Violencias durante ceses al fuego se redujeron 34 % en el segundo semestre de 2023
Este jueves, la Coordinadora Humanitaria presentará su primer informe anual de seguimiento y balance del contexto humanitario nacional dentro del cese al fuego temporal. La violencia a causa de grupos armados se redujo, pero hay formas de hostilidad persistentes que necesitan ser tratadas con urgencia.
Los ceses al fuego, así sean temporales, no son un capricho a la hora de negociar la desmovilización de un grupo armado. Cesar el fuego tiene efectos prácticos y directos en las comunidades afectadas por las dinámicas violentas. El Gobierno Nacional al mando de Gustavo Petro ha llegado a estas instancias con el ELN (cese temporal vigente hasta el 29 de enero de 2024) y el EMC, y el más reciente informe de la Coordinadora Humanitaria muestra que en efecto durante el segundo semestre de 2023 se redujeron hostilidades y ataques a población civil.
Sin embargo, hay otros elementos de violencia a tener en cuenta. La comisión de viejas violencias como el ataque a liderazgos sociales, afectaciones a la vida de personas en las regiones, las restricciones de movilidad y libre locomoción persistieron. Crímenes que, según la Coordinadora Humanitaria, se acentuaron en los meses de marzo, mayo, junio y agosto.
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¿Cuáles son las regiones más afectadas?
Al desagregar las regiones se observa que la violencia fue diferenciada y desproporcional en zonas del país específicas. Según el informe, los departamentos, subregiones o regiones más afectadas por los 1.047 eventos violentos acaecidos en 2023 fueron: Cauca (188), Caribe (174), Antioquia (114), Catatumbo (87) y Arauca (75).
Volviendo a referenciar los los 1.047 eventos violentos hay que tener en cuenta que: En relación con el consolidado semestral, se reportaron 634 eventos en el primer semestre del año y 413 eventos en el segundo semestre, lo que representa una disminución comparativa del 34% frente al semestre anterior.
Durante el 2023 se identificaron aproximadamente 634 eventos como posibles violaciones al CFBTN (cese al fuego bilateral temporal). El primer semestre registró 436 eventos frente al segundo semestre que registró 198 eventos.
En estos casos hubo una incidencia de los logros en desescalamiento de violencia que está teniendo la paz total, pues el grupo armado con mayor comisión de estos delitos fue el Clan del Golfo (grupo sin proceso de diálogo vigente con el Gobierno Nacional) con 255 eventos, seguido por la disidencia Estado Mayor Cental (237 eventos) y el ELN, con 191 casos.
Ahora bien, en detalle hay que tener en cuenta también los lugares y las formas de violencia que aumentaron en la segunda parte de 2023.
Por ejemplo, según la Coordinadora Humanitaria, hubo un “aumento significativo de eventos violentos en Cauca, Caribe, Antioquia, Catatumbo y Arauca. Para el primer semestre se registró un incremento en las incursiones de los grupos y/o estructuras armadas organizadas relacionadas con la intención de expansión y control territorial, especialmente en Cauca, Caribe y Antioquia”.
En línea con eso, las afectaciones a la participación en el ejercicio de la democracia aumentaron un 120 % en el segundo semestre de 2023; con 13 casos.
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Llamados para superar la violencia
Está claro que los indicadores de violencia territorial a causa de grupos armados han disminuido. Pero el país sigue teniendo un panorama turbio que con corte a noviembre dejó 630 posibles violaciones de ceses al fuego y hasta la fecha 93 masacres (de acuerdo con Indepaz).
De acuerdo con el informe, es importante evaluar lo que sucedió en 2023 para armar una hoja de ruta para el gobierno y los gobiernos locales entrantes para que en 2024 no sólo sigan disminuyendo las cifras de violencia, sino que haya garantías para que las poblaciones no repitan esas vivencias nunca más.
De hecho, en las páginas del informe se dan directrices “con el anhelo de una Colombia en paz que sugiere puntos como: acoger los acuerdos humanitarios, mínimos humanitarios, pactos por la vida y otras herramientas de protección y autoprotección para obtener nuevos compromisos de parte de los actores armados y exigir la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Erradicar acciones en contra de la vida, la libertad y la integridad de líderes, defensores de derechos humanos y firmantes de paz. O llevar a cabo Audiencias Públicas conjuntas a las comisiones de Paz y de Derechos Humanos (DDHH) del Congreso de la República en los territorios para avanzar en la paz total”.
Esto sumado a otros llamados como el de articular los Sistemas de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, implementar el Acuerdo de Paz de La Habana, priorizar el eje de víctima en las mesas de diálogo que tenga la paz total o el articular “a los diferentes estamentos de gobierno para hacer efectivas las acciones y principios del DIH y acuerdos generados en el marco de los ceses al fuego y los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación”.
Hubo otro ejercicio por parte de la Coordinadora Humanitaria es el de emitir solicitudes territoriales de paz de manera específica a partir de necesidades puntuales en diferentes partes del país.
Por la recolección de datos en las regiones, el informe detalla que desde el Catatumbo “se solicita articular con la OACP para desarrollar un diálogo regional humanitario en el que la región sea el piloto de las sedes territoriales para los escenarios de diálogos”.
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Desde Buenaventura, por otra parte y en medio de diálogos sociojurídicos con las bandas criminales del puerto, quedó consignada la petición de “fortalecer el acompañamiento institucional enfocado en la atención prioritaria a las reubicaciones realizadas en el territorio, con enfoque diferencial hacia comunidades negras e indígenas de las zonas afectadas, entre ellas la subregión del Bajo Calima y el Bajo y Medio San Juan”.
Y en otra zona de alta complejidad por la violencia de grupos armados, como la subregión del Magdalena Medio, la solicitud de la población recogida por el informe es la de instar a la “Comisión de DDHH del Senado de la República adelantar una Audiencia Pública sobre la situación de la Serranía de San Lucas debido a la grave situación de afectaciones humanitarias que allí se están viviendo. “.
En el Caribe, Caquetá, Chocó, Córdoba, Meta, Guaviare, Nariño, Putumayo, Santander y Tolima también se recogieron llamados y solicitudes que tienen algo en común: frenar una violencia que aún en días de paz total hace de sus vidas algo complejo y con pocas salidas viables a futuro.
Los ceses al fuego, así sean temporales, no son un capricho a la hora de negociar la desmovilización de un grupo armado. Cesar el fuego tiene efectos prácticos y directos en las comunidades afectadas por las dinámicas violentas. El Gobierno Nacional al mando de Gustavo Petro ha llegado a estas instancias con el ELN (cese temporal vigente hasta el 29 de enero de 2024) y el EMC, y el más reciente informe de la Coordinadora Humanitaria muestra que en efecto durante el segundo semestre de 2023 se redujeron hostilidades y ataques a población civil.
Sin embargo, hay otros elementos de violencia a tener en cuenta. La comisión de viejas violencias como el ataque a liderazgos sociales, afectaciones a la vida de personas en las regiones, las restricciones de movilidad y libre locomoción persistieron. Crímenes que, según la Coordinadora Humanitaria, se acentuaron en los meses de marzo, mayo, junio y agosto.
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¿Cuáles son las regiones más afectadas?
Al desagregar las regiones se observa que la violencia fue diferenciada y desproporcional en zonas del país específicas. Según el informe, los departamentos, subregiones o regiones más afectadas por los 1.047 eventos violentos acaecidos en 2023 fueron: Cauca (188), Caribe (174), Antioquia (114), Catatumbo (87) y Arauca (75).
Volviendo a referenciar los los 1.047 eventos violentos hay que tener en cuenta que: En relación con el consolidado semestral, se reportaron 634 eventos en el primer semestre del año y 413 eventos en el segundo semestre, lo que representa una disminución comparativa del 34% frente al semestre anterior.
Durante el 2023 se identificaron aproximadamente 634 eventos como posibles violaciones al CFBTN (cese al fuego bilateral temporal). El primer semestre registró 436 eventos frente al segundo semestre que registró 198 eventos.
En estos casos hubo una incidencia de los logros en desescalamiento de violencia que está teniendo la paz total, pues el grupo armado con mayor comisión de estos delitos fue el Clan del Golfo (grupo sin proceso de diálogo vigente con el Gobierno Nacional) con 255 eventos, seguido por la disidencia Estado Mayor Cental (237 eventos) y el ELN, con 191 casos.
Ahora bien, en detalle hay que tener en cuenta también los lugares y las formas de violencia que aumentaron en la segunda parte de 2023.
Por ejemplo, según la Coordinadora Humanitaria, hubo un “aumento significativo de eventos violentos en Cauca, Caribe, Antioquia, Catatumbo y Arauca. Para el primer semestre se registró un incremento en las incursiones de los grupos y/o estructuras armadas organizadas relacionadas con la intención de expansión y control territorial, especialmente en Cauca, Caribe y Antioquia”.
En línea con eso, las afectaciones a la participación en el ejercicio de la democracia aumentaron un 120 % en el segundo semestre de 2023; con 13 casos.
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Llamados para superar la violencia
Está claro que los indicadores de violencia territorial a causa de grupos armados han disminuido. Pero el país sigue teniendo un panorama turbio que con corte a noviembre dejó 630 posibles violaciones de ceses al fuego y hasta la fecha 93 masacres (de acuerdo con Indepaz).
De acuerdo con el informe, es importante evaluar lo que sucedió en 2023 para armar una hoja de ruta para el gobierno y los gobiernos locales entrantes para que en 2024 no sólo sigan disminuyendo las cifras de violencia, sino que haya garantías para que las poblaciones no repitan esas vivencias nunca más.
De hecho, en las páginas del informe se dan directrices “con el anhelo de una Colombia en paz que sugiere puntos como: acoger los acuerdos humanitarios, mínimos humanitarios, pactos por la vida y otras herramientas de protección y autoprotección para obtener nuevos compromisos de parte de los actores armados y exigir la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Erradicar acciones en contra de la vida, la libertad y la integridad de líderes, defensores de derechos humanos y firmantes de paz. O llevar a cabo Audiencias Públicas conjuntas a las comisiones de Paz y de Derechos Humanos (DDHH) del Congreso de la República en los territorios para avanzar en la paz total”.
Esto sumado a otros llamados como el de articular los Sistemas de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, implementar el Acuerdo de Paz de La Habana, priorizar el eje de víctima en las mesas de diálogo que tenga la paz total o el articular “a los diferentes estamentos de gobierno para hacer efectivas las acciones y principios del DIH y acuerdos generados en el marco de los ceses al fuego y los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación”.
Hubo otro ejercicio por parte de la Coordinadora Humanitaria es el de emitir solicitudes territoriales de paz de manera específica a partir de necesidades puntuales en diferentes partes del país.
Por la recolección de datos en las regiones, el informe detalla que desde el Catatumbo “se solicita articular con la OACP para desarrollar un diálogo regional humanitario en el que la región sea el piloto de las sedes territoriales para los escenarios de diálogos”.
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Desde Buenaventura, por otra parte y en medio de diálogos sociojurídicos con las bandas criminales del puerto, quedó consignada la petición de “fortalecer el acompañamiento institucional enfocado en la atención prioritaria a las reubicaciones realizadas en el territorio, con enfoque diferencial hacia comunidades negras e indígenas de las zonas afectadas, entre ellas la subregión del Bajo Calima y el Bajo y Medio San Juan”.
Y en otra zona de alta complejidad por la violencia de grupos armados, como la subregión del Magdalena Medio, la solicitud de la población recogida por el informe es la de instar a la “Comisión de DDHH del Senado de la República adelantar una Audiencia Pública sobre la situación de la Serranía de San Lucas debido a la grave situación de afectaciones humanitarias que allí se están viviendo. “.
En el Caribe, Caquetá, Chocó, Córdoba, Meta, Guaviare, Nariño, Putumayo, Santander y Tolima también se recogieron llamados y solicitudes que tienen algo en común: frenar una violencia que aún en días de paz total hace de sus vidas algo complejo y con pocas salidas viables a futuro.