América Latina: ¿progresista o retrógrada frente a los derechos LGBTIQ+?
Ari Vera, vocera de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), asegura que la región tiene una dinámica ambivalente, pues mientras unos países avanzan en la protección de derechos, otros retroceden.
Mariana Escobar Bernoske
La región de América Latina y el Caribe está empezando a ser reconocida como una de las más progresistas en materia de derechos para las diversidades sexuales y de género. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú y Uruguay cuentan con una amplia protección jurídica contra la discriminación basada en la orientación sexual, según un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). (En video: ¿Por qué “Yo marcho trans”?)
Sin embargo, algunos sectores siguen mostrándose como una región conservadora con respecto a las garantías sociales y de derechos para la población diversa. El panorama da cuenta, por un lado, de países que avanzan hacia un escenario más laico y tolerante y, por el otro, de un continente en el que se refuerza un núcleo social más conservadurista. (Así fue la besatón en Bogotá | La Disidencia)
El Espectador habló con Ari Vera, cosecretaria de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGA LAC), en el marco del lanzamiento del primer observatorio latinoamericano sobre derechos políticos y electorales de las personas trans. Vera es defensora y promotora de derechos humanos y especialista en temas de personas LGBTIQ+ privadas de la libertad e inclusión laboral. (Lanzan observatorio de derechos políticos y electorales de las personas trans)
México y los países de Suramérica, menos Paraguay, son considerados los más progresistas respecto a los derechos LGBTIQ+. ¿Cómo ve la región en comparación con el resto del mundo?
América Latina y el Caribe (LAC) tiene un movimiento LGBTIQ+ bastante fuerte que ha hecho que la región tenga avances sobre todo cuando hacemos una comparación mundial. Pero nuestra región es bastante diversa y en la última edición del Informe de homofobia de Estado (2020) y en el informe Nuestras identidades bajo arresto (2021) se puntualiza que LAC tiene una particularidad.
Vemos cómo va avanzando en la protección de los derechos y derogando leyes que criminalizan a las personas LGBTIQ+, pero también que las personas, las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales utilizan otras formas jurídicas para perseguir, criminalizar a nuestra comunidad. No es fortuito, por ejemplo, que tanto Brasil, México y Colombia ocupen los primeros lugares de crimen de odio hacia las personas LGBTIQ+ a pesar de que tenemos un Estado garante de la protección de la vida de las personas diversas. Entonces, por un lado, claro que tenemos un avance en lo formal, pero dentro de las sociedades falta mucho.
En el último informe de ILGA se habla sobre un proyecto para monitorear la violencia basada en género en Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo va el desarrollo de este? ¿Qué panorama revela?
Vemos avances, pero también retrocesos, desafortunadamente. Cuando vemos que hay países donde se recupera el conservadurismo, donde regresan estas ideas anti-LGBT, la discriminación y la violencia aumentan, a pesar de que ya hubiera avances legales. Pero, por supuesto, este monitoreo está en constante movimiento debido a cómo se generan los cambios culturales.
Rincón gallardo, un activista que fue titular del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) en México, decía que los cambios culturales responden después de casi nueve generaciones. Entonces, estamos hablando que hacer estos cambios culturales en la sociedad es un reto y monitorearlo también lo es.
Por ejemplo, en Colombia hay una orden de crear e implementar una política pública LGBTIQ+, pero sigue sin hacerse. ¿En qué puede ayudar una política como ésta?
A mí me parece que los Estados deben diseñar e implementar políticas integrales, descentralizadas con un enfoque interseccional, antirracista y territorial, que considere las problemáticas de cada una de las identidades LGBTIQ+. Si no se incluye a las personas LGBTIQ+ con estas intersecciones, solamente será un maquillaje, una estrategia política que solo le conviene a los gobiernos y que las organizaciones terminan negociando a través de nuestros cuerpos a cambio de recursos.
Precisamente, hemos visto cómo muchas veces no se terminan implementando por estos actos de simulación que nos dicen “estamos contigo”, pero no nos dicen cómo están con nosotras, cómo se crean estas políticas a favor de nosotras. Claro que tienes que surgir desde la voluntad política, pero que esta voluntad se traduzca precisamente no en una letra muerta, sino en una letra que realmente garantice el ejercicio y protección de los derechos de las personas LGBTIQ+.
Usted está en Colombia para participar del nuevo observatorio de derechos políticos y electorales de las personas trans. ¿Por qué se debe tener en cuenta una mirada integral y diferenciada en las personas trans?
Porque es necesario que las personas trans puedan ejercer su voto de una manera libre, respetuosa a sus identidades, a sus sentires y que el prejuicio o el estigma no termine violentando ese ejercicio. Esta vigilancia o monitoreo también nos permite mostrar cómo el estatus quo, el patriarcado, sigue beneficiando a los hombres cisgéneros blancos heterosexuales en los espacios de participación política. Tener una mirada integral y diferenciada, que se traduzca en acciones afirmativas, favorece el cambio social y por supuesto profundiza la democracia. (Protocolo de voto trans: una prueba de fuego contra la discriminación)
Lohana Berkins tenía una frase muy bonita. Cuando se refería al acceso a la educación, ella decía: “Cuando una persona travesti entra a la universidad, le cambia la vida a esa travesti. Pero, cuando muchas personas travestis entran a la universidad, le cambian la vida a toda la sociedad”. Y a mí me parece que la participación política de las personas trans le cambia la vida a toda la sociedad, no solamente a las personas trans.
En Colombia ha aumentado la elección política de personas LGBTIQ+. ¿Cuáles son los retos para estas personas y la agenda LGBTIQ+?
Me parece que cuantas más personas LGBTIQ+ ocupamos cargos públicos de elección popular o designados, más vamos a lograr. Si bien es cierto que deberán legislar para todes y no solo para personas LGBTIQ+, tienen al menos una mirada mucho más transversal y pueden entender por dónde, con acciones muy específicas, reducir las brechas de desigualdad.
Pasar de e dos congresistas LGBTIQ+ que tenía Colombia a siete en lo visible, es un cambio potencial. Seguro ya existían, lo que pasa es que al final únicamente llegaban las personas más privilegiadas, de la misma comunidad y no las compañeras o los compañeros que vienen dando la pelea todos los días desde las trincheras. Este cambio es un impulso desde los activismos y movimientos sociales. (El Legislativo con más congresistas LGBTIQ+ en la historia de Colombia)
En algunos países se han emprendido iniciativas para retroceder en materia de derechos de las personas LGBTIQ+. ¿Qué opina de esto y sobre qué países hay alertas?
A mí no me gustaría hablar de países en particular, porque desde ILGA LAC somos muy respetuoses de los procesos que cada movimiento LGBTIQ+ nacional o local esté haciendo. Creemos que la región tiene grandes retos, incluso al interior de los países que ya tienen grandes avances gubernamentales. La alerta es en toda la región, nos siguen matando, los crímenes de odio no se investigan y muchas personas LGBTIQ+ aún no pueden acceder a los mismos derechos.
Por eso seguimos organizándonos y seguimos luchando, para revertir estas desigualdades. Más que hablar de un país en específico, se tienen que crear estos observatorios y se tienen que crear estos monitoreos, porque la comunidad LGBTIQ+ en todo el mundo, y sobre todo en LAC, está en constante alerta.
La región de América Latina y el Caribe está empezando a ser reconocida como una de las más progresistas en materia de derechos para las diversidades sexuales y de género. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú y Uruguay cuentan con una amplia protección jurídica contra la discriminación basada en la orientación sexual, según un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). (En video: ¿Por qué “Yo marcho trans”?)
Sin embargo, algunos sectores siguen mostrándose como una región conservadora con respecto a las garantías sociales y de derechos para la población diversa. El panorama da cuenta, por un lado, de países que avanzan hacia un escenario más laico y tolerante y, por el otro, de un continente en el que se refuerza un núcleo social más conservadurista. (Así fue la besatón en Bogotá | La Disidencia)
El Espectador habló con Ari Vera, cosecretaria de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGA LAC), en el marco del lanzamiento del primer observatorio latinoamericano sobre derechos políticos y electorales de las personas trans. Vera es defensora y promotora de derechos humanos y especialista en temas de personas LGBTIQ+ privadas de la libertad e inclusión laboral. (Lanzan observatorio de derechos políticos y electorales de las personas trans)
México y los países de Suramérica, menos Paraguay, son considerados los más progresistas respecto a los derechos LGBTIQ+. ¿Cómo ve la región en comparación con el resto del mundo?
América Latina y el Caribe (LAC) tiene un movimiento LGBTIQ+ bastante fuerte que ha hecho que la región tenga avances sobre todo cuando hacemos una comparación mundial. Pero nuestra región es bastante diversa y en la última edición del Informe de homofobia de Estado (2020) y en el informe Nuestras identidades bajo arresto (2021) se puntualiza que LAC tiene una particularidad.
Vemos cómo va avanzando en la protección de los derechos y derogando leyes que criminalizan a las personas LGBTIQ+, pero también que las personas, las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales utilizan otras formas jurídicas para perseguir, criminalizar a nuestra comunidad. No es fortuito, por ejemplo, que tanto Brasil, México y Colombia ocupen los primeros lugares de crimen de odio hacia las personas LGBTIQ+ a pesar de que tenemos un Estado garante de la protección de la vida de las personas diversas. Entonces, por un lado, claro que tenemos un avance en lo formal, pero dentro de las sociedades falta mucho.
En el último informe de ILGA se habla sobre un proyecto para monitorear la violencia basada en género en Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo va el desarrollo de este? ¿Qué panorama revela?
Vemos avances, pero también retrocesos, desafortunadamente. Cuando vemos que hay países donde se recupera el conservadurismo, donde regresan estas ideas anti-LGBT, la discriminación y la violencia aumentan, a pesar de que ya hubiera avances legales. Pero, por supuesto, este monitoreo está en constante movimiento debido a cómo se generan los cambios culturales.
Rincón gallardo, un activista que fue titular del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) en México, decía que los cambios culturales responden después de casi nueve generaciones. Entonces, estamos hablando que hacer estos cambios culturales en la sociedad es un reto y monitorearlo también lo es.
Por ejemplo, en Colombia hay una orden de crear e implementar una política pública LGBTIQ+, pero sigue sin hacerse. ¿En qué puede ayudar una política como ésta?
A mí me parece que los Estados deben diseñar e implementar políticas integrales, descentralizadas con un enfoque interseccional, antirracista y territorial, que considere las problemáticas de cada una de las identidades LGBTIQ+. Si no se incluye a las personas LGBTIQ+ con estas intersecciones, solamente será un maquillaje, una estrategia política que solo le conviene a los gobiernos y que las organizaciones terminan negociando a través de nuestros cuerpos a cambio de recursos.
Precisamente, hemos visto cómo muchas veces no se terminan implementando por estos actos de simulación que nos dicen “estamos contigo”, pero no nos dicen cómo están con nosotras, cómo se crean estas políticas a favor de nosotras. Claro que tienes que surgir desde la voluntad política, pero que esta voluntad se traduzca precisamente no en una letra muerta, sino en una letra que realmente garantice el ejercicio y protección de los derechos de las personas LGBTIQ+.
Usted está en Colombia para participar del nuevo observatorio de derechos políticos y electorales de las personas trans. ¿Por qué se debe tener en cuenta una mirada integral y diferenciada en las personas trans?
Porque es necesario que las personas trans puedan ejercer su voto de una manera libre, respetuosa a sus identidades, a sus sentires y que el prejuicio o el estigma no termine violentando ese ejercicio. Esta vigilancia o monitoreo también nos permite mostrar cómo el estatus quo, el patriarcado, sigue beneficiando a los hombres cisgéneros blancos heterosexuales en los espacios de participación política. Tener una mirada integral y diferenciada, que se traduzca en acciones afirmativas, favorece el cambio social y por supuesto profundiza la democracia. (Protocolo de voto trans: una prueba de fuego contra la discriminación)
Lohana Berkins tenía una frase muy bonita. Cuando se refería al acceso a la educación, ella decía: “Cuando una persona travesti entra a la universidad, le cambia la vida a esa travesti. Pero, cuando muchas personas travestis entran a la universidad, le cambian la vida a toda la sociedad”. Y a mí me parece que la participación política de las personas trans le cambia la vida a toda la sociedad, no solamente a las personas trans.
En Colombia ha aumentado la elección política de personas LGBTIQ+. ¿Cuáles son los retos para estas personas y la agenda LGBTIQ+?
Me parece que cuantas más personas LGBTIQ+ ocupamos cargos públicos de elección popular o designados, más vamos a lograr. Si bien es cierto que deberán legislar para todes y no solo para personas LGBTIQ+, tienen al menos una mirada mucho más transversal y pueden entender por dónde, con acciones muy específicas, reducir las brechas de desigualdad.
Pasar de e dos congresistas LGBTIQ+ que tenía Colombia a siete en lo visible, es un cambio potencial. Seguro ya existían, lo que pasa es que al final únicamente llegaban las personas más privilegiadas, de la misma comunidad y no las compañeras o los compañeros que vienen dando la pelea todos los días desde las trincheras. Este cambio es un impulso desde los activismos y movimientos sociales. (El Legislativo con más congresistas LGBTIQ+ en la historia de Colombia)
En algunos países se han emprendido iniciativas para retroceder en materia de derechos de las personas LGBTIQ+. ¿Qué opina de esto y sobre qué países hay alertas?
A mí no me gustaría hablar de países en particular, porque desde ILGA LAC somos muy respetuoses de los procesos que cada movimiento LGBTIQ+ nacional o local esté haciendo. Creemos que la región tiene grandes retos, incluso al interior de los países que ya tienen grandes avances gubernamentales. La alerta es en toda la región, nos siguen matando, los crímenes de odio no se investigan y muchas personas LGBTIQ+ aún no pueden acceder a los mismos derechos.
Por eso seguimos organizándonos y seguimos luchando, para revertir estas desigualdades. Más que hablar de un país en específico, se tienen que crear estos observatorios y se tienen que crear estos monitoreos, porque la comunidad LGBTIQ+ en todo el mundo, y sobre todo en LAC, está en constante alerta.