Víctimas en el exterior, historia de un destierro
La Unidad de Víctimas tiene inscritas a 20.063 que viven en el exterior y salieron de Colombia por causa del conflicto armado. En España está una de las organizaciones más importantes: La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas.
Justicia para la Paz
“Era presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmicic) y en el año 2000 teníamos un saldo muy alto de víctimas. Las amenazas eran muy fuertes. Buscamos medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero poco sirvió. Seguíamos viendo a huérfanos desplazados, mujeres asesinadas, violentadas y desaparecidas. En 2003 no aguanté más, amenazaron a mis hijos de 5 y 7 años, y me tocó salir del país. Quebrantaron mi capacidad de resistencia”. Son las palabras de Leonora Castaño Cano, líder campesina y una de las 20.063 personas registradas en la Unidad de Víctimas que residen en el exterior.
“Uno siempre tiene el sueño del retorno. Pensé que iba a durar un año cuando las amenazas hubieran desaparecido, pero fue la época en la que más se agudizó el conflicto”, recordó Leonora Castaño, quien llegó a España junto a su esposo e hijos huyendo de las balas de los paramilitares de Norte de Santander. Aseguró que aún no hay garantías de retorno, pese a que la Unidad de Víctimas ya empezó a crear rutas de atención para las víctimas en el exterior. “Muchas víctimas han tenido que olvidar a su gente. Y a algunas de las que vuelven hemos tenido que llorarlas”, señaló.
Lea también: El sabor del exilio
El Grupo de Atención de Víctimas en el Exterior registró que las 20.000 incluidas en el registro nacional viven en 43 países, especialmente en Ecuador, donde actualmente residen 3.173 colombianos que salieron del país a causa del conflicto. Desde hace algunos meses en la Unidad de Víctimas se crearon dos rutas de atención: una para quienes permanecen en el exterior y otra para quienes deseen retornar al país. Hasta el momento sólo han logrado el regreso de 119 personas, a las cuales se les pudo garantizar su seguridad, y tan sólo se ha reparado a 1.962 víctimas con indemnizaciones que suman $12.548 millones.
El gran lío es que a la Unidad de Víctimas se le han presentado obstáculos difíciles de superar. Por ejemplo, los giros al exterior para pagar las indemnizaciones no se han podido realizar porque muchas de las víctimas no están bancarizadas y en países, como Ecuador, hay leyes que no permiten superar ciertos topes de dinero que son inferiores a las cifras de las reparaciones.
“Salí del país cuando estaba en embarazo de mi segundo hijo e intentaron asesinarme cuando salía de mi casa en Bogotá hace casi 14 años. Las amenazas de los paramilitares se incrementaron y empezaron a meterse con mi otro hijo. Yo trabajaba en la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos en un proyecto con comunidad desplazada en Bucaramanga y luego apoyé a más de 196 organizaciones de derechos humanos para la protección de comunidades indígenas y campesinas”. Quien habla ahora es Alba Teresa Higuera, una de las mujeres que peleó para que la Unidad de Víctimas abriera dos cupos para representantes de víctimas en el exterior en la mesa de participación nacional.
La mayoría de las víctimas en el exterior son menores de edad (15.307), pues salieron huyendo de la guerra de la mano de sus padres. La Unidad de Víctimas hasta el momento ha realizado 15 jornadas de atención directa en Ecuador, Panamá, Venezuela, Argentina, Canadá, Reino Unido y España. La Unidad trabaja de la mano con 152 organizaciones de víctimas en todo el mundo y entre los principales reclamos que han recibido están las dudas sobre cómo podrán participar en las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de la Comisión de la Verdad, y entregar información a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Interrogantes para los que no hay respuestas aún.
Vea: Así fueron violentadas las mujeres en Colombia entre 2010 y 2015
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) a través de su proyecto “Voces del exilio” ha intentado dar a conocer la situación actual de miles de colombianos que son víctimas del conflicto y viven en el exterior. A través de foros y narrativas desde las artes escénicas han intentado dar a conocer la historia de cientos de miles de víctimas que fueron desterradas; de cómo tres generaciones han resistido a las amenazas de los violentos y de quienes han perdido cualquier esperanza de retornar a Colombia por la falta de garantías y protección. Una de las principales organizaciones aliadas en este proceso es una colectiva de mujeres, conformada por casi 40 mujeres que residen en Barcelona (España).
Una década luchando por la paz
La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España es un grupo de víctimas en el exterior que nació en el año 2004 de la mano de seis mujeres refugiadas en ese país europeo y que en Colombia lucharon por la defensa de los derechos humanos. Desde entonces, mantuvieron vivo el espíritu de la defensa de los grupos más vulnerables y comenzaron un arduo trabajo para acompañar a todos los colombianos y colombianas que fueron desterrados por causa del conflicto armado.
“No perdimos nuestro deseo de luchar por un país con justicia social y por el reconocimiento de las mujeres víctimas del conflicto que viven en el exterior, porque aquí estamos todos invisibilizados. Uno de los propósitos que logramos fue que nos incluyeran en la mesa nacional de participación. Queremos realizar aportes para modificar la Ley 1448 para que se nos respeten nuestros derechos de forma integral –educación, vivienda, salud–, nos visibilicen y se garantice un enfoque diferencial, de género y étnico”, precisó Alba Teresa Higuera, fundadora y coordinadora de La Colectiva de Mujeres.
Entre los principales ejes de trabajo de la organización está la incidencia política de mujeres. Asimismo, se enfocan en un proyecto de construcción, memoria y paz que comenzó en 2016 de la mano del Centro Nacional de memoria Histórica y autoridades de Catalunya. El objetivo es crear una obra de teatro en la que participen más de 30 mujeres (que esperan presentar el próximo año en el país) para mostrar a través del arte los grandes obstáculos que han tenido que sortear en estos años de destierro. También están impulsando un diplomado junto con el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y la Universidad Autónoma de Madrid para recolectar relatos de víctimas en el exterior. La idea es documentar los hechos que las obligaron a salir del país y crear un informe que sirva como insumo para la Comisión de la Verdad, en el que se plasmen todas las violaciones, intimidaciones, amenazas y torturas de quienes tuvieron que refugiarse en el exterior por causa del conflicto armado. De esta forma, aseguró Higuera, quieren que se les garantice y cree un mecanismo para su participación en las audiencias para que en sus casos haya verdad, justicia, reparación, no repetición y garantías para el retorno.
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“Es muy difícil que desde nuestro propio país nos invisibilicen. Los derechos para quienes somos exiliados y exiliadas son muy limitados. La ley de víctimas para el tema de reparaciones sólo nos contempla en los actos administrativos y por eso es importante que se conozcan nuestros testimonios, especialmente los de las mujeres que padecemos este destierro. Merecemos ser reparadas para poder sanar y hacer el duelo de dejar atrás nuestros años de lucha”, insistió Leonora Castaño, quien también fundó la colectiva porque no quería renunciar a su pasado de líder social. Ella trabajó desde joven en organizaciones campesinas y en el 84 fue parte del grupo de mujeres que creó la Anmucic, la organización que llegó a reunir a 90.000 campesinas y fue blanco de todos los actores del conflicto.
“Nos ha faltado mucha información y es difícil acceder a ella. Valoramos el papel de la Unidad de Víctimas, pero he vivido en carne propia lo que es la persecución en el exilio. Junto a otras víctimas en el exterior sentimos que nos revictimizan y la soledad en la que hemos estado ha traído graves consecuencias a nuestras vidas. Hemos intentado desde 2011 que se hagan transformaciones en la ley de víctimas y solo hasta hoy vamos a tener dos cupos para representar a más de 20.000 personas”, puntualizó Higuera.
De las cinco mujeres que fundaron la Colectiva, solo dos continúan. Otras dos retornaron al país y la tercera se alejó del movimiento. Hoy trabajan de la mano de ONU Mujeres, Sisma Mujer, la Red Nacional de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos humanos y más de 30 organizaciones de víctimas en el exterior. Poco o nada se sabe de las historias de dolor que han tenido que padecer miles de colombianos que dejaron todo atrás, bien fuera porque la guerra los desplazó, o porque el precio para seguir viviendo en el país se pagaba con su vida.
“Era presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmicic) y en el año 2000 teníamos un saldo muy alto de víctimas. Las amenazas eran muy fuertes. Buscamos medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero poco sirvió. Seguíamos viendo a huérfanos desplazados, mujeres asesinadas, violentadas y desaparecidas. En 2003 no aguanté más, amenazaron a mis hijos de 5 y 7 años, y me tocó salir del país. Quebrantaron mi capacidad de resistencia”. Son las palabras de Leonora Castaño Cano, líder campesina y una de las 20.063 personas registradas en la Unidad de Víctimas que residen en el exterior.
“Uno siempre tiene el sueño del retorno. Pensé que iba a durar un año cuando las amenazas hubieran desaparecido, pero fue la época en la que más se agudizó el conflicto”, recordó Leonora Castaño, quien llegó a España junto a su esposo e hijos huyendo de las balas de los paramilitares de Norte de Santander. Aseguró que aún no hay garantías de retorno, pese a que la Unidad de Víctimas ya empezó a crear rutas de atención para las víctimas en el exterior. “Muchas víctimas han tenido que olvidar a su gente. Y a algunas de las que vuelven hemos tenido que llorarlas”, señaló.
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El Grupo de Atención de Víctimas en el Exterior registró que las 20.000 incluidas en el registro nacional viven en 43 países, especialmente en Ecuador, donde actualmente residen 3.173 colombianos que salieron del país a causa del conflicto. Desde hace algunos meses en la Unidad de Víctimas se crearon dos rutas de atención: una para quienes permanecen en el exterior y otra para quienes deseen retornar al país. Hasta el momento sólo han logrado el regreso de 119 personas, a las cuales se les pudo garantizar su seguridad, y tan sólo se ha reparado a 1.962 víctimas con indemnizaciones que suman $12.548 millones.
El gran lío es que a la Unidad de Víctimas se le han presentado obstáculos difíciles de superar. Por ejemplo, los giros al exterior para pagar las indemnizaciones no se han podido realizar porque muchas de las víctimas no están bancarizadas y en países, como Ecuador, hay leyes que no permiten superar ciertos topes de dinero que son inferiores a las cifras de las reparaciones.
“Salí del país cuando estaba en embarazo de mi segundo hijo e intentaron asesinarme cuando salía de mi casa en Bogotá hace casi 14 años. Las amenazas de los paramilitares se incrementaron y empezaron a meterse con mi otro hijo. Yo trabajaba en la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos en un proyecto con comunidad desplazada en Bucaramanga y luego apoyé a más de 196 organizaciones de derechos humanos para la protección de comunidades indígenas y campesinas”. Quien habla ahora es Alba Teresa Higuera, una de las mujeres que peleó para que la Unidad de Víctimas abriera dos cupos para representantes de víctimas en el exterior en la mesa de participación nacional.
La mayoría de las víctimas en el exterior son menores de edad (15.307), pues salieron huyendo de la guerra de la mano de sus padres. La Unidad de Víctimas hasta el momento ha realizado 15 jornadas de atención directa en Ecuador, Panamá, Venezuela, Argentina, Canadá, Reino Unido y España. La Unidad trabaja de la mano con 152 organizaciones de víctimas en todo el mundo y entre los principales reclamos que han recibido están las dudas sobre cómo podrán participar en las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de la Comisión de la Verdad, y entregar información a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Interrogantes para los que no hay respuestas aún.
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El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) a través de su proyecto “Voces del exilio” ha intentado dar a conocer la situación actual de miles de colombianos que son víctimas del conflicto y viven en el exterior. A través de foros y narrativas desde las artes escénicas han intentado dar a conocer la historia de cientos de miles de víctimas que fueron desterradas; de cómo tres generaciones han resistido a las amenazas de los violentos y de quienes han perdido cualquier esperanza de retornar a Colombia por la falta de garantías y protección. Una de las principales organizaciones aliadas en este proceso es una colectiva de mujeres, conformada por casi 40 mujeres que residen en Barcelona (España).
Una década luchando por la paz
La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España es un grupo de víctimas en el exterior que nació en el año 2004 de la mano de seis mujeres refugiadas en ese país europeo y que en Colombia lucharon por la defensa de los derechos humanos. Desde entonces, mantuvieron vivo el espíritu de la defensa de los grupos más vulnerables y comenzaron un arduo trabajo para acompañar a todos los colombianos y colombianas que fueron desterrados por causa del conflicto armado.
“No perdimos nuestro deseo de luchar por un país con justicia social y por el reconocimiento de las mujeres víctimas del conflicto que viven en el exterior, porque aquí estamos todos invisibilizados. Uno de los propósitos que logramos fue que nos incluyeran en la mesa nacional de participación. Queremos realizar aportes para modificar la Ley 1448 para que se nos respeten nuestros derechos de forma integral –educación, vivienda, salud–, nos visibilicen y se garantice un enfoque diferencial, de género y étnico”, precisó Alba Teresa Higuera, fundadora y coordinadora de La Colectiva de Mujeres.
Entre los principales ejes de trabajo de la organización está la incidencia política de mujeres. Asimismo, se enfocan en un proyecto de construcción, memoria y paz que comenzó en 2016 de la mano del Centro Nacional de memoria Histórica y autoridades de Catalunya. El objetivo es crear una obra de teatro en la que participen más de 30 mujeres (que esperan presentar el próximo año en el país) para mostrar a través del arte los grandes obstáculos que han tenido que sortear en estos años de destierro. También están impulsando un diplomado junto con el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y la Universidad Autónoma de Madrid para recolectar relatos de víctimas en el exterior. La idea es documentar los hechos que las obligaron a salir del país y crear un informe que sirva como insumo para la Comisión de la Verdad, en el que se plasmen todas las violaciones, intimidaciones, amenazas y torturas de quienes tuvieron que refugiarse en el exterior por causa del conflicto armado. De esta forma, aseguró Higuera, quieren que se les garantice y cree un mecanismo para su participación en las audiencias para que en sus casos haya verdad, justicia, reparación, no repetición y garantías para el retorno.
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“Es muy difícil que desde nuestro propio país nos invisibilicen. Los derechos para quienes somos exiliados y exiliadas son muy limitados. La ley de víctimas para el tema de reparaciones sólo nos contempla en los actos administrativos y por eso es importante que se conozcan nuestros testimonios, especialmente los de las mujeres que padecemos este destierro. Merecemos ser reparadas para poder sanar y hacer el duelo de dejar atrás nuestros años de lucha”, insistió Leonora Castaño, quien también fundó la colectiva porque no quería renunciar a su pasado de líder social. Ella trabajó desde joven en organizaciones campesinas y en el 84 fue parte del grupo de mujeres que creó la Anmucic, la organización que llegó a reunir a 90.000 campesinas y fue blanco de todos los actores del conflicto.
“Nos ha faltado mucha información y es difícil acceder a ella. Valoramos el papel de la Unidad de Víctimas, pero he vivido en carne propia lo que es la persecución en el exilio. Junto a otras víctimas en el exterior sentimos que nos revictimizan y la soledad en la que hemos estado ha traído graves consecuencias a nuestras vidas. Hemos intentado desde 2011 que se hagan transformaciones en la ley de víctimas y solo hasta hoy vamos a tener dos cupos para representar a más de 20.000 personas”, puntualizó Higuera.
De las cinco mujeres que fundaron la Colectiva, solo dos continúan. Otras dos retornaron al país y la tercera se alejó del movimiento. Hoy trabajan de la mano de ONU Mujeres, Sisma Mujer, la Red Nacional de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos humanos y más de 30 organizaciones de víctimas en el exterior. Poco o nada se sabe de las historias de dolor que han tenido que padecer miles de colombianos que dejaron todo atrás, bien fuera porque la guerra los desplazó, o porque el precio para seguir viviendo en el país se pagaba con su vida.