Universidad Nacional: 35 años después de la masacre del 16 de mayo

Ese año representa una ruptura para la historia de la Universidad y su comunidad, la magnitud de los hechos ocurridos el 16 de mayo fueron la antesala del cierre que se prolongo durante aproximadamente un año y que ocasionó una deserción masiva de estudiantes, así como una transformación de su campus y su funcionamiento.

Durante las décadas del sesenta e inicios de los ochenta los gobiernos del Frente Nacional (1958-1974) pusieron en marcha una serie de reformas educativas que tenían como finalidad el aumento sostenido del presupuesto para las universidades, la creación de instancias administrativas para la supervisión, (Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN y el Fondo Nacional de Universidades) y la centralización del ingreso de ayudas económicas y de asistencia técnica educativa, en el marco de la Alianza para el Progreso (1961-1974).

Estas reformas impulsaron un proceso de modernización y democratización de la educación, lo que se vio reflejado en un crecimiento paulatino del sistema educativo. En el caso de la Universidad Nacional (UN), que históricamente había estado asociada a las élites capitalinas, se produjo una llegada masiva de Colonias Estudiantiles conformadas por jóvenes provenientes de los profundos territorios nacionales y que generalmente pertenecían a clases populares.

Para atender el crecimiento de la población estudiantil se construyeron las residencias universitarias el 10 de mayo (1962), se puso en funcionamiento el Comedor Universitario y las residencias Uriel Gutiérrez (1965); además la UN puso en marcha una estrategia de Bienestar Estudiantil que contemplaba programas de alojamiento y alimentación para los y las estudiantes llegados de otras regiones del país, que de manera distinta no habrían logrado garantizar su estancia en la Universidad.

En noviembre de 1976, luego de una década de funcionamiento, el Consejo Superior Universitario -CSU bajo el argumento no justificado de que las residencias representaban un problema de orden público decidió suspender indefinidamente el programa de alojamiento estudiantil. Esto generó una disminución considerable de la capacidad de albergue de las residencias, que pasaron de tener 4.000 personas a un aproximado de 500; solamente quedaron habilitadas las residencias femeninas (hoy edificio Manuel Ancizar) y algunos bloques destinados a parejas casadas y con hijos. El cierre ocasionó una deserción significativa de estudiantes.

Tras casi seis años del cierre, en septiembre de 1982, se inició un movimiento de recuperación que promovió la ocupación de los edificios desalojados y que se mantenían sin un uso particular. Esta iniciativa permitió la apertura de espacios de negociación con las directivas de la universidad en cabeza de Fernando Sánchez Torres, la negociación derivó en acuerdos para la regularización de los residentes. Estos acuerdos se pusieron en marcha en abril de 1984 en medio de un proceso de agudización de la conflictividad social y política del país.

El aumento del conflicto nacional, así como de la persecución al movimiento estudiantil generó un ascenso en las acciones represivas contra la Universidad y sus estudiantes. Este contexto fue la antesala para el crimen cometido el 9 de mayo de 1984 contra Jesús “Chucho” León, estudiante nariñense de Odontología de la Universidad Nacional y dirigente de la organización Cooperación Estudiantil.

Chucho fue interceptado en la ciudad de Cali mientras viajaba hacía su ciudad natal, fue desaparecido, torturado y asesinado, su cadáver fue dejado en predios de la Universidad del Valle. Como rechazo a este crimen, los estudiantes de la UN convocaron una jornada de denuncia y repudio para el miércoles 16 de mayo (1984). Inicialmente la jornada transcurrió entre poemas, canciones y discursos de agitación en memoria del líder estudiantil, la indignación y la rabia generada por la atrocidad del crimen derivaron en una acción de confrontación contra la Policía. En esa época “los tropeles” entre los universitarios y la Fuerza Pública eran un repertorio recurrente en las protestas, pero esta jornada se desarrolló de forma inusual entre tanto las partes elevaron la violencia a niveles nunca vistos.

La Policía, en una acción evidentemente planificada, actuó con cuatro de sus unidades: El escuadrón de motorizados, la fuerza disponible, los servicios de inteligencia F2 y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la acción conjunta de estas unidades y el uso de armas letales y no letales superó rápidamente la capacidad de los estudiantes que estaban resistiendo.

El saldo de los acontecimientos ha sido siempre objeto de discrepancias. Mientras que en los medios de comunicación de la época se registró un saldo de 22 policías heridos, sobre los cuales circularon sus nombres, en algunos casos sus edades y las heridas que sufrieron, las afectaciones que vivieron los estudiantes siempre han sido más inciertas y en algunos casos se actuó con la clara intención de ocultamiento e invisibilización.

En algunos medios escritos como El Bogotano (1984), circularon en los días siguientes a los hechos, una lista de seis estudiantes desaparecidos y aseguraron que por lo menos dos de los universitarios habrían muerto por las heridas de bala que recibieron por parte de los uniformados.

La publicación estudiantil 16 de mayo señaló que hubo por lo menos seis estudiantes asesinados cuyos cuerpos fueron retenidos por la Policía para ser ocultados. Estas afirmaciones fueron sustentadas en testimonios, así como en la publicación de fotografías que daban cuenta de estudiantes heridos de bala en distintas partes del cuerpo como el estómago y el rostro. Dicha información permitió dar cuenta de la acción desmedida de la Fuerza Pública.

Los acontecimientos en adelante fueron recordados de manera recurrente como la masacre del 16 de mayo de 1984 y desde entonces ocupan un lugar importante en las agendas de conmemoración del estudiantado. No obstante, se ha establecido un manto de silencio y olvido por parte de la institucionalidad y la Universidad.

El manto de ocultamiento sobre lo sucedido ha generado silencios dolorosos de quienes vivieron la situación en primera persona y quienes han construido subjetividades de víctimas y/o sobrevivientes del 16 de mayo. Esto ha conllevado la necesidad, aún vigente, de esclarecer plenamente lo ocurrido como un acto de justicia, verdad y memoria.

La semana de la memoria, inició este jueves 9 de mayo con un recorrido por algunos lugares de la memoria del campus y se extenderá hasta el próximo lunes 20 de mayo con el desarrollo de distintas actividades. El lunes 13 de mayo se realizará un mural participativo desde las 11 am en la emblemática plaza Che Guevara. Desde el miércoles 15 de mayo y hasta el lunes 20 en el hall de la Biblioteca Central se expondrán documentos de la época que han sido recolectados e inventariados por Archivos del Búho. Finalmente, se realizará un acto central de la semana el 16 de mayo en el auditorio Camilo Torres de sociología con el lanzamiento del corto documental 16M y un conversatorio sobre lo sucedido.

Ese año representa una ruptura para la historia de la Universidad y su comunidad, la magnitud de los hechos ocurridos el 16 de mayo fueron la antesala del cierre que se prolongo durante aproximadamente un año y que ocasionó una deserción masiva de estudiantes, así como una transformación de su campus y su funcionamiento.

Durante las décadas del sesenta e inicios de los ochenta los gobiernos del Frente Nacional (1958-1974) pusieron en marcha una serie de reformas educativas que tenían como finalidad el aumento sostenido del presupuesto para las universidades, la creación de instancias administrativas para la supervisión, (Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN y el Fondo Nacional de Universidades) y la centralización del ingreso de ayudas económicas y de asistencia técnica educativa, en el marco de la Alianza para el Progreso (1961-1974).

Estas reformas impulsaron un proceso de modernización y democratización de la educación, lo que se vio reflejado en un crecimiento paulatino del sistema educativo. En el caso de la Universidad Nacional (UN), que históricamente había estado asociada a las élites capitalinas, se produjo una llegada masiva de Colonias Estudiantiles conformadas por jóvenes provenientes de los profundos territorios nacionales y que generalmente pertenecían a clases populares.

Para atender el crecimiento de la población estudiantil se construyeron las residencias universitarias el 10 de mayo (1962), se puso en funcionamiento el Comedor Universitario y las residencias Uriel Gutiérrez (1965); además la UN puso en marcha una estrategia de Bienestar Estudiantil que contemplaba programas de alojamiento y alimentación para los y las estudiantes llegados de otras regiones del país, que de manera distinta no habrían logrado garantizar su estancia en la Universidad.

En noviembre de 1976, luego de una década de funcionamiento, el Consejo Superior Universitario -CSU bajo el argumento no justificado de que las residencias representaban un problema de orden público decidió suspender indefinidamente el programa de alojamiento estudiantil. Esto generó una disminución considerable de la capacidad de albergue de las residencias, que pasaron de tener 4.000 personas a un aproximado de 500; solamente quedaron habilitadas las residencias femeninas (hoy edificio Manuel Ancizar) y algunos bloques destinados a parejas casadas y con hijos. El cierre ocasionó una deserción significativa de estudiantes.

Tras casi seis años del cierre, en septiembre de 1982, se inició un movimiento de recuperación que promovió la ocupación de los edificios desalojados y que se mantenían sin un uso particular. Esta iniciativa permitió la apertura de espacios de negociación con las directivas de la universidad en cabeza de Fernando Sánchez Torres, la negociación derivó en acuerdos para la regularización de los residentes. Estos acuerdos se pusieron en marcha en abril de 1984 en medio de un proceso de agudización de la conflictividad social y política del país.

El aumento del conflicto nacional, así como de la persecución al movimiento estudiantil generó un ascenso en las acciones represivas contra la Universidad y sus estudiantes. Este contexto fue la antesala para el crimen cometido el 9 de mayo de 1984 contra Jesús “Chucho” León, estudiante nariñense de Odontología de la Universidad Nacional y dirigente de la organización Cooperación Estudiantil.

Chucho fue interceptado en la ciudad de Cali mientras viajaba hacía su ciudad natal, fue desaparecido, torturado y asesinado, su cadáver fue dejado en predios de la Universidad del Valle. Como rechazo a este crimen, los estudiantes de la UN convocaron una jornada de denuncia y repudio para el miércoles 16 de mayo (1984). Inicialmente la jornada transcurrió entre poemas, canciones y discursos de agitación en memoria del líder estudiantil, la indignación y la rabia generada por la atrocidad del crimen derivaron en una acción de confrontación contra la Policía. En esa época “los tropeles” entre los universitarios y la Fuerza Pública eran un repertorio recurrente en las protestas, pero esta jornada se desarrolló de forma inusual entre tanto las partes elevaron la violencia a niveles nunca vistos.

La Policía, en una acción evidentemente planificada, actuó con cuatro de sus unidades: El escuadrón de motorizados, la fuerza disponible, los servicios de inteligencia F2 y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la acción conjunta de estas unidades y el uso de armas letales y no letales superó rápidamente la capacidad de los estudiantes que estaban resistiendo.

El saldo de los acontecimientos ha sido siempre objeto de discrepancias. Mientras que en los medios de comunicación de la época se registró un saldo de 22 policías heridos, sobre los cuales circularon sus nombres, en algunos casos sus edades y las heridas que sufrieron, las afectaciones que vivieron los estudiantes siempre han sido más inciertas y en algunos casos se actuó con la clara intención de ocultamiento e invisibilización.

En algunos medios escritos como El Bogotano (1984), circularon en los días siguientes a los hechos, una lista de seis estudiantes desaparecidos y aseguraron que por lo menos dos de los universitarios habrían muerto por las heridas de bala que recibieron por parte de los uniformados.

La publicación estudiantil 16 de mayo señaló que hubo por lo menos seis estudiantes asesinados cuyos cuerpos fueron retenidos por la Policía para ser ocultados. Estas afirmaciones fueron sustentadas en testimonios, así como en la publicación de fotografías que daban cuenta de estudiantes heridos de bala en distintas partes del cuerpo como el estómago y el rostro. Dicha información permitió dar cuenta de la acción desmedida de la Fuerza Pública.

Los acontecimientos en adelante fueron recordados de manera recurrente como la masacre del 16 de mayo de 1984 y desde entonces ocupan un lugar importante en las agendas de conmemoración del estudiantado. No obstante, se ha establecido un manto de silencio y olvido por parte de la institucionalidad y la Universidad.

El manto de ocultamiento sobre lo sucedido ha generado silencios dolorosos de quienes vivieron la situación en primera persona y quienes han construido subjetividades de víctimas y/o sobrevivientes del 16 de mayo. Esto ha conllevado la necesidad, aún vigente, de esclarecer plenamente lo ocurrido como un acto de justicia, verdad y memoria.

La semana de la memoria, inició este jueves 9 de mayo con un recorrido por algunos lugares de la memoria del campus y se extenderá hasta el próximo lunes 20 de mayo con el desarrollo de distintas actividades. El lunes 13 de mayo se realizará un mural participativo desde las 11 am en la emblemática plaza Che Guevara. Desde el miércoles 15 de mayo y hasta el lunes 20 en el hall de la Biblioteca Central se expondrán documentos de la época que han sido recolectados e inventariados por Archivos del Búho. Finalmente, se realizará un acto central de la semana el 16 de mayo en el auditorio Camilo Torres de sociología con el lanzamiento del corto documental 16M y un conversatorio sobre lo sucedido.