Las falencias en la estrategia de seguridad en Barranquilla

El sistema de transporte público de Barranquilla estuvo dos días paralizado, y con esto el comercio y las actividades académicas en gran parte de la ciudad y del área metropolitana también tuvieron que parar, por cuenta de las protestas que adelantan los conductores del sistema de transporte público colectivo. La inseguridad, que se ha traducido en extorsiones a varios de ellos, y los homicidios de tres trabajadores en los últimos diez días, motivaron el paro de conductores de buses en la ciudad.

“No te dicen por qué, solo te disparan en la cabeza como a un perro, te matan y ya. Ese es el día a día, sales de tu casa a las 4:00 de la mañana, llegas a tu trabajo y te quitan la vida por trabajar decentemente”, dice uno de los conductores. Su relato pudo ser el de Willington José Hernández Borja, José del Carmen Hernández Padilla o John Pardo, tres conductores de las empresas Cootrab, Coolitoral o Transmecar, quienes fueron asesinados entre el 23 y 31 de julio mientras cumplían con las rutas del servicio de transporte en Barranquilla y su área metropolitana.

(Lea también: Capturan a cuatro señalados de homicidios a conductores de bus en Barranquilla)

El miedo ha invadido a los trabajadores del gremio. Por eso, durante el 1° y el 2 de agosto suspendieron sus actividades y paralizaron las principales calles de la capital del Atlántico, con el fin de que las autoridades tomen cartas sobre el asunto y planteen soluciones que garanticen su seguridad.

Sin embargo, esta no es una problemática nueva. El 1° de septiembre de 2021 fue asesinado el conductor Ángel Escorcia, el 7 del mismo mes mataron a su colega Jamir Palacios y dos días después una granada explotó en el parqueadero de la empresa de transporte Coolitoral. Por la misma época, dos trabajadores más resultaron heridos en un atentado.

“Esto se viene presentando hace años y no sabemos qué hacer. Necesitamos que los alcaldes se pongan al frente de esta situación, porque esto se salió de control. Es necesario garantizar a la ciudadanía en general seguridad y tranquilidad”, afirmó David Zapata, gerente de Transmecar.

Según las autoridades, la situación que se ha venido presentando es producto de las extorsiones que realizan las bandas delincuenciales que hacen presencia en el departamento.

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Durante 2020 y 2021 se registraron 275 casos de extorsión en Barranquilla, lo que representa un aumento en comparación con años anteriores. “Hay que tener en cuenta que frente al delito de extorsión existe un enorme subregistro de casos. Por lo tanto, solo se estaría viendo una parte muy superficial del problema, la punta del iceberg”, explican desde el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte.

Por su parte, el docente e investigador de esta misma universidad, Luis Fernando Trejos sostiene que una de las hipótesis es que “hay grupos locales como Los Rastrojos Costeños, que les prestan servicios de “logística criminal” a organizaciones nacionales como las AGC o el Clan del Golfo. En esa subcontratación esos grupos transfieren recursos económicos, humanos y materiales, pero desde el año pasado se presentó una ruptura entre el grupo nacional y los operadores locales. Eso hace que los grupos locales pierdan una fuente sustancial de ingresos y deban volcarse a llenar ese vacío de finanzas predando rentas legales que a través de la extorsión”.

Ante esta nueva situación que vive la ciudad, las autoridades, en cabeza de la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana, anunciaron un paquete de medidas: aumento del pie de fuerza con mil uniformados más, recompensa de hasta $100 millones por quienes den información de los autores materiales y presencia del Ejército Nacional. Incluso, el ministro de Defensa, Diego Molano, informó que fueron capturados cuatro presuntos autores materiales de los asesinatos, entre los que se destaca John Henry Jiménez Miranda, alias JH, quien sería el jefe financiero de la banda Los Rastrojos Costeños y quien se encargaba de pagarles a los sicarios por los atentados contra conductores.

“Estas órdenes vienen desde afuera de Barranquilla, jóvenes entre 16 y 22 años están cayendo presas de estas personas. Por 1, 2 o 3 millones de pesos cometen estos actos y la policía en pocos días logra su captura y adiciona penas a quienes ya están en la cárcel. Las personas que viven cerca de los autores de estos hechos nos están dando información relevante y por eso la semana pasada pudimos aprehender a un muchacho de 16 años que cometió uno de los crímenes atroces”, sostuvo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

(Lea también: Tras asesinatos de conductores, relevan a comandante de la Policía en Barranquilla)

Según el mandatario, los autores intelectuales de estos crímenes son alias el Negro Ober, máximo líder de Los Rastrojos Costeños, quien está retenido en una celda de la cárcel La Picota, de Bogotá; Juan Manuel Borré, alias Javier, y su hermano, quien estaría trabajando desde el sur de Bolívar. A esa banda delincuencial también se le señala de ordenar el desmembramiento de un hombre identificado como Ángelo Aldair Cerra Jaimes, el pasado 6 de mayo. Las partes de su cuerpo fueron arrojadas en bolsas de basura en diferentes barrios de la ciudad.

¿Medidas ineficaces?

En septiembre de 2021 las autoridades anunciaron medidas similares a las que se adoptaron recientemente para darle solución al asesinato y ataques a conductores de buses de la capital del Atlántico. Sin embargo, el aumento de pie de fuerza, presencia de Ejército y recompensas no son suficientes, según analizan expertos en seguridad de la región.

“Vemos una falla en el modelo de seguridad que no logra anticipar, y que además es ineficiente en el castigo. Ahí es donde aparece una receta institucional que está agotada y que ha demostrado con abundante evidencia que no sirve. El consejo de seguridad se realiza de forma reactiva, pero no para anticipar el problema, y además parece que usara una plantilla porque siempre se dan los mismos anuncios”, indica el investigador Luis Fernando Trejos.

Para el académico, es fundamental que en Barranquilla se cree una Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana para organizar, articular y liderar las acciones del distrito en esta materia; tener en cuenta a los diferentes gremios de la ciudad y sociedad, además de actores institucionales como el ICBF y el Inpec, en la creación de políticas públicas relacionadas con la seguridad. Y, finalmente, no esperar a que sucedan situaciones como la actual para reaccionar, sino trabajar en medidas preventivas.

El sistema de transporte público de Barranquilla estuvo dos días paralizado, y con esto el comercio y las actividades académicas en gran parte de la ciudad y del área metropolitana también tuvieron que parar, por cuenta de las protestas que adelantan los conductores del sistema de transporte público colectivo. La inseguridad, que se ha traducido en extorsiones a varios de ellos, y los homicidios de tres trabajadores en los últimos diez días, motivaron el paro de conductores de buses en la ciudad.

“No te dicen por qué, solo te disparan en la cabeza como a un perro, te matan y ya. Ese es el día a día, sales de tu casa a las 4:00 de la mañana, llegas a tu trabajo y te quitan la vida por trabajar decentemente”, dice uno de los conductores. Su relato pudo ser el de Willington José Hernández Borja, José del Carmen Hernández Padilla o John Pardo, tres conductores de las empresas Cootrab, Coolitoral o Transmecar, quienes fueron asesinados entre el 23 y 31 de julio mientras cumplían con las rutas del servicio de transporte en Barranquilla y su área metropolitana.

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El miedo ha invadido a los trabajadores del gremio. Por eso, durante el 1° y el 2 de agosto suspendieron sus actividades y paralizaron las principales calles de la capital del Atlántico, con el fin de que las autoridades tomen cartas sobre el asunto y planteen soluciones que garanticen su seguridad.

Sin embargo, esta no es una problemática nueva. El 1° de septiembre de 2021 fue asesinado el conductor Ángel Escorcia, el 7 del mismo mes mataron a su colega Jamir Palacios y dos días después una granada explotó en el parqueadero de la empresa de transporte Coolitoral. Por la misma época, dos trabajadores más resultaron heridos en un atentado.

“Esto se viene presentando hace años y no sabemos qué hacer. Necesitamos que los alcaldes se pongan al frente de esta situación, porque esto se salió de control. Es necesario garantizar a la ciudadanía en general seguridad y tranquilidad”, afirmó David Zapata, gerente de Transmecar.

Según las autoridades, la situación que se ha venido presentando es producto de las extorsiones que realizan las bandas delincuenciales que hacen presencia en el departamento.

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Durante 2020 y 2021 se registraron 275 casos de extorsión en Barranquilla, lo que representa un aumento en comparación con años anteriores. “Hay que tener en cuenta que frente al delito de extorsión existe un enorme subregistro de casos. Por lo tanto, solo se estaría viendo una parte muy superficial del problema, la punta del iceberg”, explican desde el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte.

Por su parte, el docente e investigador de esta misma universidad, Luis Fernando Trejos sostiene que una de las hipótesis es que “hay grupos locales como Los Rastrojos Costeños, que les prestan servicios de “logística criminal” a organizaciones nacionales como las AGC o el Clan del Golfo. En esa subcontratación esos grupos transfieren recursos económicos, humanos y materiales, pero desde el año pasado se presentó una ruptura entre el grupo nacional y los operadores locales. Eso hace que los grupos locales pierdan una fuente sustancial de ingresos y deban volcarse a llenar ese vacío de finanzas predando rentas legales que a través de la extorsión”.

Ante esta nueva situación que vive la ciudad, las autoridades, en cabeza de la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana, anunciaron un paquete de medidas: aumento del pie de fuerza con mil uniformados más, recompensa de hasta $100 millones por quienes den información de los autores materiales y presencia del Ejército Nacional. Incluso, el ministro de Defensa, Diego Molano, informó que fueron capturados cuatro presuntos autores materiales de los asesinatos, entre los que se destaca John Henry Jiménez Miranda, alias JH, quien sería el jefe financiero de la banda Los Rastrojos Costeños y quien se encargaba de pagarles a los sicarios por los atentados contra conductores.

“Estas órdenes vienen desde afuera de Barranquilla, jóvenes entre 16 y 22 años están cayendo presas de estas personas. Por 1, 2 o 3 millones de pesos cometen estos actos y la policía en pocos días logra su captura y adiciona penas a quienes ya están en la cárcel. Las personas que viven cerca de los autores de estos hechos nos están dando información relevante y por eso la semana pasada pudimos aprehender a un muchacho de 16 años que cometió uno de los crímenes atroces”, sostuvo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

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Según el mandatario, los autores intelectuales de estos crímenes son alias el Negro Ober, máximo líder de Los Rastrojos Costeños, quien está retenido en una celda de la cárcel La Picota, de Bogotá; Juan Manuel Borré, alias Javier, y su hermano, quien estaría trabajando desde el sur de Bolívar. A esa banda delincuencial también se le señala de ordenar el desmembramiento de un hombre identificado como Ángelo Aldair Cerra Jaimes, el pasado 6 de mayo. Las partes de su cuerpo fueron arrojadas en bolsas de basura en diferentes barrios de la ciudad.

¿Medidas ineficaces?

En septiembre de 2021 las autoridades anunciaron medidas similares a las que se adoptaron recientemente para darle solución al asesinato y ataques a conductores de buses de la capital del Atlántico. Sin embargo, el aumento de pie de fuerza, presencia de Ejército y recompensas no son suficientes, según analizan expertos en seguridad de la región.

“Vemos una falla en el modelo de seguridad que no logra anticipar, y que además es ineficiente en el castigo. Ahí es donde aparece una receta institucional que está agotada y que ha demostrado con abundante evidencia que no sirve. El consejo de seguridad se realiza de forma reactiva, pero no para anticipar el problema, y además parece que usara una plantilla porque siempre se dan los mismos anuncios”, indica el investigador Luis Fernando Trejos.

Para el académico, es fundamental que en Barranquilla se cree una Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana para organizar, articular y liderar las acciones del distrito en esta materia; tener en cuenta a los diferentes gremios de la ciudad y sociedad, además de actores institucionales como el ICBF y el Inpec, en la creación de políticas públicas relacionadas con la seguridad. Y, finalmente, no esperar a que sucedan situaciones como la actual para reaccionar, sino trabajar en medidas preventivas.