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Desde octubre del 2021, el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad está esperando que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Alcaldía de Medellín inicien el plan de excavaciones previstas en las zonas conocidas como La Escombrera y La Arenera. Según registros de la Corporación Jurídica Libertad, en esta zona de la Comuna 13 se estima que hay más de 400 cuerpos de personas desaparecidas en este sector de Medellín.
Adriana Arboleda Betancur, de la Corporación Jurídica Libertad, ONG de derechos humanos que ha acompañado este proceso en la Comuna 13, le explicó a Colombia+20 cuál es la situación en el territorio: “En octubre de 2021 tanto la UBPD como la JEP nos dijeron que ya había un avance para intervenir el lugar, pero existen varias dificultades que tocaba resolver previamente, por el lado técnico-forense porque había que determinar cómo intervenir este lugar, porque es una mina privada, y cómo moverlo de tal forma que se proteja la zona donde se está buscando”.
Estos terrenos pertenecen a la empresa Constructores El Cóndor S.A., a donde llegan escombros y se saca material de las montañas para las obras de ingeniería de la ciudad, lo que ha generado alteraciones en el terreno que pueden dificultar la labor de búsqueda. Por esto, en 2020 la JEP emitió el Auto 010 para imponer medidas cautelares en La Escombrera y La Arenera; es decir, la protección y el cercamiento de estas dos zonas para garantizar su conservación y poder realizar las labores de búsqueda de personas desaparecidas.
A esta decisión se llegó luego de dos días de audiencia pública, el 17 y 18 de julio de 2019, en Medellín. En esa ocasión la JEP recolectó información de las organizaciones de víctimas para determinar los riesgos naturales o por acciones humanas que pudieran alterar las condiciones de este terreno. Además, se recolectó información entregada en los procesos de Justicia y Paz por exparamilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes operaron por varios años en esta zona y donde tenían su base de operaciones.
Alejandra Balvin, vocera de desaparición del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, reconoce esa decisión como un gran avance en el proceso de resistencia que han llevado en esta organización desde hace más de veinte años. “Con esta decisión, podemos decirle no solo a Colombia sino al mundo que fijen la mirada en este lugar, que para nosotros es muy importante porque aquí se presume que hay más de 350 personas desaparecidas, donde había una base paramilitar y donde traían a nuestros familiares, los torturaban y los desaparecían”, resaltó.
En un comunicado publicado por la JEP el 12 de agosto de 2020, la entidad expresó que “como consecuencia de la medida cautelar, a partir de la expedición de esta decisión, queda prohibida cualquier intervención, bien sea de tipo minero o de paso por los lugares mencionados, salvo autorización expresa de la Sección. En ese sentido, la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional deben garantizar el cerramiento de los lugares delimitados. Asimismo, la JEP solicitó a la empresa El Cóndor S. A., dueña de estos terrenos, la preservación de los mismos y su conservación intacta”.
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A pesar de esta decisión, el colectivo de Mujeres Caminando por la Verdad, integrado por madres y familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos en la Comuna 13, principalmente durante las operaciones militares de 2002 y 2003, alertaron que la empresa continuó interviniendo las zonas cercanas a los polígonos delimitados y que lleva más de veinte años realizando sus labores allí, lo cual causará dificultades en el proceso de búsqueda.
La labor de búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera y La Arenera inició mucho antes de las medidas cautelares de la JEP, pero sin resultados importantes. “En el 2015 se buscó a ciegas y no se encontró nada, pero ahorita se hicieron unos estudios muy técnicos y especializados con la JEP para poder iniciar las excavaciones y descartar las zonas, porque tampoco es remover por remover porque puede salir un cráneo, un hueso que dé indicios de que en ese lugar podemos encontrar a nuestros familiares”, resaltó Alejandra Balvin.
Tras siete años de búsqueda no se ha encontrado ningún cuerpo ni resto humano de los familiares desaparecidos de la Comuna 13 y Adriana Arboleda Betancur dijo que esa situación ha generado en “los opositores de esta búsqueda” argumentos sobre la inversión económica en un proceso de búsqueda que no ha dado resultados. “Como en 2015 se gastó una millonada y no se encontró nada, salieron posturas arbitrarias sobre que se estaba haciendo mala inversión del dinero o que para qué invertirlo si no se iba a encontrar a nadie y eso es totalmente desconsiderado con los derechos de las víctimas”, expresó Arboleda.
No hay recursos
Lastimosamente, el factor económico es el que ha frenado este proceso y ha tenido en espera por seis meses a las integrantes del colectivo de Mujeres Caminando por la Verdad, en su mayoría mujeres de la tercera edad, quienes también han padecido la muerte de sus compañeras que fallecieron sin conocer la verdad.
Las mujeres son conscientes de que el proceso de búsqueda en estas condiciones es costoso y que la consecución de los recursos es clave para iniciar. Sin embargo, consideran que esta no puede ser una razón para que se frenen los procesos, así como que no hayan tenido hallazgos en siete años.
“Intervenir este lugar tiene unos costos significativos, aunque no sabemos el valor exacto. No se sabe quién pone ese dinero, si es la Alcaldía de Medellín, la Unidad de Búsqueda o la JEP. Hay algunas consideraciones que dicen que ese dinero debe salir de la Unidad de Búsqueda, que es la encargada, pero la Unidad también ha manifestado que no tiene todo ese dinero. La Alcaldía de Medellín ha planteado que ellos están dispuestos a aportar una parte del presupuesto, pero no pueden asumir la totalidad de los costos, entonces ahí está empantanada la cosa”, afirmó Arboleda.
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Aunque las medidas cautelares emitidas por la JEP generan unos compromisos a las entidades, no está claro quién debe garantizar los recursos para el proceso. Según la respuesta enviada por la Unidad de Búsqueda a Colombia +20, “para el cumplimiento de las fases, la Alcaldía de Medellín adquirió en su momento el compromiso de viabilizar económicamente el desarrollo de cada una de ellas. Sin embargo, ante las dificultades que se han presentado para contar con los recursos, la Unidad de Búsqueda se encuentra apoyando a la Alcaldía en la exploración de fuentes de financiación que permitan solventar la situación”.
Colombia+20 consultó a las entidades y ninguna contestó la pregunta sobre cuánto dinero costaría este proceso de búsqueda.
La intervención de La Escombrera se divide en tres etapas que contempla el proceso de remoción y extracción de escombros, un trabajo arqueológico minucioso y la instalación de un campamento para que las víctimas y los representantes de las organizaciones estén presentes durante las actividades. El tiempo estimado para desarrollar estas fases es aproximadamente de ocho a diez meses, pues son cerca de 28.000 metros cúbicos de tierra que se deben remover.
La JEP y la Fiscalía realizarán aportes con equipos forenses para avanzar con más rapidez en las labores de prospección, porque, como coloquialmente lo describen, este proceso se asemeja a pasar una montaña por una colador o por una malla, para encontrar cuerpos o fragmentos de ellos.
Una fuente cercana al caso desde la JEP le comentó a Colombia+20 que hasta el momento se cuenta con el 70 % de la financiación y al no tener el valor completo, las labores de búsqueda no pueden iniciar. “No se quiere comenzar y que después toque frenar el proceso por falta de recursos, eso sería muy doloroso para las víctimas, pero la decisión que se conoce es que la excavación se hace. Las mismas madres saben que es difícil encontrar algo, porque se trata de remover una montaña”, expresó la fuente.
Desde la otra orilla, las integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad siguen esperando respuestas y acciones con el proceso de búsqueda. María Auxilio Arenas, integrante del colectivo, ha asistido a las visitas que mes a mes hacen estas mujeres al predio, que tiene tablones y cintas de acordonamiento para delimitar las zonas priorizadas por la JEP, y expresó su descontento y agotamiento del proceso. “Ya no queremos más visitas para ver los tablones caídos, nosotros queremos acciones”, comentó Arenas.
Margarita Restrepo, otra integrante, también reclamó desde los predios de La Arenera por las dificultades de este proceso de búsqueda. “Cada día encontramos una piedra más en el camino, cada día encontramos más tropiezos para poder lograr esto y yo digo si es una medida cautelar se debe respetar”. Además, otras integrantes resaltaron que los tiempos del mandato de la JEP y la Unidad de Búsqueda son limitados, por lo que les genera preocupación que el tiempo se acabe y no haya avances.
Las mujeres enviaron un derecho de petición a la Unidad de Búsqueda y un documento a la JEP para conocer en qué va el proceso y cuándo se iniciará. “Solicitamos una reunión de carácter urgente con la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, y con el magistrado Gustavo Salazar. Recientemente nos respondieron que esa reunión se va a dar posiblemente a finales de abril y nosotras esperamos que ahí nos den una respuesta definitiva sobre lo que va a pasar, si se va a intervenir o no, más allá de la voluntad necesitamos acciones”, comentó la representante de la Corporación Jurídica Libertad.
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Las integrantes del colectivo proponen que, si al final del proceso no se encuentran cuerpos de personas desaparecidas de la Comuna 13, este lugar se convierta en un espacio de memoria. “Tenemos múltiples testimonios que dicen que aquí traían los cuerpos. Si aquí no encontramos nada, pues tendremos que buscar en otro lado, pero tenemos que darle sentido a este lugar, un lugar de impunidad, pero también de memoria donde se le recuerde a la ciudad que aquí se les robó la humanidad a muchas personas y que cosas como estas no pueden volver a pasar”, afirmó una de las mujeres.
Las mujeres desentierran la verdad
El colectivo de Mujeres Caminando por la Verdad lleva veinte años buscando a sus familiares desaparecidos durante las operaciones militares que se realizaron entre 2002 y 2003 en la Comuna 13. Las organizaciones de víctimas calcularon que fueron más de doce operaciones militares realizadas en esa época por el Ejército Nacional, la Fiscalía, el DAS, el CTI y la Policía Nacional. Una de las más conocidas es la Operación Orión, que se realizó el 16 y 17 de octubre del 2002, en la que desaparecieron más de cien personas.
Con esas operaciones, la fuerza pública buscaba expulsar a las milicias de las Farc, del Eln y a los Comandos Armados del Pueblo (Cap) de la Comuna 13 de Medellín. La población civil quedó en medio del fuego cruzado, líderes, lideresas y personas visibles de la comuna fueron señalados de ser simpatizantes de las guerrillas, lo cual generó allanamientos, amenazas, desapariciones y desplazamientos. En este contexto, un grupo de mujeres víctimas de estas violaciones a los derechos humanos llegaron a la Fundación de la Madre Laura Montoya, ubicada en esa comuna.
La hermana Rosa Emilia Cadavid, misionera de esa congregación, lideró el acompañamiento a estas mujeres y la consolidación en los años siguientes del colectivo que inicialmente se llamó Mujeres Sembradoras de Esperanza. “Estos grupos estuvieron conformados por noventa mujeres y hacíamos jornadas culturales y deportivas hasta que comenzaron a señalarlas como guerrilleras, que eran de grupos armados y empezaron a hacer allanamientos en las casas”, resaltó la hermana Rosa Emilia.
A pesar de esos ataques, entre 2008 y 2010 se consolidaron como Mujeres Caminando por la Verdad. La hermana Rosa Emilia recuerda este proceso como un continuo estado de resistencia: “Ellas son las que han estado luchando, las que han estado ahí al pie del cañón en medio de las dificultades y persisten”.
Estas mujeres tienen un salón de memoria con fotografías y registros de sus familiares y procesos de búsqueda. “El salón se llama Tejiendo Memoria, donde además de tener las fotos podemos contar nuestra historia, lo que pasó en este lugar”, resaltó la vocera del colectivo.
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“Este año se cumplen veinte años de impunidad, negación y justificación, pero también de resistencia de las víctimas, de la memoria, donde las mujeres del territorio hemos estado hablándole a la ciudad, al país, que nos negamos al olvido”, agregó una de sus integrantes.
Por eso, las posibles nuevas excavaciones en La Escombrera y La Arenera representan para este colectivo una luz de esperanza en el camino de búsqueda de sus familiares desaparecidos. Esperan esta semana reunirse con las entidades que están al frente del proceso para definir fechas y comenzar un nuevo ciclo de búsqueda que anhelan, esta vez, sea satisfactorio.
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