Alertas de la ONU ante la vulneración de derechos humanos por parte de las empresas en Colombia
El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU sostuvo su primera visita oficial al país. Tras escuchar a comunidades, sociedad civil, empresas e instituciones estatales, señaló que los desafíos que enfrenta Colombia para la protección y respeto a los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial son enormes.
Dejusticia * / Especial para El Espectador
Hay tres preocupaciones que la ONU dejó claras tras su visita a Colombia: la persistencia de problemáticas relacionadas con la explotación de recursos naturales, la prolongación del conflicto armado que acentúa la presencia de grupos armados ilegales en todo el territorio, y la falta de transparencia empresarial y la exclusión estructural que padecen defensores de derechos humanos y comunidades étnicas vulnerables.
Es una síntesis muy corta de lo que el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU detallará en un informe final, que luego presentará a la Asamblea General del organismo en junio de 2025. Sin embargo, en su declaración preliminar, da cuenta de los desafíos que enfrenta el país y fue, a su vez, el resultado de un proceso de escucha sostenido con comunidades, sociedad civil, el sector empresarial y entidades estatales.
La visita, llevada a cabo entre el 29 de julio y el 9 de agosto de este año, fue liderada por las comisionadas Fernanda Hopenhaym y Pichamon Yeophantong, integrantes de este Grupo de Trabajo que supervisa y promociona el cumplimiento de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Estos principios están orientados a prevenir, mitigar y reparar los impactos negativos de la actividad empresarial en los derechos humanos.
¿Qué le dijimos a la ONU y cuáles fueron sus conclusiones al respecto?
En abril de este año, desde Dejusticia presentamos un documento donde señalamos la importancia de seis temas para la agenda de trabajo del Grupo en Colombia: el cambio climático, incluyendo el mercado de bonos de carbono, la transición energética y la deforestación por ganadería; actores económicos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); la regulación del mercado de armas menos letales; la interferencia empresarial en políticas de salud pública; el uso de datos personales; y la figura de las zonas francas y su impacto en los derechos humanos.
En la reciente visita, junto a organizaciones aliadas como Gaia Amazonas, Amazon Conservation Team, Temblores y Mocao Colombia, planteamos nuestras observaciones sobre tres de esos temas, los cuales consideramos prioritarios: el mercado de bonos de carbono, que sin regulación vulnera la autonomía de pueblos indígenas; la transición energética, que se abre paso sin consulta previa y consentimiento de las comunidades locales; y el comercio de armas menos letales, que carece de regulación.
Lo que dijimos sobre bonos de carbono:
Defendemos la regulación del mercado según estándares internacionales de derechos humanos y cambio climático. Es importante subrayar la necesidad de aplicar tres principios contemplados por la ONU: proteger, respetar y remediar. Esto permitirá prevenir conflictos intraétnicos y garantizar el consentimiento informado de los pueblos indígenas en proyectos de este tipo. Además, enfatizamos en la necesidad de un enfoque étnico y diferencial en la regulación, reconocidos por la Corte Constitucional en la sentencia T-248 del 2024, que protegió los derechos de las comunidades indígenas del territorio Pirá Paraná ante el desarrollo de proyectos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la deforestación y degradación de los bosques (REDD+), a cargo de empresas privadas que desconocieron sus modos de vida y estructuras de gobierno propio.
Lo que concluyó la ONU:
La regulación insuficiente del mercado de bonos de carbono vulnera los derechos de los pueblos indígenas y subraya la necesidad de que el Gobierno ejerza una mejor supervisión para garantizar la consulta previa y el acceso a la información.
Lo que dijimos sobre transición energética:
Solicitamos al Grupo de Trabajo instar al Gobierno a reforzar los procesos de licenciamiento y consulta, vigilando cómo se desarrolla la actividad empresarial en proyectos eólicos en La Guajira. Las omisiones del Estado están vulnerando los derechos de las comunidades indígenas Wayuu, creando acuerdos abusivos y dependencia del sector privado. Sin procesos de licenciamiento robustos y consultas previas informadas, las empresas acentúan conflictos y amenazan la integridad cultural de las comunidades.
Lo que concluyó la ONU:
La transición energética debe hacerse y de manera rápida, pero eso no significa que no deba emprenderse con un enfoque basado en los derechos humanos. El Gobierno debe avanzar hacia un marco normativo más protector que no perpetúe las vulneraciones a las comunidades locales.
Lo que dijimos sobre armas menos letales:
Desde 2019, junto a Temblores y Mocao Colombia, hemos trabajado para visibilizar el impacto de las armas menos letales en la salud y los derechos humanos. La falta de regulación en Colombia y la expansión de este mercado son un fuerte llamado al Gobierno para establecer regulaciones estrictas sobre su comercio y ser portavoz de un tratado internacional por un comercio libre de tortura y tratos crueles.
Lo que concluyó la ONU:
Aunque señaló que ampliará el análisis de este tema en su informe final, tras la alerta sobre el comercio no regulado de armas no letales –y también sobre la falta de regulación de las nuevas tecnologías que pueden ocasionar malas prácticas con su uso–, en su declaración el Grupo de Trabajo instó al Estado y a las empresas a subsanar este tipo de fallas con urgencia.
Otras alertas importantes del Grupo de Trabajo
Aunque el organismo reconoció los avances normativos y las sentencias judiciales que se han expedido en Colombia para garantizar los derechos humanos y proteger el medio ambiente, señaló que persisten desafíos como:
Problemas arraigados en la explotación de recursos naturales, la prolongación del conflicto armado y la presencia de grupos armados que afectan la protección de derechos a la población.
La falta de transparencia empresarial y de reconocimiento a los daños históricos ha debilitado la confianza en las iniciativas positivas y la rendición de cuentas que tienen las empresas.
Los riesgos críticos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y las comunidades indígenas y afrodescendientes. La exclusión estructural que padecen los pueblos étnicos es alarmante.
Tomar una resolución en el corto plazo sobre la ratificación o no del Acuerdo de Escazú, que está en manos de la Corte Constitucional. Este instrumento promueve el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental, y podría ser de suma importancia dado el contexto que vive el país.
¿Qué sucederá con los hallazgos de este informe?
“La primera visita del Grupo de Trabajo a Colombia debe poner en la agenda pública la urgencia de un marco regulatorio vinculante centrado en los derechos humanos, que amplíe la participación de la sociedad civil, priorice a las víctimas y garantice el acceso a una reparación integral, especialmente en contextos de conflicto armado, cambio climático o extractivismo, donde las actividades empresariales pueden comprometer la seguridad y la vida de defensoras y defensores de derechos en los territorios”, dijo Julián Gutiérrez Martínez, investigador de Justicia Económica en Dejusticia. Estos informes no son vinculantes, pero han sido fundamentales para impulsar cambios en la legislación de los países, han influido en políticas públicas y promueven la adopción de mejores prácticas empresariales.
Ahora el Grupo de Trabajo redactará un informe de conclusiones. Este será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en junio de 2025, e incluirá recomendaciones al Gobierno colombiano.
* Dejusticia es el Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, con sede en Bogotá. Más información en www.dejusticia.org
Hay tres preocupaciones que la ONU dejó claras tras su visita a Colombia: la persistencia de problemáticas relacionadas con la explotación de recursos naturales, la prolongación del conflicto armado que acentúa la presencia de grupos armados ilegales en todo el territorio, y la falta de transparencia empresarial y la exclusión estructural que padecen defensores de derechos humanos y comunidades étnicas vulnerables.
Es una síntesis muy corta de lo que el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU detallará en un informe final, que luego presentará a la Asamblea General del organismo en junio de 2025. Sin embargo, en su declaración preliminar, da cuenta de los desafíos que enfrenta el país y fue, a su vez, el resultado de un proceso de escucha sostenido con comunidades, sociedad civil, el sector empresarial y entidades estatales.
La visita, llevada a cabo entre el 29 de julio y el 9 de agosto de este año, fue liderada por las comisionadas Fernanda Hopenhaym y Pichamon Yeophantong, integrantes de este Grupo de Trabajo que supervisa y promociona el cumplimiento de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Estos principios están orientados a prevenir, mitigar y reparar los impactos negativos de la actividad empresarial en los derechos humanos.
¿Qué le dijimos a la ONU y cuáles fueron sus conclusiones al respecto?
En abril de este año, desde Dejusticia presentamos un documento donde señalamos la importancia de seis temas para la agenda de trabajo del Grupo en Colombia: el cambio climático, incluyendo el mercado de bonos de carbono, la transición energética y la deforestación por ganadería; actores económicos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); la regulación del mercado de armas menos letales; la interferencia empresarial en políticas de salud pública; el uso de datos personales; y la figura de las zonas francas y su impacto en los derechos humanos.
En la reciente visita, junto a organizaciones aliadas como Gaia Amazonas, Amazon Conservation Team, Temblores y Mocao Colombia, planteamos nuestras observaciones sobre tres de esos temas, los cuales consideramos prioritarios: el mercado de bonos de carbono, que sin regulación vulnera la autonomía de pueblos indígenas; la transición energética, que se abre paso sin consulta previa y consentimiento de las comunidades locales; y el comercio de armas menos letales, que carece de regulación.
Lo que dijimos sobre bonos de carbono:
Defendemos la regulación del mercado según estándares internacionales de derechos humanos y cambio climático. Es importante subrayar la necesidad de aplicar tres principios contemplados por la ONU: proteger, respetar y remediar. Esto permitirá prevenir conflictos intraétnicos y garantizar el consentimiento informado de los pueblos indígenas en proyectos de este tipo. Además, enfatizamos en la necesidad de un enfoque étnico y diferencial en la regulación, reconocidos por la Corte Constitucional en la sentencia T-248 del 2024, que protegió los derechos de las comunidades indígenas del territorio Pirá Paraná ante el desarrollo de proyectos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la deforestación y degradación de los bosques (REDD+), a cargo de empresas privadas que desconocieron sus modos de vida y estructuras de gobierno propio.
Lo que concluyó la ONU:
La regulación insuficiente del mercado de bonos de carbono vulnera los derechos de los pueblos indígenas y subraya la necesidad de que el Gobierno ejerza una mejor supervisión para garantizar la consulta previa y el acceso a la información.
Lo que dijimos sobre transición energética:
Solicitamos al Grupo de Trabajo instar al Gobierno a reforzar los procesos de licenciamiento y consulta, vigilando cómo se desarrolla la actividad empresarial en proyectos eólicos en La Guajira. Las omisiones del Estado están vulnerando los derechos de las comunidades indígenas Wayuu, creando acuerdos abusivos y dependencia del sector privado. Sin procesos de licenciamiento robustos y consultas previas informadas, las empresas acentúan conflictos y amenazan la integridad cultural de las comunidades.
Lo que concluyó la ONU:
La transición energética debe hacerse y de manera rápida, pero eso no significa que no deba emprenderse con un enfoque basado en los derechos humanos. El Gobierno debe avanzar hacia un marco normativo más protector que no perpetúe las vulneraciones a las comunidades locales.
Lo que dijimos sobre armas menos letales:
Desde 2019, junto a Temblores y Mocao Colombia, hemos trabajado para visibilizar el impacto de las armas menos letales en la salud y los derechos humanos. La falta de regulación en Colombia y la expansión de este mercado son un fuerte llamado al Gobierno para establecer regulaciones estrictas sobre su comercio y ser portavoz de un tratado internacional por un comercio libre de tortura y tratos crueles.
Lo que concluyó la ONU:
Aunque señaló que ampliará el análisis de este tema en su informe final, tras la alerta sobre el comercio no regulado de armas no letales –y también sobre la falta de regulación de las nuevas tecnologías que pueden ocasionar malas prácticas con su uso–, en su declaración el Grupo de Trabajo instó al Estado y a las empresas a subsanar este tipo de fallas con urgencia.
Otras alertas importantes del Grupo de Trabajo
Aunque el organismo reconoció los avances normativos y las sentencias judiciales que se han expedido en Colombia para garantizar los derechos humanos y proteger el medio ambiente, señaló que persisten desafíos como:
Problemas arraigados en la explotación de recursos naturales, la prolongación del conflicto armado y la presencia de grupos armados que afectan la protección de derechos a la población.
La falta de transparencia empresarial y de reconocimiento a los daños históricos ha debilitado la confianza en las iniciativas positivas y la rendición de cuentas que tienen las empresas.
Los riesgos críticos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y las comunidades indígenas y afrodescendientes. La exclusión estructural que padecen los pueblos étnicos es alarmante.
Tomar una resolución en el corto plazo sobre la ratificación o no del Acuerdo de Escazú, que está en manos de la Corte Constitucional. Este instrumento promueve el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental, y podría ser de suma importancia dado el contexto que vive el país.
¿Qué sucederá con los hallazgos de este informe?
“La primera visita del Grupo de Trabajo a Colombia debe poner en la agenda pública la urgencia de un marco regulatorio vinculante centrado en los derechos humanos, que amplíe la participación de la sociedad civil, priorice a las víctimas y garantice el acceso a una reparación integral, especialmente en contextos de conflicto armado, cambio climático o extractivismo, donde las actividades empresariales pueden comprometer la seguridad y la vida de defensoras y defensores de derechos en los territorios”, dijo Julián Gutiérrez Martínez, investigador de Justicia Económica en Dejusticia. Estos informes no son vinculantes, pero han sido fundamentales para impulsar cambios en la legislación de los países, han influido en políticas públicas y promueven la adopción de mejores prácticas empresariales.
Ahora el Grupo de Trabajo redactará un informe de conclusiones. Este será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en junio de 2025, e incluirá recomendaciones al Gobierno colombiano.
* Dejusticia es el Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, con sede en Bogotá. Más información en www.dejusticia.org