El fantasma de lo que ocurrió en el Canal del Dique en 2010 ronda en el sur del Atlántico. El rápido aumento de los niveles del embalse del Guájaro tiene preocupadas a las comunidades de Sabanalarga, Repelón, Lauraco y Manatí por la nueva emergencia que se puede presentar.
El lugar en el que la situación es más crítico es en el corregimiento de La Peña, en Sabanalarga, donde en los últimos días el agua ha superado la barrera y ha comenzado a verse agua entre las calles y casas. Ha predominado el lodo. “Está filtrando agua de la ciénaga, pensábamos que era agua lluvia, pero no, se está filtrando y sale del suelo”, indico a El Heraldo, Leonilda Linares, quien habita en la zona.
El problema está en lo que puede pasar. El Ideam ha advertido que las lluvias se incrementarían en noviembre y diciembre, en la región Caribe, por lo que la emergencia se extendería a los cuatro municipios que rodean el embalse, sumándose a la problemática que ya se evidencia en el canal del Dique. Hoy, de acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), el nivel del embalse se mantiene sobre 5,33 metros, 13 centímetros por encima de su cota de desbordamiento.
Por esto, se declaró la calamidad en la zona y se comenzó la caracterización de posibles afectados, entre los que se han censado más de 1.000 viviendas, en las que viven cerca de 3.600 personas.
Al respecto, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, indicó desde su administración se hizo una barricada de 660 metros para proteger a las comunidades, además, ”ya son 8 mil millones de pesos los que hemos comprometido para poder atender esta emergencia. Hoy estamos en la estación de Boquitas, en Santa Lucía, donde realizamos obras de drenaje, limpieza, para ver cómo a través de la compuerta que tenemos en Puente Militar podemos desaguar parte del agua del Embalse del Guájaro, que llegue al Canal del Dique, para que baje un poco el nivel del embalse y que puedan dormir más tranquilos los cinco corregimientos y las cabeceras de los tres municipios que tenemos alrededor del Guájaro”.
Ahí comenzaron a surgir las críticas, ya que en un principio se propuso abrir un boquete en el sector de Polonia, que también se utilizó en la emergencia en el Dique de 2010, lo que alertó a los habitantes aledaños al canal por la situación que ya enfrentan por la temporada de lluvias. La gobernación respondió e indicó que el riesgo de inundación era mínimo, ya que el agua no representaría ni el 1 % del caudal del Dique. Pese a esto, al final se planteó abrir la compuerta del Puente Militar, que no va al canal, sino a los canales de drenaje del municipio de Manatí.
Sobre esto, la subdirectora de Gestión del Riesgo del Atlántico, Candelaria Hernández, indicó que se hicieron las barricadas y ahora se están limpiando los cinco canales del Distrito de riego, para tratar de bajar el nivel del embalse. Se espera que sea un centímetro al día.
“Gracias a dios los niveles se han mantenido y en ese aspecto nos mantenemos tranquilos, porque nos da un margen de maniobra, pero nos preocupan las lluvias que faltan y la situación que se pueda presentar en más corregimientos ribereños”, manifestó Hernández.
Para los habitantes de la zona hay varios puntos que atender. El aumento de los niveles del embalse ha afectado al comercio porque los turistas ahora temen ir, pese a que el sector de Puerto Bello, por ejemplo, no está inundado. Sumado a esto, se ha pedido la adecuación hidráulica de los cauces que se conectan, ya que en días de lluvias los arroyos de Sabanalarga, Usiacurí, Baranoa, Villa Rosa terminan allí.
Tanto los alcaldes municipales como la Gobernación ha pedido la presencia de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Por ello, Javier Pava, su director, en diálogo con el alcalde de Sabanalarga y la gobernadora Noguera aseguró que se tendrían que reubicar a familias en zonas ribereñas, para agrandar la zona de amortiguación el embalse.
Precisamente, Pava se encuentra en la costa por la citación de la JEP por el canal del Dique y mencionó a El Espectador que espera visitar la zona el próximo sábado y dar anuncios con respecto a las acciones que se tomarán en la zona.
Por lo pronto, desde la Gobernación se busca resolver el problema de las esclusas para dar garantías de seguridad a las comunidades, no solo en el embalse sino además en la ribera del río Magdalena, así como se ha pedido al Gobierno Nacional motobombas de 36 pulgadas, maquinaria amarilla y ayudas humanitarias para las familias que se han visto afectadas.
Desde la Asamblea del Atlántico piden soluciones definitivas a las constantes emergencias, que se dan por cuenta de desbordamientos o inundaciones por cuenta del aumento de los niveles del río Magdalena. “Siempre estamos en alerta permanente, lo que hoy vivimos a causa de la ola invernal es repetitivo en el Atlántico. Hemos citado esta audiencia para conocer si las autoridades del departamento tienen un plan de acción y qué estudios han hecho para encontrar soluciones de fondo, lo que es necesario y urgente. ¿Cuántos recursos se han invertido en esto?”, indicó el diputado Nicolás Petro.
