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“El campesinado es sujeto político de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales”. Este es uno de los apartados que se agregará al artículo 64 de la Constitución Política, tras la aprobación en el Congreso, el pasado 13 de junio, del proyecto que reconoce al campesinado como sujeto político y de especial protección.
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, se refirió a esta decisión como histórica, y que responde a la reivindicación y las luchas del movimiento campesino por más de 100 años.
Esta población es considerada la principal víctima del conflicto armado. El 45,5 % de las violaciones de derechos humanos fueron en su contra, según la Comisión de la Verdad. La principal fue el abandono o despojo de tierras, con el 51 % de las víctimas.
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“Desde la Unidad veníamos trabajando en la creación de una ruta campesina y una mesa permanente con organizaciones con la que se busca reconocer y atender las particularidades de esta población no solo en su condición económica, sino también social, cultural, política y espiritual. La decisión del Congreso va muy en línea con lo que queremos implementar, que es reconocer la colectividad y lo comunitario de las apuestas campesinas”, explicó a Colombia+20 Paula Villa Vélez, directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
La ruta campesina: un camino para la restitución colectiva
Antes de que se aprobara este proyecto, la URT atendía las solicitudes de restitución de tierras campesinas a través de la ruta integral individual, estipulada en la Ley 1448 de 2011, con la que hasta el 30 de abril de este año se han recibido 145.437 solicitudes de restitución individual. En estos 12 años solo se ha resuelto el 34 %.
Ahora, esa entidad busca que el reconocimiento del campesinado como sujeto político ayude a fortalecer la restitución colectiva, una de las acciones de la ruta campesina con la que la URT busca establecer estrategias que atiendan no a un individuo, sino a su comunidad. Algo parecido ya se había hecho en la Ley 1448 con una ruta colectiva, pero que solo atiende casos de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, poblaciones a las que desde 1991 se les reconocen derechos sobre la tierra.
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“Para la Unidad es sumamente estratégico poder sobrepasar la idea del individuo a lo colectivo y comunitario, porque las afectaciones del despojo y abandono de tierras no solo afectaron al individuo, sino también a la organización campesina. Lo que deberíamos propender es a que se pueda restablecer no solo la tierra, sino también las relaciones territoriales y organizativas”, aseguró la directora jurídica de la URT.
En la modificación del artículo 64 se establece que el Estado velará por la “protección, respeto y garantía de los derechos individuales y colectivos” del campesinado desde las dimensiones económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales.
En diciembre de 2022, la Unidad de Restitución de Tierras creó la circular campesina para reconocer a esta población, identificar las dimensiones política, social, económica y cultural del movimiento campesino para así avanzar hacia la restitución y el acceso a derechos fundamentales. A través de la “Mesa permanente de trabajo de organizaciones campesinas” se busca implementar esta ruta de trabajo conjunto entre la URT y las organizaciones sobre cómo llevar a cabo una nueva forma de restitución campesina. Un primer encuentro se realizó en mayo pasado.
Para Alejandro Reyes, investigador de temas agrarios por más de 50 años, aunque el reconocimiento del Estado sea tardío, responde a resolver el patrón histórico de abandono que ha generado menor inversión pública y satisfacción de derechos.
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“Con el acto legislativo tendremos mayor peso constitucional y compromiso de reconocer el significado del lugar que habitan las comunidades rurales y las relaciones con el territorio que se tienen más allá de la agricultura, con el río, la minería artesanal y un montón de circunstancias que los hace ser”, afirmó Villa.
Además, recordó la explicación que una señora de la tercera edad del corregimiento de Salaminita, en Pivijay, Magdalena, de por qué quería su restitución en ese lugar y no en otro. “Ella me dijo que quería volver al lugar donde le habían nacido los dientes y es una forma clara del cordón umbilical que las comunidades campesinas también tienen con el territorio y sus sentires, entendiendo la multiculturalidad que hay alrededor del campesinado”.
Esta decisión podría cambiar la manera de restituir tierras a campesinos en el país.
El campesinado y el enfoque territorial del Acuerdo de Paz
Para el investigador Alejandro Reyes, saldar el déficit del reconocimiento del campesinado como un sujeto con estrecho contacto con la naturaleza, la producción agraria y unos lenguajes propios permite avanzar en la construcción del enfoque territorial establecido en el Acuerdo de Paz con las FARC de 2016.
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“El enfoque territorial es el núcleo y el alma del acuerdo agrario de La Habana y significa que la reforma rural que tenemos que hacer en el país va a tener que ser diferente en cada territorio. No solo por aspectos geográficos, sino también económicos, culturales y ancestrales de los territorios y de quienes habitan allí”, explicó Reyes.
Al entender las particularidades y las relaciones que tiene el campesinado con sus territorios, Reyes invita a comprender el desarrollo agrario del país desde la competitividad de los territorios rurales, donde es clave la restitución, los servicios públicos y la satisfacción de derechos para que se pueda hablar de integralidad en la reparación de esa población.