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El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo lanzó una alerta sobre la situación de la población LGBTI en el Caribe colombiano, en la que consigna que en 2021 se registraron 38 asesinatos de esta población en departamentos de la región, que se traducen en un aumento del 26,6 % con respecto a los presentados en 2020.
Lea: En 2021 mataron a 38 personas LGBTI en el Caribe colombiano: Caribe Afirmativo
Desde 2007, año en que Caribe Afirmativo empezó a estudiar la situación en la región, se ha identificado una transición de las violencias, según Wilson Castañeda, director de la corporación. Los homicidios y feminicidios, en particular, se desplazaron a barrios periféricos y zonas rurales, los espacios vitales de las personas LGBTI. Castañeda destaca, además, que se trata de personas vulnerables por vivir en contextos precarios y expuestos a la influencia de bandas criminales.
Por ejemplo, el asesinato de la lideresa trans Cristina Cantillo, en diciembre del año pasado en Santa Marta, alertó a las autoridades regionales y nacionales sobre la situación de seguridad de los liderazgos LGBTI. Para Caribe Afirmativo, este caso expone una de las principales conclusiones del informe: a mayor visibilidad, los liderazgos sufren mayor riesgo.
En diálogo con El Espectador, Wilson Castañeda habla sobre los riesgos que enfrentan los liderazgos LGBTI en época de elecciones y las particularidades del departamento del Magdalena como nuevo epicentro de las violencias contra esta población.
¿Por qué vinculan el aumento en el número de homicidios con el incumplimiento de los Acuerdos de Paz?
Desde 2012 empezamos a contar más de 25 de estos casos y empezó una tendencia al aumento. A partir de la discusión del Acuerdo de Paz, el movimiento LGBTI se movilizó mucho en la región Caribe. Eso les dio una visibilidad que antes no tenían.
En 2016, en la región aparecieron seis colectivas LGBTI, mayoritariamente de mujeres jóvenes, con un gran compromiso con la paz. Entonces, una de las hipótesis detrás de ese aumento es que el Acuerdo de Paz motivó una participación ciudadana, y ahí apareció una participación LGBTI en el Caribe que no existía históricamente. Eso generó mayor visibilidad y, por ende, mayor riesgo.
Hay varias alertas sobre los riesgos que enfrentan poblaciones vulnerables previo a las elecciones. ¿Identifican una situación similar para personas LGBTI en el Caribe?
La forma de hacer política en la región está relacionada con prácticas delictivas, lastimosamente, y es una afectación que llega sobre todo a los liderazgos sociales más vulnerables. Sí creemos que los períodos electorales incrementan el riesgo, porque el Caribe colombiano tiene unas prácticas de constreñimiento electoral muy fuertes, bajo el interés de captar votos. Esta es una práctica que busca liderazgos que se perciben como débiles y está relacionada con lo que se piensa que a una persona LGBTI se le puede constreñir amenazándole o quitándole la vida, porque su vida no importa.
El liderazgo LGBTI en el Caribe después de la firma del Acuerdo de Paz es rural, barrial, periférico y de personas que viven en lugares donde se dan todos estos cruces de violencia, por eso terminan siendo más vulnerables.
¿Cómo explicar el aumento de violencias en el Magdalena?
A pesar de que el departamento es el único ente territorial del Caribe, cuyo departamento y capital tienen política pública LGBTI, hay un divorcio entre la autoridad y la Fuerza Pública. El caso de la lideresa trans Cristina Cantillo es un ejemplo de esto. A Cristina se la mataron a la Unidad Nacional de Protección. Ella denunció que los policías no le daban la protección suficiente y sentía que quien la protegía la ponía en peligro. Hemos sentido que la Fuerza Pública no le copia al Gobierno, ni distrital ni departamental. En materia de orden público, nadie protege a las personas LGBTI.
El otro factor es que el Magdalena, al igual que el Atlántico, fue epicentro del exterminio entre bandas criminales en 2021. Estas terminaron también acabando con la vida de esta población, que quedaron en el fuego cruzado.
¿Qué le dice el caso de Cristina Cantillo sobre la respuesta de las autoridades y su conciencia sobre los riesgos de la población LGBTI?
Cuando a Cristina la asesinan, empiezan a aparecer varias preguntas. Una de ellas es si la mataron por indolencia del Estado. Diría inicialmente que sí, pero mi respuesta puede sonar injusta, porque los funcionarios en terreno hicieron todo lo posible por protegerla, pero no tenían herramientas. A Cristina se la mataron al Estado. El Estado tenía en sus manos la estrategia para evitar que la mataran, pero el Estado en el Caribe es tan precario, que finalmente todo depende del nivel central.
¿Qué dificultades identifican en las investigaciones sobre asesinatos?
El alto grado de impunidad nos preocupa bastante. En 2019, por medio de un derecho de petición, le preguntamos a la Fiscalía cuántos homicidios y feminicidios de personas LGBTI en el Caribe llegan hasta una investigación final. La respuesta: el 20 %. Ese bajo porcentaje manda un mensaje claro al victimario: nadie llora a las maricas, a nadie les importa la vida de los LGBTI, el victimario jamás piensa que se le va a venir el mundo encima. Esta impunidad los envalentona y hace sentir más insegura a la víctima. En parte por eso las víctimas no denuncian tanto, porque no sienten que haya garantías, tienen miedo.
