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La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, denunció este martes presuntas irregularidades de miembros del Congreso de la República en el trámite de la reforma a la Ley de Víctimas, que se presentó al Legislativo desde septiembre del año pasado.
“Hoy los congresistas tienen la responsabilidad de sacar adelante este debate, pero también debo decir la verdad: nosotros tenemos en el Congreso una omisión legislativa para sacar la Ley de Víctimas como la propuso el Gobierno Nacional”, dijo Tobón durante su participación en el foro “Un camino con las víctimas”, organizado por El Espectador, Codhes y Usaid.
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No puede ser que unos congresistas pagados por el Estado retrasen los debates más importantes de justicia social y equidad. Que los retrasen porque tienen que solicitar los cargos de las entidades públicas porque si no, no avanzan.”
Patricia Tobón, directora de la Unidad de Víctimas
La directora agregó que gran parte de los recursos de la Unidad de víctimas “se han perdido porque se han entregado a la burocracia, se han perdido porque se han priorizado la agenda política y no la agenda de las víctimas. Y hoy que estamos haciendo un esfuerzo muy grande anticorrupción, para que la plata se estire, para que le llegue a las comunidades, no se le puede entregar a los corruptos del país y a la mermelada de las burocracias del Congreso. No puedo hacer eso”.
Uno de los principales temas que el Gobierno Nacional desarrolló en la propuesta de reforma a la Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Víctimas, busca solventar un tema que ha sido el palo en la rueda de la ley: los recursos disponibles.
Además: Un billón de pesos más y otras propuestas de bancada de paz para reparar víctimas.
En su momento, la Unidad de Víctimas explicó se espera que con los ajustes a la ley se pueda “comprometer, desde el más alto Gobierno, la búsqueda de diversas fuentes de financiación para lograr los recursos que requiere la reparación a las víctimas, con la creación de una Comisión de Financiamiento”.
Durante el foro de este martes, la directora Tobón criticó las demoras para debatir la reforma a la ley: “No puede ser que unos congresistas pagados por el Estado, por la ciudadanía, que tienen una agenda legislativa, retrasen los debates más importantes de justicia social y equidad. Que los retrasen porque tienen que solicitar los cargos de las entidades públicas porque si no, no avanzan”.
La funcionaria reiteró que la necesidad de avanzar en la reforma de la ley no es solo una petición de las víctimas, sino una orden de la Corte Constitucional.