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“Las mujeres buscadoras no somos solo lágrimas, sino también propuestas”, dice Yanette Bautista, quien desde la desaparición de su hermana Nydia Erika Bautista a manos de miembros del Ejército hace 35 años lucha contra la desaparición forzada y exige garantías para las víctimas de ese delito. Por eso, ella, en representación de la fundación que lleva el nombre de su hermana, y otras siete organizaciones de familiares de desaparecidos entregaron este lunes un documento con 15 recomendaciones al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.
“Lo que se está pidiendo es una política de Estado y una política de Estado es permanente”
Declarar el Estado de cosas inconstitucional frente al deber de búsqueda del Estado, desclasificar archivos militares, depurar y reformar la Fuerza Pública, crear una Ley de Protección a las Mujeres Buscadoras, erradicar el reclutamiento forzado como cuna de la desaparición y declarar territorios libres de desaparición forzada son algunas de las principales recomendaciones, que consolidan toda una política de Estado. “Son recomendaciones que abordan los problemas estructurales de discriminación, injusticia, impunidad y exclusión que han afectado históricamente a las buscadoras de los desaparecidos”, señala el documento, que no tiene un plazo establecido para su cumplimiento, porque, dice Yanette, “lo que se está pidiendo es una política de Estado y una política de Estado es permanente”.
El documento fue elaborado en un proceso conjunto entre la Fundación Nydia Erika Bautista, las Madres por la Vida de Buenaventura, el Resguardo Indígena Kichwa San Marcelino del Bajo Putumayo, las Madres del Meta y Guaviare, la organización Mujer sigue mis Pasos, Narrar para Vivir y víctimas afiliadas en estas regiones. Además, recibieron aportes de la Fundación Hasta Encontrarlos y de Copsico -Colectivo Psicosocial Colombiano. “Esto es fruto de las víctimas de desaparición forzada que muestra nuestro compromiso con la paz y por los derechos de las víctimas. Con la entrega hicimos un acto de memoria por nuestros seres queridos pero también de dignificación de las organizaciones de base por su incansable lucha”, señala Yanette.
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Durante el encuentro, el padre Francisco de Roux escuchó una a una las recomendaciones y aseguró que las llevará al pleno de los comisionados para decidir cómo serán incluidas. Las víctimas esperan que queden plasmadas en el informe final, como parte de su mandato de Garantías de No Repetición, y se declararon guardianas del derecho a la verdad. “Vamos a cuidar el informe final para multiplicarlo posteriormente en las regiones y en nuestra tarea de injerencia de las comunidades”, señaló Bautista.
Las quince recomendaciones
El documento solicita a la Comisión de la Verdad recomendar a distintas entidades ejecutivas, legislativas y judiciales la realización estos programas, reformas, políticas, leyes:
1. Declarar territorios libres de desaparición forzada: “Las desapariciones forzadas deben ser erradicadas del país como práctica de agentes del Estado solos o con la participación de grupos paramilitares, sucesores del paramilitarismo o grupos armados ilegales que actúan con la tolerancia, complicidad, o el encubrimiento de agentes del Estado”, dice el documento en la misma línea de recomendaciones previas de la CIDH y el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Además, solicita al presidente de la República y al poder legislativo crear una política de Estado de declaración de territorios libres de desaparición, que garantice la prevención de nuevos casos y la protección de los familiares de las víctimas.
2. Reforma a la Fuerza Pública: Recomienda al Ejecutivo y a la Procuraduría depurar los cuerpos policiales y militares involucrados en investigaciones disciplinarias y penales por desaparición forzada. Además, pide desclasificar archivos militares y de inteligencia para esclarecer la verdad pues contienen información “para resolver la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y las presunciones de responsabilidad en cada caso.”
3. Ley Integral de Protección a los derechos de la Mujeres y Familiares Buscadores: Las víctimas también exigen que la política de Estado incluya una ley que reconozca sus derechos, su aporte a la verdad y los costos que su trabajo ha implicado en su vida y en su integridad física, mental y familiar. “Una Ley Integral que dignifique su rol ético y político en la sociedad y al Estado de Derecho democrático y como mujeres cuidadoras cabezas de familia sobre quienes el Estado ha delegado de facto la búsqueda de los desaparecidos”, dice el documento.
4. Proteger los derechos de mujeres desaparecidas y buscadoras que han sido víctimas de violencia sexual para que puedan acceder a verdad y justicia. El documento argumenta que hay una “ausencia total de investigación penal y disciplinaria de las vulneraciones de género -incluida la violencia sexual- sufrida por las mujeres desaparecidas y perpetrada contra las mujeres buscadoras, bajo el conflicto armado”.
5. Reparación colectiva para las comunidades indígenas y afrodescendientes víctimas de desaparición forzada. Según las organizaciones, este hecho victimizante ha sido usado como instrumento de terror, aculturación y despojo de tierras en lugares estratégicos como Buenaventura y La Dorada (Bajo Putumayo).
6. Erradicación del reclutamiento forzado: “Esta es la cuna de la desaparición forzada”, señala Yanette Bautista. Por lo que exigen que la política de Estado garantice la protección urgente de niñas, niños y adolescentes.
7. Sistema Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada: Las víctimas también solicitan que se cree un Plan de Acción Nacional mediante un CONPES que garantice recursos económicos y la articulación de autoridades de la justicia ordinaria como la Fiscalía con las del Sistema Integral de Paz como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Además, exigen que se adopte un Sistema Nacional de Búsqueda en el que se consideren las experiencias de búsqueda y participen familiares y las organizaciones.
8. Pronunciamiento de la Comisión de la Verdad sobre la impunidad de las desapariciones: En este punto las organizaciones señalan a la administración de justicia como responsable de dicha impunidad “como elemento de repetición de los crímenes”. El 90% de los casos no han sido investigados y el 99% de las investigaciones no tienen sentencia, según el documento.
9. Declarar un “Estado de cosas inconstitucional” sobre el derecho a la búsqueda de las víctimas de desaparición: La recomendación debe hacerse por parte de la Comisión de la Verdad a la Corte Constitucional, según el documento, porque persiste el fenómeno de la desaparición de manera sistemática; porque no ha sido eficaz el proceso de búsqueda; por la “negligencia en la no activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) por parte de las autoridades competentes”; por la ausencia de medidas para identificar más de 3.500 cuerpos óseos recuperados bajo la Ley de Justicia y Paz, y por la ausencia de rendición de cuentas de los paramilitares presuntamente responsables.
10. Nueva Ley de Víctimas y Derecho a la Reparación: Esta solicitud se hace basada en los factores de discriminación y exclusión que las organizaciones aseguran que hubo en la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, contra víctimas “sobre quienes el Estado impidió el reconocimiento de las desapariciones forzadas”.
11. Informar resultados de comparación de muestras de ADN: Las organizaciones denuncian una “ausencia histórica de respuestas a las víctimas” sobre los resultados de los cruces realizados entre sus muestras de ADN y los de personas sin identificar. También exigen medidas de control disciplinario por parte del Ministerio Público cuando esto no se cumpla.
12. Desmonte del paramilitarismo: Las víctimas también solicitan que se cumpla con el Acuerdo de Paz con las Farc y se erradiquen los grupos sucesores del paramilitarismo, además de “otros grupos armados al margen de la Ley, autores de desapariciones forzadas, junto con medidas de erradicación de la corrupción e influencia de estos grupos en la administración de justicia”.
13. Tipificar la desaparición forzada desde las Convenciones Internacionales: Esto parece obvio, dicen las organizaciones, pero la tipificación ha sido cambiada ampliando la responsabilidad a grupos armados no estatales y , recientemente, “ampliando la comprensión a todos los casos donde se asocia el delito de privación de la libertad, en la nueva definición de ‘Personas Dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado’”.
14. Casas de Memoria de las Víctimas de Desaparición Forzada: Las víctimas esperan que se recomiende a la Presidencia o al Congreso declarar como tales a las brigadas, batallones, comando, estaciones de Policía y lugares oficiales y clandestinos donde hubo detenciones, secuestros, torturas o ejecuciones de víctimas de desaparición forzada. Además, que se destinen recursos para su adecuación como espacios de memoria.
15. Las víctimas como centro del proceso de búsqueda: En esta solicitan apoyo psicosocial digno, reiteran el llamado a reconocer el trabajo de búsqueda de las familias y exigen que se contribuya al fortalecimiento de las organizaciones.