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Cada mes son más las víctimas de homicidio y feminicidio en el departamento del Atlántico, quienes parecieran protagonizar una desafortunada cinta de terror; son mujeres que, en su mayoría, han tenido que enfrentarse a sus parejas o exparejas. Los hechos más indignantes han dejado a varias mujeres muertas luego de que fueran atacadas con arma blanca, fueran asfixiadas o incineradas.
Ese fue el caso de Bertha Cecilia Escobar Romero, una mujer de 32 años que murió el pasado 17 de julio en un centro asistencial de Barranquilla luego de que llegara con quemaduras de tercer grado. Las evidencias que estudia Medicina Legal indican que murió a manos de su expareja, quien en un acto demencial le arrojó líquido inflamable y le prendió fuego.
“Bertha fue una mujer víctima del conflicto armado, venía de Sincelejo y resistió a la violencia a través de la educación; era encuestadora del Sisbén en Barranquilla y se esforzó por reconocerse como una lideresa. Luego, a manos de una pareja, que no aceptó su papel, perdió la vida”, cuenta Emma Doris López, directora de la Red de Mujeres contra la Violencia en Atlántico y de la Fundación Teknos.
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Así como Bertha, el 16 de mayo de este año se conoció la historia de Edixmar Henríquez González, una mujer venezolana de 23 años, quien también apareció incinerada en el sector conocido como la ‘Ye de los chinos’, en Puerto Colombia (Atlántico), luego de haber sido asfixiada por su pareja, quien confesó el crimen.
En el Atlántico, según la información entregada por Medicina Legal a la Red de Mujeres, en lo que va del 2022 han sido asesinadas 40 mujeres y, según la identificación hecha por la fundación, de estos homicidios, 13 han sido feminicidios. Esto resulta alarmante para los colectivos, ya que en 2021 se registraron 45 feminicidios y este año, solo hasta julio, la cifra ya se acerca a la del año precedente.
“Llama la atención que, en algunos casos, las mujeres ya habían advertido o se conocía el tipo de violencia que venían viviendo (...) El feminicidio es el asesinato a las mujeres por su condición de ser mujer, que no es solamente biológica, sino también por su construcción social, pues, también tenemos mujeres trans asesinadas. Entonces, cuando encontramos características específicas en el asesinato, como abuso sexual, no hay que hacer ningún tipo de valoración para determinar que es un feminicidio”, señala López.
Adicionalmente, es importante estudiar las variables que ponen a las mujeres en mayor riesgo, como los estereotipos e imaginarios a su alrededor. Según la investigación más reciente revelada, Factores determinantes de la violencia en víctima mujer Atlántico 2018-2020, del Observatorio de Violencia contra la Mujer - Regional Norte, “las mujeres son las principales receptoras de la violencia (intrafamiliar, interpersonal y sexual), que es mayoritariamente ejercida por hombres, y en la que son más propensas quienes se encuentran en el interior de sus hogares y/o que se dedican a actividades de tipo doméstico”.
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Según la investigación, los municipios del departamento del Atlántico que presentan mayor cantidad de expresiones o manifestaciones de violencia son Barranquilla (61,4%), Soledad (18,5%), Malambo (6%), Sabanalarga (2,4%), Galapa (2%), Baranoa (2,9%). También se encontró que la autonomía económica es central para prevenir y erradicar la violencia y los feminicidios. “Cuando la mujer tiene la plata en su bolsillo es más fácil salir de los círculos de violencia”, dice Gheidy Gallo Santos, consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, respecto a las violencias en este departamento del Caribe.
Precisamente, de acuerdo con la Red de Mujeres, la mayoría de las asesinadas en el Atlántico tenían entre 18 y 39 años, fueron víctimas de sus parejas o exparejas, tenían proyectos de vida activos e hijos; pero, especialmente, presentaban condiciones económicas bajas y muy vulnerables. “Podemos hablar de que el 85% de las mujeres pertenecían a estratos socioeconómicos bajos y presentaban deficientes niveles educativos”, asegura López.
Por ello, una de las principales propuestas hechas por la Red de Mujeres en el Atlántico y el que debería ser el camino para minimizar las violencias está en “el marco de la autonomía económica, en donde se puedan hacer proyectos que garanticen la estabilidad, sostenibilidad y una mayor autonomía en el hogar”. Sin embargo, para López, “en el Atlántico no hay voluntad política, ni de inversión, en esta materia para las mujeres”.
Aunque El Espectador intentó comunicarse con Dora Bolívar, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género departamental, no se obtuvo respuesta. Sin embargo, Maryory Hernández, directora general de Medicina Legal en Atlántico, asegura que “trabajamos al lado del dolor y eso nos permite transformar todo ese dolor en datos sensibles y de calidad, que les permiten a las autoridades tomar decisiones con respecto a las políticas que deben proyectarse a futuro hacia la prevención”.
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Popuestas para prevenir los feminicidios y la violencia
Para López, las políticas deben solucionar problemas estructurales, pues, por ejemplo, los feminicidios recientes se pueden explicar por consecuencia de la pandemia, en donde “algunas mujeres fueron despedidas de sus trabajos y les tocó asumir la economía informal; así que priman muchos factores, como el hambre, el desempleo y también la migración; eso genera ambientes conflictivos dentro de los hogares, que dejan más expuestas a las mujeres”.
En suma, a la par del incremento de los homicidios, también han aumentado el número de mujeres vinculadas a actividades delictivas como el microtráfico. En respuesta, algunos de los homicidios han sido provocados por las dinámicas dentro de organizaciones delictivas, en donde, según la Secretaría de la Mujer departamental, las mujeres han sido instrumentalizadas dentro de estos grupos, poniendo en riesgo sus vidas.
Al respecto, López resalta que bajo el accionar delictivo de la gran mayoría de estas mujeres también se hallan unas causas estructurales pues “seguramente ninguna mujer quiere estar en una acción delictiva si tuviera una oportunidad laboral con un salario digno. Una mujer que tiene trabajo, que no tiene que responder por su familia desde la precariedad, el hambre y la pobreza, nunca va a pensar en delinquir”, asegura.
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Precisamente, desde varias organizaciones feministas se ha trabajado para plantear soluciones y propuestas desde la economía, como resolver el problema del trabajo no remunerado; pero, también implementar una agenda integral que, para López, “requiere de una interseccionalidad que aborde de forma diferencial las violencias contra la mujer campesina, afro, indígena, pobres, jóvenes, entre otras. Eso nos va a ayudar a minimizar las violencias en este departamento y en Colombia”.
Desde el Observatorio de Violencia contra la Mujer se insiste en la necesidad de capacitar a servidores públicos y contratistas encargados del manejo, la atención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para que actúen con un enfoque de género, con el fin de procurar el mayor sentido empático y de receptividad posible, pues “algunos casos de ineficacia de las rutas de atención están relacionados con ciertas omisiones por parte de funcionarios especializados, como es el caso de los comisarios de familia”, evidencia la investigación.
“También hay que crear redes de apoyo efectivas, con atención psicológica, no solo a las mujeres, sino también a los hijos y familiares de las mujeres que han perdido la vida”, finaliza la directora de la Red de Mujeres del Atlántico.
