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Parado sobre una butaca, Rafael Álvarez explica el mapa de la antigua hacienda Cedro Cocido, que tiene pegado en la pared de la sala de su casa. Señala su parcela, donde estamos ahora, dice que es la número seis y que es una de las más cercanas a la vía que viene de Montería y del corregimiento de Leticia. El mapa muestra una porción de tierra de 1.410 hectáreas, dividida como con regla en pedazos más pequeños de 5, 8, 20 y hasta 30 hectáreas. Es lo que existe hoy en lo que fue en su momento una de las propiedades más valiosas para la extinta casa Castaño de los paramilitares.
El que explica el mapa es hijo de la señora Reinalda Ortiz, una mujer mayor, quien aparece en la primera sentencia de restitución de tierras que les devolvió a ella y a otros 58 campesinos los predios que habían sido suyos y de los que habían tenido que salir desplazados alrededor del año 2000. Esa sentencia es del 2 de agosto de 2013, hace ya casi una década, y desde entonces los parceleros de Cedro Cocido han regresado a echar a andar su proyecto de vida en estas tierras.
Rafael Álvarez es hoy el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Cedro Cocido (Asopaccol), que reúne a unas 40 familias restituidas en esa antigua hacienda. Familias todas productoras de leche que empezaron hace cuatro o cinco años con el proyecto inicial que venía con la restitución de tierras: cuatro vacas y un toro. Hoy, buena parte de esas familias alcanza a tener 30 cabezas de ganado, sabe de sistemas silvopastoriles de ganadería (con árboles en el potrero), tienen pastos de corte y sus fincas de cinco u ocho hectáreas las tienen produciendo más que fincas de grandes extensiones de tierra. Todo, luego de dos décadas de resistencia por aferrarse a este pedazo de tierra en el que una vez mandaron los Castaño, pero en el que hoy deciden ellos.
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La “reforma agraria” de Fidel Castaño
Luis Navarro es un campesino que hoy vive en otra de las parcelas de Cedro Cocido. Cuenta que antes de haber pisado esta tierra por primera vez, vivía en Aguas Negras, un corregimiento de Montería, corría 1990 y estaba asociado con otros campesinos para pedirle al antiguo Incora que les adjudicara tierras para trabajar. Estando en esas diligencias, aparecieron emisarios con el mensaje de que los hermanos Castaño estaban repartiendo tierras a campesinos, que debían ir a la fundación que habían creado ellos en Montería y llenar los formularios para postularse.
Se trataba de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), que Fidel Castaño creó el 14 de noviembre de 1990, en medio de la supuesta desmovilización de su grupo paramilitar conocido como Los Tangueros. La fundación, presidida por Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño, era la cara social de los paramilitares en la región y a través de esa entidad se planteó repartir entre campesinos 10.000 hectáreas de tierra de por lo menos siete haciendas a las que se había hecho Fidel en Córdoba: Las Tangas, Jaraguay, Roma, Pasto Revuelto y Santa Mónica, en el municipio de Valencia; y Santa Paula y Cedro Cocido, en el corregimiento de Leticia, en Montería.
A Nelly Madrid le tocó una parcela de cinco hectáreas en Cedro Cocido. Dice que a ella los funcionarios de Funpazcor la buscaron y le ofrecieron la tierra porque es viuda. Su esposo, Miguel Isaac Pérez, desapareció el 17 de marzo de 1990 en Montería. Ella misma habló con “doña Tere”, como le dice ella a Sor Teresa Gómez, y se encargó de contactar a otras mujeres viudas para que también recibieran tierra.
La ceremonia de entrega de Cedro Cocido, aventura a decir uno de los campesinos restituidos hoy, se hizo el 19 de abril de 1991 y allí estuvo hasta el obispo de Montería, monseñor Julio Cesar Vidal. Esas donaciones las legitimó la Iglesia, y, por ejemplo, El Tiempo publicó una foto de monseñor Isaías Duarte Cancino, obispo de Urabá, entregando escrituras de la finca Las Tangas a los beneficiarios. Además, Luis Fragoso Pupo, otro de los directivos de Funpazcor, un mes antes de asumir en la fundación, había sido secretario de Gobierno de Montería, exgerente del Banco Industrial Colombiano y de la Lotería de Córdoba.
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La “contrarreforma” de Funpazcor
Los parceleros que habían recibido tierras pronto se dieron cuenta de que los dueños seguían siendo los de Funpazcor. No podían sembrar cultivos de pancoger y no podían transar con esa tierra sin el permiso de la fundación. Además, solo les podían arrendar a quienes hacían parte de ella. “A nosotros nos dijeron: ustedes tienen la tierra, pero no tienen ganado; nosotros tenemos el ganado, arriéndennos las tierras”, dice Rafael Álvarez.
Nelly Madrid, por ejemplo, dice que Sor Teresa “le sugirió” no ir a esas tierras, para que siendo viuda no pasara trabajos en el predio, y que más bien le arrendara a ella. Dice que la gerente de Funpazcor siempre le pagó cumplidamente el arriendo y con esa plata educó a sus hijas. “Con lo que ella me pagaba, eso era como si mi esposo hubiera quedado vivo, porque esa plata yo la cogía, pagaba el colegio de mis hijas y les compraba la ropa de Navidad”, sostiene.
Para Rafael Álvarez, en realidad, todo estuvo calculado: “Esto más bien fue un proceso como para empapelar ellos las tierras; porque si se las compraban a quienes ellos se las habían donado, ya quedaban con escrituras”, dice. Y así fue.
A partir de 1999, en pleno apogeo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), funcionarios de Funpazcor empezaron visitas a domicilio y a todos los parceleros les dijeron lo mismo: “Necesitamos la tierra”. Ofrecieron pagar las fincas a $1 millón por hectárea y así las pagaron en efectivo. A nadie le pusieron un revolver en la cabeza, coinciden los parceleros, pero a todos les dijeron que la orden “venía de arriba”. Nelly Madrid dice que a ella la buscó el propio Luis Fragoso, quien con un mapa le mostró que ya todos los que la rodeaban habían vendido, que le tocaba a ella también. En medio de esas conversaciones Fragoso murió en un accidente de tránsito. Ella luego vendió por los mismos $5 millones que le dieron a cada parcelero.
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Los compradores fueron allegados a Funpazcor que, a su vez, englobaron predios y luego vendieron hasta que casi la totalidad de Cedro Cocido quedó en manos de dos socios: Guillermo León Restrepo Rico y Gabriel Jaime Vásquez Guerrero, ambos de origen paisa, quienes acumularon las tierras englobadas. Este último aparece en reportes de prensa relacionado con John Úber Hernández Santa, a quien se le llama “el zar del oro”, investigado por lavarle dinero a la mafia. Ambos aparecen en un reporte de la Fundación Forjando Futuros, que monitorea la restitución de tierras, entre los diez principales opositores al proceso de restitución en Colombia.
La lucha por quedarse en la tierra
Desde la primera sentencia que en 2013 les devolvió las tierras a 59 parceleros, ya son trece fallos de restitución de tierras en Cedro Cocido en los que 113 familias han recuperado sus fincas, lo que significa un poco más de 470 personas. En total, en esas decisiones se han devuelto 695 hectáreas a los campesinos.
Eso no lo alcanzó a ver Yolanda Izquierdo. Ella fue la primera en empezar a pelear para que les devolvieran las tierras a los campesinos, cuando no existía aún la Ley de Restitución de Tierras, que se emitió en 2011. Ella también recibió una parcela de manos de Funpazcor, en su caso en Santa Paula, y luego a ella también se la quitaron. Hoy, los campesinos de Cedro Cocido dicen que fue ella la que los impulsó a reclamar los terrenos. A Yolanda la asesinaron en enero de 2007. La orden de su asesinato la dio sor Teresa Gómez y la justicia la condenó a cuarenta años de prisión por ese homicidio.
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Al padre de Rafael Álvarez, que se llama igual que él, le debió haber calado el mensaje de Yolanda. Una vez emitida la ley de restitución, empezó a moverse aquí y allá, llevar papeles, averiguar y tocar puertas. Muchas veces lo estafaron avivatos que le cobraron dinero y luego se desaparecieron. Insistió. Pero antes de que pudiera ver su tierra restituida, falleció en un accidente de tránsito.
Rafael hijo se hizo cargo del predio cuando se los entregaron, hace ya más de cinco años. Al principio la Unidad de Restitución de Tierras (URT) les entregó en promedio cinco vacas y un toro y con eso se paró. “Nos dijeron que la idea es que esto fuera autosostenible, pero más que eso, lo hemos hecho rentable”, sostiene.
Lo dice ahora que en su finca de cinco hectáreas tiene 32 cabezas de ganado. “Una parcela de cinco hectáreas bien administrada da más que una de cincuenta”, explica, y sostiene que la ganadería no tiene que ser extensiva (una vaca por hectárea). Dice que ha aprendido sobre sistemas de ganadería silvopastoril que le permiten tener más animales por hectárea. En su finca tiene cinco potreros y así va rotando a los animales. Pero, además, siembra berenjena, papaya y otras frutas que también comercializa.
Por el grado de organización de los productores de Cedro Cocido, lograron quedar seleccionados en un proyecto de la URT con la FAO y la Embajada de Suecia para fortalecer sus proyectos productivos y ahora casi todos los parceleros tienen ganado de alta producción lechera. Rafael Álvarez dice que de la producción de su finca saldrá el dinero para pagarles la universidad a sus dos hijos, que hoy estudian en el colegio del corregimiento de Leticia.
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Nelly Madrid tiene también cerca de treinta cabezas de ganado y unos 110 árboles frutales que le dan níspero, naranja, limón, mango y guanábana, entre otras. Ella, incluso, ya tiene una pareja de trabajadores en su finca, La Ponderosa, que administran y se encargan del ganado y los cultivos. Dice que ha avanzado con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el caso de su esposo, desaparecido hace 30 años.
El pasado 8 de marzo, 34 mujeres productoras constituyeron legalmente la Asociación Agropecuaria de Mujeres Rurales de Cedro Cocido (Asoamurucc), con la que esperan ser autónomas económicamente y desde la que han venido impulsando emprendimientos individuales. Entre ellas, por ejemplo, han impulsado en mercados campesinos de Montería la venta de mochilas hechas a partir de bolsas plásticas, además de galletas de limón, antipastos, postres y otros productos transformados que cultivan en sus fincas. Lo que buscan es poder tener una marca propia que reúna sus productos y facilite la comercialización.
Todo ha sido una lucha. Con sentencia en mano, han ido de entidad en entidad exigiendo el cumplimiento de las órdenes que los jueces de restitución de tierras han emitido en favor de los campesinos de Cedro Cocido. Lo han ido logrando. Hoy, según datos de la URT, el 78 % de las viviendas para los campesinos de estas parcelas ya se entregaron y las demás ya están priorizadas.
Por su cuenta se fueron instalando la luz eléctrica, pero ya se ejecutó la primera etapa de electrificación oficial que benefició a 31 familias de la zona. El llamado hoy es por el mejoramiento de las vías, porque a las parcelas más alejadas es todavía muy difícil llegar. Según la URT, se van a intervenir 21 km de vía, para lo cual están destinados $50.000 millones.
La herencia de la tierra se la tomaron en serio y se han negado a vender sus parcelas restituidas, como ha ocurrido en otros casos. De hecho, cuentan que así ha ocurrido en la vecina hacienda de Santa Paula. Acá, algunas familias vendieron, pero quienes compraron no eran campesinos. Hablan de un comprador que llegaba en carros lujosos, construyó piscina y hacía fiestas descomunales. Entonces se organizaron y frenaron las ventas.
Sin embargo, como no todas las tierras han sido restituidas, algunos de los campesinos aún colindan hoy con parcelas que siguen siendo de Guillermo León Restrepo, el comprador masivo de Cedro Cocido y uno de los principales opositores en los procesos de restitución. Eso muestra el enorme reto que tiene todavía la política de restitución de tierras, por la cual se han devuelto a los campesinos hoy más de 530.000 hectáreas de tierra. Pero, en total, se estima que en Colombia fueron despojadas alrededor de seis millones de hectáreas, por lo cual lo devuelto apenas llega al 10%. Recientemente, la política se prorrogó otros 10 años para que cumpla con ese mandato.
