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Pensionados que compren casa en Barranquilla no pagarán predial por 10 años

El objetivo de la medida aprobada por el concejo de la ciudad es incentivar a esta población para que se radiquen en la capital del Atlántico.

02 de septiembre de 2021 - 06:42 p. m.
El objetivo de la medida aprobada por el concejo de la ciudad es incentivar a esta población para que se radiquen en la capital del Atlántico.
El objetivo de la medida aprobada por el concejo de la ciudad es incentivar a esta población para que se radiquen en la capital del Atlántico.
Foto: Cortesía
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Por medio del Acuerdo 007 de 2021, que ya fue sancionado por el alcalde, Jaime Pumarejo, el concejo de Barranquilla determinó que las personas pensionadas que adquieran una vivienda en la ciudad, nueva o usada, no tendrán que pagar el impuesto predial por diez años.

Sin embargo, una de las condiciones para que esta población pueda acceder a este beneficio tributario es que las personas no cuenten ya con un predio ubicado en la ciudad. Además, los pensionados deberán establecer esa vivienda como su residencia habitual.

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Gustavo Rocha, secretario de Hacienda, señaló que este acuerdo busca “incentivar a esta población a fijar su vivienda permanente en Barranquilla, esta es una ciudad óptima para planear y vivir los años de retiro, por su posición estratégica cerca al mar y frente al río Magdalena, por contar con una robusta red de servicios de salud, costo de vida asequible, parques y espacios verdes, entre otras muchas ventajas que permiten que los pensionados tengan una mejor calidad de vida”.

Mientras tanto, el gerente de Gestión de Ingresos, Fidel Castaño, advirtió que la medida tiene un costo fiscal, pero que con la generación de “ingresos directos al sector de la construcción, consumos en salud, transporte, gastronomía, servicios públicos, turismo, entre otros, provenientes del pensionado y su familia”, la exención es sostenible.

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Según la alcaldía de Barranquilla, en el país existen 1.600.000 de pensionados, de los cuales el 50% de ellos están concentrados en Bogotá y Antioquia. Del total, 78.000 reciben entre 5 y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que significaría un movimiento de más de 60.000 millones de pesos al año.

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