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Una reciente auditoría forense realizada al Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV) y que fue solicitada por la directora de la entidad, Patricia Tobón, dejó al descubierto posibles irregularidades que resultaron en la pérdida de poco más de 4.200 millones de pesos, destinados para las víctimas en el país.
El informe, que se dio a conocer justamente este 9 de abril, día nacional de las víctimas, también reveló anomalías en la contratación de bienes y servicios durante el periodo 2018-2022. “Este análisis fue realizado luego de una solicitud de la actual administración de la Unidad para las Víctimas, con el fin de lograr un diagnóstico del estado del Fondo y así determinar posibles irregularidades en el manejo de los bienes destinados a la reparación de las víctimas reconocidas en las sentencias de la Ley de Justicia y Paz. La auditoría fue realizada por la Secretaría de Transparencia”, dijo la Unidad de Víctimas.
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Según la auditoría, la principal causa del detrimento de los 4.200 millones de pesos es porque se pudo identificar que, “en algunos casos, no se consideró el área total de los inmuebles a la hora de calcular los cánones mensuales de arrendamiento, lo que resultó en valores muy por debajo del precio correspondiente a la realidad de los inmuebles”, dice la Unidad de Víctimas que explica que esa irregularidad causó la pérdida de 3.786 millones de pesos entre 2018 y 2022.
Otras de las causas de este detrimento fue que el canon de arrendamiento reportado era inferior al de la estimación, causando perdidas por otros 98 millones de pesos “A sabiendas de que las estimaciones estaban por debajo del valor real, estos cánones eran avalados por los mismos funcionarios, faltando al principio de transparencia en los procesos de arrendamiento de inmuebles del Fondo para la Reparación (...) se realizaron estimaciones de cánones de arrendamiento sin verificaciones ni labores de campo”, dice la Unidad.
Esa entidad citó el informe de la auditoría que dice que: “al no realizar visitas a los predios, sus estimaciones carecen de soporte y veracidad porque desconocen las condiciones físicas y productivas de estos. En consecuencia, el método utilizado para el cálculo carecía de soporte”.
Además, se dice que entre 2018 y 2022, “grupos de contratistas variaron los nombres de sus empresas para acaparar los contratos, superando una suma de 84.000 millones de pesos”. De acuerdo con la auditoría, dicho detrimento fue posible debido a la ausencia de control y transparencia en los procesos de contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión: “Esta concentración de la contratación se vincula con irregularidades en la ejecución de los contratos”.
¿Qué ha hecho la Unidad de Víctimas?
De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, “ha sido una prioridad, recuperar y proteger los recursos públicos dirigidos”. La entidad empezó a identificar el estado real de los bienes que administra el fondo, se empezó la reconstrucción, recuperación y custodia de archivos y expedientes de cada bienes y algunas acciones judiciales y administrativas.
“Realizamos procesos de saneamiento con alcaldías, empresas de servicios públicas, oficina de instrumentos públicos, Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otros. Se iniciaron las acciones judiciales para la restitución de los bienes arrendados por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad”, dijo la Unidad.
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