En la tarde del 29 de diciembre de 2022, mientras se movilizaba por una vía de Putumayo, desconocidos asesinaron al líder Óscar Baena, quien llevaba más de 10 años al frente de la Junta de Acción Comunal de su vereda en Villagarzón.
Baena fue uno de los 197 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2022, año en que se presentó un aumento del 42 % en los homicidios en comparación con 2021, según el programa “Somos Defensores”, que presentó su informe anual sobre estos crímenes.
Aunque con la elección del presidente Gustavo Petro y su política de “paz total” se esperaba una mejora en la situación humanitaria de esta población, el riesgo continúa. El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh), de “Somos Defensores”, registró que el último período de gobierno de Iván Duque en 2022 (1° de enero al 6 de agosto) se presentaron 481 ataques a líderes y defensores de derechos humanos.
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Con el cambio de gobierno, del 7 de agosto al 31 de diciembre, el registro fue de 359 casos. Sin embargo, en su boletín trimestral de 2023 (enero-marzo) “Somos Defensores” ha documentado 258 agresiones, un incremento del 2 % en comparación al mismo período del año anterior.
La radiografía de 2022
“Somos Defensores” documentó 840 agresiones contra esta población en todo 2022, en promedio dos ataques por día en 30 departamentos del país.
El Cauca encabeza la lista con 241 casos, convirtiéndose en el territorio donde más han ocurrido ataques contra líderes en los últimos seis años. La presencia y disputa por el control territorial de la zona, por parte de disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, son la causa principal.
La lista de agresiones la siguen Antioquia (103 hechos), Valle (77), Santander (76), Nariño (41), Bogotá (36), Bolívar (26), Magdalena (25), Norte de Santander (25) y Putumayo (25).
Las amenazas fueron la principal agresión que recibieron los liderazgos, con 517 casos, y cerca del 51 % fueron a través de panfletos, el mecanismo más usado.
El equipo de Somos Defensores resaltó desplazamientos forzados (18 casos), secuestros (5 casos) y torturas (1 caso) como hechos que no se presentaron en 2021 y de especial atención para las dinámicas de violencia que se viven en los territorios.
Los asesinatos fueron la segunda agresión más frecuente: 197 casos. El 91 % de las víctimas eran hombres (179 asesinatos) y el 9 %, mujeres (18). Los departamentos con más homicidios de defensores en 2022 fueron Nariño (27), Antioquia (23), Putumayo (21) y Cauca (20).
Según el informe, las confrontaciones armadas que se viven en las regiones de Sanquianga, Pacífico Sur y Telembi de Nariño, han desencadenado una crisis humanitaria que repercute en la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos.
En Tumaco se concentra la mayoría de los casos (11) de Nariño y junto a siete municipios de Putumayo, Arauca, Valle del Cauca, Antioquia y Cauca, fueron incluidos en la Alerta Temprana 004-2022 de la Defensoría del Pueblo en la que se advierte un riesgo exponencial por el proceso electoral que se realizó en ese año.
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Según “Somos Defensores”, el suroccidente colombiano (Cauca, Valle, Nariño y Putumayo) fue la región con más riesgo para la labor social y de defensa de los derechos humanos: allí se concentran el 46 % de las agresiones.
Liderazgos indígenas, los más afectados por todas las violencias
Durante 2022 se presentaron 281 agresiones contra liderazgos indígenas del país, lo que representa un aumento del 43 % en relación con 2021. De estos casos, 190 ocurrieron en Cauca contra consejeros, guardias y autoridades tradicionales que enfocan su labor en la defensa de los derechos de sus territorios. Los liderazgos comunitarios (160 casos) y comunales (98 ) se ubican en el segundo y tercer lugares con más agresiones que se perpetraron en el marco del proceso electoral de 2022.
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“Somos Defensores” resaltó el incremento del 205 % de violencia contra liderazgos ambientales, que pasaron de 19 casos en 2021 a 58 en 2022. Los casos se focalizan en Santander (20), Antioquia (15) y Cauca (13), donde se libran conflictos por procesos extractivos y disputas territoriales a causa del conflicto armado.
Los principales responsables identificados de las agresiones contra líderes son paramilitares (278) y disidencias de las FARC (104). Sin embargo, autores desconocidos concentran la mayoría de los casos (355), situación que dificulta las investigaciones judiciales para resolver los casos.
Aunque el actual gobierno está adelantando acercamientos y diálogos de paz con siete grupos armados, los retos en materia de protección a los líderes sociales y defensores de derechos humanos del país siguen en aumento, en especial, contra la población indígena.
La violencia en 2023 ha incrementado un 2%
En los primeros tres meses de este año, 234 defensores de derechos humanos han sido víctimas de 175 amenazas; 31 asesinatos; 20 atentados; 19 desplazamientos forzados; cinco detenciones arbitrarias; cuatro desapariciones forzadas; tres secuestros y un robo de información.
Estos casos se han presentado en 23 departamentos del país, principalmente en Cauca (41); Santander (40); Nariño (34) y Antioquia (33), según el boletín trimestral sobre agresiones contra personas defensoras de derechos humanos de “Somos Defensores”.
Los liderazgos más afectados en este primer trimestre del año son el indígena (13 casos); el ambiental (12 casos); el campesino (11 casos); el víctimas (10 hechos); y el comunal (8 casos).
El programa hizo un llamado a los responsables de estas violencias: “Manifestaron su intención de ser parte de la política de ‘paz total’ y de comprometerse con el cese al fuego, sin embargo, continúan desarrollando acciones que afectan las organizaciones, comunidades y a sus liderazgos”.