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La cifra incluye a las víctimas de distintos tipos de explosivos como minas antipersonal, artefactos explosivos de detonación controlada y artefactos explosivos lanzados.
En el primer trimestre de 2021, el CICR registró 157 víctimas de artefactos explosivos, de las cuales 112 correspondieron a civiles, 43 a integrantes de la Fuerza Pública y 2 a integrantes de grupos armados. ”El año pasado registramos el número más alto de víctimas de artefactos explosivos de los últimos cinco años. Nos preocupa que si esta tendencia continúa, en 2022 las consecuencias humanitarias de esta problemática podrían ser aún más graves y el sufrimiento para la población civil mucho mayor”, afirmó la coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas del CICR en Colombia, Ana María Hernández.
Del total de víctimas, 150 son civiles, entre ellos 31 menores; 63 hacen parte de la fuerza pública y cinco integran grupos armados, según los datos divulgados durante la conmemoración del Día Mundial de la Sensibilización contra las Minas Antipersonal. ”La presencia de artefactos explosivos en distintos territorios de Colombia genera múltiples consecuencias humanitarias. El número de víctimas directas evidencia el profundo sentimiento que provoca este fenómeno”, añadió Hernández.
Sin embargo, detalló la coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas del CICR en Colombia, este no es el único indicador de afectación, pues los explosivos también provocan “desplazamiento, confinamiento, miedo y zozobra”, problemáticas que pese a ser “menos visibles” afectan “la cotidianidad, la salud mental y el desarrollo de las comunidades”.
”La dimensión de este fenómeno va más allá de los números, por ello es fundamental comprender las historias y el sufrimiento que hay más allá de esta realidad”, expresó Hernández.
Los accidentes con explosivos ocurrieron en 15 de los 32 departamentos y tuvieron como principal foco al Cauca, Arauca, Cesar, Antioquia, Valle del Cauca y Chocó, que concentraron el 77 % de las víctimas y son los más afectados por el conflicto armado.
En esa línea, el convulso Cauca, ubicado en el suroeste del país, registró 63 víctimas, seguido de Arauca (fronterizo con Venezuela), con 36; Cesar (norte), con 22, y Antioquia (noroeste), con 19.
Por tipo, 174 personas fueron víctimas de artefactos explosivos de detonación controlada o lanzados y 44 por minas antipersonal. En 2021, el CICR notificó 486 víctimas de artefactos explosivos, el número más alto en los últimos cinco años, accidentes principalmente ocurridos en Norte de Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Arauca.
El número de conflictos internos en Colombia aumentó durante 2021, pasando de cinco a seis, en un contexto “aún más complicado” y con una “tendencia a la agravación de la situación humanitaria” en el 2022. Los conflictos durante 2021 enfrentaron al estado con tres grupos armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz. Además, también se notificó de un conflicto entre el ELN y las AGC, mientras que las disidencias de las FARC que comandan alias “Iván Mordisco” y “Gentil Duarte” se enfrentaron a la también disidencia de la Segunda Marquetalia y a los Comandos de la Frontera.
De acuerdo con el Gobierno, existen 197 municipios declarados libres de mina antipersonal en el país y se superó la meta de 184 contemplada en el Plan de Desarrollo. Para el próximo 7 de agosto la nueva meta es de 202 municipios libres de minas.
“Dentro de nuestra política de paz con legalidad, el trabajo de desminado que lidera la oficina del Alto comisionado para la Paz es absolutamente crucial. Es importante y es relevante, es una forma más de proteger a nuestras poblaciones, es una forma más de trabajar en favor de las víctimas. El 78% del territorio de Colombia ya está libre de minas, eso es dos veces el territorio del estado de California en Estados Unidos”, señaló Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, aseguró a su turno que el Estado ha puesto en marcha una política pública con enfoque de Derechos Humanos para asistir, atender y reparar a las víctimas del conflicto, incluidas a las víctimas de Minas Antipersonales (MAP), Municiones Sin Explotar (MUSE), y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).
La entidad, señaló el director, ha reconocido la medida de indemnización a 624 personas por eventos relacionados con minas antipersonal con $12.871.204.457: “De este valor, 42,9 % fue colocado durante el actual periodo presidencial y hay que destacar que el año 2020 fue el año en que se entregó el mayor número de giros con 139″.
Las cifras del Registro Único señalan que en el país 6.347 personas han sido víctimas de accidentes de Minas Antipersonales, Municiones Sin Explotar (MUSE), y Artefactos Explosivos Improvisados.
Antioquia es el departamento con mayor afectación (20,2%) y le siguen Meta (9,9%), Nariño (9%), Caquetá (7,7%) y Norte de Santander (7,6%).
Del total de las víctimas, el 92,77% son hombres, 7,18% mujeres y 0,05% población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD). El 7,3% son indígenas y 6,2% negros (a) o afrocolombianos (a).