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Rider Pai Nastacuas es de lento hablar, pero de memoria detallada. Los recuerdos más vivos de su infancia son en el resguardo indígena Tortugaña en Telembí, una de las 13 subregiones del departamento de Nariño. “Crecí rodeado del río Telembí. Había plataneras, maiceras, una selva espesa a la que teníamos que aprender a temer, pero también a atravesar. Eso era vivir el territorio, eso es lo que hemos perdido y esa será nuestra extinción”, dice Pai, consejero mayor de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), una organización que reúne al menos a 32 resguardos de esa comunidad.
Su terrible sentencia no es mentira. El pueblo indígena awá enfrenta desde hace años un riesgo de exterminio físico y cultural a causa del conflicto armado, la apropiación de sus tierras y las precarias condiciones de seguridad que afectan a los resguardos que lo componen. Con el tránsito sin piedad de los grupos armados y el evidente abandono del Estado, hace 33 años decidieron crear la Unipa para luchar por la defensa de los derechos al territorio, la autonomía y la conservación de su cultura.
Por esas tres décadas de trabajo en los cinco municipios de Nariño, donde se ubican los 26.000 indígenas que conforman la población awá, el miércoles los embajadores de Francia y Alemania, Frédéric Doré y Martina Klumpp, le otorgaron a esta organización el premio franco-alemán de derechos humanos Antonio Nariño. Junto al diploma de reconocimiento y un trofeo, la Unipa recibió un premio de 2.000 euros para invertir directamente en sus proyectos.
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Este galardón reconoce a nivel nacional e internacional actividades, así como proyectos con enfoque sobre la divulgación, promoción, defensa y protección efectivas de los derechos humanos, en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El jurado estuvo compuesto, además de los embajadores de Francia y Alemania, por el representante para Colombia de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y el Caribe, y por dos representantes elegidos por los miembros permanentes.
Uno de los logros más significativos de la Unipa desde su creación fue la recuperación de sus territorios ancestrales. De los 32 resguardos, 29 ya son zonas que pasaron de ser considerados como baldíos a ser tierras legalmente constituidas.
“Tenemos unas 230.000 hectáreas de tierras y ya nos queda muy poco para terminar la titulación de todas. Unas pocas más las perdimos por la invasión de colonos, pero la mayoría de los territorios -que son colectivos- logramos recuperarlos para nuestros resguardos”, dice Pai.
La Unipa tiene jurisdicción en Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Samaniego y Roberto Payán, todas zonas particularmente azotadas por los grupos armados, el narcotráfico (especialmente Tumaco por su salida al mar) y por el reclutamiento forzado. La región fue dominada por las extintas FARC, pero tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la disputa territorial empezó a darse entre las dos disidencias de esa antigua guerrilla: la columna Urías Rondón del Comando Coordinador de Occidente de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC), el Bloque Occidental Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, el frente Óliver Sinisterra y los Contadores (adscritos al frente 21 Iván Ríos).
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En el informe de 2022, de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la mayor afectación de ese año para los awás fue el desplazamiento forzado y, según Pai, hoy podría sumarse el confinamiento.
El trabajo de la Unipa se ha dado en medio de esos enfrentamientos que, paradójicamente, no son el riesgo más grave que enfrentan. “Nuestra situación más grave -aparte de la invasión de nuestro territorio- es la contaminación del medio ambiente, porque eso no ha impedido vivir el territorio que es nuestro sentir y nuestro propósito. Primero fue el glifosato, luego la deforestación, la minería ilegal y la zona de frontera donde vivimos que es nuestra gran riqueza, pero al tiempo nuestra gran amenaza”, explica Pai.
Esa relación de los indígenas awás con su tierra herida es lo que ha intentado preservar por tres décadas la Unipa como prevención para su exterminación cultural y física.
Por eso, algunos de los trabajos de la organización han sido la implementación de medios de comunicación locales, como la emisora indígena en la que se escucha el awapit, el idioma de los awás.
Además, tienen instituciones educativas -con profesores indígenas- y son de los pocos que tienen IPSI o instituciones promotoras de salud con enfoque étnico.
También se promueve la inclusión desde temprana edad de niños y niñas en las instancias de las autoridades indígenas, como una forma de preservar su identidad amenazada por “gente externa”, como ellos lo llaman.
En 2009, la Corte Constitucional alertó del riesgo inminente de desaparición física y cultural de este pueblo, y ordenó una protección especial, la que aún no se cumple. Para la Unipa, este premio busca visibilizar esa situación y sumar más “amigos solidarios”, que son quienes los han ayudado en este tiempo.
Desde su creación, el premio franco-alemán ha recompensado la labor de asociaciones de derechos humanos de distintas regiones colombianas como la defensora Leonor Zalabata (2019) -hoy representante de Colombia ante la ONU-; el proyecto Frater (2020), Petra Mujeres Valientes (2021) y PAZame el Balón (2022).