Se llama Tania Arroyave Bonilla, pero dice que si pudiera sacar un nuevo registro de nacimiento, su tercer apellido sería Unión Patriótica.
La historia de ese partido político, que sufrió exterminio sistemático por más de 20 años, se empezó a dibujar a punzadas en su memoria desde que era una niña y entendió que las amenazas a su padre y a su hermana, quienes hacían parte de la Unión Patriótica (UP), también eran para ella.
“Yo nací en la guerra y a mis 52 años todavía estoy en medio de la guerra. Cuando era muy pequeña la persecución en mi casa era terrible, tanto que mi padre dormía muchas veces en el monte. Él nunca estudió, pero mantenía su biblioteca en medio de su pobreza económica. Llegaba el Ejército, la Policía, nos allanaba, botaba todo. A mi padre lo amarraban de los pies, ponían bolsas en su cabeza. Decían que él tenía que saber quiénes eran los jefes de la guerrilla”, cuenta Tania mientras busca en la memoria vaporosa sus primeros recuerdos de la violencia.
Pedro Nel Arroyave, el padre de Tania, comenzó su vida política como concejal del Partido Comunista en el municipio Vista Hermosa (Meta), pero más tarde se unió como militante a la UP, que surgió en 1985 como resultado del proceso de paz entre el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC.
Aunque ese movimiento vinculaba a comunistas, sectores sociales e incluso miembros liberales y conservadores, desde su creación fue señalado y estigmatizado de ser el brazo político de las FARC. Con la unión de paramilitares y miembros del Estado, más de 6.000 integrantes de la UP fueron víctimas de asesinatos, desapariciones, amenazas y exilios. Solo entre 1985 y 1993 más de 1.200 personas sufrieron esos vejámenes.
Pablo Arenales, coordinador nacional de víctimas de la Unión Patriótica, es enfático en decir que todo este caso, un entramado más de la connivencia entre fuerzas del orden legales e ilegales, se ha podido registrar gracias a las mujeres —cuyos familiares fueron las víctimas— que no dejaron nunca morir la causa. Mujeres como Tania, que, según Arenales, son más o menos el 70 % de las 3.000 familias que representa la Coordinación Nacional de Víctimas de la UP, y quienes durante casi 30 años han luchado por denunciar y encontrar la verdad.
La desaparición forzada de sus dos hermanos fue solo el comienzo de la tragedia que Tania carga a cuestas porque tres años después asesinaron a Luz Marina Arroyave, otra de sus hermanas.
“Sabemos que no están documentadas todas las víctimas, pero quienes han sido muy dedicadas en este trabajo han sido las mujeres, precisamente pensando en que no pueden quedar en la impunidad estos casos. Creo que eso tiene un fruto y es la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, asegura Arenales.
En efecto, en un fallo histórico, el 30 de enero de 2023, la Corte IDH declaró al Estado colombiano responsable del exterminio de los miembros de la UP por las múltiples violaciones a sus derechos humanos, entre ellos, sus derechos políticos. Esa instancia judicial ordenó, además, crear la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica, cuya tarea es encontrar a las miles de personas afectadas para que puedan acceder a medidas de reparación.
“Las mujeres perdieron los hijos, los esposos, los hermanos porque la mayoría de las víctimas de la UP fueron hombres. Así que hemos tenido una lucha intensa porque es todo un legado, toda una responsabilidad de seguir llevando el nombre de la Unión Patriótica, de denunciar los hechos victimizantes con miedo o sin miedo”, dice Tania, y enseguida esboza una sonrisa melancólica que no logra retener.
Luz Marina Hache, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), del que Tania hace parte en el capítulo Bogotá, dice que esa resistencia nace de su percepción de las mujeres como dadoras de vida. “Ese amor que uno siente por su pareja, por su hermano, su hermana, es lo que ha hecho que las mujeres siempre estén en la lucha”.
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Perder a su padre y a sus tres hermanos
El ambiente se torna duro y punzante. Tania toma una bocanada de aire y lo suelta para lanzar en una ráfaga la palabra que resume lo que han sido sus 52 años de vida: “Persecución, persecución, persecución”. Y qué duda cabe.
En 1985, Tania vio cómo su familia empezó a hacerse cada vez más pequeña. Un día de enero, Iván y Eulises, dos de sus hermanos (de 18 y 19 años), salieron a conseguir plátanos y nunca regresaron. Esa desaparición forzada fue solo el comienzo de la tragedia que Tania carga a cuestas porque tres años después asesinaron a Luz Marina Arroyave, otra de sus hermanas.
Al igual que su papá, Luz Marina se había inclinado por la política y cuando nació la UP se convirtió en la primera secretaria del movimiento político en el municipio de Vista Hermosa. “La persecución a ella empezó a ser una cosa impresionante. Ya no mandaban a la casa sufragios a nombre de mi papá, sino a nombre de todos juntos. A mí el Ejército me esperaba en la puerta del colegio cuando salía y me investigaban hasta llegar a la puerta de la casa. Una amenaza tras otra”, cuenta Tania.
Luz Marina tenía 26 años, una hija de dos años y una de cinco meses. En 2014, su asesinato fue declarado crimen de lesa humanidad, tras una investigación de la Fiscalía que se concentró en los casos de miembros de la UP que fueron perpetrados por paramilitares. Solo un mes después de su muerte, la familia de Tania tuvo que huir a Bogotá. Pedro Nel Arroyave había denunciado públicamente quiénes eran los responsables de ese crimen y de los hechos violentos que se presentaban contra los miembros de la Unión Patriótica. “Eso lo hizo ser el peor, el blanco de todas las persecuciones y nos tuvimos que ir”, recuerda Tania.
Aunque no lo dice literalmente, su testimonio confirma que no ha podido conocer la tranquilidad.
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—¿A quién necesita?
—A la familia de don Pedro Nel Arroyave —escuchó decir Tania a un hombre al otro lado del teléfono.
—Qué pena, pero mi padre no tiene razoneros. Pásemelo.
–Oiga, niña, mañana se van a dar cuenta dónde estaba su papá.
Ese 24 de enero de 1989, Tania, la niña de 15 años que solo tenía unos meses de haber llegado a Bogotá, supo que en las dunas de su dolor tendría que enterrar a un muerto más. Así se hizo una mujer buscadora.
Caminar y preguntar. Volver a caminar y a preguntar, como si la angustia fuera suficiente para descifrar los caminos que la llevarían a encontrar a su padre. Al quinto día, Tania llegó a una morgue de Medicina Legal y confirmó lo que sabía: a Pedro Nel Arroyave lo habían matado. Tenía señales de tortura. “Hace algunos meses, su asesinato fue considerado crimen de guerra y crimen de lesa humanidad”, asegura Walter Mondragón, el abogado que lleva el caso de los Arroyave Bonilla.
La familia de Pedro Nel no tenía cómo pagar las honras fúnebres, pero con ayuda de miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, logró velarlo en el salón comunal del barrio Policarpa. “Ese día llegó la Policía y nos sacó porque nos iban a bombardear con todos adentro. Los paramilitares decían que no iban a dejar ‘ni los huevos’, o sea a los siete niños que había en mi casa. A todos nos iban a matar”, detalla.
Tania cuenta ese momento con una naturalidad pasmosa. Tal vez porque no podría decir cuántas veces ha sentido que la muerte le toca el hombro y le lanza una mirada desafiante. El último de esos episodios ocurrió hace un poco más de un año. La escena fue algo así: una calle oscura de Bogotá, una mujer —Tania— que caminaba sola, un hombre que sin escrúpulos le decía que la iba a matar.
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Esa misma noche, Tania tuvo que abandonar su casa y Bogotá. Ya no se sentía invencible. “Cuando era joven y decidí hacer todo esto, creía que podía con todo, pero el talón de Aquiles de la mayoría son los hijos y por ese miedo se deja de hacer muchas cosas y se calla uno muchas cosas”, señala.
Julián Valderrama Arroyave, uno de sus hijos, asegura que durante su niñez, su madre se guardaba mucha información sobre los hostigamientos para protegerlo a él y a sus dos hermanos. Pero más tarde fue comprendiendo no solo la historia de su familia, sino la importancia del trabajo de ella y el de tantas mujeres que se han echado sobre sus hombros el caso de la Unión Patriótica.
“Se me hace que la labor que ella está haciendo es demasiado útil para Colombia. Aunque nosotros —sus hijos— sabemos que esto puede tener otras consecuencias un poco más negativas frente a la historia que estamos viviendo, porque no hemos cerrado ese conflicto todavía, yo nunca le he dicho a mi mamá que pare”, añade.
“Desplazados, asesinados, desaparecidos y amenazados, pero no acabados”
En una tela blanca que bordó una de las hermanas de Tania aparecen los miembros de la familia Arroyave Bonilla que lograron salir de Vista Hermosa: Tania, Yuri, Giovani, Xiomara, Pedro Nel, Nelly, Yuleidy, Magnolia, Karen y Daira. Sobre ellos, unas letras bordadas que sintetizan la historia: “Desplazados, asesinados, desaparecidos y amenazados, pero no acabados”.
No acabados. Esas palabras parece que calaran en los huesos de Tania y allí, hechas tan suyas, le conservaran la esperanza de que sus hermanos no se hayan quedado para siempre siendo los adolescentes de 18 y 19 años.
“Creo que no hay un ser más resistente en la búsqueda de justicia para sus seres queridos que las mujeres. Tania ha estado ahí siempre luchando para que todos esos hechos que le ocurrieron a sus familiares y a ella misma no queden en la impunidad. Es una mujer muy valiente, de esas que nos han enseñado a no decaer en esta lucha, a persistir por la vida y por la paz de este país”, dice Arenales.
Tania aprendió la persistencia por encontrar la verdad de María Nelly Bonilla, su madre, quien en 2012 sacó del silencio el caso de su familia y lo vinculó a la corporación Reiniciar, que se ha encargado de la defensa de los derechos humanos de las víctimas de la Unión Patriótica.
Ese mismo año, Tania denunció el crimen ante la Personería. De allí la enviaron a Justicia y Paz, donde ordenaron que les tomaran las muestras de ADN a ella, su madre y otro de sus hermanos —para el caso de Iván y Eulises—, pero dice que un día preguntó a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y le dijeron que solo tienen las muestras de ella. Las otras no existen.
“El crimen de los hermanos de Tania está en la absoluta impunidad porque la Unidad de Búsqueda no da abasto para buscar a la gente y todavía no tiene un plan concreto para encontrarlos a ellos”, señala Luz Marina Hache, la portavoz del Movice.
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Para Tania, quedarse esperando respuestas de esa entidad no es una opción. Pregunta. Busca. Pide ayuda. Publica en sus redes sociales imágenes de sus hermanos. Contacta a personas en otras regiones, a líderes de la UP, a cualquiera que le pueda brindar algo de información. Sigue en su búsqueda, como ella la llama, empírica.
Esa es parte de la tarea a la que se ha dedicado la población buscadora del país que, según la Fundación Nydia Érika Bautista, está compuesta en un 95 % por mujeres. Hache, la portavoz del Movice, explica que la mayoría de ellas son de la tercera edad. “Exceptuando, por ejemplo, a Tania, en el Movice somos personas mayores. Por eso, estamos mirando quiénes van a reemplazarnos en ese legado histórico que tienen organizaciones como esta”, añade la portavoz de ese movimiento.
Esa preocupación coincide con una que golpea con frecuencia a Tania: se necesita quienes sigan en la lucha no solo por buscar a los desaparecidos y denunciar los hechos victimizantes, sino también por deslegitimar del imaginario colectivo que la UP es sinónimo de guerrilla.
“Es un estigma que no podemos desconocer. La sociedad en general cree que quienes se vincularon a la UP son de la guerrilla y no es así. Hace falta educación para que conozcamos de fondo cómo nació la Unión Patriótica y por qué hoy todavía los que quedamos seguimos luchando por esos ideales”, señala Tania, y sus manos, antes aferradas la una a la otra, se abren, como si quisieran confirmar sus palabras.
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¿Qué queda cuando la guerra se empeña en arrebatarle a alguien todo? ¿Cómo sanar? ¿Dónde encontrar un lugar en el que se pueda arrinconar el miedo?
Tania busca esas respuestas, pero no las encuentra. En algunos momentos ha sentido respiros al alma, como cuando el caso de su hermana fue declarado crimen de lesa humanidad o cuando la Corte IDH condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica, aunque para Tania, quien es parte de la subcomisión que le hace seguimiento a esa sentencia, el término correcto es “genocidio”. Pero nada de eso no es suficiente y no sabe si algún día algo lo será.
“Creo que el caso de la familia de Tania es uno de los que más menciones tiene en la sentencia de la Corte. De todas maneras, tampoco podemos decir que sea a lo que uno aspira, pues la justicia colombiana tiene fallas en el tema de la impunidad. Yo diría que la búsqueda de las personas desaparecidas es en lo que el Estado está más atrasado”, afirma el abogado Mondragón.
El lastre de la intranquilidad de Tania sigue siendo encontrar a sus hermanos. “Esto es agotador. Las víctimas estamos enfermas de todo tipo de dolor. Si encuentro a mis hermanos habría una gran parte de descanso. Pero hay mucha gente que queda en el camino, entonces yo creo que continuaría para ayudarlos”.
Su hijo Julián señala que en un par de ocasiones escuchó a Tania decir que no podía más. “No porque se quisiera rendir, sino porque las instancias del propio Estado como que no le permitían avanzar en ese proceso y creo que no solo ella, sino a muchas de las personas que estuvieron en el caso de la UP, pero afortunadamente mi mamá nunca se ha rendido”.
Tania continúa en la lucha por sus hermanos, su padre, su madre, sus hijos, por ella misma y por todas las víctimas que ha dejado la persecución contra la Unión Patriótica. Tal vez en esa tarea encuentra un remedio contra el desasosiego, una forma de apaciguar la incertidumbre, de no rendirse ante las sombras de la guerra.
“Fuimos los más fuertes los que quedamos para afrontar todo esto, pero creo que tal vez me moriré y no logro sanar”, confiesa Tania y, con las pestañas empapadas, la mujer de palabras firmes se diluye.
