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Jorge se acomoda el casco y levanta la mirada hacia el cielo. Comprueba que el nubarrón grisáceo y cargado de agua nos persigue, pero no acelera su moto. Se mantiene andando a media marcha por una vía angosta donde el pavimento hace sus últimos esfuerzos por sobrevivir: la carretera que conduce de La Montañita a El Paujil, entre las sabanas y morichales del occidente del Caquetá. “Acá ya empezamos la trocha”, dice mientras gira a la izquierda y toma un camino rural que zigzaguea al inicio de la cordillera.
Cinco kilómetros más adelante, en una meseta de la vereda Agua Bonita -a 37 kilómetros de Florencia, la capital del departamento- aparecen las primeras construcciones del poblado Héctor Ramírez. Fue este el lugar a donde llegaron el 17 de febrero de 2017 más de 300 exguerrilleros de las FARC que operaban en el sur del país para empezar a construir una vida lejos de las armas.
En los siete años que han pasado desde entonces, el poblado se ha convertido en una villa de la mitad del tamaño del casco urbano de La Montañita, con tiendas, supermercados, sastrerías, fábrica de zapatos, empresa de turismo, restaurante, biblioteca, un centro educativo infantil, hotel, terrenos cultivados y una base de entrenamiento y operaciones de desminado humanitario a manos de excombatientes que es pionera en el mundo.
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Por los senderos destapados que conectan todos esos espacios caminaron el viernes pasado los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, la instancia más relevante del organismo internacional. La comitiva llegó hasta el antiguo ETCR (Espacio de Capacitación y Reincorporación) Héctor Ramírez para conocer de primera mano cómo avanza el tránsito a la vida civil de los firmantes de paz, a qué desafíos se enfrentan y qué tanto han despegado sus proyectos productivos.
Son propuestas que, a punta de ensayos, éxitos y tropezones, les han permitido a los excombatientes mantenerse a flote en medio del complejo proceso de reincorporarse luego de permanecer durante años en la guerra. También han sido la forma de tejer lazos de reconciliación con las comunidades aledañas, que están vinculadas a varias de las iniciativas e incluso han encontrado un espacio en el poblado, donde viven más de 500 personas.
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“Acá nos planteamos un modelo de producción cooperativista basado en rescatar relaciones de solidaridad que permitan reconstruir el tejido social. Nuestra Cooperativa Multiactiva para el Buen Vivir y la Paz del Caquetá (Coombuvipac) es la dueña de la gran mayoría de iniciativas que existen aquí, por eso tiene la responsabilidad de trasladar eso en oportunidades de empleo y sostenibilidad para cada uno de nosotros”, cuenta el firmante de paz Federico Montes, líder del poblado y coordinador del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI).
De la tierra y la piña al turismo de paz
A la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Agua Bonita II, donde está ubicado el poblado Héctor Ramírez, aún le causa gracia cuando le preguntan por su identidad. “Es que nosotros somos los de los dos nombres. El mío es Esperanza Torres, pero en la organización me decían Ximena, y así me reconoce la mayoría”, explica mientras se acomoda en una mecedora suspendida del techo de su casa.
Es una construcción acogedora, con cocina enchapada, algunas paredes cubiertas de madera y pisos de baldosa, para evitar que se encierre el calor (la temperatura promedio es de 30 grados centígrados). A diferencia de otros antiguos ETCR —donde los exguerrilleros y sus familias siguen viviendo en casas prefabricadas planeadas para habitarlas por seis meses, pero donde permanecen tras siete años ante la falta de adjudicación de tierras—, en el poblado Héctor Ramírez la apuesta ha sido edificar en bloque y cemento, para el largo plazo.
“Acá hemos podido arreglar nuestras casas porque desde que llegamos hicimos la gestión para comprar el terreno y pudimos hacerlo como apuesta de la cooperativa. Aún estamos pagándolo, pero eso le da a uno cierta seguridad y arraigo”, cuenta Esperanza.
Tan pronto llegaron a Agua Bonita, en 2017, surgió, junto a la idea de comprar el predio, la inquietud por cultivar la tierra, arreglar las vías y planear el acceso a servicios públicos, salud y educación.
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Con la estructura militar ya desaparecida, los excombatientes se organizaron en comités y empezaron a construir el centro poblado, que vieron desde el inicio como el punto de partida para su nueva vida. Una de las primeras iniciativas fue sembrar piña. “El entonces dueño de la finca nos dio permiso de cultivar dos hectáreas, y 14 meses después nos dio la primera cosecha: 120 toneladas. Eso fue un éxito porque vimos que generaba rentabilidad en un área pequeña, porque acá en esa extensión se puede mantener apenas una vaca”, recuerda Federico Montes.
La mayoría de los firmantes de paz invirtieron en las líneas productivas de la cooperativa Coombuvipac los recursos girados por el Estado para la puesta en marcha de proyectos productivos. En colectivo, ampliaron el cultivo de piña y dieron vida a una microempresa de ganadería, una fábrica de zapatos, una cancha sintética de fútbol y un emprendimiento de turismo para la paz y la reconciliación: Turipaz.
Esperanza y su esposo, Reinaldo Martínez (conocido como Diego), son dos de los impulsores de Turipaz. Ofrecen seis rutas por senderos agroturísticos, de hidrología y memoria. Uno de los recorridos se hace al interior del centro poblado, que es considerado un museo al aire libre producto de las seis ediciones del festival de arte mural Agua Bonita se Pinta de Colores, en el que artistas de todo el país han transformado las fachadas de las casas en representaciones artísticas de la paz, la memoria colectiva fariana y las apuestas de reconciliación de esta población. También visitan la Biblioteca de Educación Popular Alfonso Cano, la primera conformada por excombatientes teniendo como insumo los libros que movilizaban de campamento en campamento antes de la firma del Acuerdo de Paz.
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“Acá ofrecemos un turismo diferente, en el que mostramos lo que hemos logrado construir en estos años, y sumamos el hecho de estar en la puerta de oro de la Amazonia. Acá generamos espacios de diálogo para que surjan sin temores las preguntas entre población firmante y no firmante, porque lo que hemos aprendido es que la paz se construye dialogando”, cuenta Reinaldo.
La visita del Consejo de Seguridad de la ONU
Aunque una parte de todas estas iniciativas fueron presentadas como logros de la implementación del Acuerdo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los exguerrilleros también alertaron sobre varias situaciones de riesgo y dificultades a las que se han enfrentado.
El firmante de paz Franklin González advirtió que el aumento de grupos ilegales y disidencias en el Caquetá ha puesto en peligro la vida de los 907 ex-FARC que viven en el Caquetá y recordó que desde la firma del pacto, en 2016, han sido asesinados 418 excombatientes.
Varios de ellos eran parte de este poblado, como Wilmer Álvarez Medina, quien murió baleado en una masacre en la zona rural de Cartagena del Chairá en abril de 2021. “Quien vive para la revolución nunca muere… nace todos los días en la esperanza”, se lee en una valla que la comunidad mandó pintar en homenaje a Medina, que está ubicada en la entrada del caserío.
“Nos encontramos dislocados en varias partes. La mayoría estamos haciendo el proceso de reincorporación con las uñas”, les dijo González a los representantes de la ONU.
La lideresa Esperanza Torres aseguró que, aunque en este antiguo ETCR se avanzó en la compra de tierras por gestión propia de los excombatientes, el predio es insuficiente para la estabilidad económica a largo plazo: “El esfuerzo organizacional nos ha permitido sostenernos, pero hay unos retos muy grandes. Esta finca tiene 250 hectáreas, ya no tiene espacio para expandirse en construcciones y la comunidad ha ido creciendo. La tierra productiva es solo el 40 %, el cultivo de piña no es autosostenible todavía y en todo caso, para poder plantear proyectos de vida reales, hemos estimado que se necesitan al menos 1.500 hectáreas más”.
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Al cierre de la visita, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, aseguró que la comitiva tomó nota de todas las preocupaciones expresadas por los firmantes y hará una evaluación al respecto.
“Tenemos un Consejo de Seguridad ya no solamente informado a través nuestro, sino que de primera mano se lleva información muy detallada de parte directa de los actores principales, tanto nacionales como locales, para que cuando tomen sus decisiones lo hagan sobre esa base”, aseguró Ruiz.
