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Al excombatiente de las Farc José Reinel Cano Medina lo asesinaron el pasado primero de diciembre, mientras se movilizaba en una motocicleta hacia su casa en Caloto, Cauca. Su muerte es la más reciente entre más de 342 homicidios de antiguos miembros de la extinta guerrilla desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016. A estos hechos de violencia se les suman al menos 105 tentativas de homicidio, 27 desapariciones forzadas y más de 60 asesinatos de familiares, que dan cuenta del riesgo que viven las personas en proceso de reincorporación a la vida civil y sus parientes.
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Para hacerle seguimiento a esta ola de hechos victimizantes que no se detiene, un grupo de excombatientes creó Corporpaz, una corporación de derechos humanos que tiene como objetivo registrar, documentar y denunciar estos casos, además de interlocutar con las instituciones del Estado que están involucradas en la seguridad de los firmantes de paz y las comunidades con las que habitan.
“La visión va más allá de la protección en sí de los firmantes, es de ellos y las comunidades. Es un aporte en las acciones de la no repetición como parte de la actividad reparadora que nos comprometimos los firmantes te paz”, dijo Pastor Alape, líder de reincorporación y dirigente del Partido Comunes, durante el lanzamiento de Corporpaz, este 7 de diciembre.
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La corporación está liderada por 16 exguerrilleros que, en los últimos seis años, se han formado como promotores de derechos humanos y trabajan en los territorios más golpeados por el conflicto armado.
Uno de ellos es Luis Fernando Enriquez, quien desarrolla su labor en Cauca. Según contó, “la corporación nace de la iniciativa de tener estos promotores de paz en los departamentos. Es importante también para poder prevenir y para poder actuar de manera ágil y concreta dado el recrudecimiento de la guerra en el territorio. El departamento del Cauca ha sido de los más golpeados y es uno de los que más sufre el yugo de la guerra”.
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En efecto, según los registros de la Misión de Verificación de la ONU -que ha documentado los hechos de violencia contra los exFarc-, más del 80% de los asesinatos se concentran en Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo, Norte de Santander, Valle del Cauca y Chocó. En varios de estos territorios están presentes los miembros de Corporpaz.
Manuela Sessa, integrante de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, hizo presencia en el lanzamiento de la corporación y contó que “es el resultado de un apoyo que la misión dio para un proyecto de promotoría de derechos humanos con el colectivo de excombatientes que han sido clave para ser antenas en el territorio de las exigencias, de la demanda en materia de garantías de excombatientes”.
La alta funcionaria reconoció que el papel de los excombatientes ha sido fundamental en el tema de seguridad, para activar ruta de atención en materia de prevención, protección, investigación de los ataques que se han dado y la violencia que se da en contra del colectivo.
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“También ha sido clave para ser la contraparte natural de un mecanismo muy importante, de un mecanismo tripartito que se ha creado entre el Partido Comunes, la brigada especial de investigación de la Fiscalía General de la Nación y la Misión. Es un mecanismo innovador donde las partes trabajan juntas para monitorear el avance investigativo de los casos cometidos en contra de los excombatientes y también para compartir análisis de riesgos y lecturas territoriales de fenómenos de violencia contra los excombatientes, que son cruciales para poder apoyar y avanzar en materia de política pública, en materia de prevención, protección, investigación”, dijo Sessa.