Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Dos ataques que se registraron este fin de semana en locales de Supergiros en Barranquilla y Luruaco mantienen en vilo a los funcionarios de la empresa, que este domingo decidieron no abrir más de 3.000 puntos en la costa Caribe. Detrás de las intimidaciones hay amenazas del Clan del Golfo y el asesinato de una funcionaria a comienzos de este mes.
Lea: El 60% de Cartagena se quedó sin agua
En menos de 15 horas se registraron dos ataques a la empresa. El primero ocurrió sobre las 6:20 p.m. del pasado viernes 22 de noviembre. Ese día, un sujeto armado llegó al punto de Supergiros, en el sector La Puntica, de Luruaco, y disparó directamente contra Merly Salas Rodríguez, de 32 años, quien trabaja en el lugar, y quien fue trasladada a un centro asistencial cercano.
El segundo ataque fue en la calle 45 con carrera 9B, en Barranquilla, a la mañana del sábado siguiente. Sujetos en una motocicleta llegaron al lugar y dispararon en reiteradas ocasiones contra las ventanas del lugar. Afortunadamente, la empleada logró salir ilesa del lugar.
Le puede interesar: Lo que está en juego con la creación de nuevas áreas metropolitanas
Estos hechos se suman a una serie de intimidaciones que se han dado contra la empresa en los últimos meses. Integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) han lanzado amenazas a los funcionarios de estos locales y hasta han repartido panfletos en los que ordena la suspensión de las operaciones en Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y La Guajira hasta que, señalan, se “arregle” con la empresa.
La situación ha sido tal que el pasado 4 de noviembre, fue asesinada una de sus empleadas, Fernanda Mozo, quien haciendo caso omiso a la amenaza abrió uno de los puntos de Supergiros en el municipio de Bosconia (Cesar), a donde llegó un sujeto armado y le disparó.
En contexto: Asesinaron a trabajadora de Supergiros y dejaron un panfleto en Bosconia, Cesar
En comunicado, Supergiros explicó que tras lo ocurrido este fin de semana “se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar”.
Esto se debe a que estos tres ataques mencionados y los mensajes amenazantes no son lo único que se han registrado, pues empleados de la empresa señalaron a medios locales que por lo general llegar entre dos o tres sujetos y ordenan con armas de fuego cerrar los locales, como recientemente se registró en el Carmen de Bolívar, donde también hubo disparos.
La preocupación se extiende a que esta empresa actúa como corresponsal bancario, permite el envío y recibo de giros, así como el pago de servicios públicos, por lo que hace parte importante de las economías de los municipios afectados.
Ante lo ocurrido, la Defensoría del Pueblo rechazó lo ocurrido y solicitó al Gobierno nacional tomar medidas para hacerle frente a los grupos armados que están detrás de los ataques. “Rechazamos el constreñimiento de grupos armados ilegales en Sucre y Sur de Bolívar que afectan el derecho al trabajo y la vida de quienes operan puntos de atención de Supergiros, en su mayoría mujeres. Es urgente tomar medidas contundentes para frenar este accionar”, indicaron en comunicado.