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El 17 de abril de 2020, cuando se reportó oficialmente el primer caso de Covid-19 en Leticia, se prendieron las alarmas en el Amazonas. Se empezó a rumorar que el río más caudaloso del mundo se podría convertir en ‘ruta del contagio’. Gran parte de las 189 comunidades indígenas que habitan el departamento más extenso del país, residen en su ribera y en sus afluentes, por donde fluye el comercio fronterizo de Colombia, Brasil y Perú.
Los pronósticos no estaban lejos de la realidad. Un mes después de detectada la presencia de la pandemia en este territorio de 109.665 km² y con una población de 77.000 habitantes, se transformaría en un hervidero de infectados. A mediados de mayo se habían detectado 718 contagiados y 26 fallecidos. Vino la avalancha de remisiones de las nueve áreas no municipalizadas, algunas de ellas a 10 o 15 días de viaje en lancha. En mayo de 2020 el departamento tenía la mayor tasa de contagios de Covid-19 por cada 10.000 habitantes. El hospital San Rafael, de Leticia estaba colapsado y había ‘cola’ de muertos en el cementerio.
La pandemia sorprendió al departamento con un deficiente servicio de salud, incredulidad sobre la velocidad y mortalidad del contagio, inexistencia de vacunas porque aún ni siquiera se habían descubierto y unos puntos de contacto comercial -Iquitos, en Perú, y Manaos, en Brasil-, donde los brotes ya eran incontenibles.
Frente a ese panorama, el Hospital San Rafael de Leticia, el más importante del Amazonas, estaba con los brazos cruzados. De tiempo atrás había sido permeado por la corrupción, el desgreño administrativo, la crisis financiera y deficiencias asistenciales que ponían en riesgo la atención de los 24.000 usuarios potenciales.
“Cuando llegó el Covid-19 aquí la mortalidad fue altísima, toda vez que no había ventiladores, ni equipos para la sedación de los pacientes, tampoco insumos médicos y se carecía de oxígeno”, afirma el coordinador de Cuidados Intermedios y de Covid-19 del centro asistencial, el médico Roberto Sandoval.
La Subdirectora Científica del Hospital, Carolina Cardozo, recuerda que el cuerpo médico renunció en pleno debido a los atrasos en el pago de salarios y la ausencia de material biomédico, pues tampoco se disponía de guantes y mascarillas. “La sede estaba repleta de escombros y el servicio eléctrico se iba con frecuencia”, señala.
La situación llegó a tal extremo que hubo un momento en que se tuvo que seleccionar “a quién se atiende y a quién se dejaba morir”, afirma Sandoval.
En la calle, al frente de la sede del centro hospitalario, los contagiados hacían cola para recibir atención. En el cementerio, John David Ordóñez, el sepulturero no daba abasto para atender la demanda y el alcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza, ordenó la ampliación de bóvedas.
Entre las víctimas de ese primer pico de la pandemia figuraron el diputado indígena Camilo Suárez y el actor Antonio Bolívar, protagonista de El abrazo de la serpiente, nominada a los Premios Óscar a la mejor película de habla no inglesa.
Llega la intervención
Por esas razones, la Superintendencia Nacional de Salud intervino el hospital y puso en marcha un plan institucional de recuperación, que incluyó la remodelación total de su infraestructura, dotación de camas de Cuidado Intermedio (se pasó de 6 a 22), construcción de una planta para la producción de oxígeno y otra para la generación de energía; dotación del personal asistencial y adecuación de las sedes en las nueve áreas no municipalizadas del departamento.
La intervención coincidió con uno de los momentos críticos de la pandemia y fue necesario, según el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, reforzar el programa de promoción y prevención con brigadas en salud conformadas por médicos, odontólogos, nutricionistas, bacteriólogas, psicólogos, enfermeras y asistentes de enfermería para visitar las 189 comunidades indígenas de las nueve áreas no municipalizadas del territorio, muchas de ellas tan distantes que solo se llega en lanchas y botes, tras 10 o 15 días de travesía vía fluvial. En otros casos, hasta en pequeñas aeronaves.
Aunque estas brigadas tienen la misión principal de llevar atención primaria, han sido fundamentales para realizar acercamiento con las comunidades étnicas y promover la importancia de la vacunación contra el Covid-19, inclusive desde mucho antes de que llegaran los biológicos al país.
Creencias y rituales
La concertación y socialización de la vacunación no fue fácil. Además de la dispersión de las comunidades indígenas y la ausencia de vías de comunicación, la mayoría de etnias tienen sus propias creencias y rituales: solo aceptan la medicina ancestral y desconfían del ‘hombre blanco’.
“Cuando se inició la pandemia, muchos integrantes de nuestras etnias se refugiaron en la selva para huirle a la enfermedad; allí murieron algunos”, revela Nolberto Ángel Pinto, coordinador de Salud Pública de Puerto Nariño, único municipio colombiano donde no hay un solo automóvil y donde la única vía de acceso es el río Amazonas y su afluente Loretoyaco, tributario que se origina en el vecino Perú.
Para mediados de diciembre, la cifra de contagiados en el Amazonas ascendía a 3.169. Los fallecidos se multiplicaban y ya se advertía el riesgo de la cepa P1, que hacía estragos en Manaos (Brasil) por su capacidad de transmisibilidad.
El 30 de enero el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reportó la presencia de la variante en una mujer de 24 años, con doble nacional, residente en Tabatinga, que había sido atendida en el Hospital San Rafael, de Leticia.
Por ese motivo se reforzaron las medidas preventivas. Se suspendieron por 15 días los vuelos comerciales desde y hacia Leticia -que luego se prorrogó por cinco meses-, y se acentuaron las restricciones de movilidad, la aplicación del toque de queda y el pico y cédula.
Como ya se avizoraba la llegada de las primeras vacunas a Colombia, hecho que se concretó el 15 de febrero del 2021 con el lote de 500.000 dosis provenientes de la farmacéutica Pfizer, se reforzó el proceso de concertación y socialización con las comunidades indígenas distribuidas en las áreas urbanas y rurales de El Encanto, La Chorrera, La Pedrera, Mirití, Santander, Tarapacá, Puerto Arica y Puerto Alegría, que conforman las nueve áreas no municipalizadas del departamento.
La estrategia
La estrategia consistió en realizar reuniones con líderes indígenas, explicarles la gravedad de la pandemia, demostrar con evidencias la letalidad del virus, al tiempo que se respetaban sus creencias y uso de medicinas ancestrales. El temor era que la pandemia podía exterminar etnias completas en caso de que no se controlara su propagación, como lo advirtió el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de los Pueblos Indígenas de la ONU.
Durante la primera etapa de la socialización del Plan Nacional de Vacunación, se encontró un inconveniente con las comunidades: los mitos y leyendas sobre los efectos de los biológicos. “Fue complicado debido a la resistencia por las falsas creencias que había”, señaló el coordinador de Salud Pública de Puerto Nariño, donde se contabilizan 22 comunidades indígenas, entre ticunas, cocamas y yaguas. Son 6.453 habitantes que, por fortuna, ya cuentan en un 90% con la segunda dosis.
Uno de esos mitos, según el funcionario abordado, un nativo que estudió enfermería en la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, tenía que ver con la creencia de que se “iban a convertir en animales, que se transformarían en otra clase de personas, que sus hijos podrían nacer zombis, con ojos en la frente, que les iban a cambiar la forma de pensar y que no podrían reproducirse”. Agrega que le tenían pánico a la vacunación.
Los curacas, líderes en cada comunidad, recibieron capacitación sobre la importancia de la inmunización durante varios fines de semanas. Luego sirvieron de ejemplo ante sus cabildos. Ese fue el caso de Rogelio Coello, ticuna líder de Puerto Esperanza, aguas abajo de Puerto Nariño, quien convocó a su gente y se hizo vacunar en la plazoleta de la Maloca y proclamó: “sigan con los rezos ancestrales y con los remedios de nuestras plantas medicinales, pero no le pongan más resistencia a la vacuna porque si no nos vamos a morir todos”.
Rogelio, un nativo que conoce los secretos de la selva como nadie, que atiende a los enfermos de tuberculosis y de fiebre amarilla y a indígenas y colonos mordidos por serpientes venenosas, se valió de su mamá, una influyente ‘médica ancestral’, con ascendencia sobre los ticunas para reforzar su mensaje. Doña Pastora Guerrero Cayetano, de 78 años de edad, también acudió al sitio de vacunación para recibir sus dosis y además advirtió: “No nos vamos a dejar acabar por esta maldita pandemia; han venido a ayudarnos, aceptemos”.
Sobre la margen del río Loretoyaco, se localiza la comunidad San Francisco, y más arriba en los límites con Perú, se encuentran los asentamientos de Atacaria y Tipisca, donde se mezclan etnias de los dos países. Debido al intercambio comercial y la convivencia binacional, el contagio era una amenaza latente. Entonces, se reunió a la comunidad y se les hizo la advertencia: “Estamos en riesgo, si no nos vacunamos podemos desaparecer”.
La frase fue de Carlos Iván Alvear Leyva, curaca de San Francisco, quien señala que en ningún momento se prohibieron las tradiciones ancestrales como método curativo ni los ritos indígenas. “Esa fue la consigna y el éxito”, precisa, tras indicar que el 98% de los habitantes está vacunado y solo algunos mayores se oponen a dejarse inyectar.
En el otro extremo, en la zona rural de La Chorrera, las autoridades y sabedores de 22 cabildos de los pueblos indígenas uitoto, bora, okaina y muinane, la pandemia andaba de visita desde finales de 2020 y había cobrado la vida de seis adultos mayores. Hasta sus confines fue una misión de la Organización Panamericana de Salud (OPS) a través del programa de Acciones de Cooperación Técnica.
La resistencia fue enorme y la concertación estuvo antecedida de una serie de reuniones con líderes de las etnias y las autoridades locales. Allí la pandemia se conjuraba con zumos de yuca dulce y plantas originarias. Al final se les convenció del uso de tapabocas, el lavado de manos y la importancia de aceptar las vacunas. De esa forma, el contagio y la muerte se contuvieron. No obstante, el trabajo social de la OPS continúa.
En este proceso de concertación y socialización han participado diferentes entidades, entre ellas el Ministerio de Salud, el Hospital San Rafael de Leticia y sus nueve sedes, la Cruz Roja, la OPS, la Defensa Civil, la Fuerza Aérea, el Ejército y los líderes comunitarios.
El Amazonas, dice el coordinador de Covid-19 del Hospital San Rafael de Leticia, Roberto Sandoval, estuvo al borde la hecatombe. La subdirectora Científica del mismo centro asistencial, Carolina Cardozo, señala que lo sucedido en el primer pico y principios de este año fue una verdadera pesadilla, hasta el punto de que muchos pronosticaron la peor tragedia humana del departamento en toda su historia.
“Parece un milagro, pero hemos sido el primer departamento en lograr la inmunidad de rebaño”, dice la especialista. Tres acciones contribuyeron a logar esta hazaña: la concertación y socialización de la vacunación con las comunidades indígenas, la intervención y dotación del Hospital San Rafael, de Leticia por parte de la Supersalud y el fortalecimiento de los programas de promoción y prevención a través de las misiones médicas.
El departamento, que en mayo pasado ocupó el primer puesto en contagios por cada 10.000 habitantes, no registra un solo fallecido desde hace un más de un mes a causa de la pandemia, según el Ministerio de Salud.
Sin embargo, el riesgo de un rebrote sigue latente. En Leticia y en Puerto Nariño, segundo municipio del Amazonas, y en las áreas no municipalizadas, se observa un relajamiento de las medidas de bioseguridad. “Repetir la historia sería muy doloroso”, advierte Daniela Reyes, médica de la brigada de salud que actualmente realiza una travesía por 22 comunidades indígenas, ubicadas en lugares remotos y agrestes. Esa misión se prolongará por tres meses.
FRASES
“Cuando apareció la pandemia hubo mucha resistencia por parte de las comunidades indígenas; el proceso de concertación y socialización fue difícil y complejo por los mitos y creencias de las etnias”: Nolberto Ángel Pinto, coordinador de Salud Pública de Puerto Nariño.
“Gracias a la vacunación nuestras comunidades están vivas. Di ejemplo y me hice aplicar la dosis en lugar público”: Rogelio Cuello, curaca ticuna de la comunidad de Puerto Esperanza.
“Si hay una tercera vacuna yo me la hago aplicar, porque es la única manera de garantizar que no desaparezcamos como comunidades indígenas”: Pastora Guerrero Cayetano, médica ancestral y líder de la maloca Moruapu.
“Si el Hospital San Rafael no hubiera sido intervenido por la Supersalud y no se hubiera remodelado y dotado de equipos biomédicos, no estuviéramos hablando de inmunidad de rebaño”: Subdirectora Científica.