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A Jonás Ariza no le alcanzó el aire para terminar de hablar. Su intervención fue estridente y dejó en silencio a los más de 300 asistentes. Setenta y ocho segundos le bastaron para resumir el dolor que carga a cuestas desde el 2006. Tenía 14 años cuando el Ejército asesinó a su padre y lo presentó falsamente como un guerrillero del frente 23 de las FARC muerto en combate. “Mi papá era una humilde persona, no tenían que matarme a mi viejo. Era lo más importante que yo tenía en mi vida. Esos hijueputas no tienen perdón”, gritó frente al micrófono.
Al finalizar, no volvió a su lugar. El fotógrafo Mariano Vimos capturó una imagen de lo que pasó cuando abandonó el escenario: Jonás caminó hacia un extremo, soportó el peso de su cuerpo en una valla y allí, en soledad, lloró una vez más por el asesinato de su papá mientras apretaba su retrato con la mano izquierda.
Esa fue una de las escenas desgarradoras que dejó, esta semana, el acto de perdón y reconocimiento del Estado a las familias de 19 hombres de Soacha y Bogotá asesinados por el Ejército entre 2007 y 2009. Nunca antes, un presidente de la República en ejercicio y un ministro de Defensa habían pedido excusas públicas por los mal llamados ‘falsos positivos’.
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Aunque, como Jonás, varias víctimas aseguraron que aún no están listas para otorgar perdón, el acto es un primer paso en un camino largo hacia la reparación y la reconciliación en el país.
Sin titubeos, el ministro Iván Velásquez aceptó la responsabilidad del Estado en las ejecuciones extrajudiciales. Mencionó, uno a uno, los nombres de las víctimas, cuántos años tenían, a qué se dedicaban, cómo se componían esas familias que quedaron huérfanas. Dijo lo que tantas madres, padres, hermanas, esposas, hijos y nietos han repetido en los últimos 15 años: que sus seres queridos eran civiles inocentes; que el Ejército los engañó y los asesinó en estado de indefensión.
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“Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo y que nunca debieron ocurrir”, sentenció el ministro Velásquez. Luego, el propio Petro hizo un reconocimiento a la lucha de las familias y les dijo: “Como presidente de la República de Colombia, me permito pedirles perdón, madres. Ustedes son las madres de Colombia”.
¿Qué implica que las cabezas del Estado reconozcan su responsabilidad y pidan perdón?
Durante años, el profesor Wilson López, de la Universidad Javeriana, ha investigado sobre los procesos de perdón y reconciliación desde el campo de la psicología.
Respecto al acto de esta semana, aseguró que cada víctima tramita de forma diferente esos procesos, y no se puede esperar que porque sea el presidente, el ministro o un militar quienes piden excusas la persona lo otorgue, pues esto puede tomar años.
Sin embargo, en casos como los ‘falsos positivos’, que involucran al Estado, hay dos grandes efectos que se generan cuando los máximos representantes de ese Estado piden disculpas.
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“Hay una función reparadora para las víctimas, porque este tipo de actos, cuando se perciben como sinceros, generan mayor disposición a otorgar perdón y puede generar mejoras en indicadores de salud como el estrés postraumático, el sueño o el malestar generalizado”, dice López, quien lidera el Grupo de Investigación de Lazos Sociales y Culturas de Paz.
La historia de las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Colombia (Mafapo) da cuenta de ese tránsito hacia el perdón.
Jacqueline Castillo, vocera de Mafapo, cuenta que hace 15 años, cuando se unieron para denunciar los asesinatos de sus familiares, estaban cargadas de odio, rabia y rencor. “Anhelábamos las condenas más altas para quienes mataron a nuestros familiares, pero hoy en día nos hemos sanado a través del arte, hemos tenido encuentros con los responsables y algunas han podido perdonar. Ahora estamos mucho más fortalecidas, con ganas de contribuir a la paz y hacer memoria a través del arte”, dice Castillo.
Para la abogada Silvia Serrano, profesora de la Universidad de Georgetown y exfuncionaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el acto reconocimiento directo encabezado por Petro y Velásquez es un buen paso hacia la reparación integral de estas víctimas.
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“En Colombia y muchos otros países, los reconocimientos se hacen de forma ambivalente, ambigua o muy cuidadosa, para evitar implicaciones en contexto de litigio. Algo importante de este acto es que se hizo un reconocimiento directo, sin matices, sin bajarle el tono, y con la presencia y concertación de las víctimas, y todo eso tiene un efecto reparador”, asegura Serrano.
Otro de los efectos del acto involucra a la sociedad entera y su relación con la Fuerza Pública a raíz de los ‘falsos positivos’.
“Cuando un actor al que se le confiaba la seguridad traiciona a la gente, es comprensible que se llene de dolor y de ira. Por eso, este acto tiene un efecto simbólico para toda la sociedad: la legitimación del Estado. Cuando admiten la responsabilidad, cuando aceptan que sus actos dañaron a otros, se le devuelve legitimidad a la institucionalidad, pero eso debe ir acompañado de otras medidas”, dice el profesor López.
Esas medidas adicionales van desde la atención psicosocial y las indemnizaciones monetarias hasta el esclarecimiento de la verdad y el juzgamiento de los responsables.
Para Serrano, el efecto inmediato tras un acto como el de esta semana es que no se quede en una actitud retórica, sino que se genere una política de Estado centrada en la reparación integral de las víctimas, acompañada de más solicitudes de reconocimiento y perdón que involucren a las víctimas, y de avances en la justicia.
De hecho, durante el acto varios de los familiares de las víctimas les hicieron reclamos a los funcionarios del Gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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“Estoy acá para hacer sentir mi voz de protesta por el caso de mi hijo y de muchos más que no han sido priorizados por la JEP. Deseo dejar mi mensaje al ministro, porque no es él quien debe disculparse. Los verdaderos responsables se encuentran libres. De todo corazón, mi familia y yo no estamos otorgando el perdón, para nosotros es muy doloroso porque estamos aún en un momento de total impunidad. Estoy esperando desde hace más de 16 años que haya justicia y haya verdad”, dijo Lucero Carmona, madre de Omar Leonardo Triana, asesinado por el Ejército en 2007.
Doris Tejada y Dario Morales, padres del único joven de los casos de Soacha que sigue desaparecido, también hablaron de la necesidad de agilizar las labores de búsqueda para avanzar en la reparación: “Pedimos que hagan bien su trabajo y entreguen los cuerpos, porque eso es un descanso para el corazón de los familiares”.
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Uno de los mayores reparos de las víctimas tiene que ver con la ausencia de solicitudes de reconocimiento por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez y quien fuera su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pues durante su administración se presentaron la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales por las que se pidió perdón en el acto.
Uribe estuvo en el poder entre 2002 y 2010, y según ha establecido la Jurisdicción Especial para la Paz, durante sus primeros seis años de gobierno se registró el mayor número de ejecuciones extrajudiciales: al menos 6.402 civiles inocentes fueron asesinados por el Ejército para presentarlos ilegítimamente como guerrilleros o delincuentes muertos en combate a cambio de incentivos, en el marco de la política de Seguridad Democrática.
“No debe ser el ministro actual quien esté acá, debería ser el gobierno de cuando pasaron los crímenes de nuestros hijos”, dijo Rubiela Giraldo, madre de Diego Armando Marín.
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Uribe: entre el negacionismo y la revictimización
A mediados de 2021, el exministro y expresidente Santos habló sobre los ‘falsos positivos’ durante un acto de reconocimiento en la Comisión de la Verdad. “No me cabe duda de que lo que dio pie a esas atrocidades fue la presión para producir bajas (…) Eso nunca ha debido pasar (…) Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma”, dijo.
Sin embargo, desde la orilla del expresidente Álvaro Uribe Vélez se ha mantenido el negacionismo en estos casos, actitud que para los analistas consultados por Colombia+20 configura una revictimización.
“A lo largo de la historia, negar la responsabilidad ha sido perjudicial para las sociedades. Uribe se equivoca, porque en lugar de legitimar su accionar, lo que logra es dañarla y abrir más la herida. Al hacer ciertos comentarios maltrata nuevamente a las víctimas y profundiza sus heridas, que demorarán más tiempo en curar”, dice el profesor Wilson López.
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Horas después del acto de reconocimiento, en un discurso en Villavicencio, Uribe aseguró que todos los casos que conoció sobre implicados en los ‘falsos positivos’ tuvieron respuesta institucional y los involucrados fueron apartados de las Fuerzas Armadas, además que “muchos de los responsables terminaron en la cárcel” al final de su Gobierno. El expresidente aprovechó para criticar nuevamente a la Comisión de la Verdad y la JEP.
En septiembre, luego de que varios militares aceptaran su responsabilidad ante la JEP por ejecuciones cometidas en Casanare, Uribe reaccionó diciendo que ese tribunal induce a los militares a decir mentiras: “El diseño de la JEP estimula en aras de la libertad a reconocer incluso delitos no cometidos y facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo”.
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Según la profesora Serrano, el exmandatario “busca ponerle un manto de duda a la JEP, que es la única institución judicial que le ha prestado atención” a los ‘falsos positivos’. Además, la investigadora asegura que se trata de críticas genéricas, sin información concreta para desacreditar la labor de la jurisdicción.
“Creo que esto va a seguir pasando a medida que salga más información sobre el carácter sistemático de las ejecuciones o datos que apunten a que pudieron presentarse por una política, pues se va a sentir más acorralado. Lo importante es que, en medio de lo que está pasando en la JEP, se generen mecanismos para compensar esa revictimización a la que el expresidente está sometiendo a las víctimas”, afirma Serrano.
