a la sociedad, ¿por qué no recibirla? Es cierto que si ha cometido delitos tiene que pagar por sus faltas, porque si no estaríamos incurriendo en una sociedad sin justicia.
¿Cómo hacer para que la comunidad acoja a quienes le hicieron daño?
Por eso hay que trabajar la parte jurídica y la parte psicosocial de la mano. No se puede regresarle las piernas a una mujer que las perdió por una bomba, pero sí se puede orientarla para que el Estado la repare, para que se le restituyan sus derechos y para que sea ciudadana, conviviente y que sea acogida. El acogimiento social es muy importante, que la gente le brinde apoyo para que esa persona pueda superar las secuelas emocionales.
¿Cómo está el desplazamiento en el Pacífico en estos años?
En este momento nuevamente está llegando mucha población de Nariño y del Cauca. En Argelia (Cauca), como es corredor del narcotráfico, se ha recrudecido el conflicto, y eso lo ha hecho un municipio expulsor como todos esos municipios del Cauca, de la costa de Nariño. Esas personas llegan a Cali, al distrito de Aguablanca.
¿Cómo está respondiendo la institucionalidad ante ese desplazamiento en el Pacífico?
Se demora mucho. A una persona que hace la declaración, se le demoran entre dos meses y tres en responderle si la van a incluir o no. En ese momento le dan una resolución, donde le dicen todos los derechos que tiene, pero las ayudas reales llegan seis u ocho meses después de que la persona ha llegado acá a Cali. Nosotros lo que hacemos es ayudarles a exigir sus derechos frente a la institucionalidad, y tratamos de ubicarlas. Solivida dice que la atención humanitaria de las víctimas la hacen otros pobres, porque estas personas llegan a la casa de un familiar, a la casa de un amigo, de un paisano, y allí se adaptan y consiguen un techo así. No es el Estado el que les está brindando la atención humanitaria que debería ser urgente e inmediata, es la población pobre del distrito de Aguablanca. Unos pobres ayudando a otros pobres.
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¿En qué ha avanzado el Estado?
En cuanto a los derechos ha mejorado mucho el acceso a la salud y a la educación. Antes teníamos muchos problemas con la entrega de medicamentos. Lo que vemos que no mejora es el problema de vivienda, el empleo y el tema de los desaparecidos, que está muy paralizado.
¿Llegan muchos casos de desaparición forzada?
Sí. También llegan muchos casos de mujeres violadas y de muertos en la familia.
¿Por qué dice que la respuesta estatal está paralizada en cuanto a la desaparición forzada?
Es un tema que no sabemos ni cómo abordar, porque no pasa nada. Uno pone una denuncia y le dicen que el Estado tiene dos años para investigar y para encontrarlo. Si pasan los dos años y se hace un proceso de muerte por desaparecimiento y quedó listo, desaparecido, y no pasó nada. Fuera de eso el impacto emocional de la víctima es mucho más grave que si le hubieran matado a la persona, porque el hecho de tener un miembro de la familia desaparecido es una zozobra constante, no poder hacer el duelo, porque no se sabe si está vivo o muerto.
¿Cuáles son esos problemas psicosociales que ustedes están detectando de quienes llegan de Cauca y Nariño?
El desempleo es el principal problema. No hay empleo en Cali para quienes habitan hace tiempo, mucho menos para los que están llegando.
¿Cómo es la situación de derechos de las mujeres que llegan desplazadas?
La mujer consigue trabajo más fácil, sea como empleada del servicio doméstico, vendiendo artesanías, en general, o en ventas ambulantes. Eso trae cambios en los roles de la familia, problemas de violencia intrafamiliar y otro tipo de conflictos.
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¿Qué significa ganarse ese premio?
Una oportunidad de fortalecer la organización y de intercambiar conocimientos con otros países, como Alemania y Francia, que han tenido experiencias con las guerras y del manejo de víctimas. Para nosotros es fundamental poder mostrar lo que estamos haciendo y aprender nuevas cosas para venir a desarrollarlas.
El Distrito de Aguablanca, en Cali, se configuró a partir de la llegada a esa ciudad de personas de diferentes zonas del país. Muchas de ellas lo hicieron huyendo de la guerra que se ensañaba con las poblaciones rurales. En 2016 la Alcaldía de Cali estimaba que llegaron entre 20 y 30 desplazados por semana a esa ciudad. Según esa entidad, el 80 % de las víctimas que residen en la ciudad viven en alguno de los 82 barrios que componen esa zona. Allí también han llegado excombatientes de diferentes grupos armados.
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La Asociación Solidarios por la Vida (Solivida) trabaja desde 1992 para garantizar los derechos de las víctimas y los excombatientes. Ayer, las embajadas de Francia y Alemania le entregaron el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño a esa organización. El jurado decidió entregarle esa distinción debido a “su acción preponderante en el acompañamiento jurídico y psicosocial a víctimas del conflicto”.
Las otras organizaciones distinguidas con una mención especial fueron Codhes y la Casa de la Mujer. Esta es la novena edición del premio que reconoce la divulgación, promoción, defensa y protección de los derechos humanos, inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que justo ayer cumplió 70 años de promulgada.
Pola Elisa Buenaventura, representante legal de Solivida, habla de los desafíos que tiene el país para atender a sus víctimas y acoger a quienes dejaron las armas. Hace un llamado sobre falencias estatales en la atención. Muestra especial preocupación por los casos de desaparición forzada y por la ola de violencia que se vive en los departamentos de Cauca y Nariño, que genera desplazamientos de personas que en muchas ocasiones llegan a Cali. Este año las autoridades de esa ciudad han recibido 8.775 declaraciones de personas que dicen ser víctimas.
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Buenaventura le da dos mensajes a la sociedad: tenemos que aprender a acoger a las personas que se ven obligadas a huir de sus tierras y a quienes buscan una segunda oportunidad después de haber integrado grupos armados.
¿Por qué ven a las víctimas como una oportunidad?
La mayor parte de las personas ven a las víctimas como un problema, y es cierto que estas traen problemas que requieren atención, pero nosotros las vemos como una oportunidad, porque también son personas que tienen saberes, que tienen muchas cosas de las cuales aprender.
¿Cómo evalúa la atención estatal para las víctimas?
Nosotros escuchamos a la gente, el Estado no escucha. El Estado atiende, pero no tiene tiempo para escuchar a las personas. El Estado quiere atender las víctimas, pero resulta que la ayuda humanitaria que debería ser inmediata se le da a la víctima muchas veces un año después de que ha hecho su declaración ante la institucionalidad. Segundo, la atención es fragmentada. Se prestan los servicios de salud por un lado, en la Unidad de Víctimas se prestan las ayudas de atención humanitaria y, como se fragmentan los servicios, no se conoce lo que realmente les está ocurriendo a las víctimas. Sabemos que el hecho de que la víctima pueda ejercer sus derechos, recupera la salud mental, pero hay que tener mucho cuidado en la atención. El Estado, por ejemplo, le dice a una víctima que no es víctima porque dice que viene del Cauca y en la base de datos tienen registrado que estaba en otro sitio. No hace un verdadero análisis y desconoce los fenómenos de movilidad de las personas en la Costa Pacífica. Tenemos casos de víctimas que han ido a dar al hospital psiquiátrico porque se han sentido muy mal después de que les negaron la inclusión en el registro único, dicen que las tratan de mentirosos, que no le creen. Dicen que por el hecho de ser pobre de la Costa Pacífica y no ser estudiado, no les creen.
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¿Cuáles son los estigmas más extendidos sobre las víctimas?
Las víctimas son vistas como un problema para la ciudad. Mucha gente dice, refiriéndose a quienes viven en el distrito de Aguablanca, que la solución es que dejen de traer personas a Cali, que no hay que atenderlas para que no lleguen. Lo mismo que pasa con los venezolanos.
¿Cómo acabar con esos estigmas?
Mostrando que las víctimas son personas que requieren acogimiento, solidaridad, que han sufrido y que pueden aportar a la ciudad sus conocimientos y su trabajo. Son ciudadanos y convivientes.
¿Por qué deberíamos acoger a los excombatientes?
Nosotros hablamos del perdón. La persona que realmente se está desmovilizando y que quiere regresar y reintegrarse a la sociedad, ¿por qué no recibirla? Es cierto que si ha cometido delitos tiene que pagar por sus faltas, porque si no estaríamos incurriendo en una sociedad sin justicia.
¿Cómo hacer para que la comunidad acoja a quienes le hicieron daño?
Por eso hay que trabajar la parte jurídica y la parte psicosocial de la mano. No se puede regresarle las piernas a una mujer que las perdió por una bomba, pero sí se puede orientarla para que el Estado la repare, para que se le restituyan sus derechos y para que sea ciudadana, conviviente y que sea acogida. El acogimiento social es muy importante, que la gente le brinde apoyo para que esa persona pueda superar las secuelas emocionales.
¿Cómo está el desplazamiento en el Pacífico en estos años?
En este momento nuevamente está llegando mucha población de Nariño y del Cauca. En Argelia (Cauca), como es corredor del narcotráfico, se ha recrudecido el conflicto, y eso lo ha hecho un municipio expulsor como todos esos municipios del Cauca, de la costa de Nariño. Esas personas llegan a Cali, al distrito de Aguablanca.
¿Cómo está respondiendo la institucionalidad ante ese desplazamiento en el Pacífico?
Se demora mucho. A una persona que hace la declaración, se le demoran entre dos meses y tres en responderle si la van a incluir o no. En ese momento le dan una resolución, donde le dicen todos los derechos que tiene, pero las ayudas reales llegan seis u ocho meses después de que la persona ha llegado acá a Cali. Nosotros lo que hacemos es ayudarles a exigir sus derechos frente a la institucionalidad, y tratamos de ubicarlas. Solivida dice que la atención humanitaria de las víctimas la hacen otros pobres, porque estas personas llegan a la casa de un familiar, a la casa de un amigo, de un paisano, y allí se adaptan y consiguen un techo así. No es el Estado el que les está brindando la atención humanitaria que debería ser urgente e inmediata, es la población pobre del distrito de Aguablanca. Unos pobres ayudando a otros pobres.
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¿En qué ha avanzado el Estado?
En cuanto a los derechos ha mejorado mucho el acceso a la salud y a la educación. Antes teníamos muchos problemas con la entrega de medicamentos. Lo que vemos que no mejora es el problema de vivienda, el empleo y el tema de los desaparecidos, que está muy paralizado.
¿Llegan muchos casos de desaparición forzada?
Sí. También llegan muchos casos de mujeres violadas y de muertos en la familia.
¿Por qué dice que la respuesta estatal está paralizada en cuanto a la desaparición forzada?
Es un tema que no sabemos ni cómo abordar, porque no pasa nada. Uno pone una denuncia y le dicen que el Estado tiene dos años para investigar y para encontrarlo. Si pasan los dos años y se hace un proceso de muerte por desaparecimiento y quedó listo, desaparecido, y no pasó nada. Fuera de eso el impacto emocional de la víctima es mucho más grave que si le hubieran matado a la persona, porque el hecho de tener un miembro de la familia desaparecido es una zozobra constante, no poder hacer el duelo, porque no se sabe si está vivo o muerto.
¿Cuáles son esos problemas psicosociales que ustedes están detectando de quienes llegan de Cauca y Nariño?
El desempleo es el principal problema. No hay empleo en Cali para quienes habitan hace tiempo, mucho menos para los que están llegando.
¿Cómo es la situación de derechos de las mujeres que llegan desplazadas?
La mujer consigue trabajo más fácil, sea como empleada del servicio doméstico, vendiendo artesanías, en general, o en ventas ambulantes. Eso trae cambios en los roles de la familia, problemas de violencia intrafamiliar y otro tipo de conflictos.
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¿Qué significa ganarse ese premio?
Una oportunidad de fortalecer la organización y de intercambiar conocimientos con otros países, como Alemania y Francia, que han tenido experiencias con las guerras y del manejo de víctimas. Para nosotros es fundamental poder mostrar lo que estamos haciendo y aprender nuevas cosas para venir a desarrollarlas.