A mediodía y bajo un sol inclemente, de esos que solo se viven en el Pacífico chocoano, recorrimos las calles de Yuto, cabecera municipal del Atrato, junto a Acxan Duque Gámez, el nuevo director de la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Durante el recorrido, a orillas del río Atrato, recordó sus años de trabajo de defensa de derechos humanos y apoyo legal al Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca). “En la iglesia nos reuníamos a planear las misiones humanitarias y a orillas del Atrato nos embarcábamos para ir a apoyar a las comunidades”, recordó el director.
El abogado chocoano llegó al cargo luego del nombramiento de Jhenifer Mojica, anterior directora de esta dependencia, como ministra de agricultura del gobierno de Gustavo Petro.
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Diez días después de su posesión oficial que se realizó en las oficinas de la URT en Bogotá, el pasado 29 de mayo, Duque recibió de manos de Giovani Yule, director de la URT, una canaleta o remo como símbolo de las comunidad afrocolombianas del Pacífico para dar dirección en los procesos de restitución étnica del país. Esto se realizó en el marco de la restitución de derechos territoriales al consejo comunitario Cocomopoca, siendo esta entrega la primera restitución étnica en el departamento del Chocó.
¿Quién es Acxan Duque Gámez?
Nací en Quibdó en el departamento del Chocó, pero por las dinámicas laborales, mi mamá me llevó al corregimiento de Palermo en Támesis (Antioquia), en donde terminó de criarme y regresé al departamento a estudiar derecho en la Universidad Tecnológica del Chocó. Ahí me convertí en un líder estudiantil, fui representante del Consejo Académico y nos unimos a los movimientos sociales para la defensa del territorio, para ayudar a la construcción de infraestructura que se necesitaba en su momento porque todo lo que hay en el departamento del Chocó es gracias a los paros cívicos.
Estudiando me involucré con la Diócesis de Quibdó y empezamos a hacer procesos de alfabetización en el Bajo Atrato y eso me ayudó a tener una conciencia social. Una de mis alumnas se llamaba Dominga, ella ya murió pero no sabía leer ni escribir. Cuando le comencé a enseñar tenía más de 70 y pasados sus 80 años se graduó del bachillerato. Todo este proceso inició en el 2005, antes de graduarme de la universidad.
Al terminar mis estudios me vinculé a un proyecto muy bonito que era atención jurídica a la población desplazada, que me permitió adquirir conocimientos para ayudar a la población desplazada aquí en Quibdó. En ese momento logramos sentencias que permitieron apoyar y conseguir reparación para las personas en situación de desplazamiento. Así me vinculé con todo el combo de las organizaciones de población desplazada y eso me permitió trabajar con ACNUR y la Diócesis de Quibdó. Fui como el jurídico de las víctimas del conflicto armado y hacíamos el proceso de fortalecimiento y acciones legales.
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En ese momento me relacioné con Cocomopoca y con ellos presentamos la primera tutela en el país para proteger el derecho fundamental al territorio de grupos étnicos. Eso fue en el año 2008, aproximadamente, recorrimos todo el Medio y Alto Atrato. Continué con estos procesos y me vinculé al proyecto de protección de tierras y patrimonio de población desplazada, lo que hoy es la Unidad de Restitución de Tierras. Desde esa época que empecé como jurídico, logramos caracterizar e identificar muchos territorios para restituir tanto individuales como colectivos.
¿Cómo siguió su trayectoria profesional?
Estuve en la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación que me permitió apoyar a esas organizaciones de víctimas y consejos comunitarios en la búsqueda de la verdad. Luego decidí irme para Bogotá a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) donde trabajé nuevamente con víctimas por la defensa de sus derechos con un enfoque diferencial y étnico. También estuve en la Unidad de Víctimas apoyando que los temas étnicos, la reparación integral a las personas en el departamento del Chocó, y después me vinculé a la Dirección de Asuntos Técnicos de la Unidad de Víctimas para acompañar los procesos étnicos. Me retiré para ir a estudiar a Estados Unidos una maestría en derechos humanos y derecho humanitario en la American University Washington College of Law y regresé a seguir trabajando en temas de incidencia en temas étnicos.
Estuve una temporada en Chocó siendo jurídico de la Alcaldía de Quibdó y luego, regresé a Bogotá a continuar trabajando con Afrodes y la Unidad de Víctimas. Trabajé como procurador regional en el 2017 y después pasé a ser procurador judicial ambiental agrario para apoyar a todos los barrios que tenían problemas ambientales entonces yo era el que presentaba las acciones populares para la protección de sus derechos.
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Volví a Bogotá a la Alta Consejería de Paz para fortalecer el tema étnico en Bogotá y luego pasé a ser subdirector del Ministerio de Educación. Desde ahí pude organizar todo el protocolo de lucha contra el racismo y acciones diferenciales al interior de la universidad. Luego llegué al Consejo de Paz Afrocolombiano a continuar con el trabajo de incidencia política en toda la creación del enfoque étnico del Acuerdo de Paz de 2016.
¿Cómo llegó a ser el director de la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT?
Jhennifer Mojica, quien era la directora de la DAE, me dijo que fuera a trabajar con ella y yo me presenté para ser asesor y 16 horas después, le llega el nombramiento como ministra. Ella me dijo que la apoyara pero ahora siendo el director, y ser el reemplazo de la ministra es fuerte.
¿Qué retos asume con este nuevo cargo?
Tenemos varios retos que ella deja y es incrementar las actuaciones en materia administrativa porque en el proceso de restitución de tierras tenemos tres fases: lo administrativo, lo judicial y post fallo. Nosotros creamos toda la demanda, hacemos la caracterización social, identificamos los conflictos sociojurídicos y socioambientales, y organizamos la demanda para presentarla. En la etapa judicial hacemos todo el acompañamiento efectivo para que surja el fallo y una vez surge el fallo, hay un grupo que hace el seguimiento.
Actualmente tenemos cinco sentencias afro, es decir, ya se ordenó la restitución de tierras y se ordenó a otras instituciones adoptar medidas. Para pueblos indígenas tenemos más. Cerca de 88 casos de comunidades negras están en proceso administrativo y la idea es que de esas 88, por lo menos 20 ya entrarán en Instancia judicial y poder restituir los derechos.
Nosotros tenemos un reto y es cambiar los indicadores porque en un caso como el de Cocomopoca en Chocó que es un consejo comunitario ubicado en cuatro municipios con muchas hectáreas, pero cuando vas a ver el indicador, es solo uno. En lo individual se protegen 100 personas y esas 100 personas, ni siquiera es el 1% del territorio Cocomopoca.
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Si tenemos indicadores en relación a hectáreas con un solo territorio colectivo sube y recordemos que nosotros no sólo protegemos la tierra, sino también los derechos étnico territoriales, la autonomía, la autodeterminación, la gobernanza, la consulta previa, y la etnoeducación. Se protegen más derechos porque al tener seguridad jurídica y se restituye el territorio, hay otros derechos inmersos no solo materiales sino también espirituales como la ancestralidad.
Otro reto que tenemos es trabajar más con la judicatura porque muchos de los jueces, en ocasiones, no entienden que hay una relación mágico-espiritual con el territorio. Si ellos entienden que las medidas de protección van más allá y abarcan otras cosas entonces realmente podremos proteger los derechos de las comunidades. Nuestra apuesta es crear una oficina para el Chocó y fortalecer el equipo, tener más personas ambientales y sociales que tengan una visión étnica porque este es un departamento netamente étnico. Dentro del marco administrativo, incorporaremos más las afectaciones socioambientales, la diversidad y las afectaciones mágico-espirituales.
¿Cómo aplicarán el enfoque étnico en el trabajo con las comunidades?
Nosotros ahora ya no estamos haciendo un taller, sino un “Uramba”, es decir, una comitiva para hacer comida y trabajo comunitario, hacer “mano cambiada” con las organizaciones. Aunque tenemos operador logístico, sí se debe hacer todo de mano con las comunidades y si vamos a comer, será de la olla comunitaria. Ese tipo de cosas son las que estamos cambiando y también desde la apropiación del lenguaje. Esto va muy de la mano al mando del mayor Giovani Yule de crear convenios con las organizaciones para fortalecer las caracterizaciones, que no sean meramente técnicas.
¿Dónde están ubicadas las sentencias de restitución afro?
Están en Chocó con el consejo comunitario de Cocomopoca; tres en Cauca con los consejos comunitarios Pilamo y Palenque, Renacer Negro y Nueva Esperanza; y en Valle del Cauca con el consejo comunitario Río Yurumanguí. Lo que pretendemos es hacer mayores compromisos de la institucionalidad para que acompañe estos procesos porque no es solo que se restituya la tierra sino también los derechos étnico-territoriales y entran entidades como el Ministerio del Interior, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección, entre otras. Se les da unas órdenes a las instituciones para que cumplan.
Próximamente se cumplirán 12 años de la ley 1448 y la anterior directora afirmó que solo se ha avanzado el 3% de la restitución de tierras, ¿qué hace falta para avanzar con mayor celeridad?
Hace falta presupuesto y que las entidades entiendan que lo étnico es restituir derechos étnicoterritoriales. Hacer una caracterización en un territorio que todavía tiene presencia de grupos armados, es difícil. Las condiciones geográficas y climáticas de los territorios también complejizan, por ejemplo, en el Chocó la nubosidad y la selva no permiten tomar imágenes satelitales, hay que ir al territorio y eso es una inversión importante. En materia de lo étnico hay que entender que no solo se puede decir “este es el polígono” sino que hay otras relaciones mágico-espirituales sobre ese territorio, por eso es la demora.
En contexto: En 12 años, solo se ha resuelto el 3 % de casos de restitución étnica de tierras
Este gobierno ha permitido incrementar el recurso para lo étnico y eso representa poder llegar a los territorios y por eso los procesos de restitución étnica van lentos porque se requiere de otro tipo de caracterizaciones y se requiere de más tiempo, recursos y de un equipo técnico que avance. Se necesitan cambios administrativos para agilizar nuestra llegada a los territorios y avanzar en la restitución étnica. Para este año, yo estoy muy comprometido a que por lo menos, presentemos varias demandas que nos impliquen en dos años ya tener fallos y esos fallos, van a proteger vidas al proteger el territorio.
Con estos casi 20 años de trabajo con víctimas del conflicto armado, ¿se ha visto expuesto a episodios de violencia contra su vida?
Yo he vivido amenazas, intimidaciones con la gente y nunca me he declarado víctima y no creo que lo haga. Sigo apoyando a las comunidades pero con esa teoría de cuidado al cuidador sí me parece importante porque, sin duda, uno se carga de todo lo que se vive y hay culpas que pesan de situaciones que se salieron de las manos. Estar ahora desde la dirección de asuntos étnicos de la URT, volver a encontrarme con personas que hace mucho no veía para mí significa mucho porque todo el proceso de formación que hice con las comunidades valió la pena y ahorita puedo trabajar para devolverles algo de tranquilidad.
Lograr imprimirle a la Dirección de Asuntos Técnicos ese concepto real, devolverle a los grupos étnicos una dirección, darle ese nuevo rol y un enfoque desde el que llamamos las cosas diferentes. Me siento “en mi salsa” porque es algo que he venido acompañando y trabajando por años desde diferentes aristas. Es liberador y placentero poder trabajar con las comunidades las cuales son mi proyecto de vida.