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Las graves alteraciones de orden público y los enfrentamientos en diferentes puntos de Colombia entre grupos armados -algunos de ellos con avanzadas negociaciones de paz- no solo han alertado al país, sino que han profundizado la desconfianza en esos diálogos y, de hecho, provocaron un duro primer jalón de orejas por parte del alto comisionado de Paz, Otty Patiño.
“El cese al fuego no es un permiso para cometer delitos”, dijo Patiño, un mensaje que iba dirigido hacia el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) que han realizado las acciones armadas de los últimos días en Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Antioquia (ver mapa).
Ambos grupos tienen ceses al fuego bilaterales vigentes, por lo que tanto las comunidades como el mismo Gobierno han pedido seriedad en esos compromisos.
En contexto: “El cese al fuego no es un permiso para cometer delitos”: comisionado a ELN y EMC
ELN: El paro armado y otras acciones
Uno de los primeros hechos ocurrió en Chocó, donde el Frente de Guerra Occidental del ELN decretó un paro armado en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, que afectó a cerca de 27 mil personas, según la Procuraduría.
El paro, que fue suspendido a la medianoche de este miércoles, se hizo, según la guerrilla, para “salvaguardar la vida de la población”, dada la presencia de paramilitares, a quienes señalaron como responsables de retenes ilegales sobre esos afluentes. En ese territorio el ELN tiene una fuerte disputa territorial con las AGC o Clan del Golfo.
El anuncio se dio apenas una semana después de que se logrará la extensión del alto al fuego con esa guerrilla al término del sexto ciclo de negociaciones, por lo que ha dejado una sensación de desconfianza sobre la voluntad de paz del grupo. Para el alto comisionado, la sola declaración de un paro armado fue “una deslealtad con los acuerdos” del último ciclo que terminó hace una semana.
De acuerdo con Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), esta decisión del paro armado, es una respuesta del ELN para seguir manteniendo el control de la zona. “Hasta el día en el que estén desmovilizados van a tener esa pretensión como grupo armado, al igual que el Clan del Golfo. El Chocó justamente es un escenario de disputas, pero no un escenario de control del grupo”, explicó.
Hay que aclarar, sin embargo, que dentro de los protocolos firmados por esa guerrilla y el Gobierno los confinamientos no hacen parte de las acciones prohibidas y, por tanto, en estricto sentido no sería una violación a ese cese ni es un hecho a verificar.
“El cese al fuego bilateral no puede ni tiene el propósito de desactivar esas formas de violencia e inseguridad. En ese sentido, el conflicto entre el ELN y el Clan del Golfo, en particular en el Chocó, no solamente sigue activo, sino que se ha exacerbado. El Clan no tiene necesidad de limitar sus actuaciones porque no tiene que demostrar una intención de negociar con el Gobierno. Es el único gran grupo armado que no tiene en este momento algún tipo de afectaciones dentro de la iniciativa de paz total con el Gobierno”, explicó a este diario Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).
Y agregó que el principal propósito del cese no es el de prevenir choques con otros grupos armados, sino que “no sufra la población civil” y que por ello “se han alcanzado los acuerdos humanitarios”.
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Y en eso coincide Andrés Preciado, director de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). “¿Cómo se protege a una población que se está confinando y se está amedrentando a través de un paro armado? Eso no tiene mucho sustento y lo que deja claro es que en el panorama actual de la situación del país las confrontaciones tienen un protagonismo que no puede negarse”, indicó.
Fuentes de esa mesa de diálogos afirman a este diario que el hecho de que algo como un confinamiento no esté en los protocolos del cese al fuego, no quiere decir que la acción no sea un “crimen de guerra” y una “acción terrible” que no tiene ninguna justificación.
Además, tampoco significa que las autoridades no puedan hacer nada. “Aunque no se pueda verificar por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), la fuerza pública tiene el deber de reprimirlo y no exime al ELN de la responsabilidad en ello”, dijo la fuente.
En ese sentido también se dio el pronunciamiento del Alto Comisionado. En su alocución fue claro al decir que las autoridades sí podían actuar frente a estos casos, que ha sido una de las críticas de sectores opuestos a las negociaciones de paz. “La Fuerza Pública tiene el deber de actuar de manera eficaz y pronta para prevenir y neutralizar este tipo de hechos”, dijo Patiño.
“Valoro como positivo que el Gobierno esté subiendo el listón de cuáles son las cosas que deben hacer los grupos para poder avanzar en los tableros de negociación”
Andrés Preciado, director de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP)
Y agregó que, aunque las autoridades deben proteger las negociaciones y acuerdos, también “evitar que estos territorios sean copados por otros grupos que persisten en la violencia y la ilegalidad”.
Pero no es el único hecho en el que está involucrado el ELN en su disputa con el Clan del Golfo. En Segovia, Antioquia, al menos 3.500 personas están confinadas en nueve puntos de las veredas El Aguacate, Arenales y Rancho Quemado, en la zona norte de ese municipio. En una alianza poco común, que solo se ha visto en este punto y en Nariño, el ELN se unió con la Segunda Marquetalia para enfrentar al Clan.
En contexto: Cerca de 3.500 personas se encuentran confinadas en Segovia, Antioquia
En los últimos días, los enfrentamientos se han agudizado por la disputa por el territorio, según ha denunciado el mismo alcalde del municipio, Edwin Castañeda. Por ese corredor que conecta con el Urabá hay tráfico de drogas y armas y rentas criminales asociadas a la minería ilegal. Esta sería una de las razones de los últimos combates.
La situación llevó a Castañeda a pedir acompañamiento y ayuda del gobierno regional y nacional. Tras un consejo de seguridad en el que estuvo presente el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, Policía y el Ejército, se decidió hacer el despliegue de 220 tropas para tratar de restablecer el orden público. “Es el engaño de la paz total”, dijo Rendón en su cuenta de X.
Las acciones de la disidencia Estado Mayor Central
Sumado a las acciones del ELN, la disidencia de las FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC)-con quien el Gobierno también lleva una negociación muy adelantada-, también ha hecho sendos ataques armados en zona rural de Piamonte, Cauca, que dejaron dos personas heridas, entre ellas a una menor de edad.
Ayer ocurrió el primer hecho de violencia. Se trató de una masacre en la vereda Brasilia en la que hombres armados ingresaron y asesinaron a cuatro personas. El segundo fue un ataque a un bus escolar. Pese a que el vehículo llevaba todos los distintivos que lo identificaban como transporte de una institución educativa, este recibió varios impactos de bala. En el hecho, de acuerdo con el reporte de la Defensoría, resultó lesionada una adolescente de 13 años, así como un adulto, que también se movilizaba en el vehículo.
El Alto Comisionado de Paz también se refirió a ese hecho y dijo que el acto constituía “un hecho claramente repudiable que viola los más elementales principios que rigen el Derecho Internacional Humanitario”.
Además, en Jamundí, un frente del EMC ha estado haciendo controles a la población a través de empadronamientos y extorsiones. “Estos hechos laceran la confianza en el proceso mismo de construcción de paz”, dijo Patiño.
El otro punto de confrontación de esa disidencia es en Nariño, específicamente en el municipio de Olaya Herrera, corredor hacia Tumaco y uno de los puntos de salida usados por el narcotráfico. La disputa por el control de esas rutas, así como de los focos de minería ilegal, es entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, del Estado Mayor Central, y el Bloque Occidental Alfonso Cano, perteneciente a la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’, una facción de la Segunda Marquetalia.
Este último grupo, al mando de Iván Márquez, cuenta con el apoyo del ELN, con quien hace un mes sellaron una alianza en ese departamento.
Además, la semana pasada, el Gobierno anunció el inicio formal de un diálogo de paz con la Segunda Marquetalia, que abre todo un debate jurídico sobre las implicaciones de hacerlo, dado que sus fundadores firmaron el Acuerdo de Paz y volvieron a las armas.
Para el investigador Preciado, estos hechos violentos en el país responden a una lógica de los grupos que buscan el protagonismo en los enfrentamientos. “Es la confrontación la que está marcando la parada en la situación de orden público en el país y se está haciendo un llamado más claro para que el Estado desescale esas confrontaciones con el aparato de seguridad y justicia, a la par que avanzan los tableros de negociación (...) Por eso es muy importante que a la par que el Estado avanza en los distintos diálogos o tableros de negociaciones, se haga un nuevo replanteamiento de cómo se están atendiendo esas negociaciones”, explica.
Hasta ahora los procesos con el EMC y el ELN no han estado exentos de tropiezos y de dudas, pero el panorama puede volverse aún más complicado si se tiene en cuenta que la génesis de ambas disidencias es la misma: apartarse del Acuerdo de Paz y configurarse como las verdaderas herederas de las extintas FARC.
Este nuevo escenario pone sobre la mesa si el Gobierno podrá echar a andar tres procesos de paz simultáneamente, un reto que no es menor dadas las confrontaciones y diferencias entre los tres grupos armados que se han hecho evidentes en los últimos días.
Respaldo al pronunciamiento del Alto Comisionado
En su declaración del pasado 14 de febrero, el Alto Comisionado para la Paz fue contundente en su llamado de atención a los grupos armados, para que “se comprometan con la transformación de los territorios agobiados por las inequidades y por las violencias”.
Organizaciones como el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), respaldaron el carácter oportuno de la intervención del comisionado Otty Patiño.
Jorge Restrepo, director del Cerac, argumentó que el llamado de atención que envió el Estado es correcto y responde a las necesidades de las negociaciones de paz que se desarrollan de forma simultánea, al tiempo que se incumple con el objetivo de proteger la integridad de las comunidades. “La afirmación que hace el Alto Comisionado es una afirmación correcta. El propósito de la negociación no es parar la guerra entre el ELN o el Estado (…), es que no sufra la población civil”, comentó.
Y agregó: “Más que criticar al Alto Comisionado, es un giro importante en términos del discurso y de la política pública de paz, en el sentido de denunciar también desde el Estado la violencia de los grupos que están en negociación”.
La investigadora Bonilla, de Pares, coincidió en la importancia de las declaraciones de Patiño y calificó el pronunciamiento como “un llamado de atención necesario” para recuperar la confianza en la negociación. “El Gobierno, sí o sí, debe mostrar resultados. El proceso de paz debe tener cierto avance para que la gente pueda vivir mejor, para que no tengan que vivir en medio de la violencia”. Sin embargo, explicó que la mayor incidencia se reflejaría en la mesa adelantada con el ELN, ya que “el proceso con el EMC tiene su propio ritmo, es un poco más lento por la situación del Cauca”.
Preciado, de la FIP, destacó que en el pronunciamiento de Patiño “hay un viraje de la postura que traía el anterior Alto Comisionado, Danilo Rueda, en la medida en que hay un reproche más significativo del Gobierno y hay un reconocimiento de lo que efectivamente está pasando”.
Desde su análisis, mostrar la postura del Estado colombiano de una forma más evidente, frente a lo que “genera un ruido adicional a una mesa que no necesita más tropiezos”, ayuda a sentar una postura de interés del Gobierno en que la negociación avance bajo las premisas de cumplimiento de lo acordado y sin restarle legitimidad al proceso, como efecto de las acciones violentas.
Además, celebró “el cambio de actitud del Gobierno”, evidenciado en las declaraciones del Alto Comisionado para la Paz. “Valoro como positivo que el Gobierno esté subiendo el listón de cuáles son las cosas que deben hacer los grupos para poder avanzar en los tableros de negociación”, dijo.
“El llamado que hace Otty Patiño es sensato, en la medida en que está pidiendo mayor compromiso y voluntad de los grupos; sobre todo, un comportamiento más coherente entre la postura de negociación que los lleva a sentarse en las mesas y lo que hacen territorialmente”, concluyó.
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