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“Las acciones del EMC en el Cauca son su respuesta a nuestra ofensiva en el valle del Micay, donde se produce el 70% de la hoja de coca del Cauca. Nuestro objetivo se mantiene”. Este fue el inicio de un mensaje publicado en X (antes Twitter) por el presidente Gustavo Petro este miércoles, minutos después de una serie de ataques terroristas en el departamento del Cauca, que habrían sido causados por el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC comandada por ‘Iván Mordisco’ con la que iniciaría un cese al fuego el próximo 8 de octubre.
Los hechos incluyeron un atentado a la estación de Policía de Timba (donde murieron dos personas), y otros dos ataques con explosivos en Suárez y Santander de Quilichao, municipios del Cauca que se han visto afectados desde hace décadas por el accionar de grupos armados ilegales.
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El señalamiento del presidente Petro sobre la retoma del cañón del Micay está relacionado con una operación militar que inició a finales de agosto y que movilizó a cerca de 1.000 uniformados de las fuerzas especiales del Ejército que buscan quitarle el control de esta región al frente Carlos Patiño del EMC.
¿Qué grupos armados hacen presencia en el cañón del Micay?
“Esta es una de las regiones más complejas de Colombia. Se trata de un enclave cocalero histórico, donde hay altos índices de asesinatos a líderes sociales y firmantes de paz, accidentes con minas antipersonales y un poder casi absoluto del Carlos Patiño, que se ha expandido en la región en los últimos cuatro años”, dijo un investigador que monitorea la situación humanitaria en la zona.
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Se trata de un territorio geográficamente complejo, ubicado en el occidente del Cauca, en la cuenca del río San Juan de Micay, entre los municipios de El Tambo, Argelia y López de Micay.
Allí, en una de las zonas con más hectáreas sembradas en coca en el país, desde la década de 1980 empezó la incursión de grupos guerrilleros. Tras la salida del frente 8 de las FARC de la zona por cuenta del Acuerdo de Paz de 2016, el cañón ha sido disputado por varias organizaciones ilegales.
Aunque el actor armado más relevante en la actualidad es el frente Carlos Patiño del EMC, la disputa por el cañón del Micay ha involucrado a varias estructuras ilegales.
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Facciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia (disidencia de las FARC comandada por Iván Márquez) hacen presencia en algunas áreas, e incluso hay quienes aseguran que se han aliado para combatir al frente Carlos Patiño y restarle poder.
“Durante algún tiempo esos otros grupos y el Ejército le hicieron la guerra al Carlos Patiño, pero ese frente desplegó una ola de sangre que lo posicionó hasta tener el control casi total”, explicó el investigador.
Por ahora, como ordenó Petro, a la región llegarán más militares para mantener la ofensiva y recuperar el cañón.
A las críticas de Petro se sumó el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien condenó los ataques del EMC. “Esa explosión es una actitud consciente, voluntaria y homicida del Estado Mayor Central contra la población civil y nosotros reprochamos estos actos”, dijo el alto funcionario.
Así se vive la violencia en la zona
Como ha reportado Colombia+20, esa ola de violencia incluye hechos de desplazamiento forzado, confinamiento, reclutamiento forzoso de menores de edad, siembra de minas antipersonales, extorsiones, entre otros hechos.
Incluso, en las últimas semanas este diario reveló que los niños y niñas de las escuelas deben turnarse para ir a clases: una suerte de “pico y placa” para controlar la zona.
La situación es tan crítica que en los últimos seis años la Unidad de Víctimas ha recibido declaraciones de casi 40.000 habitantes de esta región.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, hasta agosto de 2023, fueron declaradas como víctimas 26.547 personas de Argelia, 7.164 de El Tambo y 4.876 de López de Micay.
Tras los ataques protagonizados por las disidencias esta semana, el secretario de Gobierno del Cauca, Diego Aguilar, dijo que la población de la zona tiene miedo.
El funcionario aseguró que el “Cauca está en guerra”, y enfatizó que la ola de violencia que se vive en el departamento ha afectado “gravemente a la población civil y por supuesto ha generado miedo, preocupación y pánico”.